Amnistía Internacional da un "suspenso" a España en investigación de
casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas policiales, en
línea con las tres decisiones de órganos superiores que este verano han
condenado al Estado por "no investigar suficientemente" este tipo de
delitos...
Agencias
... y exige al Gobierno que adopte las medidas necesarias.
En un comunicado, Amnistía explica que si bien la tortura no es una práctica sistemática en España, "no son incidentes aislados, sino ejemplos de defectos estructurales que afectan a todos los aspectos de la prevención, la investigación y el castigo de estos actos", como indican las tres sentencias de órganos superiores que este verano han condenado al Estado por casos de este tipo.
En este sentido, recuerda la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que el pasado 26 de julio condenó a España en el llamado caso Beauty Solomon, el de una nigeriana con residencia legal en el país que hace siete años "fue agredida física y verbalmente" por agentes de la Policía Nacional de Palma de Mallorca.
El TEDH "ha reconocido que España vulneró el derecho de Solomon a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, puesto que no se investigó si existieron ni si la actuación policial obecedía a una motivación discriminatoria", conforme explica Amnistía, para incidir en que por primera vez Estrasburgo condena a un Estado teniendo en consideración la vulnerabilidad de la víctima, a quien debe indemnizar con 30.000 euros.
"Hechos como estos demuestran que cuando en España surge un caso de presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el proceso suele ser siempre el mismo: investigación interna de lo sucedido inexistente o inadecuada y archivo rápido de toda denuncia judicial por falta de pruebas, incluso si hay datos médicos y otros indicios creíbles que la respaldan", denuncia la organización.
Por ello, considera que el Gobierno debe crear un "mecanismo independiente y dotado de recursos para investigar las denunicas de violaciones gravez de derechos humanos, incluídos los malos tratos y la tortura" y transmitir a los funcionarios encargados de cumplir la ley "el mensaje claro de que el maltrato a los detenidos está absolutamente prohibido en cualquier circunstancia y si se produce, será objeto de investigación y sanción".
Comunicado completo de AI:
Amnistía Internacional considera “urgente” que se reconozca el problema como primer paso para poner fin a esta violación de derechos humanos
... y exige al Gobierno que adopte las medidas necesarias.
En un comunicado, Amnistía explica que si bien la tortura no es una práctica sistemática en España, "no son incidentes aislados, sino ejemplos de defectos estructurales que afectan a todos los aspectos de la prevención, la investigación y el castigo de estos actos", como indican las tres sentencias de órganos superiores que este verano han condenado al Estado por casos de este tipo.
En este sentido, recuerda la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que el pasado 26 de julio condenó a España en el llamado caso Beauty Solomon, el de una nigeriana con residencia legal en el país que hace siete años "fue agredida física y verbalmente" por agentes de la Policía Nacional de Palma de Mallorca.
El TEDH "ha reconocido que España vulneró el derecho de Solomon a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, puesto que no se investigó si existieron ni si la actuación policial obecedía a una motivación discriminatoria", conforme explica Amnistía, para incidir en que por primera vez Estrasburgo condena a un Estado teniendo en consideración la vulnerabilidad de la víctima, a quien debe indemnizar con 30.000 euros.
"Hechos como estos demuestran que cuando en España surge un caso de presuntos malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el proceso suele ser siempre el mismo: investigación interna de lo sucedido inexistente o inadecuada y archivo rápido de toda denuncia judicial por falta de pruebas, incluso si hay datos médicos y otros indicios creíbles que la respaldan", denuncia la organización.
Por ello, considera que el Gobierno debe crear un "mecanismo independiente y dotado de recursos para investigar las denunicas de violaciones gravez de derechos humanos, incluídos los malos tratos y la tortura" y transmitir a los funcionarios encargados de cumplir la ley "el mensaje claro de que el maltrato a los detenidos está absolutamente prohibido en cualquier circunstancia y si se produce, será objeto de investigación y sanción".
Comunicado completo de AI:
Amnistía Internacional considera “urgente” que se reconozca el problema como primer paso para poner fin a esta violación de derechos humanos
Suspenso en investigar casos de tortura
Tres decisiones de órganos superiores en
apenas tres meses condenan al Estado español por no investigar
suficientemente casos de malos tratos a manos de las fuerzas de
seguridad
Entre mayo y julio de este año, dos tribunales
distintos y un organismo de la ONU han fallado contra el Estado español
por no llevar a cabo investigaciones efectivas para averiguar la
veracidad o no de las denuncias de tortura presentadas por tres
ciudadanos.
El 23 de mayo, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas,
dictaminó que el Estado español había violado el artículo 12 de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, al no haber realizado una investigación «pronta e
imparcial» de la denuncia de torturas presentada por Orkatz Gallastegi en 2011.
Solo unos días después, el 18 de junio pasado, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional dictó
sentencia estimando el recurso de amparo presentado contra el archivo
de una denuncia por torturas que no fue suficientemente investigada. El
TC considera que Rubén Villa, detenido en Sestao
(Vizcaya) por agentes de la Policía Nacional el 22 de octubre de 2010,
sufrió “indefensión” frente a un Estado que no respetó su derecho a no
ser sometido a torturas ni a tratos degradantes.
Tanto a Rubén Villa como a Orkatz Gallastegi se les impuso el régimen de incomunicación.
Amnistía Internacional y otros organismos internacionales han alertado
en numerosas ocasiones de que este régimen propicia la tortura.
En la última de las sentencias, del 24 de julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por no investigar denuncias de malos tratos con componente racista cometidos por la Policía Nacional en el caso Beauty Solomon.
Los hechos de este caso se remontan a hace siete
años, cuando Beauty Solomon, de origen nigeriano y con residencia legal
en España, fue agredida física y verbalmente por agentes de la Policía
Nacional de Palma de Mallorca, tras ser requerida en dos ocasiones para
realizarle un control de identidad.
Al haber agotado todas las instancias nacionales sin
que ninguna hubiera estudiado el fondo de la denuncia, la organización
Women’s Link Worldwide decidió en 2008, presentar el caso ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha reconocido que
España vulneró el derecho de Solomon a no sufrir tratos inhumanos o
degradantes, puesto que no se investigó si los malos tratos existieron ni si actuación policial obedecía a una motivación discriminatoria.
Con este caso, el TEDH condena por primera vez a un Estado teniendo en consideración laespecial vulnerabilidad de la víctima y
reconoce expresamente el profundo sufrimiento que ha padecido Beauty
Solomon en todos estos años. Ahora, el Estado español tiene que pagar a
la víctima 30,000 euros, una de las indemnizaciones más altas impuestas,
en concepto de daño pecuniario.
Hechos como estos demuestran que cuando en España
surge un caso de presuntos malos tratos a manos de funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, el proceso suele ser siempre el
mismo: investigación interna de lo sucedido inexistente o inadecuada y archivo rápido de toda denuncia judicial por falta de pruebas,
incluso si hay datos médicos y otros indicios creíbles que la
respaldan. Cuando se lleva el caso a juicio, a menudo concluye con una
sentencia absolutoria, por haber sido imposible identificar a los
agentes responsables. No es raro que el procedimiento dure años, tras
sobreseer reiteradamente el juez de instrucción el caso.
Recomendaciones fundamentales
El gobierno español debe:
- Crear un mecanismo independiente y dotado de
recursos para investigar las denuncias de violaciones graves de derechos
humanos, incluidos los malos tratos y la tortura, tal y como ya
recomendó el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura tras su
visita a España en 2001.
- Transmitir a los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley y a la ciudadanía en general el mensaje claro de que el
maltrato a las personas detenidas está absolutamente prohibido en
cualquier circunstancia y si se produce, será objeto de investigación y
de sanciones disciplinarias.
Asimismo, tanto la Fiscalía, como las autoridades
judiciales y policiales deben adoptar todas las recomendaciones sobre
prevención, investigación y reparación a víctimas de tortura planteadas
por organizaciones de derechos humanos y por otras instancias
internacionales.
La postura de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional no cree que la tortura sea
una práctica sistemática en España, aunque las investigaciones llevadas a
cabo por la organización y las recientes sentencias antes descritas
indican que los casos de tortura y otros malos tratos en el país no son
incidentes aislados, sino ejemplos de defectos estructurales que afectan
a todos los aspectos de la prevención, la investigación y el castigo de
estos actos. AI cree firmemente que es imprescindible hacer frente a la
impunidad de este tipo de comportamientos.
A la organización defensora de derechos humanos le
preocupan los nulos progresos hechos por el gobierno español en la
adopción de medidas para aplicar las recomendaciones del Comité contra
la Tortura y en armonizar las disposiciones de la legislación española y
la práctica en conformidad con el Convenio contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En cuanto al régimen de incomunicación y cómo esta
legislación excepcional propicia los episodios de tortura y malos tatos,
cabe recordar que tanto el Comité Europeo para la Prevención de la
Tortura como el Comité contra la Tortura de la ONU han expresado serias
preocupaciones en cuanto a las garantías y derechos de las personas
sometidas al régimen de incomunicación, que permite que una persona
permanezca bajo custodia hasta 13 días, sin poder acceder a un abogado y
un médico de su elección y sin poder informar a su familia de su
paradero. Sin embargo, el Gobierno español volvió a rechazar las
recomendaciones de Naciones Unidas en el último Examen Periódico
Universal para abolir el régimen de incomunicación.
Los propios tribunales españoles han abierto algunas
investigaciones sobre denuncias de tortura, como el Tribunal Supremo en
2011en el caso de Mohammed Fahsi.
En el caso de los malos tratos con componente
racista y xenófobo, a Amnistía Internacional le preocupan seriamente
estos sucesos, que es difícil dimensionar, puesto que España sigue sin
recoger datos sobre ello. En todo caso, la organización ha documentado
cómo los malos tratos afectan en mayor medida a personas migrantes en
procesos de detención y expulsión y ya denunci
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