Es curioso, a la par que preocupante, que una Delegación de Gobierno
que presume públicamente de la confianza que deposita en los policías
que emplea, hasta el punto de permitirles actuar sin ir identificados,
se vea tan seria y públicamente contradicha. Sin embargo, así ha sido.
-Los hechos
Es curioso, a la par que preocupante, que una Delegación de Gobierno que presume públicamente de la confianza que deposita en los policías que emplea, hasta el punto de permitirles actuar sin ir identificados, se vea tan seria y públicamente contradicha. Sin embargo, así ha sido.
El pasado 10 de febrero de 2011 y con motivo de la detención tras una brutal carga de la Policía, de varias personas en el transcurso una concentración en la Puerta del Sol y posterior marcha al Congreso de los Diputados en protesta por la recién aprobada refoma laboral, los letrados que asistieron a dichos detenidos se vieron en la obligación de denunciar ante el Colegio de Abogados de Madrid los siguientes hechos:
Que al acceder al control de la comisaría de Moratalaz para asistir a las personas detenidas fueron recibidos por tres personas -supuestamente policías- encapuchadas, sin uniforme, vestidas de paisano, que no portaban ningún distintivo, número o acreditación que pudiese identificarles, y que otros -supuestos policías- también encapuchados, y tampoco identificados, tomaron declaración a los detenidos. Aunque esta práctica policial no tiene respaldo legal alguno, se justificó por “motivos de seguridad”. Cabe señalar que los supuestos policías estuvieron en todo momento encapuchados, tanto en presencia de los detenidos como también cuando se encontraban exclusivamente con los Letrados. En la denuncia también se señalaba que los funcionarios policiales no respetaron la privacidad de las reuniones mantenidas entre los detenidos con sus defensores, dejando la puerta abierta y tratando de inmiscuirse repetidamente en la entrevista privada con la persona detenida. (Enlace a denuncia ante el ICAM: http://madrid.tomalaplaza.net/2012/12/17/la-defensora-del-pueblo-no-quiere-policia-encapuchada-en-comisarias/denuncia-icam/ )
Primeras justificaciones de la Sra. Cifuentes y de la Policía:
Ante estas denuncias, tanto la Delegada del Gobierno como los máximos responsables policiales no tardaron en justificar lo ocurrido diciendo que se trataba “de un hecho puntual”, echando la culpa al anterior Ministro Socialista, y al anterior Jefe de Policía de MAdrid, ya fallecido en esos momentos, quien se supone que lo autorizó verbalmente.
“Fuentes policiales han apuntado que (responsables policiales) del anterior equipo directivo de Interior, encabezado por el ministro Antonio Camacho, autorizaba que los agentes efectuaran los interrogatorios con capucha.
Así, el nuevo responsable de Madrid ha cortado por lo sano y ha prohibido que se practiquen así los interrogatorios y el nuevo director adjunto operativo, Eugenio Pino, ha abierto una información reservada por si de estas actuaciones se deriba alguna responsabilidad disciplinaria.”
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/07/madrid/1331143611.html
“La Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, echa balones fuera en el caso de los policías encapuchados que tomaron declaración en la comisaría de Moratalaz a nueve detenidos sin estar en ningún momento identificados, según los abogados de los acusados, y culpa al anterior Gobierno por permitir este tipo de interrogatorios. “Quiero que quede claro que existía una práctica autorizada del anterior Ministerio del Interior, presidido tanto por el ministro Antonio Camacho y Alfredo Pérez Rubalcaba”, ha señalado tras una reunión mantenida con el director del aeropuerto de Barajas.”
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/08/madrid/1331213764_056784.html
En todo caso se aseguraba, con mucha vehemencia, que se habían dado las órdenes oportunas para que no volviese a ocurrir:
“Alfonso José Fernández, ha decidido revocar estas prácticas que se llevaron a cabo cuando su antecesor, Francisco Javier Redondo, era el jefe superior de Polícia de Madrid, y que falleció el pasado mes de diciembre.”
http://www.20minutos.es/noticia/1331604/0/policia/encapuchados/interrogatorio-15-m/
Por otro lado, nada se decía sobre las interrupciones de las entrevistas privadas entre las personas detenidas y sus Letrados y Letradas.
