Llamada el “Guantánamo de Moratalaz”, esta comisaría es el
complejo en el que, entre otras unidades policiales, tienen su sede las UIP, los
antidisturbios.
Agresiones policiales en
Madrid. Foto: José Alfonso
Cuando en Madrid eres detenido en una manifestación o una
protesta, lo más probable es que acabes en alguno de los edificios que la
Policía Nacional tiene en el complejo de Moratalaz, un barrio del este de la
capital. Los detenidos
en la pasada huelga o las 35 personas arrestadas ante el Congreso
el 25 de septiembre, por ejemplo, terminaron ahí. Esta comisaría es también
el centro de numerosas denuncias de abusos y malos tratos. Como botón de
muestra: gran parte de los 28 detenidos tras el desalojo de la Puerta del Sol la
primera noche del aniversario del 15M denunciaron haber sido obligados “a permanecer en el patio de la comisaría de Moratalaz, esposados y
cara a la pared, durante varias horas al sol” y uno de ellos fue
“abofeteado”. Al menos cinco de estos detenidos presentaron denuncia por malos
tratos ante el juzgado.
Aunque algunos detenidos lo han llegado a calificar de
“Guantánamo”, Endika Zulueta, abogado que participa en la Comisión Legal Sol,
plataforma de defensa jurídica nacida al calor del 15M madrileño, no considera
esta comisaría un punto especialmente “negro” en cuanto a vulneración de
derechos: “Todos los detenidos de Madrid que pasan a disposición judicial pasan
por Moratalaz, pero no me consta que haya más malos tratos
allí, o que haya proporcionalmente más denuncias que en otras dependencias
policiales”, refiere Zulueta. “Imagino que influye más el hecho de que
por ahí pasan muchas personas detenidas, entre otras cosas porque está el
Registro de Detenidos. Los detenidos de cada comisaría pasan por ahí, les toman
las huellas dactilares y les hacen las fotos de identificación, luego son
trasladados para ser puestos a disposición de los juzgados de guardia”,
concluye.
El complejo policial de Moratalaz albergaba un centro
de detención de inmigrantes sin papeles (CIE) en cuyas decrépitas
instalaciones –un sótano sin luz natural– se produjeron en 1991 huelgas de
hambre y múltiples denuncias por malos tratos y que fue clausurado en 2005, tras
años de denuncia de sus pésimas condiciones. Actualmente aloja, además de una
comisaría de distrito entre otras dependencias policiales, el Registro Central
de Detenidos. A modo de guinda, el centro policial de Moratalaz es también la
sede del Grupo 21, la Brigada Provincial de
Información, y de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los
antidisturbios.
La Policía Nacional tiene regularmente destinados en la capital a
unos 800 agentes, los denominados Pumas y Camel, que conforman la primera
compañía de la UIP. Al frente de éstos está el inspector jefe Javier Nogueroles,
condecorado con lamáxima distinción policial una semana después de las cargas
contra las protestas frente al Congreso de los Diputados del 25 de septiembre,
que dejaron un saldo de 35 detenidos y al menos 64 heridos. Esta condecoración,
que supone el cobro de un 10% más de sueldo, llegó a ser presentada por varios
medios de comunicación como premio a la violencia de los antidisturbios.
Moratalaz, sitio de paso
“Un importantísimo número de personas denuncian haber sido objeto
de torturas o malos tratos tras pasar por las dependencias de Moratalaz. Esto es
debido, fundamentalmente, a que la mayoría de los detenidos
por agentes de la Brigada de Información son trasladados a este centro
policial”, afirma Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención y
Denuncia de la Tortura. Según han denunciado numerosas personas detenidas
por policías secretas en movilizaciones ligadas al 15M el pasado verano, los
agentes del Grupo 21 que les interrogaron en Moratalaz lo hicieron
encapuchados.
Tras las protestas de abogados defensores, los agentes han cesado
de taparse la cara para interrogar, pero siguen
encapuchados cuando realizan algunas diligencias policiales. “Como recoge el
último informe de la Coordinadora –explica del Cura–, casi la mitad de las
denuncias por malos tratos y torturas que hemos recopilado en el Estado son
presentadas por personas detenidas por
participar en movilizaciones sociales: a nivel estatal suman 433 denuncias
de un total de 853 , y en Madrid, 56 de 111. Y eso que estos datos están
seguramente incompletos ya que todo nos hace pensar que el número de agresiones
a los detenidos esmuy superior a los casos conocidos”, sostiene del Cura antes
de concluir que “si se mantiene la misma tendencia que en otros centros de
detención y cuerpos policiales, debe existir un importante número de agresiones
de las que nunca sabremos nada”. Según este investigador, “en los casos de
detenidos enmovilizaciones sociales, las denuncias que conocemos se dirigen
contra agentes del CuerpoNacional de Policía –sean estos de la Brigada de
Información, de los antidisturbios o agentes destinados en los calabozos, etc.–
La mayoría refieren agresiones en el momento y lugar de la detención. También
son muy abundantes las referencias a agresiones en los vehículos policiales. Los
relatos de agresiones físicas en las dependencias policiales son inferiores,
pero son muy abundantes los de amenazas, insultos y coacciones de todo
tipo”.
Uno de los detenidos en agosto de 2011, durante la visita del Papa
a Madrid, relata que los antidisturbios le golpearon “sin motivo” tras la
manifestación laica. “Me pegaron patadas, puñetazos y porrazos. Me abrieron una
brecha de cinco puntos de sutura. (…) Me metieron en el furgón, lo que fue
acompañado de más insultos, golpes y amenazas. Tampoco se dignaron a llamar a la
ambulancia. Tras la detención nos llevaron a comisaría, donde siguieron los
golpes por la espalda y los insultos. Para meterme miedo me
llevaron corriendo hasta una quinta planta con todas las luces
apagadas”.
El 7 de noviembre, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
alabó la labor realizada durante “estos últimos meses por los miembros de la
UIP, un trabajo que resulta más esencial que nunca en este momento
particularmente difícil para España”. Unas declaraciones que la prensa consideró
enfocadas a la previsible actividad que tendrán en los próximas movilizaciones
sociales. No en vano, el Ministerio del Interior ha multiplicado por 19 el presupuesto destinado a renovar el material
antidisturbios y los equipamientos específicos de protección y defensa,
que pasará de los actuales 173.670 euros a 3,26 millones en 2013
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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