PERSECUCION POLITICA POR UN ACTO SIMBOLICO

MADRID | PIDEN PENAS DE HASTA TRES AÑOS POR UN ACTO DE DESOBEDIENCIA

 

Despliegue policial y mediático van de la mano para criminalizar a los activistas detenidos por accionar el freno en trenes de Metro parados.

Javier Fernández / Madrid

LAVAPIÉS. Decenas de policías participaron en las detenciones. / Foto: White Veryvery.

El viernes 22 de junio el madrileño barrio de Lavapiés amaneció bajo un amplio despliegue de policía y medios de comunicación apostados en la calle Ave María. La acción fue rápida, como registra el vídeo realizado por la propia Policía Nacional. Una hilera de agentes encapuchados, acompañados de antidisturbios, penetró bajo orden de registro y arresto en un piso del número 28 de esta calle. Cuatro jóvenes fueron conducidos al exterior camino de los furgones ante un mar de flashes fotográficos.

La denominada Operación Nido, finalizó con un total de seis detenidos que estuvieron entre uno y dos días en las dependencias policiales del distrito de Moratalaz. Tras pasar revisión judicial fueron puestos en libertad sin medidas preventivas. Se les imputan cargos por desórdenes públicos y coacción, lo que puede suponer hasta tres años de cárcel, según apunta a DIAGONAL Erlantz Ibarrondo, abogado de los jóvenes.

Interpretaciones políticas

El método de protesta activa ha sido criticado duramente por algunos políticos del Partido Popular. Es el caso de Esperanza Aguirre, quien ya había declarado ante la primera acción de esta índole por otros jóvenes en elmes de abril que “estos individuos que han puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos y los viajeros y que están haciendo un flaquísimo servicio al magnífico transporte público que tenemos en Madrid, no pueden irse de rositas y no van a irse de rositas”.

Con motivo de la segunda acción de desobediencia, el portavoz del PP, Íñigo Henrí-quez de la Luna esperaba que “se depurasen responsabilidades” y reclamaba a la Policía que persiguiese a los participantes en ese acto para “iniciar procedimientos penales”. El jefe superior de la Policía en Madrid, Alfonso Fernández Díez, afirmó que se trataba de un grupo que estaba “perfectamente coordinado, siguiendo un plan exhaustivo con distribución de funciones en células integradas por dos personas, las cuales, con un modo de actuación idéntico, consiguieron llevar a cabo el primer sabotaje de abril”.

Criminalizar la protesta

En lo referente a algunos medios de comunicación, destacaría el breve reportaje que realizó Telemadrid ante la primera acción de abril. Éste afirmaba que “según metro de Madrid, más de 10.000 viajeros han sido víctimas de este sabotaje”. La cadena pública madrileña también sostuvo que “los trenes frenan en seco”, cuando los convoyes en el momento de la acción estaban en las respectivas paradas con las puertas abiertas. Si nos adentramos en las crónicas de prensa, se definen estas protestas con términos como “vandalismo”, “sabotaje” o “boicot”.

Todo ello genera en la opinión pública la idea de que la acción está organizada por un grupo que realiza prácticamente actos terroristas, aumentando la magnitud de los hechos.

Sembrar la discordia

Según la Jefatura Superior de Policía y la Delegación del Gobierno, el papel de una parte del 15M ha sido clave en las últimas detenciones realizadas, en palabras de Cristina Cifuentes, delegada de Gobierno: “Las detenciones han sido posibles gracias a personas del 15M que no están de acuerdo con acciones de este tipo, violentas en cierto modo y perjudiciales para el propio movimiento”.

Dicha afirmación ha sido desmentida desde la comisión de legal de Sol. Asimismo, el 24 de junio, la Asamblea General de Sol emitió un comunicado para asumir “todas las acciones de desobediencia destinadas a protestar contra el tarifazo del Metro de Madrid” y explicaba con contundencia que “si alguien decidiera colaborar con la Policía para denunciar acciones llevadas a cabo por otras compañeras, no sería posible que pudiera sentirse dentro del 15M, pues estaría traicionando las formas políticas de autoorganización que nos hemos dado a nosotras mismas”.

Por su parte, la asamblea popular del barrio de los Austrias lanzó un comunicado el pasado 29 de junio en el cual denunciaban “la connivencia de determinados medios de comunicación y periodistas con los mandos policiales, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior” con el objetivo de “desacreditar, cuando no calumniar, a los movimientos o grupos populares de apoyo”.

A la espera de la fecha del juicio, los acusados consideran que se está ejerciendo una “campaña mediática” por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid y del Ministerio de Interior, que consiste en “criminalizar las acciones”, comparándolas incluso con actos de terrorismo. Los medios convencionales, por su parte, contribuyen, según esta asamblea de barrio, a fijar en la opinión pública una imagen distorsionada de la protesta contra el incremento del 90 % del billete de metro en los últimos nueve meses y la reducción de horario de los servicios del suburbano.

Las personas detenidas por la "toma del metro" toman la palabra

Denuncian la labor del gobierno y de su aparato mediático.

En una rueda de prensa, las detenidas de “toma el metro” han denunciado la campaña mediática diseñada desde Delegación del Gobierno para disuadir cualquier atisbo de protesta.

 Al mismo tiempo, las detenidas han apelado a los medios para que contrasten sus fuentes y han hecho una petición al uso de las buenas prácticas periodísticas, después de haber vulnerado su derecho de presunción de inocencia.