La recomendación de la Defensora del Pueblo:
Con respuesta a una queja interpuesta por la Asociación Libre de Abogados ante la Defensora del Pueblo por los mismos hechos, esta institución emitió la siguiente recomendación: http://madrid.tomalaplaza.net/2012/12/17/la-defensora-del-pueblo-no-quiere-policia-encapuchada-en-comisarias/recomendacion-del-defensor-del-pueblo-17-12-12-1-1/
“Que se impartan las instrucciones oportunas para que en los supuestos en los que se produzca una detención, los agentes encargados tanto de la toma de declaración como de la custodia de los detenidos, dentro de las dependencias policiales, no oculten su rostro con prendas que no forman parte de la uniformidad reglamentaria, ni a los detenidos ni a sus letrados, por estimarse dicho uso desproporcionado y contrario al derecho de defensa y de asistencia letrada reconocidos constitucionalmente.
Asimismo que el personal que vista el uniforme reglamentario lleve el carné profesional, y en su uniforme, la placa-emblema con el número identificativo personal y no se induzca ningún tipo de impedimentos ni se realice interrupción alguna a la entrevista privada con el letrado posterior a la toma de declaración del detenido por los agentes policiales.”
La contestación de la Policía
En su contestación a la recomendación de la Defensora del Pueblo (http://ala.org.es/wp-content/uploads/2013/06/respuesta-DefensorPueblo.pdf), la Dirección Gneral de la Policia ha decidido NO ACEPTAR la recomendación.
Ya no se habla de la práctica de toma de declaración encapuchados como de un hecho puntual, sino de “procedimiento específico”, admitiendo de esta manera que se trata de una práctica más habitual de lo que reconocieron al principio y que se sigue aplicando hoy en día.
Por otro lado se esgrime la “seguridad de los funcionarios” así como “su integridad física” como factor que debe prevalcer.
Más alarmante aun es la afirmación de que “estas interrupciones (de la entrevista entre el detenido y su Letrada)” tuvieron lugar con objeto de “impedir que la letrada facilitase comestibles o medicamentos a los detenidos”.
Estas afirmaciones son absolutamente falsas y pretenden desacreditar la solvencia profesional de una compañera quien se está planteando el inicio de las correspondientes acciones judiciales.
El intentar justificar su comportamiento vulnerador de los más elementos derechos fundamentales ha sido denunciando y es reprochable; el utilizar como medio de justificación el desprestigiar y calumniar a una compañera en el ejercicio de su profesión, no sólo es deleznable, si no que en nuestra opinión puede ser constitutivo de ilicito penal y como tal está siendo estudiado para posterior inicio de acciones tanto judiciales como extrajudiciales ante las instancias que correspondan.
Ante todo lo anterior debemos manifestar:
- Que a pesar de las justificaciones vertidas en medios los días posteriores a la denuncia, ahora resulta evidente que dicha práctica se aplicó y se aplica también con el actual Gobierno.
- Que los supuestos agentes de Policía se mantuvieron encapuchados tanto estando presentes las personas detenidas como también cuando sólo se encontraban presentes los Letrados y Letradas, no llegando a entender el riesgo para la integridad física de los agentes de Policía por el hecho de ser vistos por los abogados y abogadas asistentes, si no es bajo la premisa de la criminalización de las personas que ejercen su trabajo asistiendo a detenidos.
- Que dicho riesgo aducido ahora no ha quedado acreditado en ningún momento por ningún hecho o indicio, tratándose por tanto de un riesgo abstracto considerado arbitraria y unilateralmente.
- Que el hecho de que en determinado momento no haya más policías que los de la Brigada de Información para la toma de declaraciones no puede, bajo ningún concepto, ser motivo suficiente para limitar el derecho de defensa. Un déficit de personal nunca puede suponer una merma de un derecho constitucionalmente reconocido.
- Que la Dirección General de Policía admite que ha interrumpido varias veces la entrevista entre una Letrada de esta comisión y su defendido. Se justifica en que de no hacerlo la letrada hubiese facilitado comestibles o medicamentos a los detenidos. De aceptarse este planteamiento, se privaría de contenido el derecho de que legalmente disfruta todo detenido a entrevistarse en privado con su abogado, dejando en manos de la Policía la posibilidad de concederlo o no. De ser cierta esa afirmación, los funcionarios de Policía deberían haber hecho constar este supuesto incidente (tratar de pasar comida o medicamentos a detenidos) en las diligencias policiales, cosa que no se hizo, evidentemente, porque es del todo falso, pero en ningún caso impedir la entrevista reservada entre la Letrada y su defendido.
- Por último, no podemos dejar de denunciar la grave imputación que se hace en dicha afirmación contra una compañera de esta Comisión, que atenta directamente contra su profesionalidad mas que demostrada. Sólo decir que las personas que formamos esta Comisión conocemos y respetamos escrupulosamente los derechos que asisten a las personas privadas de libertad, cosa que parece no querer hacer la Dirección General de Policía a la vista de su respuesta.
COMISIÓN LEGAL
http://madrid.tomalaplaza.net/2013/07/03/la-policia-se-desmiente-a-si-misma-y-a-la-delegada-de-gobierno-de-madrid/
Es curioso, a la par que preocupante, que una Delegación de Gobierno que presume públicamente de la confianza que deposita en los policías que emplea, hasta el punto de permitirles actuar sin ir identificados, se vea tan seria y públicamente contradicha. Sin embargo, así ha sido.
El pasado 10 de febrero de 2011 y con motivo de la detención tras una brutal carga de la Policía, de varias personas en el transcurso una concentración en la Puerta del Sol y posterior marcha al Congreso de los Diputados en protesta por la recién aprobada refoma laboral, los letrados que asistieron a dichos detenidos se vieron en la obligación de denunciar ante el Colegio de Abogados de Madrid los siguientes hechos:
Que al acceder al control de la comisaría de Moratalaz para asistir a las personas detenidas fueron recibidos por tres personas -supuestamente policías- encapuchadas, sin uniforme, vestidas de paisano, que no portaban ningún distintivo, número o acreditación que pudiese identificarles, y que otros -supuestos policías- también encapuchados, y tampoco identificados, tomaron declaración a los detenidos. Aunque esta práctica policial no tiene respaldo legal alguno, se justificó por “motivos de seguridad”. Cabe señalar que los supuestos policías estuvieron en todo momento encapuchados, tanto en presencia de los detenidos como también cuando se encontraban exclusivamente con los Letrados. En la denuncia también se señalaba que los funcionarios policiales no respetaron la privacidad de las reuniones mantenidas entre los detenidos con sus defensores, dejando la puerta abierta y tratando de inmiscuirse repetidamente en la entrevista privada con la persona detenida. (Enlace a denuncia ante el ICAM: http://madrid.tomalaplaza.net/2012/12/17/la-defensora-del-pueblo-no-quiere-policia-encapuchada-en-comisarias/denuncia-icam/ )
Primeras justificaciones de la Sra. Cifuentes y de la Policía:
Ante estas denuncias, tanto la Delegada del Gobierno como los máximos responsables policiales no tardaron en justificar lo ocurrido diciendo que se trataba “de un hecho puntual”, echando la culpa al anterior Ministro Socialista, y al anterior Jefe de Policía de MAdrid, ya fallecido en esos momentos, quien se supone que lo autorizó verbalmente.
“Fuentes policiales han apuntado que (responsables policiales) del anterior equipo directivo de Interior, encabezado por el ministro Antonio Camacho, autorizaba que los agentes efectuaran los interrogatorios con capucha.
Así, el nuevo responsable de Madrid ha cortado por lo sano y ha prohibido que se practiquen así los interrogatorios y el nuevo director adjunto operativo, Eugenio Pino, ha abierto una información reservada por si de estas actuaciones se deriba alguna responsabilidad disciplinaria.”
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/07/madrid/1331143611.html
“La Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, echa balones fuera en el caso de los policías encapuchados que tomaron declaración en la comisaría de Moratalaz a nueve detenidos sin estar en ningún momento identificados, según los abogados de los acusados, y culpa al anterior Gobierno por permitir este tipo de interrogatorios. “Quiero que quede claro que existía una práctica autorizada del anterior Ministerio del Interior, presidido tanto por el ministro Antonio Camacho y Alfredo Pérez Rubalcaba”, ha señalado tras una reunión mantenida con el director del aeropuerto de Barajas.”
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/08/madrid/1331213764_056784.html
En todo caso se aseguraba, con mucha vehemencia, que se habían dado las órdenes oportunas para que no volviese a ocurrir:
“Alfonso José Fernández, ha decidido revocar estas prácticas que se llevaron a cabo cuando su antecesor, Francisco Javier Redondo, era el jefe superior de Polícia de Madrid, y que falleció el pasado mes de diciembre.”
http://www.20minutos.es/noticia/1331604/0/policia/encapuchados/interrogatorio-15-m/
Por otro lado, nada se decía sobre las interrupciones de las entrevistas privadas entre las personas detenidas y sus Letrados y Letradas.
La recomendación de la Defensora del Pueblo:
Con respuesta a una queja interpuesta por la Asociación Libre de Abogados ante la Defensora del Pueblo por los mismos hechos, esta institución emitió la siguiente recomendación: http://madrid.tomalaplaza.net/2012/12/17/la-defensora-del-pueblo-no-quiere-policia-encapuchada-en-comisarias/recomendacion-del-defensor-del-pueblo-17-12-12-1-1/
“Que se impartan las instrucciones oportunas para que en los supuestos en los que se produzca una detención, los agentes encargados tanto de la toma de declaración como de la custodia de los detenidos, dentro de las dependencias policiales, no oculten su rostro con prendas que no forman parte de la uniformidad reglamentaria, ni a los detenidos ni a sus letrados, por estimarse dicho uso desproporcionado y contrario al derecho de defensa y de asistencia letrada reconocidos constitucionalmente.
