Por Ignacio Escolar
El mundo al revés: la policía griega ha detenido a un periodista por dar los nombres de 2.059 delincuentes.
El periodista se llama Kostas Vaxevanis y los delincuentes son un buen
montón de millonarios que guardan su dinero en Suiza para no pagar
impuestos. Vaxevanis señala a los criminales y la policía le persigue a
él, por “entrometerse en su intimidad”. Su caso demuestra a las claras
una obviedad: que los paraísos fiscales no existirían sin la complicidad
del resto de los Gobiernos occidentales. Es la UE, Estados Unidos y
Japón quienes toleran que sus oligarquías financieras escapen al fisco.
Son nuestros gobiernos los que permiten que Suiza, esa cueva de Alí
Babá, sea un respetable socio de la comunidad internacional y no un
Estado criminal, aislado y castigado comercialmente por todos sus
vecinos. Es Occidente quien permite a sus bancos piratas abrir
sucursales en nuestro suelo. Es Europa, que controla el cien por cien de
la frontera suiza, la que permite a este refugio del dinero negro
conectarse con el sistema financiero mundial. Suiza vive de estafarnos a
los demás, pero no recibe castigo alguno porque son nuestros gobiernos y
las élites financieras de nuestros países quienes se lucran de este
negocio inmoral.
En la lista de Vaxevanis hay dos
exministros conservadores griegos y un asesor de Antonis Samarás. Es
solo una muestra, con seguridad son mucho más de tres los políticos
griegos con dinero escondido en un paraíso fiscal. El periodista ha
publicado la parte griega de un archivo mucho mayor, el que se llevó
Hervé Falciani en 2007 del HSBC, que no es ni mucho menos el único banco
de toda Suiza.
Falciani está hoy encarcelado en España,
en la prisión de Valdemoro, detenido bajo la acusación de un delito que
ni siquiera existe en nuestra legislación: revelar secretos bancarios.
La contradicción es brutal: en España, si alguien tiene conocimiento de
un delito fiscal, su deber es ponerlo en conocimiento de la justicia;
por hacer precisamente eso, la justicia española lo mantiene hoy en
prisión.
En breve, el Gobierno tendrá que decidir si lo extradita a Suiza o si –como piden el PSOE e IU–,
lo pone en libertad. Gracias a Falciani, que entregó su valiosa
información a Francia, España pudo recaudar 6.000 millones de euros
defraudados por 659 personas, una lista que en España aún no es pública
en su integridad.
Falciani se ha ofrecido a colaborar con
España, ayudando a localizar a otros delincuentes españoles que esconden
su dinero en Suiza para no pagar. ¿Aceptará el trato el Gobierno de
Rajoy, ese mismo Gobierno que aprobó una amnistía fiscal y que negocia
con Suiza otra fórmula similar? Prefiero no apostar.
Suiza ofrece a España alternativas para prorrogar la amnistía fiscal a los defraudadores
- El jefe de la diplomacia suiza ofrece a España un acuerdo para mantener el anonimato de los defraudadores a cambio de dinero
- Suiza pregunta a España sobre el proceso de extradición de Hervé Falciani
Suiza quiere que los defraudadores
fiscales españoles con cuentas en su país continúen operando en el
anonimato. Para ello ha ofrecido a España un pacto que consiste en
garantizar esa privacidad a cambio de dinero. La oferta fue trasladada
por el jefe de la diplomacia helvética, Didier Burkhalter al ministro de
Exteriores, José Manuel García Margallo, durante la reunión que ambos
mantuvieron en Madrid el pasado día 8.
Lo que Suiza propone a España es la firma de un Acuerdo Rubik
a través del cual el país alpino paga a las haciendas extranjeras los
impuestos derivados de las inversiones de sus ciudadanos en la banca
helvética, pero mantiene la confidencialidad de los nombres. El
encuentro entre los máximos representantes de la diplomacia de ambos
paises no ha tenido (hasta la fecha) ninguna repercusión en la prensa
española pero sí ha sido recogido por los diarios de aquel país.
En la nota de prensa del Ministerio sobre la reunión, no aparece ninguna referencia a asuntos fiscales.
Según la crónica del rotativo Le Matin,
España estaría interesada en firmar un Acuerdo Rubik al término del
actual periodo de amnistía fiscal a finales de noviembre. Según
información de los medios suizos, aquel país toma nota del interés
español y de los plazos derivados de esa amnistía fiscal en curso.
