02.12.2012
Los ayuntamientos instan a los bancos y cajas a paralizar las ejecuciones y prometen ayuda a los afectados. En Sopelana tampoco pondrán a disposición de la ejecución de desahucios «recursos materiales o humanos» propios del Ayuntamiento. Y asumirán la defensa de los empleados municipales que se nieguen a participar en estos procesos y que por tal motivo, se vean incursos en un procedimiento judicial. Es decir, se permitirá a los Policías locales no cubrir los desahucios y se les dará cobertura legal si por ello fuesen denunciados.
La comarca de la Margen Derecha, la más pudiente de
Bizkaia, no es ajena al drama social de los deshaucios. Y es que la
crisis comenzó hace tiempo a golpear a las familias y ya se han
multiplicado las peticiones de ayuda a ONGs y duplicado el número de
desempleados.
Solo en Getxo, en el 'top five' de los municipios con el
metro cuadrado más caro de España, se han ejecutado 37 desahucios en lo
que va de año. Por fin, los ayuntamientos han comenzado a mover ficha,
dentro de sus propias competencias. Aunque en Getxo la moción presentada
por el PSE fue rechazada el martes, - el PP votó en contra tras admitir
los socialistas una enmienda de Bildu, y el PNV se abstuvo-
declaraciones similares que pretenden paliar el drama social que suponen
las ejecuciones hipotecarias para las familias han prosperado en
consistorios como Etxebarri y Galdakao y ahora, en Plentzia y en
Sopelana.
Ambos han suscrito compromisos para con los vecinos
afectados. En ambos casos, se han comprometido a cancelar las cuentas en
las entidades que ejecuten las viviendas en sus respectivos municipios
como medida de presión.
Los acuerdos serán remitidos con «carácter urgente» tanto
a la Presidencia del Gobierno español, como al Congreso de Diputados o
Parlamento vasco. Y es que estos consistorios de Uribe Kosta se sumarán a
la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras
organizaciones sociales, destinada a aprobar una modificaciónde la
regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, es
decir, que con la vivienda se salde la totalidad de la deuda principal,
los intereses y las costas judiciales. Esto ya ocurre en otros países de
la Unión Europea o Estados Unidos.
Apoyo municipal
El texto aprobado en Sopelana, presentado por el PSE,
contó con el apoyo de Bildu y PNV, mientras el PP optó por la
abstención. La moción exige a las entidades la «suspensión inmediata de
cualquier proceso de desahucio de la vivienda habitual» en Sopelana
«tanto sea en propiedad como en alquiler» y acuerda informar a los
ciudadanos sobre las decisiones que respecto a los desahucios adopten
las entidades financieras.
En otro de sus párrafos recoge el compromiso de
«habilitar un teléfono y un correo electrónico» para atender a las
personas que hayan sufrido un desahucio o tengan riesgo de sufrirlo. El
mismo cumplirá con el objetivo de «ofrecer información y apoyo desde la
institución municipal».
Tampoco pondrán a disposición de la ejecución de
desahucios «recursos materiales o humanos» propios del Ayuntamiento. Y
asumirán la defensa de los empleados municipales que se nieguen a
participar en estos procesos y que por tal motivo, se vean incursos en
un procedimiento judicial. Es decir, se permitirá a los Policías locales
no cubrir los desahucios y se les dará cobertura legal si por ello
fuesen denunciados.
En el caso del texto aprobado en Plentzia contó con el
apoyo unánime del Grupo Independiente, PNV y Bildu. Alcanzaron el
compromiso de «crear una comisión especial» en la que participen
representantes del pleno y el personal que presta asistencia social en
el municipio.
La misma tendrá como objetivo principal «buscar
alternativas a las situaciones de desahucio» provocados por procesos de
ejecución hipotecaria por motivos económicos. También facilitarán el
realojo digno de las familias afectadas «siempre que lo permitan los
medios disponibles por el Ayuntamiento en ese momento».
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