Los investigadores y docentes de las
universidades españolas investigan. En muchos casos, el Estado, todas nosotras,
pagamos dinero para que así lo hagan. Luego, a veces, publican. El Estado, todas
nosotras, a través de la FECYT -Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología, una fundación pública dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad- pagamos millones de euros a la empresa multinacional Thomson
Reuters para que las universidades españolas puedan entrar en su Web of
Knowledge, que es la base de datos donde teóricamente se encuentran las mejores
revistas del mundo. Hay dinero que no deja de fluir en ciertas direcciones.
Datos según
el BOE
(4 de octubre de 2012):
- En 2008: 1.488.985,24 euros. “En
esta partida se encuentra incluida la base de datos «1900-1944 Science Citation
Index Expanded», adquirida en 2008 por 2.320.000 dólares USA (1.488.985,24
euros) y que está accesible a través del acceso a la Web of Knowledge.”
(Sec. III. Pág. 70.544)
- En 2011: 3.073.848 euros. “El
importe de los pagos realizados fuera del plazo máximo legal durante el
ejercicio 2011 ascendió a 4.697.547 euros, incluyendo la deuda por el acceso a
la base de datos de Thomson Reuters por importe de 3.073.848 euros, cuyo pago
se realizó a los 120 días”. (Sec. III. Pág. 70.567)
Conviene aclarar que los más de 3
millones correspondientes a 2011 son distintos a los 1.488.985,24 euros del
apartado anterior. Hablamos, pues, de más de 4 millones de euros. Por un lado.
Porque hay otros lados, otras facturas a otras multinacionales con fines
semejantes.
Gracias a ese pago, los investigadores
de las universidades españolas pueden acceder al resultado de sus propias
investigaciones y las de otros. Esos millones los pagamos para poder acceder a
ese “escaparate”; aunque pueda parecer increíble, los resultados de
investigaciones financiadas con dinero público a veces terminan siendo
publicados en revistas de acceso privado. El placer de pagar por leer lo que tú
mismo escribes. Inteligente bucle ¿verdad? A cualquiera se le pone cara de
tonto si tiene que confesar que hace tal cosa, pero tal como está establecida la
carrera académica actualmente, resulta crucial hacer ese tipo de operaciones
“inteligentes”. Es lo que tiene la inteligencia cuando permite que su métrica la
decida un organismo sujeto a mercado. Más pagas, más vales. Inteligencia
pura.
Mientras tanto, en España también se
han elaborado herramientas de interés científico y funciones equivalentes. Entre
ellas destacan DICE, MIAR, In-RECS, In-RECJ, In-RECH… Todas ellas son
competentes, reconocidas internacionalmente, eficientes y altamente
especializadas. Trabajan con métodos objetivables, ninguna de ellas recibe
dinero de las publicaciones que estudia, evalúa o cataloga, ni de los
interesados que consultan sus productos, a diferencia de lo que hace el JCR
(Journal Citation Reports), también de la multinacional Thomson Reuters. Este
índice privado es el que generalmente se toma como referencia para evaluar la
producción científica. Sin embargo, los anteriormente citados son equiparables
en calidad, aunque cada una de ellas ofrece servicios diferentes. En cualquier
caso, las de lengua castellana (las hay también latinoamericanas, como Redalyc o
Latindex) son mucho más baratas.
El trabajo de los profesores de
universidad en España se valora en función de las publicaciones en que aparece
su firma. Por eso, entre otras cosas, los índices y bases de datos resultan
clave. ANECA, la agencia pública que evalúa a los docentes en España y les
acredita o no para seguir la carrera académica en sus distintos escalafones,
utiliza el DICE. De hecho, el DICE nació por un convenio de la ANECA con el
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), también público. MIAR lo
elabora un cada vez más reducido grupo de profesores de la Universidad de
Barcelona. In-RECS e In-RECJ los hace un equipo de investigadores de la
Universidad de Granada. Los investigadores que trabajan en estas entidades
tienen reconocimiento internacional, son independientes, están integrados en
instituciones públicas y realizan su trabajo con fondos públicos, cada vez más
menguados cuando existen, y con una continuidad vinculada a programas de
financiación no siempre regulares. Y aun en esas difíciles condiciones realizan
una tarea imprescindible en el ámbito español y latinoamericano para la
evaluación de la producción científica, de la cual depende buena parte del
sistema académico.
El trabajo del equipo de Granada está
siendo ahogado de forma indirecta. Indirecta pero muy torticera. Se puede
consultar aquí
y aquí.
Con el dinero pagado a Thomson Reuters -solo contando lo que consta en
documentos públicos- se podría financiar durante más de una década el valioso
trabajo sobre índices de impacto que hace el grupo de investigación de la
Universidad de Granada, el EC3, que cuesta 30.000 euros anuales. Pero en esa
dirección, al dinero le cuesta trabajo fluir. Parece claro que el criterio
económico no es el que explica las decisiones políticas que se están
tomando.
El DICE nos acaba de dar una noticia
nefasta. Otra agresión más a las fuentes públicas de indicadores de calidad de
la publicación científica. Lo paralizan. Una nueva embestida a la independencia
de la investigación y la ciencia. Se suprime un indicador público, un servicio
público necesario, útil, de calidad. Se despeja el camino para crear oportunidad
a que algunos rufianes consoliden sus negocios, lucrándose del privilegio de
ser ellos quienes, sin control ni obligación de transparencia, decidan qué
importa y qué no en el mundo del conocimiento.
Ese negocio de rufianes está
cociéndose en estos momentos. No pierdan de vista ese hilo que apunta la misiva
de Giménez Toledo (miembro del Grupo de Investigación de Evaluación de
Publicaciones Científicas del CSIC) que se reproduce al final del post. DICE se
paraliza, pero la necesidad de evaluación no cesa ni es cesada políticamente. No
es que se haya decidido prescindir de ella. Se seguirá diciendo que es
importante y necesaria, criterio básico para la promoción en la carrera
académica, para la articulación del sistema, para la distribución de
financiación. ¿Entonces? Si la evaluación es tan necesaria, ¿es que ya no se va
a hacer? ¿Quién se supone que la seguirá haciendo? ¿Suponía algún problema que
se hiciera de forma independiente, transparente, profesional, pública y barata?
¿Qué tipo de problema? ¿Acaso, por ser tiempos de crisis, hay que destruir un
producto de calidad barato y eficiente para abrir nicho de mercado a alguna
ambición privada en busca de negocio?
Esas operaciones no se llaman ajustes,
crisis ni recortes.
Tiene otros nombres, varios, ninguno digno.
Tiene otros nombres, varios, ninguno digno.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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