Dicho de otro modo, si España acepta
firmar el Acuerdo Rubik estaría subcontratando su política fiscal a la
banca suiza. España cobraría un dinero al que no consigue acceder por
otras vías pero nunca podría saber qué empresas o particulares están
defraudando. Este tipo de acuerdos, según la prensa local, cuentan con
el respaldo de la Asociación Suiza de Banqueros y la Asociación de
Bancos Extranjeros en Suiza.
La banca suiza impulsa este tipo de
acuerdos para evitar una fuga de capitales si la crisis continúa
invitando a los gobiernos a investigar a los defraudadores con cuentas
en sus bancos. De este modo, Suiza ofrece una pequeña cantidad de dinero
a cambio de silencio y tranquilidad para sus clientes.
Austria, Reino Unido y Alemania ya han
firmado acuerdos similares con el país helvético, que ahora tiene entre
sus prioridades extender estos acuerdos a Italia, Grecia y España. En el
caso alemán la contestación
ha sido muy fuerte y ha estado encabezada por socialdemócratas y verdes
que rechazan el acuerdo al considerar que constituye un premio a los
defraudadores.
El caso Falciani
Otro de los asuntos que estuvo sobre la
mesa de trabajo de los ministros de Exteriores español y suizo fue,
según Le Matin, el caso Falciani. Hervé Falciani es un extrabajador del
HSBC que en 2006 se hizo con los datos de 130.000 presuntos
defraudadores. Gracias a la información facilitada por Falciani a los
distintos gobiernos, España pudo revisar cerca de 3.000 cuentas,
localizar a casi 700 defraudadores y recuperar una cantidad que se
acerca a los 6.000 millones de euros, según fuentes de Hacienda.
Sin embargo, Falciani se encuentra en una
cárcel española a la espera de que la Audiencia Nacional y
posteriormente el Consejo de Ministros decidan sobre su extradición a
Suiza, que le reclama por un delito de vulneración del secreto bancario,
un tipo penal que en nuestro país no existe. Más bien al contrario, la
legislación española obliga a denunciar cualquier indicio de blanqueo.
Según la prensa suiza, Margallo se limitó
a trasladarle a su homólogo suizo que la situación de Falciani está en
manos de la justicia y que sobre ella no hay ningún tipo de
consideraciones políticas. El ministro español evitó un detalle: es el
Gobierno de Rajoy quien tendrá la última palabra sobre la extradición
del informático al país de la banca opaca.
Falciani fue detenido en Barcelona en
julio de este año. La policía solicitó en un control rutinario la
documentación de la tripulación de un barco que, procedente de Francia,
acababa de llegar al puerto de la Ciudad Condal. Al comprobar la
documentación del suizo saltaron las alarmas ya que sobre él pesaba una
orden de detención internacional dictada por Suiza.
En la lista de nombres facilitados por
Falciani figuran algunos tan conocidos como los del banquero Emilio
Botín o el de su hija Ana Patricia. Ante el temor de que los delitos
fiscales de Botín pudieran prescribir en 2010, Anticorrupción denunció a
Botín ante la Audiencia Nacional por un presunto delito fiscal. El juez
Fernando Andreu decidió archivar la causa tras comprobar que el
banquero había abonado lo que debía, una vez que Falciani puso sus
cuentas al descubierto. El presidente del Banco Santander había
regularizado su situación con un ingreso de 200 millones de euros a la
Hacienda española.
En la actualidad Falciani se encuentra
recluido en prisión preventiva en Valdemoro (Madrid) y a la espera de
que la Audiencia Nacional decida qué hacer con su solicitud de
extradición. Cuando el tribunal tome una decisión, la última palabra la
tendrá el Consejo de Ministros.
Ignacio Escolar es periodista. Es el director de eldiario.es. Fundador y primer director de Público. Autor de escolar.net. Analista político en radio y televisión: en Hoy por Hoy de la Cadena SER o en Las Mañanas de Cuatro. Más en www.escolar.net/about.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
¡Libertad para Hervé Falciani!
El 23 de septiembre del año pasado participantes del Grupo de Trabajo de Economía Sol y de diversas asambleas del 15M nos manifestamos ante la sede del banco HSBC y de la embajada suiza en Madrid en el marco de una intensa campaña que realizamos para denunciar los paraísos fiscales.
Durante la manifestación exigimos conocer la identidad de las 659 personas de nacionalidad española que son titulares de cuentas secretas en la filial suiza del HSBC y de cuya existencia tuvo noticia la Agencia Tributaria a través de una filtración realizada a las autoridades francesas.
