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sábado, 27 de julio de 2013

GOBIERNO APRUEBA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y PROFUNDIZA RECORTES Y PRIVATIZACIONES

27.07.2013.

La reforma aprobada, no es ni más ni menos que otro paso en la avanzada neoliberal y de desguace del Estado. Por una parte atenta contra el principio constitucional de autonomía, pero además supondrá una brutal destrucción de empleos y la privatización de los servicios públicos.
Este es el claro objetivo de esta "reforma", así que a no dejarnos engalañar con el lenguaje neoliberal eficientista y centralista que habla de mejorar, optimizar, brindar servicios a ciudadanía y toda esa parafernalia. No, señores y señoras, se trata de eliminar municipios, achicar,  pauperizar, destruir.
Esta es la noticia, importante prestar atención  a las supuestas bondades y beneficios de esta Ley que difunde el gobierno:
 
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que pretende la modernización de los ayuntamientos, así como un mejor reparto de las competencias.
 
La reforma local, que prevé ahorrar unos 8.000 millones de euros hasta 2016 y conseguir una gestión local más ágil y eficiente, abarata la prestación de los servicios, al establecer un coste específico.
 
Según el Gobierno, evitará las duplicidades, terminará con el desempeño de las "competencias impropias" y logrará el equilibrio financiero para avanzar en la eficiencia y profesionalización en el mundo local.
 
El Gobierno lleva trabajando más de un año en la reforma local, que ha suscitado el rechazo del PSOE y del resto de la oposición al considerar que supone un ataque al municipalismo y la privatización de los servicios públicos. La aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno llega después de que el Consejo de Estado emitiera un informe que incluía advertencias sobre una posible inconstitucionalidad por el recorte de la autonomía local y criticaba la regulación del coste estándar, el coste al que deberán ajustarse los municipios para prestar servicios.
 
La reforma local ha llegado a la mesa del Gobierno una semana después de lo previsto debido a que el Ejecutivo consideró conveniente realizar un "estudio adicional" ante la complejidad del texto. El objetivo de la reforma es lograr la sostenibilidad y modernización de los ayuntamientos, así como un mejor reparto de las competencias. El Gobierno ha aceptado muchas de las recomendaciones realizadas al texto por el Consejo de Estado, y, con su proyecto, prevé ahorrar unos 8.000 millones de euros hasta 2016 y conseguir una gestión local "más ágil y eficiente", abaratando la prestación de los servicios y garantizando la viabilidad de los 8.117 ayuntamientos españoles.
 
Además, se potenciará el papel de las diputaciones provinciales para apoyar la gestión de los municipios más pequeños, se buscará mayor "eficacia y eficiencia" en la gestión de fondos públicos, y se reducirá un número importante de empresas y entes públicos del ámbito local. Se introduce la figura del 'coste efectivo' El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el Gobierno incentivará a los ayuntamientos que propicien su fusión voluntaria para evitar la dispersión administrativa que, a su juicio, en ocasiones es muy costosa. Montoro ha señalado que se ha incorporado al anteproyecto de reforma local un procedimiento de incentivos para los municipios que hipotéticamente se fusionen voluntariamente.
 
Otra de las novedades comentadas por Montoro ha sido la del 'coste efectivo' de la prestación de los servicios por parte de las corporaciones locales y ha dicho que siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado se introduce esta figura que "no impide la autonomía municipal plena". Ha explicado que el coste efectivo, que deberán publicar de manera obligatoria todos los ayuntamientos, permitirá a los ciudadanos conocer el coste real de cualquier servicio público. Una vez se conozca dicho coste y si éste es superior a la media, el mismo podría ser asumido por la diputación si lo puede realizar por un coste más bajo.
 
El Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes el Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que permitirá la continuidad del sistema cameral en España, con un nuevo sistema de financiación basado en la prestación de servicios y las aportaciones voluntarias.
 
Además, se convierte el Consejo Superior de Cámaras en la Cámara de Comercio de España y se refuerza el papel de estos organismos en el proceso de internacionalización y el impulso de la competitividad de las empresas españolas. De acuerdo con el proyecto, las Cámaras se financiarán mediante los ingresos que generen sus propios servicios y por aportaciones voluntarias, aunque también podrán firmar convenios de colaboración con el Estado y las comunidades.
 
Entre las novedades del proyecto se encuentra la obligación de que sean públicas las retribuciones de los altos cargos de las Cámaras, así como la eliminación de la obligación de que haya una cámara oficial por provincia.
 

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