Catar parece que será el próximo destino laboral de Iñaki Urdangarin.
Enfangado en el proceso judicial del caso Nóos, por el que está imputado por los
presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental,
fraude a la administración y malversación de fondos públicos, el marido de la
infanta Cristina -encausada la semana pasada como en “colaboradora necesaria” en
la trama diseñada por Urdangarin y su exsocio Diego Torres a través del
Instituto Nóos- ya ha comunicado al rey su decisión de ir a trabajar al emirato,
en una tarea vinculada al balonmano.
Según La Vanguardia, Urdangarin formará parte del equipo técnico de Valero Rivera, que en los próximos días confirmará su fichaje como nuevo seleccionador nacional de Catar a cambio de 800.000 euros anuales. En cambio, TV3 asegura que el duque de Palma trabajará en la organización del mundial de balonmano, que se celebrará en el país árabe en 2015, y será contratado directamente por el gobierno del emirato.
Sea realizando un trabajo u otro, al fin y al cabo los fondos para pagar el sueldo de Urdangarin saldrán de las arcas públicas cataríes, llenas gracias a los ingresos provenientes del petróleo y el gas natural. Parece evidente que el emir de Qatar -el monarca absoluto del país- está haciendo un favor al duque de Palma y no parece descabellado pensar que algo tienen que ver las buenas relaciones que mantiene su suegro, el rey Juan Carlos I, con Hamad Bin Jalifa al-Thani, el emir catarí.
Ambos monarcas se han reunido en varias ocasiones tanto en Doha como en Madrid y, por ejemplo, en abril de 2011 se encontraron en el Palacio de la Zarzuela en una reunión que Juan Carlos I intentó aprovechar para estimular la “colaboración económica” entre los dos estados. El Borbón incluso fue a recibir al emir al aeropuerto de Barajas, un trato especial que no dispensa habitualmente. En general, el monarca español mantiene históricamente relaciones muy estrechas con sus homólogos del Golfo Pérsico.
Por otra parte, a pesar del proceso judicial en el que se encuentra inmerso, el gobierno español ya ha confirmado que no pondrá ningún impedimento para que Urdangarin se vaya a Catar. De hecho, el duque de Palma mantiene su pasaporte y en principio debería desplazarse a España cuando tenga que comparecer ante el juez, pero si está en Catar y se niega a hacerlo podría evitar el viaje, teniendo en cuenta que tal y como ha informado Vilaweb, España y el emirato no tienen ningún convenio bilateral de extradición.
Si se confirma la contratación, no será la primera vez que el deporte catarí se puede ver salpicado por algún caso de corrupción. En este caso será externo, pero el pasado enero la revista France Football sacó a la luz el llamado Qatargate, un escándalo en el que se detallaría como el emirato habría gastado ingentes cantidades de dinero para garantizarse la organización del Mundial 2022 de fútbol, mediante sobornos a varios dirigentes de la Fifa.
[Artículo publicado en El Triangle]
La Familia Real, en una
imagen de archivo. CASA REAL
Al hilo de los últimos acontecimientos judiciales vividos en España, el
ciudadano no puede dejar de preguntarse por la utilidad y los fines de la
Fiscalía.
Hemos asistido a un hecho histórico sin precedentes, consistente en que el juez José Castro ha imputado a la infanta Cristina y la ha citado a declarar con asistencia letrada, por entender que pudiera ser cómplice, cooperadora necesaria o partícipe a título lucrativo en la creación, actividad y desarrollo del Instituto Nóos y de la Sociedad Aizoon SL, que dirigía su marido, Iñaki Urdangarín.
Ante el dictado de un auto de imputación contra la hija mediana del Rey, que incluye hasta 14 indicios delictivos, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado su intención de recurrirlo, por entender que no existen suficientes elementos indiciarios contra ella.
En los próximos días veremos en qué consiste esta pirueta reverencial del defensor de la legalidad contra la certera decisión del juez Castro.
Nada podría entenderse si olvidáramos que el fiscal desempeña su función constitucional bajo dependencia jerárquica, al dictado de las instrucciones del Fiscal General del Estado. A ello habrá que añadir que, a su vez, el Fiscal General del Estado es designado por el Gobierno.
Más si cabe y, aproximándonos un poco a la investigación sobre los negocios del yerno real, se ha sabido, además, que el ayuntamiento de Madrid figura como uno de los numerosos donantes de sus actividades que eran “sin ánimo de lucro”. Y, oh sorpresa, quien gobernaba esta corporación, cuando se desviaron fondos públicos a favor de Urdangarín, no era otro que el actual ministro de Justicia. ¿Me siguen?