Desde el 1 de julio de este año, la persona que filtró la información de dichas cuentas bancarias, el ingeniero informático Hervé Falciani, se encuentra encarcelado en la prisión de Valdemoro (Madrid) a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva la solicitud de extradición realizada por el gobierno suizo, que lo acusa de violar el sacrosanto secreto bancario de dicho país, una acusación no tipificada como delito en el Código Penal del Estado español.
Lo que sí está recogido en la Ley General Tributaria, Sección 5, artículo 114 es, en cambio, que: “Mediante la denuncia pública se podrá poner en conocimiento de la Administración Tributaria hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias ó tener transcendencia para la aplicación de los tributos.”
Hervé Falciani descubrió 130.000 cuentas que ocultan un gigantesco fraude fiscal a multitud de Haciendas nacionales, y de las cuales 18.000 son de clientes franceses, italianos y españoles, particulares y empresas.
Es escandaloso que se persiga a los denunciantes mientras se perdona a evasores, se declaran amnistías fiscales y se aprueban millonarios rescates a la banca. Lo que daña a toda la sociedad es el fraude y el latrocinio, no que se filtren los nombres de quienes defraudan y roban.
Es más, teniendo en cuenta nuestra legislación tributaria citada, H. Falciani debe ser considerado un ciudadano ejemplar a todos los efectos.
Casos como el de Falciani ponen una vez más en evidencia los esfuerzos de los gobiernos europeos por encubrir a las mafias económicas. Ahora quieren que él pague, como nos están haciendo pagar a toda la clase trabajadora, por los delitos que han cometido especuladores, grandes empresarios y gobernantes.
Además demandamos al Ministerio Fiscal y a la Agencia Tributaria, investigar el fraude fiscal realizado por quienes aparecen en la lista hecha pública por Falciani, por ser constitutivos de infracciones tributarias o incluso de delitos, que perjudican al conjunto de la sociedad.
¡Exigimos saber quiénes tienen cuentas en paraísos fiscales!
¡Libertad para Hervé Falciani!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Falciani era ingeniero informático del HSBC Private Bank en Ginebra, y descubrió una gigantesca red de evasión fiscal que sumaba 130.000 cuentas, 18.000 de las cuales son francesas, italianas y españolas. En 2007 decidió copiar la información bancaria, aunque el caso no salió a la luz hasta dos años después. Algunos nombres llegaron a filtrarse a la prensa: Patrice de Maistre, el asesor financiero de Liliane Bettencourt, propietaria del imperio L’Oréal; Arlette Ricci, la heredera de la marca de perfumes Nina Ricci; en Italia, modistos como Valentino o joyeros como Bulgari.
De esas 18.000, 3.000 son cuentas opacas propiedades de ciudadanos del Estado español. Depósitos en el HSBC por un valor de 8.000 millones de euros que afectan directamente 1.500 personas. La Agencia Tributaria identificó -sin embargo- sólo a 659 grandes defraudadores de esos 1.500, pero los nombres no se hicieron públicos, a excepción de los de Emilio Botín y su hija Patricia, debido a una actuación de la fiscalía anticorrupción.
Hacienda escribió una carta a los defraudadores seleccionados (659 casos) invitándoles a regularizar la situación sin costes penales, a la cual no respondió ninguno de los afectados. Sólo cuando se incoó expediente sancionador, empezaron a llegar las respuestas. A día de hoy, sólo se han recuperado 220 millones de euros defraudados. A pesar del silencio férreo, fuentes cercanas a la investigación han aclarado que en el listado “están todas las grandes fortunas que se puedan imaginar”. Hay numerosos políticos, empresarios y financieros implicados, entre ellos el padre de Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Los expedientes finalmente incoados se caracterizan por terminar en largas dilaciones judiciales eficazmente gestionadas por buffets de abogados de lujo.
Un ejemplo es el de una trama de corrupción en la que -tras 12 años de juicio- se ha condenado a seis años de prisión al expresidente del Barcelona y constructor José Luis Núñez y a su hijo Josep Lluís Núñez y Navarro, así como al exjefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet (13 años) y a los exinspectores Manuel Abella (11 años), Roger Berga (9 años) y Alvaro Pernas (12 años). También se han dictado penas de prisión para el abogado Juan José Folchi (7 años y medio) y al asesor financiero de Núñez y Navarro, Salvador Sánchez Guiu (6 años), pero ninguno de ellos ha pasado aún por prisión. A pesar de que la fiscalía pidió prisión provisional en tanto el Tribunal Supremo resuelve los últimos recursos, la Audiencia de Barcelona estimó el pasado mes de julio que durante los 12 años que se prolongó esta causa los condenados no han manifestado "ninguna voluntad de rebeldía" contra la justicia.
