La Generalitat pactó con el Gobierno el perdón a los mossos «torturadores»
El argumento extraoficial fue que la condena a prisión
«no había sido lo bastante ponderada». La tesis la abrazó el Gobierno de CiU
tras volver al poder en el 2010 y, en particular, su consejero de Interior y
responsable de los mossos, Felip Puig...
De cuatro años y seis meses de prisión a dos años, y de ahí a
7.200 euros de multa. Todo en solo nueve meses. Así se escribió la historia del
doble indulto parcial concedido por el Gobierno a los cuatro mossos d'esquadra
condenados por detener ilegalmente y torturar a un hombre al que confundieron
con un atracador, en Barcelona en el 2006.
Un polémico perdón que provocó esta semana una inusual
contestación de la carrera judicial con un manifiesto firmado por 200 togados.
Decisión «arbitraria» y «política» fueron algunos adjetivos. El Ejecutivo
defendió su postura con argumentos un tanto antiguos. Señaló que los jueces no
pueden entrometerse en competencias que no son suyas, sino del Gobierno por una
ley del siglo XIX.
Estos son los hechos conocidos pero, ¿qué hay detrás de un
indulto que tiene importantes connotaciones políticas y sociales y que, ni por
asomo, reúne el perfil común de los más de 400 beneficiados con esta medida de
gracia en lo que va de año?
La intrahistoria arranca en noviembre del 2009. La sala de lo
penal del Supremo rechazó gran parte de los recursos de los cuatro mossos contra
la condena a seis años de prisión que les impuso la Audiencia de Barcelona en el
2008. Tras estimar únicamente el agravamiento por ensañamiento con el ciudadano
rumano Lucian Padoraru, el alto tribunal los condenó a cuatro años y seis meses
de cárcel e inhabilitación profesional, es decir, expulsión del cuerpo.
Un mes antes la sala condenó a dos mossos a seis meses de prisión
y dos años de inhabilitación por otro delito de lesiones, contra la integridad
moral y desproporción policial en una detención. Llovía sobre mojado.
Entonces, gobernaba en la Generalitat el tripartito y la
consejera de Justicia, Montserrat Tura (PSC), y, en menor medida, su colega de
Interior, Joan Saura (ICV), mostraron su disposición a pedir el perdón para los
mossos tras la ola de apoyos que se gestó en la propia institución.
El argumento extraoficial fue que la condena a prisión «no había
sido lo bastante ponderada». La tesis la abrazó el Gobierno de CiU tras volver
al poder en el 2010 y, en particular, su consejero de Interior y responsable de
los mossos, Felip Puig.
Su consejería destaca que se trata de un caso «realmente
excepcional», «potestad del Gobierno español», según señaló el propio Puig, y
que cuenta con apoyos de partidos y sindicatos.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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