Cuando
en la mesa de dialogo entre el gobierno de la oligarquía colombiana con
el movimiento que encabeza el Paro Nacional Agrario iniciado el pasado
19 de agosto, se dio paso a la discusión sobre el Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Estados Unidos, Juan Manuel Santos se quedó sin
respuesta y decidió declarar la guerra contra el movimiento campesino,
militarizando Bogotá y ordenando a 50 mil efectivos de las Fuerzas
Armadas reprimir a su propio pueblo.
Después de las masivas manifestaciones
de apoyo realizadas en el día de ayer en varias ciudades de Colombia en
solidaridad con el Paro campesino, el presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, ordenó este viernes la militarización de Bogotá y de
todas las zonas donde sea necesaria la presencia de soldados para evitar
las movilizaciones y llamó a sus ministros a levantarse de la mesa de
diálogos que mantenía con los campesinos
. 
“Apoyamos la determinación de decretar
el toque de queda en Bogotá, del mismo modo que lo haremos en cualquier
municipio donde se presenten disturbios”, señaló Santos, al tiempo que
anunció que 50 mil efectivos de la fuerzas militares trabajarán en
conjunto con la Policía Nacional para la restaurar la “movilidad de las
carreteras, informó Telesur.
Este jueves, la policía colombiana
ejerció coacción contra la multitud de manifestantes con gases
lacrimógenos y ballenas, cuando las personas estaban congregadas en la
Plaza Bolívar de la capital, situada al centro de Bogotá.
El reclamo colectivo de obreros,
campesinos, estudiantes, médicos, mineros, maestros y demás trabajadores
agrarios, que arrancó el pasado lunes, es de carácter indefinido y
busca rechazar las políticas antiobreras y antipopulares que coartan y
limitan derechos, privatizan instituciones y entregan recursos naturales
a las transnacionales.
Además, los pequeños agricultores buscan
garantías para el acceso a la propiedad de la tierra, la constitución
de zonas de reserva campesinas, una política favorable a los mineros
artesanales y mejoras en las zonas rurales, especialmente en cuanto a
salud y acceso al agua potable.
La represión policial y los
enfrentamientos no han cesado, mientras los restantes campesinos de
otros 16 departamentos siguen en pie de protesta a la espera de ser
escuchados y aseguran que “este paro va para largo”.
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