La Fiscalía tiene encomendadas las funciones de la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público; sin embargo, el ciudadano tiene la percepción de que la posición, sobre este concreto punto, del fiscal anticorrupción Pedro Horrach no tiene mucho que ver con la defensa del interés público, sobre todo si ese interés es partidista o, incluso, institucional, como ocurre en el presente caso.
Hasta ahora, el fiscal del caso, Horrach, había actuado coordinadamente con el juez Castro. Ahora, y por razones que sólo él podrá explicar, ha modificado su posición de forma incomprensible.
Si algo llama poderosamente la atención en el excelente y depurado auto judicial de imputación dictado por Castro, es el hecho de incluir el principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución, para fundamentar su decisión.
Todas, todas las personas relacionadas con el Instituto Nóos, esta fundación “sin ánimo de lucro”, fuesen empleados, directivos, fundadores o miembros de su directorio, han comparecido ante Castro, como testigos o como imputados, salvo la hija del Rey.
La mujer de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín, está imputada casi desde el inicio de la investigación, por el hecho de figurar también en este entramado. Ha explicado que ella es ajena a los negocios de su marido. No obstante, sigue encartada. En la misma situación podría encontrarse Cristina de Borbón. Sin embargo, llevamos un año y medio sin que se haya resuelto este agravio comparativo y todos sospechábamos que no había voluntad de incluirla plebeyamente en este procedimiento judicial.
Finalmente, ante la existencia de cualificadísimos indicios en contra de la infanta, los correos electrónicos que su propio marido le enviaba haciéndole partícipe de las decisiones de su “empresa sin ánimo de lucro”, el juez se ha visto compelido a imputarla, ofreciéndole la oportunidad de defenderse, a fin de “no cerrar la investigación en falso”.
Llegados a este punto, cabe preguntar cuál es la legalidad que defiende la Fiscalía Anticorrupción en este asunto: la incluida en la Constitución de 1978 (y su artículo 14) o la que últimamente se empeña el Fiscal General del Estado en crear ad hoc con el fin de obstaculizar la investigación ante casos de delincuencia económica organizada de gran relevancia social.
La respuesta dependerá de la justicia y esperemos que la misma se escriba con mayúsculas, legitimándose ante la ciudadanía en momentos en que el conjunto de las instituciones parece desmoronarse.
[La autora, Isabel Elbal, es abogada]
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
Según La Vanguardia, Urdangarin formará parte del equipo técnico de Valero Rivera, que en los próximos días confirmará su fichaje como nuevo seleccionador nacional de Catar a cambio de 800.000 euros anuales. En cambio, TV3 asegura que el duque de Palma trabajará en la organización del mundial de balonmano, que se celebrará en el país árabe en 2015, y será contratado directamente por el gobierno del emirato.
Sea realizando un trabajo u otro, al fin y al cabo los fondos para pagar el sueldo de Urdangarin saldrán de las arcas públicas cataríes, llenas gracias a los ingresos provenientes del petróleo y el gas natural. Parece evidente que el emir de Qatar -el monarca absoluto del país- está haciendo un favor al duque de Palma y no parece descabellado pensar que algo tienen que ver las buenas relaciones que mantiene su suegro, el rey Juan Carlos I, con Hamad Bin Jalifa al-Thani, el emir catarí.
Ambos monarcas se han reunido en varias ocasiones tanto en Doha como en Madrid y, por ejemplo, en abril de 2011 se encontraron en el Palacio de la Zarzuela en una reunión que Juan Carlos I intentó aprovechar para estimular la “colaboración económica” entre los dos estados. El Borbón incluso fue a recibir al emir al aeropuerto de Barajas, un trato especial que no dispensa habitualmente. En general, el monarca español mantiene históricamente relaciones muy estrechas con sus homólogos del Golfo Pérsico.
Por otra parte, a pesar del proceso judicial en el que se encuentra inmerso, el gobierno español ya ha confirmado que no pondrá ningún impedimento para que Urdangarin se vaya a Catar. De hecho, el duque de Palma mantiene su pasaporte y en principio debería desplazarse a España cuando tenga que comparecer ante el juez, pero si está en Catar y se niega a hacerlo podría evitar el viaje, teniendo en cuenta que tal y como ha informado Vilaweb, España y el emirato no tienen ningún convenio bilateral de extradición.
Si se confirma la contratación, no será la primera vez que el deporte catarí se puede ver salpicado por algún caso de corrupción. En este caso será externo, pero el pasado enero la revista France Football sacó a la luz el llamado Qatargate, un escándalo en el que se detallaría como el emirato habría gastado ingentes cantidades de dinero para garantizarse la organización del Mundial 2022 de fútbol, mediante sobornos a varios dirigentes de la Fifa.
[Artículo publicado en El Triangle]
La reverencia de la Fiscalía Anticorrupción
La Familia Real, en una
imagen de archivo. CASA REAL
Hemos asistido a un hecho histórico sin precedentes, consistente en que el juez José Castro ha imputado a la infanta Cristina y la ha citado a declarar con asistencia letrada, por entender que pudiera ser cómplice, cooperadora necesaria o partícipe a título lucrativo en la creación, actividad y desarrollo del Instituto Nóos y de la Sociedad Aizoon SL, que dirigía su marido, Iñaki Urdangarín.
Ante el dictado de un auto de imputación contra la hija mediana del Rey, que incluye hasta 14 indicios delictivos, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado su intención de recurrirlo, por entender que no existen suficientes elementos indiciarios contra ella.
En los próximos días veremos en qué consiste esta pirueta reverencial del defensor de la legalidad contra la certera decisión del juez Castro.
Nada podría entenderse si olvidáramos que el fiscal desempeña su función constitucional bajo dependencia jerárquica, al dictado de las instrucciones del Fiscal General del Estado. A ello habrá que añadir que, a su vez, el Fiscal General del Estado es designado por el Gobierno.
Más si cabe y, aproximándonos un poco a la investigación sobre los negocios del yerno real, se ha sabido, además, que el ayuntamiento de Madrid figura como uno de los numerosos donantes de sus actividades que eran “sin ánimo de lucro”. Y, oh sorpresa, quien gobernaba esta corporación, cuando se desviaron fondos públicos a favor de Urdangarín, no era otro que el actual ministro de Justicia. ¿Me siguen?
La Fiscalía tiene encomendadas las funciones de la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público; sin embargo, el ciudadano tiene la percepción de que la posición, sobre este concreto punto, del fiscal anticorrupción Pedro Horrach no tiene mucho que ver con la defensa del interés público, sobre todo si ese interés es partidista o, incluso, institucional, como ocurre en el presente caso.
Hasta ahora, el fiscal del caso, Horrach, había actuado coordinadamente con el juez Castro. Ahora, y por razones que sólo él podrá explicar, ha modificado su posición de forma incomprensible.
Si algo llama poderosamente la atención en el excelente y depurado auto judicial de imputación dictado por Castro, es el hecho de incluir el principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución, para fundamentar su decisión.
Todas, todas las personas relacionadas con el Instituto Nóos, esta fundación “sin ánimo de lucro”, fuesen empleados, directivos, fundadores o miembros de su directorio, han comparecido ante Castro, como testigos o como imputados, salvo la hija del Rey.
La mujer de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín, está imputada casi desde el inicio de la investigación, por el hecho de figurar también en este entramado. Ha explicado que ella es ajena a los negocios de su marido. No obstante, sigue encartada. En la misma situación podría encontrarse Cristina de Borbón. Sin embargo, llevamos un año y medio sin que se haya resuelto este agravio comparativo y todos sospechábamos que no había voluntad de incluirla plebeyamente en este procedimiento judicial.
Finalmente, ante la existencia de cualificadísimos indicios en contra de la infanta, los correos electrónicos que su propio marido le enviaba haciéndole partícipe de las decisiones de su “empresa sin ánimo de lucro”, el juez se ha visto compelido a imputarla, ofreciéndole la oportunidad de defenderse, a fin de “no cerrar la investigación en falso”.
Llegados a este punto, cabe preguntar cuál es la legalidad que defiende la Fiscalía Anticorrupción en este asunto: la incluida en la Constitución de 1978 (y su artículo 14) o la que últimamente se empeña el Fiscal General del Estado en crear ad hoc con el fin de obstaculizar la investigación ante casos de delincuencia económica organizada de gran relevancia social.
La respuesta dependerá de la justicia y esperemos que la misma se escriba con mayúsculas, legitimándose ante la ciudadanía en momentos en que el conjunto de las instituciones parece desmoronarse.
[La autora, Isabel Elbal, es abogada]
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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