Asimismo que el personal que vista el uniforme reglamentario lleve el carné profesional, y en su uniforme, la placa-emblema con el número identificativo personal y no se induzca ningún tipo de impedimentos ni se realice interrupción alguna a la entrevista privada con el letrado posterior a la toma de declaración del detenido por los agentes policiales.”
La contestación de la Policía
En su contestación a la recomendación de la Defensora del Pueblo (http://ala.org.es/wp-content/uploads/2013/06/respuesta-DefensorPueblo.pdf), la Dirección Gneral de la Policia ha decidido NO ACEPTAR la recomendación.
Ya no se habla de la práctica de toma de declaración encapuchados como de un hecho puntual, sino de “procedimiento específico”, admitiendo de esta manera que se trata de una práctica más habitual de lo que reconocieron al principio y que se sigue aplicando hoy en día.
Por otro lado se esgrime la “seguridad de los funcionarios” así como “su integridad física” como factor que debe prevalcer.
Más alarmante aun es la afirmación de que “estas interrupciones (de la entrevista entre el detenido y su Letrada)” tuvieron lugar con objeto de “impedir que la letrada facilitase comestibles o medicamentos a los detenidos”.
Estas afirmaciones son absolutamente falsas y pretenden desacreditar la solvencia profesional de una compañera quien se está planteando el inicio de las correspondientes acciones judiciales.
El intentar justificar su comportamiento vulnerador de los más elementos derechos fundamentales ha sido denunciando y es reprochable; el utilizar como medio de justificación el desprestigiar y calumniar a una compañera en el ejercicio de su profesión, no sólo es deleznable, si no que en nuestra opinión puede ser constitutivo de ilicito penal y como tal está siendo estudiado para posterior inicio de acciones tanto judiciales como extrajudiciales ante las instancias que correspondan.
Ante todo lo anterior debemos manifestar:
- Que a pesar de las justificaciones vertidas en medios los días posteriores a la denuncia, ahora resulta evidente que dicha práctica se aplicó y se aplica también con el actual Gobierno.
- Que los supuestos agentes de Policía se mantuvieron encapuchados tanto estando presentes las personas detenidas como también cuando sólo se encontraban presentes los Letrados y Letradas, no llegando a entender el riesgo para la integridad física de los agentes de Policía por el hecho de ser vistos por los abogados y abogadas asistentes, si no es bajo la premisa de la criminalización de las personas que ejercen su trabajo asistiendo a detenidos.
- Que dicho riesgo aducido ahora no ha quedado acreditado en ningún momento por ningún hecho o indicio, tratándose por tanto de un riesgo abstracto considerado arbitraria y unilateralmente.
- Que el hecho de que en determinado momento no haya más policías que los de la Brigada de Información para la toma de declaraciones no puede, bajo ningún concepto, ser motivo suficiente para limitar el derecho de defensa. Un déficit de personal nunca puede suponer una merma de un derecho constitucionalmente reconocido.
- Que la Dirección General de Policía admite que ha interrumpido varias veces la entrevista entre una Letrada de esta comisión y su defendido. Se justifica en que de no hacerlo la letrada hubiese facilitado comestibles o medicamentos a los detenidos. De aceptarse este planteamiento, se privaría de contenido el derecho de que legalmente disfruta todo detenido a entrevistarse en privado con su abogado, dejando en manos de la Policía la posibilidad de concederlo o no. De ser cierta esa afirmación, los funcionarios de Policía deberían haber hecho constar este supuesto incidente (tratar de pasar comida o medicamentos a detenidos) en las diligencias policiales, cosa que no se hizo, evidentemente, porque es del todo falso, pero en ningún caso impedir la entrevista reservada entre la Letrada y su defendido.
- Por último, no podemos dejar de denunciar la grave imputación que se hace en dicha afirmación contra una compañera de esta Comisión, que atenta directamente contra su profesionalidad mas que demostrada. Sólo decir que las personas que formamos esta Comisión conocemos y respetamos escrupulosamente los derechos que asisten a las personas privadas de libertad, cosa que parece no querer hacer la Dirección General de Policía a la vista de su respuesta.
COMISIÓN LEGAL
http://madrid.tomalaplaza.net/2013/07/03/la-policia-se-desmiente-a-si-misma-y-a-la-delegada-de-gobierno-de-madrid/
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