Pocas
cosas describen con mayor claridad el momento social y político que
atravesamos, como el vallado del Congreso de los Diputados. Un gobierno,
junto a una pléyade de diputados, acorazados por las fuerzas y cuerpos
de la seguridad del Estado ante posibles movilizaciones populares. Los
vecinos y los negocios de la zona están hartos pero el Ministerio del
Interior lo justifica ante los posibles ataques (es literal) del pueblo.
Tienen miedo ante el hartazgo de la gente.
Una
portavoz del Ministerio del Interior afirmó ayer que el operativo en el
Congreso de los Diputados se va a mantener con carácter indefinido. La
razón es que consideran que todavía no ha disminuido el riesgo de que
pueda haber alguna acción contra la Cámara baja, por lo que es
necesario, según su criterio, el despliegue de los agentes. La citada
portavoz lamenta las molestias que se causan a los vecinos de la zona,
pero mantiene que la labor del Ministerio del Interior es “proteger el
Congreso de cualquier intento de ataque”. “Cuando los agentes de
Información y de Seguridad Ciudadana informen al ministerio que se ha
reducido o eliminado el nivel de riesgo, se eliminará toda la protección
adicional del Congreso. Mientras tanto no hay nada que hacer”, afirma
la portavoz, que explica que los policías siguen sus propios criterios
para pedir o no el carné a los residentes.
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