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jueves, 5 de julio de 2012

PERU DECRETA ESTADO DE SITIO EN CAJAMARCA, TRAS PROTESTAS ANTIMINERAS QUE DEJO TRES MUERTOS




Aquí es donde el gobierno de Perú decretó el estado de sitio luego de que el martes se registraran tres muertos, 21 heridos y 16 detenidos en el contexto de la prolongada protesta contra el proyecto minero Conga.
Los hechos de este miércoles se produjeron en Cajamarca, capital de la provincia y el departamento homónimos, donde efectivos policiales dispersaron con bombas de gas lacrimógeno a un grupo de personas que se había congregado frente a la catedral local y que respondió arrojando proyectiles a los uniformados.

Allí mismo, en lo que el diario El Comercio describió como “una violenta intervención policial”, fue detenido Marco Arana, quien está suspendido como sacerdote por la Iglesia católica y es uno de los principales opositores al proyecto Conga en su condición de líder del Movimiento Tierra y Libertad.

Según el periódico, Arana dio una breve rueda de prensa en la plaza principal de Cajamarca y luego los policías intentaron detenerlo. Entonces, “él ofreció resistencia” y “fue abofeteado y pateado en el suelo”, hasta que “se lo llevaron en una camioneta”.

También “recibieron empujones y golpes de parte de los policías” varios sacerdotes franciscanos de la catedral que intentaron defender a Arana.

“Me detuvieron, me golpearon mucho, dentro de la comisaría me volvieron a golpear, puñetes en la cara, riñones, insultos”, afirmó Arana en su cuenta de Twitter.

Cajamarca, Celendín y Hualgayoc son las tres provincias cajamarquinas en las que rige desde el primer instante de este miércoles y por 30 días el estado de emergencia (sitio) decretado el martes a la noche por el gobierno central.

La decisión persigue el objetivo de “restablecer el orden” e implica la suspensión de las garantías constitucionales relativas a libertad, seguridad, inviolabilidad de domicilio, reunión y tránsito, consignó la agencia noticiosa estatal Andina.

La medida fue adoptada después de los violentos episodios registrados el martes en Celendín, capital de la provincia homónima, que hasta entonces había sido el epicentro de la última etapa de la protesta contra Conga, caracterizada por una huelga general por tiempo indeterminado iniciada el 31 de mayo pasado.

Tres civiles (varones de 50, 35 y 17 años) murieron y se registraron al menos 21 heridos en un enfrentamiento ocurrido el martes al mediodía entre policías y manifestantes que intentaban tomar la sede de la alcaldía provincial de Celendín.

Según periodistas locales, el ataque estaba destinado a “castigar” al alcalde provincial, Mauro Arteaga, quien apoya el proyecto Conga, en contraposición con la decisión adoptada por otras autoridades locales, incluido el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.

Por esos hechos hubo también al menos 16 detenidos, que iban a ser trasladados a Chiclayo, capital del vecino departamento Lambayeque, para ser puestos a disposición de los tribunales, según informó el ministro de Justicia, Juan Jiménez.

Sectores de Cajamarca -un departamento de cerca de 1,4 millón de habitantes- están en pie de guerra desde hace más de ocho meses contra Conga, un proyecto de extracción de oro de grandes dimensiones, por considerar que causará daños irreparables en cuatro lagunas, y de ese modo al ambiente y a la producción agropecuaria de la zona.

El gobierno central apoya la iniciativa -que representa el mayor proyecto minero de la historia de Perú, con una inversión inicial estimada en 4.800 millones de dólares- y considera que el consorcio adjudicatario tomó todas las precauciones para evitar que haya daños ecológicos.

Entre noviembre y diciembre pasados hubo otra prolongada -y también violenta- huelga por tiempo indefinido contra Conga, que terminó cuando las autoridades nacionales decretaron el estado de sitio y suspendieron la puesta en marcha del emprendimiento hasta que se realizara una auditoría sobre el cuestionado estudio de impacto ambiental del proyecto.

Los tres expertos extranjeros contratados por el gobierno para hacer esa auditoría entregaron sus dictámenes hace más de un mes, y desde entonces sólo trascendió que el consorcio Yanacocha (integrado por la canadiense Newmont y la peruana Buenaventura) está dispuesto a aceptar modificaciones al plan original para preservar el agua.

Sin embargo, no hubo novedad desde el gobierno para la eventual iniciación del emprendimiento

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