PRÓRROGA DEL PLAN PREPARA.
EL "COLCHON FAMILIAR" EN EL QUE TODOS DUERMEN HACINADOS
GARA | MADRID
El Consejo de Ministros español prorrogó ayer el plan Prepara por
seis meses más, con efectos desde el 16 de agosto y dirigido a los
parados de larga duración que ya han agotado todas las prestaciones.
Como ya estaba establecido, el programa solo se puede cobrar una vez,
por un periodo de seis meses, sin posibilidad de repetir.
La principal novedad, sin embargo, radica en que el Gobierno ha excluido del plan a los desempleados que convivan con sus padres si éstos tienen ingresos suficientes, según la ley, para mantener a toda la familia.
La legislación vigente considera que son ingresos suficientes 481 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar, si bien hasta el momento no se tenía en cuenta a los padres del solicitante de la ayuda como miembros de la familia (aunque vivieran en la misma casa), solo a su cónyuge o pareja y a sus hijos menores de 26 años o con discapacidad.
La otra novedad, que ya había sido anunciada, es que la ayuda sube a 450 euros para los parados que tengan al menos tres familiares a su cargo, incluida la pareja.
Se trata, según explicó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de dar prioridad a quienes tengan cargas familiares frente a quienes cuentan con un «colchón familiar».
Según la ministra, el programa favorecía hasta ahora a los jóvenes no emancipados. Si el solicitante de la ayuda vivía con su pareja y ésta ingresaba al menos 963 euros, ya se superaban los 481 euros por miembro de la unidad familiar, por lo que no podía cobrar los 400 euros del Prepara.
En cambio, si la convivencia era con los padres, el demandante podía tener la ayuda aunque los progenitores ganasen 8.000 euros mensuales, como dijo la ministra a título de ejemplo.
Estas modificaciones solo afectarán a los beneficiarios de la nueva prórroga y no a quien esté cobrando actualmente la ayuda.
El Ejecutivo también pretende modificar la formación de estos desempleados, ya que, después de la primera evaluación de sus efectos, considera que solo el 8% de los beneficiarios ha asistido a un curso de recualificación.
Afirmó que el real decreto ley está ultimado, pero que la Comisión Europea «ha pedido una semana más» y que el Ejecutivo ha accedido.
La Comisión Europea respaldó esta decisión al considerar que resulta «muy importante» que la reforma financiera «se haga bien».
La principal novedad, sin embargo, radica en que el Gobierno ha excluido del plan a los desempleados que convivan con sus padres si éstos tienen ingresos suficientes, según la ley, para mantener a toda la familia.
La legislación vigente considera que son ingresos suficientes 481 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar, si bien hasta el momento no se tenía en cuenta a los padres del solicitante de la ayuda como miembros de la familia (aunque vivieran en la misma casa), solo a su cónyuge o pareja y a sus hijos menores de 26 años o con discapacidad.
La otra novedad, que ya había sido anunciada, es que la ayuda sube a 450 euros para los parados que tengan al menos tres familiares a su cargo, incluida la pareja.
Se trata, según explicó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de dar prioridad a quienes tengan cargas familiares frente a quienes cuentan con un «colchón familiar».
Según la ministra, el programa favorecía hasta ahora a los jóvenes no emancipados. Si el solicitante de la ayuda vivía con su pareja y ésta ingresaba al menos 963 euros, ya se superaban los 481 euros por miembro de la unidad familiar, por lo que no podía cobrar los 400 euros del Prepara.
En cambio, si la convivencia era con los padres, el demandante podía tener la ayuda aunque los progenitores ganasen 8.000 euros mensuales, como dijo la ministra a título de ejemplo.
Estas modificaciones solo afectarán a los beneficiarios de la nueva prórroga y no a quien esté cobrando actualmente la ayuda.
El Ejecutivo también pretende modificar la formación de estos desempleados, ya que, después de la primera evaluación de sus efectos, considera que solo el 8% de los beneficiarios ha asistido a un curso de recualificación.
Reforma financiera
Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz
de Santamaría, confirmó ayer que su Ejecutivo ha acordado aplazar al
próximo viernes 31 de agosto la aprobación del real decreto que adapta
la legislación española a las condiciones del memorando que permite a
España recibir hasta 100.000 millones para sanear la banca.Afirmó que el real decreto ley está ultimado, pero que la Comisión Europea «ha pedido una semana más» y que el Ejecutivo ha accedido.
La Comisión Europea respaldó esta decisión al considerar que resulta «muy importante» que la reforma financiera «se haga bien».
Alertan de los peligros de la reforma del alquiler
Otra de las medidas que aprobó ayer el Consejo de Ministros es el
anteproyecto de ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado
de Vivienda por el que los inquilinos que se retrasen en el pago de la
renta de alquiler podrán ser desahuciados en un plazo de diez días si no
presentan alegaciones al juez.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, señaló que la ley aumentará la oferta de viviendas disponibles, si bien las organizaciones de consumidores temen que se termine recortando derechos al conjunto de arrendatarios, al permitir que «cualquier inquilino que asuma escrupulosamente los pagos de las rentas mensuales pueda ser echado a la calle» si el propietario requiere el piso para vivienda habitual, con lo que podrá alquilarlo a un precio más alto.
Hasta ahora, los contratos solo podían actualizarse al IPC durante los primeros cinco años pero, una vez se apruebe la reforma, el propietario podrá revisarlo al tercer año y «quitarse de encima al inquilino si tiene a otra persona que le ofrezca más», denuncian.
El Gobierno de Lakua coincidió en señalar que la nueva ley «reduce de forma muy importante los derechos de los inquilinos». GAR
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OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
La ministra de Fomento, Ana Pastor, señaló que la ley aumentará la oferta de viviendas disponibles, si bien las organizaciones de consumidores temen que se termine recortando derechos al conjunto de arrendatarios, al permitir que «cualquier inquilino que asuma escrupulosamente los pagos de las rentas mensuales pueda ser echado a la calle» si el propietario requiere el piso para vivienda habitual, con lo que podrá alquilarlo a un precio más alto.
Hasta ahora, los contratos solo podían actualizarse al IPC durante los primeros cinco años pero, una vez se apruebe la reforma, el propietario podrá revisarlo al tercer año y «quitarse de encima al inquilino si tiene a otra persona que le ofrezca más», denuncian.
El Gobierno de Lakua coincidió en señalar que la nueva ley «reduce de forma muy importante los derechos de los inquilinos». GAR
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El Gobierno recorta derechos a los inquilinos fomentando que vayan a la calle aunque cumplan con sus obligaciones
Con la cortina de humo de la agilización
de los desahucios a los morosos, sin duda necesaria, el Gobierno deja
desprotegidos a los inquilinos.
FACUA.org - España
FACUA-Consumidores en Acción denuncia la
desequilibrada reforma de la legislación sobre alquileres, cuyo
anteproyecto aprueba este viernes el Consejo de Ministros, que minimiza
los derechos de los inquilinos.
"Con la cortina de humo de la agilización de los desahucios a los
morosos, sin duda necesaria, el Gobierno también recorta derechos a los
usuarios en este sector impulsando que cualquier inquilino que asuma
escrupulosamente los pagos de las rentas mensuales pueda ser echado a la
calle", ha criticado en rueda de prensa el portavoz de FACUA, Rubén
Sánchez.
Además, el anteproyecto de la Ley de
medidas de flexibilización y fomento del mercado de viviendas, cuya
denominación es "engañosa y contradictoria", supone que "en lugar de
fomentar los arrendamientos, se potencia aún más la especulación
inmobiliaria", advierte Sánchez.
"El Gobierno pretende fomentar el alquiler de la misma forma que el
empleo, facilitando que se echen personas a la calle aunque cumplan con
sus obligaciones", plantea el portavoz de FACUA.
"Mientras, el Gobierno sigue sin imponer
a Bankia, la primera inmobiliaria del país, y el resto de bancos
nacionalizados, que destinen su parque de viviendas a la venta y
alquiler a precios justos", añade.
Los contratos de hasta cinco años se reducen a tres y las prórrogas de
tres a uno.
Los inquilinos ya no podrán tener la
tranquilidad de que sus contratos de alquiler de vivienda puedan
extenderse hasta un mínimo de cinco años, como establece la Ley de
Arrendamientos Urbanos de 1994, sino sólo tres.
Además, las prórrogas en estos contratos se verán reducidas de los tres años fijados en dicha norma a nada más que uno.
Se trata, denuncia FACUA de nuevo
recorte de derechos para los usuarios en beneficio de los arrendadores
que quieran librarse de sus inquilinos para arrendar los inmuebles a un
precio más alto.
Hasta ahora, los contratos fijaban una
renta, actualizable conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC)
durante los primeros cinco años. Con los cambios que quiere introducir
el Ejecutivo de Mariano Rajoy, tras el tercer año el propietario podrá
plantear que finaliza el contrato y quitarse de encima al inquilino si
tiene a otra persona que le ofrezca más por la vivienda o imponerle a
aquél una renta muy superior.
Además, el IPC ya no será el índice de referencia para actualizar la
renta cada año de vigencia del contrato, lo que podrá traer aún más
perjuicios para los inquilinos.
La reducción de las prórrogas a sólo un
año frente a los tres vigentes en la actualidad supondrán también una
enorme inseguridad para los arrendatarios de vivienda.
Así, tendrán durante doce meses la
incertidumbre de si tendrán que buscar otra vivienda en breve o el
propietario les exigirá una gran subida para permanecer en el inmueble. Y
es que con la legislación vigente desde mediados de los 90, las
prórrogas de tres años también implicaban la actualización de las rentas
conforme al IPC.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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