Miercoles, 12 de Diciembre de 2012
La Campaña por el Cierre de los CIE denunciamos que el Ministerio
del Interior está incumpliendo reiteradamente sus propias disposiciones
al recluir en centros de internamiento a personas sin antecedentes que
demuestran su arraigo social en España.
La policía lo abordó en plena calle, cuando iba al zapatero; sus
rasgos físicos lo hacían “sospechoso”. A. N. se identificó con su
tarjeta sanitaria y con el carné de una biblioteca de la Generalitat
Valenciana, y les explicó que vivía y estaba empadronado en Castellón,
donde se dedicaba a la venta ambulante. Desde que llegó de Senegal en
patera no sólo no había tenido ningún problema con la justicia sino que
aprendió castellano e hizo buenas amistades entre los españoles. De nada
sirvió. Fue detenido “por no tener papeles”, lo recluyeron en el Centro
de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, y
poco después lo deportaron con destino incierto. La situación de A. N.
no sólo es un ejemplo de vulneración de los derechos de las personas que
son privadas de libertad por la simple falta administrativa de no
disponer de permiso de residencia. Su detención y expulsión también
demuestran que el Ministerio del Interior incumple sus propias
disposiciones.
El
pasado 30 de abril,el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa,
aseguró ante un centenar de periodistas en el Centro de Internamiento
de Extranjeros de Barcelona que no se deportarían a los extranjeros que,
sin tener la documentación en regla, acreditaran arraigo social en
España y carecieran de antecedentes judiciales o policiales. Ulloa
especificó que por arraigo se entendía que estas personas tuvieran “un
domicilio, familia, amigos o incluso un trabajo en la http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201204301621-gobierno-espanol-prioridad-expulsion-inmigrantes-efe.html%29">economía
sumergida”. Poco después su anunció se completó con la expedición de
una circular en la que se prohibía a la policía establecer “cupos de
identificación o detención de extranjeros” y las actuaciones
“indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos”, y además se
determinaba la “improcedencia de trasladar a dependencias policiales a
los ciudadanos extranjeros que, tras su identificación, se constate su
estancia irregular en España, siempre que se haya comprobado su identidad y justifique un domicilio.
Sin embargo, las redadas racistas se siguen practicando y en los CIE continúan encerrados nuestros vecinos mientras sus familias aguardan a que el español decida su futuro. Desde que supuestamente entraron en vigor los nuevos criterios de Interior hemos conocido la situación de cinco personas encerradas en Zapadores, que no tienen antecedentes y reúnen los requisitos del arraigo social descritos por Interior. Los casos que logramos documentar representan sólo una pequeña parte del total, pues únicamente podemos visitar a un número reducido de internos e internas, por lo que creemos que actualmente hay muchas más personas recluidas que deberían ser puestas en libertad si Interior fuera coherente con sus criterios. Con toda seguridad, muchos otros que cumplían los requisitos fueron detenidos y expulsados, convirtiendo en papel mojado las afirmaciones del secretario de Estado y su circular.
En Zapadores hablamos con cinco inmigrantes africanos, que llevaban viviendo en España entre 3 y 7 años y trabajaban en el campo o en la venta ambulante. Como es lógico después de ese tiempo de residencia estable, todos ellos pudieron acreditar su identidad y un domicilio cuando la policía los detuvo en su barrio, en la puerta de la casa de un amigo o en medio de sus quehaceres cotidianos, como A. N. llevando a arreglar sus zapatos. Los agentes también comprobaron que no tenían antecedentes, pero igualmente los trasladaron al CIE. Tres fueron devueltos a Senegal y los otros dos creemos que también fueron deportados a su país de origen. En España dejaron hermanos, sobrinos, amigos y un proyecto de vida que compensaba las penalidades sufridas en el viaje -varios llegaron en patera- y el desgarro de verse obligados a abandonar el hogar.