En 2002 fueron descubiertas 200 cuentas opacas de ciudadanos españoles al Lienchtenstein Global Trust Group (LGT). Hacienda instó a regularizar la situación a 67, de los cuales sólo un 20% lo han hecho. Entre los pillados destacaban 7 ciudadanos catalanes con depósitos no declarados al paraíso fiscal. Se trata de Josep Bas Puig, empresario catalán del sector químico (fraude de 4,2 millones); Luis Gari Sentmenat, administador de una empresa náutica en Barcelona (fraude de 7′98 millones); el arquitecto barcelonés Alfredo Arribas (fraude de 311.471 euros); Enrique Clapers Alegre, del alta sociedad catalana (fraude de 296.905 euros); el empresario del sector de la decoración Jaume Graells (fraude de 1,2 millones de euros) o el auditor vinculado al sector editorial Jorge Sierra Arrayán (fraude de 313.442 euros). El séptimo de los catalanes pillados no es ninguno otro que Artur Mas Barnet, padre del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un fraude de 823.262 euros. De la cuenta era beneficiario en 2002 el mismo Artur Mas hijo, entonces consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat. De la misma operación también resultarán expedientados el cantautor Alejandro Sanz –paladín de la lucha contra la piratería informática-, el industrial vasco Alenadro Legarda (director de la totpoderosa CAF) o Carlos Meier (exdirector de Segundamano y fundador del Instituto de Empresa).
Estos casos no fueron descubiertos por investigaciones de la Hacienda pública, sino más bien por filtraciones, compraventas de discos y otros soportes digitales y casualidades. En el caso de las cuentas al LGT de Lienchenstein, el origen es la venta de los datos de 5.828 evasores (con un patrimonio total de 5.000 millones de euros) realizada por un trabajador de la entidad financiera, Heinrich Kieber, a los servicios secretos alemanes por 5 millones de euros. Entre ellos, constaban el 67 defraudadores del Estado español expedientados. Alemania facilitó entonces los datos a trece países. De Heinrich Kieber se dice que es "el hombre más odiado por los millonarios" y que en internet se ofrecen 7 millones de euros a quien acabe con su vida.
El caso suizo de HSBC es idéntico. Se trata de un trabajador que filtra los datos al estado francés, quien a su vez los traspasa la Hacienda española entre otras europeas
La justicia suiza, lejos de perseguir a los defraudadores, a los que ampara, dictó una orden internacional de búsqueda y captura contra Falciani, quién se refugió en Francia y entregó los datos que había copiado de los defraudadores a las autoridades fiscales galas. Francia decidió entonces compartir esa información con varios países de la Unión Europea en los que figuraban defraudadores, entre ellos España. La justicia española no ha hecho públicos los nombres de esos defraudadores de guante blanco, ni tampoco les ha exigido nada por el momento. Según datos oficiales, en el Estado español hay 3.299 personas que disponen de un patrimonio superior a los 10 millones de euros, de las cuales sólo 729 personas declararon tener un patrimonio superior a esa cifra.
Entre otros casos de fraude fiscal reciente, podemos citar el de el piloto de motos Sete Gibernau -2,8 millones evadidos en Suiza-, el del directivo de RBA Ricardo Rodrigo -2,3 millones, enviados también al país helvético- o el de la alcurnia Carulla, propietaria de Agroalimen, la primera industria alimentaria catalana que está siendo investigada por la evasión continuada y cuyo fraude podría llegar a los 180 millones de euros enviados a las Antillas Holandesas. Demetrio Carceller, propietario de Cervezas Damm SANO, también está imputado por un fraude fiscal continuado durante los últimos 15 años, y por un valor que ascendería a los 500 millones de euros.
Igualmente, hay que mencionar casos en los que los defraudadores consiguen evadir impuestos cambiando de nacionalidad a pesar de desarrollar la mayor parte de sus actividades profesionales en España. Es el caso de la tenista Arancha Sánchez Vicario, quien es fiscalmente andorrana, como Montserrat Caballé. El del piloto catalán de F1 Pedro Martinez de Rosa, el de Fernando Alonso o el tenista Carlos Moya, quienes son fiscalmente suizos... De nacionalidad monaguesa es Àlex Crivillé. Y siendo jugador del FC Barcelona, Luis Enrique es fiscalmente nacionalizado suizo. Otros muchos nombres de grandes empresarios anónimos para la sociedad podrían citarse.
Los últimos acontecimientos relevantes que atañen a Hervé Falciani se remontan al pasado 23 de agosto -pocos días después de que declarara en la Audiencia Nacional y se ofreciera a colaborar con España para encontrar defraudadores españoles con cuentas en Suiza- cuando el diputado de IU Gaspar Llamazares registró una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo sobre este caso. Entre ellas, Izquierda Unida pedía conocer si “¿Piensa el Gobierno rechazar la extradición de Hervé Falciani a Suiza?” o si aceptará la colaboración ofrecida por éste “a la Justicia española para descubrir a nuevos defraudadores”.
Desde entonces, han pasado casi dos meses sin que el Gobierno del PP haya contestado a la iniciativa de llamazares y se ha cumplido también el plazo de 20 días que marca el Reglamento de la Cámara para que desde Moncloa se atienda las preguntas escritas de los diputados.
Gaspar Llamazares detalló en su argumentación al Gobierno cómo Falciani copió y difundió listados de miles de evasores fiscales con cuentas en la oficina del Banco HSBC en Ginebra tras descubrir que había diariamente cientos de operaciones sin rastro, transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon, que permite desplazar en un solo clic fortunas entre Ginebra y Hong Kong sin dejar huella numérica.
En su iniciativa, IU también interrogaba al Ejecutivo sobre si “¿Piensa publicar el listado de defraudadores españoles que figuran en la ‘lista Falciani’?” y también sobre “¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para la protección y recompensa de quienes denuncien el fraude fiscal, similares a las existentes en el Reino Unido y en otros países?” o si “¿Piensa el Gobierno solicitar la inclusión de Suiza en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE?”.
En Agosto, IU ya había pedido al gobierno que no extraditase a Falciani a Suiza, así como su liberación. En septiembre, fue ERC quién volvió a demandar su puesta en libertad. En Octubre, el PSOE hizo lo mismo, y fue entonces cuando el diario El País decidió publicarlo (1). 23 días después de su detención nos enteramos en el diario de PRISA de que se había "arrestado al exempleado de HSBC acusado de robar datos secretos" (2), a través de las agencias de noticias. En Agosto se publicó un reportaje (3) titulado "Cazador de fortunas ocultas" y al mes siguiente se mezcla en la misma noticia con el "líder de un grupo violento de atracadores condenado en Francia por secuestro" (4) y "otros dos fugitivos", uno, "un ciudadano de origen marroquí acusado de tráfico de drogas en Alemania" y otro "un ciudadano ecuatoriano por un robo con intimidación".
Entre las declaraciones publicadas hasta la fecha por parte de Falciani hay que citar una poco divulgada. En ella, explicaba que en las cuentas bancarias “los nombres de las personas físicas son menos del 10% del total y ésos son los pequeños peces. Los que realmente cuentan son los nombres de las empresas. Es ahí donde está la auténtica riqueza. Pero las claves fundamentales son otras: los bancos privados no están sujetos a control alguno y violan las leyes internacionales, no existe transparencia ni posibilidad de rastrear los flujos financieros y el secreto no está garantizado. Hay un sistema a escala industrial que utilizan las empresas como tapaderas para esconder al fisco las riquezas acumuladas y crear fondos negros en paraísos fiscales”. Esta es -probablemente- la declaración más importante que ha hecho Falciani hasta la fecha.
Sin duda, una de las cuestiones más importantes en la información que se publica en losmedios de comunicación sobre el llamado "caso Falciani" -entre otros escándalos sobre fraude fiscal- es que sólo se filtraron algunos nombres de la llamada "lista Falciani", y estos se pueden contar con los dedos de las manos aunque son miles de personas propietarias de enormes fortunas. Más llamativo aún es que durante estos años no haya aparecido publicado el nombre de ninguna gran empresa o multinacional que "son las que realmente cuentan", tal y como explica el ingeniero informático.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
Durante la manifestación exigimos conocer la identidad de las 659 personas de nacionalidad española que son titulares de cuentas secretas en la filial suiza del HSBC y de cuya existencia tuvo noticia la Agencia Tributaria a través de una filtración realizada a las autoridades francesas.
Desde el 1 de julio de este año, la persona que filtró la información de dichas cuentas bancarias, el ingeniero informático Hervé Falciani, se encuentra encarcelado en la prisión de Valdemoro (Madrid) a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva la solicitud de extradición realizada por el gobierno suizo, que lo acusa de violar el sacrosanto secreto bancario de dicho país, una acusación no tipificada como delito en el Código Penal del Estado español.
Lo que sí está recogido en la Ley General Tributaria, Sección 5, artículo 114 es, en cambio, que: “Mediante la denuncia pública se podrá poner en conocimiento de la Administración Tributaria hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias ó tener transcendencia para la aplicación de los tributos.”
Hervé Falciani descubrió 130.000 cuentas que ocultan un gigantesco fraude fiscal a multitud de Haciendas nacionales, y de las cuales 18.000 son de clientes franceses, italianos y españoles, particulares y empresas.
Es escandaloso que se persiga a los denunciantes mientras se perdona a evasores, se declaran amnistías fiscales y se aprueban millonarios rescates a la banca. Lo que daña a toda la sociedad es el fraude y el latrocinio, no que se filtren los nombres de quienes defraudan y roban.
Es más, teniendo en cuenta nuestra legislación tributaria citada, H. Falciani debe ser considerado un ciudadano ejemplar a todos los efectos.
Casos como el de Falciani ponen una vez más en evidencia los esfuerzos de los gobiernos europeos por encubrir a las mafias económicas. Ahora quieren que él pague, como nos están haciendo pagar a toda la clase trabajadora, por los delitos que han cometido especuladores, grandes empresarios y gobernantes.
Además demandamos al Ministerio Fiscal y a la Agencia Tributaria, investigar el fraude fiscal realizado por quienes aparecen en la lista hecha pública por Falciani, por ser constitutivos de infracciones tributarias o incluso de delitos, que perjudican al conjunto de la sociedad.
¡Exigimos saber quiénes tienen cuentas en paraísos fiscales!
¡Libertad para Hervé Falciani!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Hervé Falciani y Heinrich Kieber: dos empleados de la banca que pusieron en jaque la connivencia de los estados europeos con las grandes fortunas defraudadoras
Tras ser detenido el 1 de julio en Barcelona en respuesta a la orden
internacional de búsqueda y captura dictada por el gobierno suizo,
Falciani permanece en la cárcel y podría llegar a ser extraditado...
El pasado 1 de julio, Hervé Falciani fue
detenido en el puerto de Barcelona y desde entonces permanece preso en
la cárcel de Valdemoro, a la espera de que la Audiencia Nacional
dictamine sobre su extradición a Suiza acusado de un delito de revelación de secreto bancario,
delito que no existe en España, según apuntan sus abogados. Aquí, la
ley sí obliga -al contrario- a denunciar todo indicio de blanqueo de
dinero. Hasta el 1 de julio, Falciani se movió con libertad por Francia e
Italia debido a su nacionalidad italofrancesa y a que ambos países no
extraditan a sus propios ciudadanos.Falciani era ingeniero informático del HSBC Private Bank en Ginebra, y descubrió una gigantesca red de evasión fiscal que sumaba 130.000 cuentas, 18.000 de las cuales son francesas, italianas y españolas. En 2007 decidió copiar la información bancaria, aunque el caso no salió a la luz hasta dos años después. Algunos nombres llegaron a filtrarse a la prensa: Patrice de Maistre, el asesor financiero de Liliane Bettencourt, propietaria del imperio L’Oréal; Arlette Ricci, la heredera de la marca de perfumes Nina Ricci; en Italia, modistos como Valentino o joyeros como Bulgari.
De esas 18.000, 3.000 son cuentas opacas propiedades de ciudadanos del Estado español. Depósitos en el HSBC por un valor de 8.000 millones de euros que afectan directamente 1.500 personas. La Agencia Tributaria identificó -sin embargo- sólo a 659 grandes defraudadores de esos 1.500, pero los nombres no se hicieron públicos, a excepción de los de Emilio Botín y su hija Patricia, debido a una actuación de la fiscalía anticorrupción.
Hacienda escribió una carta a los defraudadores seleccionados (659 casos) invitándoles a regularizar la situación sin costes penales, a la cual no respondió ninguno de los afectados. Sólo cuando se incoó expediente sancionador, empezaron a llegar las respuestas. A día de hoy, sólo se han recuperado 220 millones de euros defraudados. A pesar del silencio férreo, fuentes cercanas a la investigación han aclarado que en el listado “están todas las grandes fortunas que se puedan imaginar”. Hay numerosos políticos, empresarios y financieros implicados, entre ellos el padre de Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Los expedientes finalmente incoados se caracterizan por terminar en largas dilaciones judiciales eficazmente gestionadas por buffets de abogados de lujo.
Un ejemplo es el de una trama de corrupción en la que -tras 12 años de juicio- se ha condenado a seis años de prisión al expresidente del Barcelona y constructor José Luis Núñez y a su hijo Josep Lluís Núñez y Navarro, así como al exjefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña Josep Maria Huguet (13 años) y a los exinspectores Manuel Abella (11 años), Roger Berga (9 años) y Alvaro Pernas (12 años). También se han dictado penas de prisión para el abogado Juan José Folchi (7 años y medio) y al asesor financiero de Núñez y Navarro, Salvador Sánchez Guiu (6 años), pero ninguno de ellos ha pasado aún por prisión. A pesar de que la fiscalía pidió prisión provisional en tanto el Tribunal Supremo resuelve los últimos recursos, la Audiencia de Barcelona estimó el pasado mes de julio que durante los 12 años que se prolongó esta causa los condenados no han manifestado "ninguna voluntad de rebeldía" contra la justicia.
En 2002 fueron descubiertas 200 cuentas opacas de ciudadanos españoles al Lienchtenstein Global Trust Group (LGT). Hacienda instó a regularizar la situación a 67, de los cuales sólo un 20% lo han hecho. Entre los pillados destacaban 7 ciudadanos catalanes con depósitos no declarados al paraíso fiscal. Se trata de Josep Bas Puig, empresario catalán del sector químico (fraude de 4,2 millones); Luis Gari Sentmenat, administador de una empresa náutica en Barcelona (fraude de 7′98 millones); el arquitecto barcelonés Alfredo Arribas (fraude de 311.471 euros); Enrique Clapers Alegre, del alta sociedad catalana (fraude de 296.905 euros); el empresario del sector de la decoración Jaume Graells (fraude de 1,2 millones de euros) o el auditor vinculado al sector editorial Jorge Sierra Arrayán (fraude de 313.442 euros). El séptimo de los catalanes pillados no es ninguno otro que Artur Mas Barnet, padre del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un fraude de 823.262 euros. De la cuenta era beneficiario en 2002 el mismo Artur Mas hijo, entonces consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat. De la misma operación también resultarán expedientados el cantautor Alejandro Sanz –paladín de la lucha contra la piratería informática-, el industrial vasco Alenadro Legarda (director de la totpoderosa CAF) o Carlos Meier (exdirector de Segundamano y fundador del Instituto de Empresa).
Estos casos no fueron descubiertos por investigaciones de la Hacienda pública, sino más bien por filtraciones, compraventas de discos y otros soportes digitales y casualidades. En el caso de las cuentas al LGT de Lienchenstein, el origen es la venta de los datos de 5.828 evasores (con un patrimonio total de 5.000 millones de euros) realizada por un trabajador de la entidad financiera, Heinrich Kieber, a los servicios secretos alemanes por 5 millones de euros. Entre ellos, constaban el 67 defraudadores del Estado español expedientados. Alemania facilitó entonces los datos a trece países. De Heinrich Kieber se dice que es "el hombre más odiado por los millonarios" y que en internet se ofrecen 7 millones de euros a quien acabe con su vida.
El caso suizo de HSBC es idéntico. Se trata de un trabajador que filtra los datos al estado francés, quien a su vez los traspasa la Hacienda española entre otras europeas
La justicia suiza, lejos de perseguir a los defraudadores, a los que ampara, dictó una orden internacional de búsqueda y captura contra Falciani, quién se refugió en Francia y entregó los datos que había copiado de los defraudadores a las autoridades fiscales galas. Francia decidió entonces compartir esa información con varios países de la Unión Europea en los que figuraban defraudadores, entre ellos España. La justicia española no ha hecho públicos los nombres de esos defraudadores de guante blanco, ni tampoco les ha exigido nada por el momento. Según datos oficiales, en el Estado español hay 3.299 personas que disponen de un patrimonio superior a los 10 millones de euros, de las cuales sólo 729 personas declararon tener un patrimonio superior a esa cifra.
Entre otros casos de fraude fiscal reciente, podemos citar el de el piloto de motos Sete Gibernau -2,8 millones evadidos en Suiza-, el del directivo de RBA Ricardo Rodrigo -2,3 millones, enviados también al país helvético- o el de la alcurnia Carulla, propietaria de Agroalimen, la primera industria alimentaria catalana que está siendo investigada por la evasión continuada y cuyo fraude podría llegar a los 180 millones de euros enviados a las Antillas Holandesas. Demetrio Carceller, propietario de Cervezas Damm SANO, también está imputado por un fraude fiscal continuado durante los últimos 15 años, y por un valor que ascendería a los 500 millones de euros.
Igualmente, hay que mencionar casos en los que los defraudadores consiguen evadir impuestos cambiando de nacionalidad a pesar de desarrollar la mayor parte de sus actividades profesionales en España. Es el caso de la tenista Arancha Sánchez Vicario, quien es fiscalmente andorrana, como Montserrat Caballé. El del piloto catalán de F1 Pedro Martinez de Rosa, el de Fernando Alonso o el tenista Carlos Moya, quienes son fiscalmente suizos... De nacionalidad monaguesa es Àlex Crivillé. Y siendo jugador del FC Barcelona, Luis Enrique es fiscalmente nacionalizado suizo. Otros muchos nombres de grandes empresarios anónimos para la sociedad podrían citarse.
Los últimos acontecimientos relevantes que atañen a Hervé Falciani se remontan al pasado 23 de agosto -pocos días después de que declarara en la Audiencia Nacional y se ofreciera a colaborar con España para encontrar defraudadores españoles con cuentas en Suiza- cuando el diputado de IU Gaspar Llamazares registró una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo sobre este caso. Entre ellas, Izquierda Unida pedía conocer si “¿Piensa el Gobierno rechazar la extradición de Hervé Falciani a Suiza?” o si aceptará la colaboración ofrecida por éste “a la Justicia española para descubrir a nuevos defraudadores”.
Desde entonces, han pasado casi dos meses sin que el Gobierno del PP haya contestado a la iniciativa de llamazares y se ha cumplido también el plazo de 20 días que marca el Reglamento de la Cámara para que desde Moncloa se atienda las preguntas escritas de los diputados.
Gaspar Llamazares detalló en su argumentación al Gobierno cómo Falciani copió y difundió listados de miles de evasores fiscales con cuentas en la oficina del Banco HSBC en Ginebra tras descubrir que había diariamente cientos de operaciones sin rastro, transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon, que permite desplazar en un solo clic fortunas entre Ginebra y Hong Kong sin dejar huella numérica.
En su iniciativa, IU también interrogaba al Ejecutivo sobre si “¿Piensa publicar el listado de defraudadores españoles que figuran en la ‘lista Falciani’?” y también sobre “¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para la protección y recompensa de quienes denuncien el fraude fiscal, similares a las existentes en el Reino Unido y en otros países?” o si “¿Piensa el Gobierno solicitar la inclusión de Suiza en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE?”.
En Agosto, IU ya había pedido al gobierno que no extraditase a Falciani a Suiza, así como su liberación. En septiembre, fue ERC quién volvió a demandar su puesta en libertad. En Octubre, el PSOE hizo lo mismo, y fue entonces cuando el diario El País decidió publicarlo (1). 23 días después de su detención nos enteramos en el diario de PRISA de que se había "arrestado al exempleado de HSBC acusado de robar datos secretos" (2), a través de las agencias de noticias. En Agosto se publicó un reportaje (3) titulado "Cazador de fortunas ocultas" y al mes siguiente se mezcla en la misma noticia con el "líder de un grupo violento de atracadores condenado en Francia por secuestro" (4) y "otros dos fugitivos", uno, "un ciudadano de origen marroquí acusado de tráfico de drogas en Alemania" y otro "un ciudadano ecuatoriano por un robo con intimidación".
Entre las declaraciones publicadas hasta la fecha por parte de Falciani hay que citar una poco divulgada. En ella, explicaba que en las cuentas bancarias “los nombres de las personas físicas son menos del 10% del total y ésos son los pequeños peces. Los que realmente cuentan son los nombres de las empresas. Es ahí donde está la auténtica riqueza. Pero las claves fundamentales son otras: los bancos privados no están sujetos a control alguno y violan las leyes internacionales, no existe transparencia ni posibilidad de rastrear los flujos financieros y el secreto no está garantizado. Hay un sistema a escala industrial que utilizan las empresas como tapaderas para esconder al fisco las riquezas acumuladas y crear fondos negros en paraísos fiscales”. Esta es -probablemente- la declaración más importante que ha hecho Falciani hasta la fecha.
Sin duda, una de las cuestiones más importantes en la información que se publica en losmedios de comunicación sobre el llamado "caso Falciani" -entre otros escándalos sobre fraude fiscal- es que sólo se filtraron algunos nombres de la llamada "lista Falciani", y estos se pueden contar con los dedos de las manos aunque son miles de personas propietarias de enormes fortunas. Más llamativo aún es que durante estos años no haya aparecido publicado el nombre de ninguna gran empresa o multinacional que "son las que realmente cuentan", tal y como explica el ingeniero informático.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario