La Troika marca el paso de nuevo. Tras la reforma
laboral, la financiera y los mil y un recortes sociales, le toca de nuevo el
turno a las pensiones. Los hachazos de 2011 no son suficientes.
Dicen que el sistema no es sostenible. La misma
cantinela de siempre. Lo que no dicen es que la mayor parte del dinero que
rascan de lo público es para pagar intereses a banqueros y especuladores y tapar
los estropicios dejados por la Banca cementera.
El debate está mal planteado. No hay
que hablar de pensiones, sino de pensionistas. Las pensiones se expresan con
números, estadísticas, proyecciones. Los pensionistas con nombres y apellidos.
Por encima de todo son personas. Personas con derechos, con dignidad, con
familias. Más que de la sostenibilidad de las pensiones hay que hablar de la
sostenibilidad de los y las pensionistas y esto exige plantear un punto previo
de debate. ¿Cuál es el importe de una pensión para garantizar un nivel de vida
digno y suficiente?
Hice esta pregunta en una sesión de
trabajo de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso a varios de los
“expertos” de la Comisión nombrada por el Gobierno del PP para elaborar una
propuesta sobre el “factor de sostenibilidad” de las pensiones y nadie la
contestó. Pregunté también que opinión tendrían si fueran ellos los que se
jubilaran con una pensión de 700, 800 o 900 euros al mes y de nuevo dieron la
callada por respuesta. Siguieron hablando de sus gráficos, sus previsiones
demográficas, sus modelos “alemán”, “sueco”,...
Se definían a sí mismos como “técnicos”
e “independientes” pero lo cierto es que era clara y notoria –nunca lo
desmintieron- su vinculación con la patronal de seguros, la banca y los
distintos chiringuitos montados por éstos para crear opinión y extender alarmas
sobre la “inviabilidad del régimen de pensiones”. El fraude era evidente. Las
cartas estaban marcadas, los dados plomados y las normas de juego habían sido
fijadas unilateralmente por la dirección del Casino, es decir, el gobierno del
PP. ¿Qué podía salir de ahí?
No, no son las pensiones las que están
en peligro, sino los pensionistas. El gasto total destinado a aquellas en el
Estado español, inferior al 11%, está tres/cuatro puntos por debajo de Francia,
Alemania, Italia, Grecia y Portugal y es dos puntos menor que el promedio de la
UE-27. A diciembre de 2012, la pensión media en el Estado español era de 955
euros/mes y 6,6 millones de pensionistas cobraban menos de 1.000 euros. Gran
parte de ellos malviven con pensiones de 400, 500, 600 euros. En el caso de las
mujeres, los promedios bajan un 40% y la pobreza es norma general en sus
pensiones de viudedad.
Por si esto fuera poco, las distintas
reformas realizadas en los dos últimos años, desde la de 2011 suscrita por CCOO,
UGT, CEOE, CEPYME y el Gobierno del PSOE, hasta las últimas del PP, pasando por
las diferentes congelaciones y recortes habidos, han reducido un 20-25% el
volumen global de las pensiones. A ello quieren sumar los expertos casi otro
tanto más en las próximas décadas. Pensiones indignas por mucho que traten de
confundirnos con sus cifras.
Junto a ello, hace tan solo unos días,
la operadora bursátil Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha señalado que en los
últimos cinco años de crisis los beneficios de las empresas cotizadas en Bolsa
han sido superiores a los obtenidos en el quinquenio anterior a la misma. La
rentabilidad por dividendo obtenida en el Estado español está por encima de la
obtenida en los mercados alemán, francés o estadounidense. Es decir, se están
forrando.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en
las últimas décadas -también durante la crisis- el reparto del Producto Interior
Bruto ha sido cada vez más favorable a las rentas del capital y más desfavorable
para las del trabajo. La patronal ha pillado un pedazo del pastel cada vez más
grande. Por su parte, según la consultora Capgemini, las fortunas millonarias en
el Estado español han crecido durante 2012 un 5,4%. O sea, lo de siempre, la
insultante riqueza de unos pocos se alimenta de la escandalosa pobreza de unos
muchos.
Pregunté también al secretario general de la
CEOE, Sr. Lacasa Aso, por su opinión en relación al hecho de que cuando la
sostenibilidad de la Banca esté en cuestión se acuda a rescatarla públicamente
con cientos de miles de millones de euros y, sin embargo, cuando es el sistema
de pensiones el que tiene problemas, se meta mano en los bolsillos de nueve
millones de pensionistas. Tampoco hubo respuesta. Me entraron ganas de decir que
en vez de rescatar bancos y atracar pensionistas habría que hacer lo contrario,
rescatar pensionistas y atracar bancos, pero me callé. Atracar bancos es delito.
Vender preferentes, no.
Nuestras soluciones caminan en dirección
contraria a las suyas: hay que vaciar sus bolsillos para garantizar la
sostenibilidad de los pensionistas. Con cargo a todo lo que se han apropiado
impunemente en las últimas décadas, hay que elevar los salarios y las
cotizaciones empresariales y dedicar el dinero dilapidado en rescatar bancos
especuladores (pelotazo urbanístico) y fraudulentos (preferentes) a impulsar
políticas activas de fomento del empleo. Tan solo con esto, es decir, aumentando
salarios y cotizaciones y reduciendo fuertemente el paro (se obtendrían así más
ingresos en la Seguridad Social y menos gasto en prestaciones por desempleo),
las cuentas de la seguridad social no solo serían saneadas, sino que habría
dinero suficiente para mejorar substancialmente el importe y la calidad de las
pensiones. Porque el objetivo no debiera ser “¡virgencita, virgencita, que me
dejen como estoy!”, sino dar un auténtico revolcón progresista al régimen
actualmente vigente.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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