Todas estas situaciones son pruebas evidentes de que el Ministerio del Interior no tiene voluntad de cumplir con los nuevos criterios de ingreso en los CIE anunciados en abril o de que se están cometiendo graves irregularidades por parte de los funcionarios que detienen, encierran y deportan a personas sin papeles, pero con demostrado arraigo social en el país al que se vieron obligados a emigrar. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, exigimos la clausura de todos los CIE del Estado español, pues su existencia supone una vulneración de los derechos de las personas migrantes, y reclamamos que Interior cumpla sus normas no recluyendo a quienes carezcan de antecedentes y tengan arraigo mientras gestiona el cierre definitivo de estos centros.
http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2012/12/10/interior-sigue-encerrando-en-los-cie-y-deportando-a-personas-sin-antecedentes-a-pesar-de-estar-plenamente-integradas/
El
pasado 30 de abril,el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa,
aseguró ante un centenar de periodistas en el Centro de Internamiento
de Extranjeros de Barcelona que no se deportarían a los extranjeros que,
sin tener la documentación en regla, acreditaran arraigo social en
España y carecieran de antecedentes judiciales o policiales. Ulloa
especificó que por arraigo se entendía que estas personas tuvieran “un
domicilio, familia, amigos o incluso un trabajo en la http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201204301621-gobierno-espanol-prioridad-expulsion-inmigrantes-efe.html%29">economía
sumergida”. Poco después su anunció se completó con la expedición de
una circular en la que se prohibía a la policía establecer “cupos de
identificación o detención de extranjeros” y las actuaciones
“indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos”, y además se
determinaba la “improcedencia de trasladar a dependencias policiales a
los ciudadanos extranjeros que, tras su identificación, se constate su
estancia irregular en España, siempre que se haya comprobado su identidad y justifique un domicilio.Sin embargo, las redadas racistas se siguen practicando y en los CIE continúan encerrados nuestros vecinos mientras sus familias aguardan a que el español decida su futuro. Desde que supuestamente entraron en vigor los nuevos criterios de Interior hemos conocido la situación de cinco personas encerradas en Zapadores, que no tienen antecedentes y reúnen los requisitos del arraigo social descritos por Interior. Los casos que logramos documentar representan sólo una pequeña parte del total, pues únicamente podemos visitar a un número reducido de internos e internas, por lo que creemos que actualmente hay muchas más personas recluidas que deberían ser puestas en libertad si Interior fuera coherente con sus criterios. Con toda seguridad, muchos otros que cumplían los requisitos fueron detenidos y expulsados, convirtiendo en papel mojado las afirmaciones del secretario de Estado y su circular.
En Zapadores hablamos con cinco inmigrantes africanos, que llevaban viviendo en España entre 3 y 7 años y trabajaban en el campo o en la venta ambulante. Como es lógico después de ese tiempo de residencia estable, todos ellos pudieron acreditar su identidad y un domicilio cuando la policía los detuvo en su barrio, en la puerta de la casa de un amigo o en medio de sus quehaceres cotidianos, como A. N. llevando a arreglar sus zapatos. Los agentes también comprobaron que no tenían antecedentes, pero igualmente los trasladaron al CIE. Tres fueron devueltos a Senegal y los otros dos creemos que también fueron deportados a su país de origen. En España dejaron hermanos, sobrinos, amigos y un proyecto de vida que compensaba las penalidades sufridas en el viaje -varios llegaron en patera- y el desgarro de verse obligados a abandonar el hogar.
Todas estas situaciones son pruebas evidentes de que el Ministerio del Interior no tiene voluntad de cumplir con los nuevos criterios de ingreso en los CIE anunciados en abril o de que se están cometiendo graves irregularidades por parte de los funcionarios que detienen, encierran y deportan a personas sin papeles, pero con demostrado arraigo social en el país al que se vieron obligados a emigrar. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, exigimos la clausura de todos los CIE del Estado español, pues su existencia supone una vulneración de los derechos de las personas migrantes, y reclamamos que Interior cumpla sus normas no recluyendo a quienes carezcan de antecedentes y tengan arraigo mientras gestiona el cierre definitivo de estos centros.
http://tomalapalabra.periodismohumano.com/2012/12/10/interior-sigue-encerrando-en-los-cie-y-deportando-a-personas-sin-antecedentes-a-pesar-de-estar-plenamente-integradas/
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