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martes, 23 de julio de 2013

QUIEREN ROBARNOS EL SOL


placas
Julián Gonçalvez

Una vez más comprobamos como las grandes empresas utilizan el estado para sus propios intereses. En esta ocasión, a través del Real Decreto 1699/2011, arremeten contra uno de los mayores avances que se han realizado a favor del medio ambiente y del bolsillo de aquellos que menos tenemos las energías renovables de autoconsumo.

Hasta ahora existía una tendencia a lo que se denominaba autoconsumo, es decir, a conseguir energía propia para satisfacer las necesidades de cada uno a través de los paneles fotovoltaicos (placas solares) y la minieólica (pequeños molinos de viento). La subida en la tarifa de la luz, con la crisis como excusa, y una reducción de casi el ochenta por ciento en el coste de estas energías renovables, han permitido un avance paulatino del autoconsumo. Con una inversión razonable, uno podía instalar un medio renovable de producción de energía y ahorrarse el pico de la factura de la luz, amortizando el coste en unos pocos años. Además, si se producía energía extra, esta podría verterse a la red pudiendo llevarse algunos beneficios extra.

Bien, pues con la nueva ley que pretende sacar el Gobierno con la declarada intención de reducir el ritmo de crecimiento del autoconsumo, no solo impondrá un peaje a las energías renovables, lo cual encarecerá su coste; sino que prohibirá verter la energía extra en la red y a través del aumento del coste fijo de la electricidad provocará que la amortización de las instalaciones renovables sea a más largo plazo.
El proyecto presentado pretende grabar con un peaje superior a las energías renovables que a las eléctricas convencionales. Esto cumple un papel clave en el mantenimiento del monopolio de las grandes empresas energéticas de nuestro país. Estas poseen un control absoluto sobre el mercado energético, que supone uno de los sectores clave de nuestra economía. El hecho de que surja una nueva vía de suministro de energía fuera de su control fastidia el negocio a estas empresas, reduciendo su margen de beneficio. Mientras más se desarrollen medios alternativos de obtención de energía, menos necesitará la gente de su servicio, mientras más se desarrolle el autoconsumo, menos poder tendrán y menos tendremos que soportar el robo que bimensualmente hacen a nuestros bolsillos. Estos empresarios no pueden permitirlo y por ello recurren a sus políticos, que como buenos perros guardianes de sus intereses sacan a la luz esta ley que mira únicamente por sus intereses.

Hay que entender la gravedad de prohibir que particulares y empresas vuelquen la energía extra que consiguen a la red eléctrica. Ellos hablan en el proyecto de impedir la contraprestación económica, pero no se contempla lo que se conoce como balance neto, es decir introducir energía a la red y luego sacarla sin coste. Por lo tanto, dado que no hay beneficio de ningún tipo, aquellas personas que antes transmitían la energía captada a la red, se ahorrarán los gastos que esto supone, y, dado que también está prohibido tener acumuladores, se desperdiciará un montón de energía.

Esto es una clara muestra de uno de los absurdos más grandes que se encuentran en este sistema. Actualmente las energías renovables han demostrado que son más eficaces y rentables para el conjunto de la población; por lo tanto hay cientos de focos de producción mucho más baratos y ecológicos a lo largo de toda la red eléctrica, pero en su lógica del máximo beneficio para sus empresas, prefieren seguir aumentando sus ganancias a través medios más caros (siempre serán más caro el combustible necesario para producir energía en centrales termoeléctricas o nucleares, que recoger los rayos del sol) y dañinos que aprovechar toda ese energía generada. Ellos mismo destruyen los avances tecnológicos de la humanidad por el objetivo del máximo beneficio.

Y ahora vamos con lo más sangrante, el cambio en el cobro de la luz. Con la nueva ley se pretende aumentar el precio del coste fijo (el mínimo de la luz) y reducir el variable (todo lo que está por encima) manteniendo el precio de la luz a un valor similar pero teniendo varias repercusiones. La primera, quien gaste más en relación paga menos, es decir a los grandes derrochadores de energía les saldrá rentable, pero una vez más, esa rentabilidad vendrá de nuestro bolsillos, pues aquellos que gastamos menos, pues no somos grandes empresas, deberemos pagar más de lo que gastamos para que a ellos les salga más barato. Lo cual también se traslada a los impuestos del Estado, pues el hecho de un coste fijo mayor supone un ingreso mayor de impuestos, así que nos quitan doblemente, primero por pagar la energía que no consumimos y segundo pagando los impuestos extras que han puesto con la excusa de la crisis para que paguemos la deuda que no hemos generado.

Para el mercado de las renovables esto es desastroso, el ahorro que antes suponía el autoconsumo venía del gasto variable, al reducir el precio de este y el gasto fijo incluir la mayoría del consumo del cliente, la rentabilidad económica se reduce de manera sustancial, suponiendo a las familias mucho más rentable seguir con la eléctrica tradicional. En conclusión, se salen con la suya y nos siguen sangrando.

Está claro que mientras estas empresas tengan cogida por el mango la sartén del Estado seguirán aprovechándose de esta circunstancia. A estos empresarios no les interesa renovar, ni les interesa el medio ambiente, ni tampoco les importan nuestros bolsillos. Lo único que les importa son sus ganancias. ¿Tan difícil es pensar, que en este país -que de viento y sol vamos sobrados- terminarían siendo más rentables estas energías? Al fin y al cabo, si todos generásemos nuestra energía compartiendo y gestionando de manera colectiva tanto las fuentes de energía renovable, como los medios de obtención de ésta, así como el excedente de energía que se produzca, todos podríamos seguir teniendo las comodidades de la electricidad sin que nadie pudiera extorsionarnos debido al control férreo de un puñado de empresarios sobre este bien tan preciado.

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