LAS REFORMAS SANITARIAS HAN DEJADO SIN TARJETA A 873.000 INMIGRANTES

06.07.2013.

Amnistía Internacional (AI) critica que las reformas en materia de sanidad han dejado a 873.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria en España "impidiendo o dificultando" su acceso al sistema sanitario, e "incluso poniendo en ocasiones su vida en riesgo". 

 

Agencias

En una rueda de prensa, celebrada ayer jueves en Palma, el director de AI España, Esteban Beltrán, ha considerado esta medida "regresiva" y "discriminatoria" y ha pedido que se modifique el Real Decreto-Ley aprobado el uno de septiembre del año pasado, en el que, según AI, se "limita" el derecho a la salud de las personas inmigrantes, que tienen que pagar para recibir asistencia sanitaria, incluida la primaria.
   La organización advierte de que la crisis económica no debería ser una excusa para recortar hasta el punto de "menoscabar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de atención sanitaria". Por eso, Beltrán ha pedido un informe real sobre el "ahorro" que se habría conseguido hasta ahora.
   No obstante, el problema básico, según Beltrán, es que la Constitución Española no recoge los derechos a la sanidad y a la vivienda como derechos fundamentales, de tal manera que son más susceptibles de ser modificados. Así, afirma que muchas personas quedan desprotegidas ante la ley y opina que deberían convertirse en derechos fundamentales.

"EL LABERINTO DE LA EXCLUSIÓN SANITARIA"

   Para denunciar la incidencia de estas medidas, que AI considera una violación a los derechos humanos, en Baleares, la organización ha elaborado un informe llamado "El laberinto de la exclusión sanitaria. Vulneraciones del derecho a la salud en las Islas Baleares", que ha sido presentado en rueda de prensa esta mañana.
   En ella, el autor del informe, Ignacio Jovtis, ha manifestado que sólo en el archipiélago, se han retirado 20.000 tarjetas sanitarias, alrededor del 2% de la población balear.
   Por otra parte, ha explicado los motivos de este informe, que parten del creciente número de denuncias por parte de inmigrantes que alegan que se les ha "obstaculizado" o incluso "impedido" acceder a la sanidad y van hasta la "identificación y documentación" de casos de personas a las que se les denegó la atención sanitaria hasta diez meses antes de la entrada en vigor del decreto.
   Jovtis también ha asegurado haber documentado casos de inmigrantes que, por "desinformación", no han recibido un servicio al que por norma sí que tienen derecho, a parte de todos aquellos casos "invisibles" de personas sin papeles que renuncian a acudir al médico por miedo a que "les pillen" o porque no tienen cómo pagar el servicio y que no llegan a AI.
   Por todo ello, el autor del informe ha pedido que la Consejería tome medidas y que se informe con exactitud al personal sanitario para que se eliminen las "irregularidades" que pueden "crear más exclusión".
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TONI MARTÍNEZ  

La no asistencia sanitaria a inmigrantes sin papeles es una medida “regresiva y discriminatoria” que está “prohibida por el derecho y los estándares internacionales de derechos humanos”. Esta es una de las conclusiones de un informe que Amnistía Internacional (AI) ha presentado sobre la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012 que deja sin asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles que no coticen a la Seguridad Social.
El lugar elegido para la presentación ha sido Palma de Mallorca. Las Islas Baleares, según la asociación, es una de las comunidades autónomas donde se ha aplicado el Real decreto de manera más “confusa y dispar y ha dependido de la aplicación que haya hecho cada centro sanitario”. Además, el pasado mes de abril falleció en Palma de Mallorca un ciudadano senegalés de 28 años con tuberculosis, tras no ser atendido.
Y es que, según el informe, esta muerte “es un claro ejemplo de las consecuencias de la aplicación del Real Decreto”. Es decir, el caso podría volver a repetirse, en Baleares o en cualquier otro lugar. La asociación critica el “estado de caos” debido a “la escasa claridad de la normativa, la diversidad de protocolos de actuación, las irregularidades administrativas o las prácticas basadas en la casuística”.
En este sentido, critican que “la disparidad, la confusión y la desinformación están generando estándares asimétricos que, en muchos casos, pueden estar suponiendo un incumplimiento de la obligación de las autoridades de proteger, respetar y hacer realidad el derecho a la salud”. Además, este “laberinto sanitario” podría provocar un efecto disuasorio en algunas personas que optarían por no asistir a los centros de salud.
Amnistía Internacional hace varias recomendaciones al Ministerio de Sanidad para evitar que ocurran nuevos casos como el del ciudadano senegalés. Entre ellas, solicita que “restablezca la universalidad del derecho a a la salud , que elaboren un informe de evaluación del impacto del Real Decreto y que deje de hacer discursos que estigmaticen a los inmigrantes”.
Estas peticiones las hacen extensiva a las comunidades autónomas, a las que también exigen que informen al personal sanitario y “eliminen las irregularidades administrativas que podrían acarrear una mayor exclusión de la asistencia sanitaria”.

http://www.lamarea.com/2013/07/04/sanid