 Por otro lado, han denunciado el trato policial, con un despligue sin precedentes. Unos 30 policías entraron en su casa de forma agresiva, sacando a gente de la cama, teniéndoles en casa 3 horas y un día completo en Moratalaz. Explican que al salir de casa se encontraban todos los medios, que después se afanaron por publicar sus identidades, cuando aún no habían pasado a disposición judicial. Aseguran que debido a estas prácticas, muchos medios serán denunciados.

 También han hecho hincapié en la naturaleza pacífica de los supuestos hechos, que no supuso riesgo alguno para las personas o las instalaciones del metro. Las élites económicas del país siguen llenándose los bolsillos a costa del expolio que se está haciendo a la ciudadanía y existe voluntad de amedrentar a cualquiera que plante cara y visibilice esta situación.

 Las detenidas han puesto de manifiesto la estrategia de división y criminalización al 15M y especialmente a la asamblea de Lavapiés, por parte de Delegación del Gobierno.

 A continuación, el comunicado que han leído en la rueda de prensa:

 

 Con motivo de las detenciones que tuvieron lugar el pasado viernes 22 de junio, a causa de la supuesta participación de 6 personas en una serie de protestas en el Metro de Madrid por la subida de tarifas del servicio, nos vemos obligados a responder, hoy, públicamente:

 

 Denunciamos la actuación policial como campaña mediática diseñada por la Delegación de Gobierno con el objetivo de ejemplarizar y disuadir a la ciudadanía de nuevas protestas.

 Consideramos muy grave la publicación, de forma inmediata y sin contraste alguno, de la versión policial y de las imágenes de las personas detenidas, antes incluso de ser presentado cargo alguno contra ellas y apelamos a las buenas prácticas periodísticas como valor fundamental de la democracia.

 

 La Delegada de Gobierno ha dejado claro que no tiene reparos en reprimir frontalmente cualquier tipo de protesta; que puede y lo hará con todas las herramientas de que dispone, persiguiendo, humillando y encarcelado a personas inocentes, dejando en nuestras vidas daños irreparables. Porque donde antes teníamos una vida personal y privada, ahora tenemos que justificar ante la gente que se informa por los medios de masas que en ningún caso somos terroristas.

 

 Todo esto lo han hecho para dejar claro que pueden forzar, apurar y extremar las leyes para acallar las protestas ciudadanas, y que en esta supuesta democracia disentir es un delito.

 

 Se nos acusa de desórdenes públicos y coacción, de causar daños en las infraestructuras del metro y de formar una asociación ilícita con ánimo, según ellos, de alterar el orden, de impedir la cotidianeidad, y de poner en peligro la vida de personas. Se ha demostrado por la evidencia de los hechos que no ha habido la más mínima situación de riesgo para los usuarios del metro ni se han producido daños de ningún tipo en las instalaciones.

 

 Las protestas realizadas en el metro han sido una forma de denuncia y de rechazo a las subidas de tarifas que se han aplicado, y en ningún caso se tipifican como desórdenes públicos ni coacción, ni en el código penal, ni en el reglamento de viajeros de Metro. Esto fue corroborado por el representante de metro que afirmó que fueron retrasos poco significativos y que no hubo ningún tipo de incidente.

 

 Ante esto, la respuesta del gobierno y el trato recibido sorprenden por su dureza y desproporcionalidad: sin ningún tipo de escrúpulos, la Brigada de Información monta un dispositivo policial que, tras una investigación de al menos varias semanas, accede a la vivienda de unos de los detenidos con orden de un juez, violando la intimidad de los inquilinos al hacer público casi inmediatamente el video de las detenciones, y con un despliegue propio de detenciones de individuos que suponen una auténtica amenaza para las personas.

 

 Los hechos comenzaban el citado día 22 alrededor de las 7 de la mañana cuando entraban en dicha vivienda unos 20 ó 30 policías entre antidisturbios, agentes de la Brigada de Información, policías nacionales de uniforme y de paisano, y la secretaria del juez, que portaba órdenes de entrada en la vivienda para todos los implicados pero sin el nombre de ninguno de ellos. Una vez dentro del piso, golpearon a uno de los compañeros que tardó en encontrar el DNI dada la confusión y esposaron rápidamente a 2 de las 4 personas que supuestamente detuvieron en la casa. Los otros dos detenidos acudieron a la casa tras llamadas, chantajes y amenazas del tipo “[o vienes al piso o] voy ahora mismo a casa de tus padres y lo pongo todo patas arriba”, por parte del jefe de la brigada policial. En ningún momento se les informó de que estaban detenidos o de la posibilidad de acudir voluntariamente a la comisaría, sino que se les obligó a acudir a la vivienda para formar parte del circo mediático que se formó enfrente del portal y que dio lugar a las ya mencionadas calumnias y manipulaciones, entre ellas la publicación y difusión inmediata de imágenes de sus rostros, de sus dormitorios, y del momento de sus detenciones, con ellos saliendo del portal esposados y rodeados de policías encapuchados, en un espectáculo propio de regímenes, como mínimo, antidemocráticos.

 

 Añadimos que, aparte de las consecuencias personales que cada uno de los detenidos ha sufrido, este acto es una respuesta política a una protesta ciudadana totalmente pacífica y espontánea. Esta detención más mediática que legal estuvo dirigida por los representantes políticos que el pueblo ha elegido y llevada a cabo por un grupo de la policía que se dedica a cuestiones mucho más graves como son actos terroristas; poniendo de manifiesto que el poder político tiene a su disposición las herramientas del cuerpo de policía para defender sus propios intereses, y que no dudará en aprovechar toda la fuerza que le ofrecen las instituciones del Estado para reprimir a toda persona o colectivo que cuestione sus políticas regresivas y antisociales.

OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA