El Gobierno aprueba hoy una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que "flexibiliza" el alquiler y agiliza el desahucio
Frente a los 46.559 desahucios
del primer trimestre de 2012, y el gran número de viviendas vacías, el
Gobierno se posiciona al lado del sector financiero. Resumimos los
comunicados de PAH, APDHA, FACUA o ADICAE
La ministra de Fomento, Ana Pastor y el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá han anunciado hoy la reforma.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha mostrado su más absoluta decepción ante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar desahucios.
La reforma anunciada prevee, entre otros: reducir los años del
contrato de alquiler de 5 a 3 años, agilizar aun más los desahucios por
impago de alquiler, y beneficiar fiscalmente a los grandes especuladores
inmobiliarios. Y todo ello sin aprobar ninguna medida que ayude a las
personas que contra su voluntad sufren el desempleo y los recortes, y
que en consecuencia no pueden pagar la hipoteca o el alquiler.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España se han llevado a cabo 46.559 desahucios en el primer trimestre de 2012, 185.145 desde 2007 (Andalucía se sitúa a la cabeza con 72.900). Miles
de familias sin hogar viven en la más absoluta precariedad, con el 35%
de pobreza en Andalucía, siendo la media española del 22%. En
este contexto, el Gobierno del Partido Popular, con el objeto de
solucionar el problema del derecho a la vivienda, modificará este
viernes 24 de agosto la Ley de Enjuiciamiento Civil para favorecer la
seguridad jurídica de los propietarios y crear más desprotección para
los inquilinos. La resolución se publicará el lunes en el BOE.
APDHA denuncia:
«En nuestro país siempre ha prevalecido, y se ha fomentado desde las Instituciones Públicas, la cultura de la propiedad. Según datos de 2010 de Eurostat, un 83% de la ciudadanía reside en una vivienda de su propiedad, y solo el 17% restante que alquila principalmente (porcentaje algo más elevado en Barcelona, que ronda el 25%). Sin embargo, a finales de 2010 había 687.523 viviendas vacías que no hallaban comprador.
Pero ese número era sólo de viviendas de nueva construcción, a él
debemos añadir los miles de desahucios que se están produciendo al mes
durante los últimos dos años. El Censo de Población y Viviendas de 2001 del INE estaba ya en más de tres millones en las casas vacías.»
La APDHA considera que esta reforma se ha realizado para «atender las
demandas del sector financiero, que necesita alquilar viviendas a corto
plazo y facilitar al máximo los desahucios para acelerar los procesos».
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha señalado:
«La nueva reforma del alquiler no sólo vulnera todos los
compromisos del Estado español en materia de derechos humanos. Además,
profundiza en una política de vivienda que ya se ha demostrado un
fracaso. Precarizar el alquiler, agilizar los desahucios,
promover la compra a través del sobreendeudamiento e incentivar la
especulación inmobiliaria nos ha llevado a ser campeones europeos en
desahucios, ejecuciones hipotecarias, viviendas vacías, precios
elevadísimos y corrupción, entre otros. La nueva reforma beneficia a los
grandes propietarios, en especial a la banca, y busca atraer la
inversión de grandes capitales extranjeros. En concreto, prepara
el terreno para dar salida al “banco malo” que el Gobierno está a punto
de aprobar: con el “banco malo” el estado comprará a precios inflados
de burbuja los activos inmobiliarios que la banca no logra colocar.
A continuación, los ofrecerá a inversores extranjeros, especialmente
chinos y rusos, con grandes ventajas fiscales aprobadas en el decreto de
hoy; por ejemplo, tributando al 0% en el impuesto de sociedades. Una
vez más, el Gobierno socializa las pérdidas y privatiza los beneficios
con un resctae multimillonario encubierto. La banca gana, la población
pierde.
Pero hay un dato que el Gobierno parece no haber incluido en sus
cálculos. La población ya no puede más. Cientos de miles de personas
están firmando la ILP por la dación en pago retroactiva,
la paralización de los desahucios y la reconversión de la vivienda
vacía en manos de la banca en alquiler social asequible, y no vamos a
tolerar que se desprecie la voluntad popular... »
APDHA por su parte, continua: «debemos obligar a
quienes gobiernan a que lo hagan para la ciudadanía y no para los
mercados, los especuladores y el capital.
Reivindicamos algunas medidas que se podrían haber aprobado en el día de
hoy, y que muchos movimientos sociales están exigiendo ya:»
1. Cese inmediato de la privatización del parque público de vivienda de todas las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos); unificación de la administración de todas las existentes.
2. Cese inmediato de la venta del patrimonio público de suelo.
3. Reorientar toda la actividad de promoción e inversión pública destinada a vivienda, hacia la vivienda pública en alquiler y hacia la rehabilitación (en este caso, con contraprestaciones sociales por parte de los propietarios que se beneficien de tales ayudas).
4. Creación de un Banco Público que sirva, entre otras cuestiones, a la política pública de vivienda.
5. Erradicación de la infravivienda satisfaciendo la necesidad de una vivienda digna.
6. Expropiación de la facultad de uso por tiempo determinado de las viviendas de propiedad privada que permanezcan desocupadas de manera habitual durante un año, para cederlas en arrendamiento, incluyendo el enorme parque de viviendas de las entidades bancarias, así como expropiación de las viviendas de protección oficial en manos de los bancos tras ejecuciones hipotecarias, para que retornen a su función de uso social.
7. Expropiación de las viviendas cuyos propietarios desatiendan su deber legal de conservarlas en adecuadas condiciones de habitabilidad, ya las tengan arrendadas o vacías, para, previa su rehabilitación, cederlas en arrendamiento
8. Despenalización por el Parlamento de la nación española de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.
El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, recuerda que
«la gente sigue necesitando viviendas, como en cualquier sociedad pero
la banca ejerce de monopolio inmobiliario y financiero. Además ha pedido
al Gobierno que acabe de manera inmediata con los desahucios y apruebe
de manera urgente la moratoria de embargos hipotecarios presentada por ADICAE»
La asociación de consumidores FACUA también ha criticado esta medida:
«Con la cortina de humo de la agilización de los desahucios a los
morosos, sin duda necesaria, el Gobierno también recorta derechos a los
usuarios en este sector impulsando que cualquier inquilino que asuma escrupulosamente los pagos de las rentas mensuales pueda ser echado a la calle... Además, el
anteproyecto de la Ley de medidas de flexibilización y fomento del
mercado de viviendas, cuya denominación es engañosa y contradictoria,
supone que en lugar de fomentar los arrendamientos, se potencia aún más
la especulación inmobiliaria. Se trata, de un nuevo recorte
de derechos para los usuarios en beneficio de los arrendadores que
quieran librarse de sus inquilinos para arrendar los inmuebles a un
precio más alto. El IPC ya no será el índice de referencia para
actualizar la renta cada año de vigencia del contrato, lo que podrá
traer aún más perjuicios para los inquilinos».
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