15.05.2013.
“La Junta de Andalucía no tiene viviendas vacías”,
afirmaba recientemente la consejera de Fomento y Vivienda del Gobierno
andaluz, Elena Cortés, en el diario El País. “Puntualmente”, ha señalado
Cortés en repetidas ocasiones, se puede dar esta situación por motivos
como fallecimiento o mudanza del inquilino. Una idea en la que insistió
ayer lunes Amanda Meyer, la secretaria general de Vivienda,
Rehabilitación y Arquitectura.
Sin embargo, a principios de abril varias familias
entraban en un bloque de viviendas desocupadas propiedad de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). El edificio, construido hace menos
de dos años y en perfecto estado, cuenta con cuatro plantas y cerca de
una veintena de pisos, de los cuales sólo tres o cuatro están habitados
de forma legal. Está situado en el barrio granadino de Almanjáyar
(conocido como “el polígono”), caracterizado desde su creación a
mediados de los ’60 por ser un auténtico gueto donde imperan la
exclusión social, la falta de servicios y la delincuencia,
principalmente el tráfico de drogas. Según la fuente que se consulte, la
tasa de desempleo oscila actualmente entre el 70 y el 90%. Tal y como
aparecía publicado en El País en su edición del domingo 12 de mayo, esta
zona es uno de los barrios donde la Junta ha acometido "planes de
rehabilitación integral" que completan "la labor urbanística con un
trabajo socio-comunitario".
DIAGONAL habla en el salón de una de las viviendas
con Adrián y Ester Sánchez, hermanos, quienes, entre otras personas,
viven de forma ilegal en las viviendas de la Junta. Adrián tiene 18
años, es estudiante de grado medio y está en el paro. A la dificultad
para encontrar trabajo se suman los problemas en su mano derecha,
recientemente operada por un corte. Su pareja, Farah Sances, un año
menor, se está sacando el graduado escolar y está embarazada de ocho
meses. No cuentan con ningún tipo de ingreso. A sus 21 años, Ester ha
pasado por varios trabajos precarios como limpiadora, camarera o
peluquera. Se encuentra en situación de desempleo y vive con su hija
Talía, de cuatro años. Cobra una pensión alimenticia de 150 euros
mensuales. Otra de las familias que ocupan el edificio es la de Mari
Ángeles Fernández, ama de casa de 23 años, y Francisco Javier Pino,
trabajador de la construcción en paro de 33 años. Tienen dos hijos:
Francisco Javier, de tres años, e Indira, nacida hace un año y medio.
Bloques enteros vacíos
Los hermanos Sánchez nacieron y crecieron en el
polígono. Vivían con su madre, una limpiadora que gana 500 euros al mes,
de los que la mitad son destinados a pagar la hipoteca. Problemas
familiares aumentados por las dificultades económicas acabaron con ellos
en la calle, por lo que durante varios días se vieron obligados a
dormir en su coche o en portales.
“Hay muchos más pisos vacíos de la Junta en este
barrio, bloques enteros”, comenta Adrián. “La gente los ocupa para
vivir. También hay personas que entran a robar, las casas están vacías y
hay mucha gente en la calle que las necesita”, relata el joven, quien
afirma que los ocupantes de las viviendas están conservándolas y
limpiándolas.
Poco después de entrar en las casas, recibieron la
visita de la policía nacional, que les identificó. También les visitó un
representante de EPSA, quien les advirtió de que estaban “robando”. En
ese momento, las tres familias, junto a otras, contactaron con el grupo
de Stop Desahucios del 15M de Granada, que desde entonces ha intentado
buscar una solución. “No nos negamos a pagar”, señala Ester, quien opina
que “si no estás cobrando nada, te tendrán que poner un alquiler
adecuado a tus posibilidades”.
La respuesta de las autoridades andaluzas fue
advertir de las consecuencias judiciales de la ocupación y exigir a las
familias que entregasen las llaves. Varias lo hicieron. EPSA también
denunció a Ester por un presunto delito de usurpación.
“No jalear la patada en la puerta”
Contactado por DIAGONAL, Juan Hidalgo, gerente de
EPSA en Granada, explica su versión de las palabras de la consejera: “No
ha dicho que EPSA no tenga viviendas vacías, sino que en el parque
público, la típica vivienda social alquilada por 30 o 50 euros al mes,
no las hay”. Reconoce que EPSA, “como cualquier otro constructor”, tiene
viviendas vacías, dedicadas a obtener beneficio a través de venta y
alquileres a precios de mercado, construidas “con recursos, incluidos de
la banca, que hay que pagar”. “Ahora no hay demanda”, indica. EPSA es
titular de 51.000 viviendas de un total de 81.000 dependientes de la
Junta de Andalucía.
Hidalgo, que se ha encargado de la gestión del
conflicto con las familias de Almanjáyar, no se muestra dispuesto a
negociar: “No podemos permitir ni jalear la actitud de patada en la
puerta, pasado mañana puede ser tu vivienda o la de otra persona”. “Les
pido paciencia, todos debemos ser prudentes y hay que ceñirse al marco
legal”, añade. Hidalgo también insinúa que hay gente que hace de la
vivienda “un medio de vida ilegal, con un uso fraudulento, te llevas
muchas sorpresas”, aunque niega que se esté refiriendo a este caso
concreto. Respecto a la denuncia contra Ester, señala que están
“obligados a garantizar el parque público”.
Por su parte, Stop Desahucios ha convocado una
concentración este miércoles 15 de mayo a las 9.30 frente a los juzgados
de La Caleta, para apoyar a Ester en su cita con los tribunales.
Preguntada por el reciente decreto de la Junta sobre vivienda, que prevé
multas a las entidades que mantengan sus casas vacías, Ester lo tiene
claro: “Si quieren que los demás den sus casas, que den primero ellos
las suyas”.
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