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martes, 6 de agosto de 2013

ESTÁ EN RIESGO TODO Y LLEVAN RAZÓN...PORQUE SE LO LLEVARON CALENTITO

 6 de agosto de 2013


Nos cuentan que las pensiones de los jubilados están en riesgo, que las subvenciones sociales (las pocas que quedan) también, que está en riesgo la sanidad pública... lo que no está en riesgo es la banca porque se  dice que podría ser rescatada de nuevo. Lo peor es que llevan razón, porque lo robaron todo, no queda nada y encima nos quieren rematar: El FMI apunta que la sanidad pública española está en riesgo, basándose en un informe de una fundación... ¡bancaria! Yo me voy pa Lahabana y no vuelvo más.


Si se cumplen las previsiones de crecimiento económico de la economía española realizadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional, "ninguna comunidad autónoma tiene garantizada a medio plazo la sostenibilidad financiera del sistema sanitario público". Ésta es una de las conclusiones de la investigación El sistema sanitario público en España y sus comunidades autónomas: Sostenibilidad y reformas, elaborada por la Fundación BBVA-Ivie y dirigida por el profesor de la Universidad de Murcia José María Abellán. 

Del estudio, hecho público este lunes, se desprende que la economía debería crecer un mínimo del 1,4% anual en 2013-2016 para garantizar el mantenimiento de la Sanidad pública, si no se adoptan reformas para controlar el gasto. El crecimiento medio anual del gasto sanitario público español esperado para el citado periodo se estima en el 4,4%, aunque hay una notable variabilidad entre comunidades autónomas.

Según los autores del estudio, estos resultados muestran la "ineludible necesidad" de implementar reformas encaminadas a aumentar la eficiencia del sistema sanitario público y que redunden, en último término, en un menor crecimiento del gasto. 

Añaden que resulta "imprescindible" que las reformas que se pongan en marcha tengan en cuenta los elementos transitorios presentes en los problemas de sostenibilidad de la Sanidad pública, debidos a la actual crisis económica. Las reformas deben ir encaminadas a mejorar la eficiencia del sistema sin que, según las estimaciones realizadas en el estudio, sea necesario que se modifiquen los elementos sustanciales que definen el sistema público español.


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