JORNALEROS DE ANDALUCIA: 40 AÑOS DE LUCHA POR LA TIERRA

5 de julio del 2012

Cada vez quedan menos trabajadores del campo. Entre 1964 y 1994 la población activa agraria descendió en torno a un 75%, sobre todo debido a la lógica productivista que ha llevado a una extrema mecanización del sector y a la introducción de tratamientos químicos para las plantas.

Según un estudio de la Universidad Pablo de Olavide, el número de jornaleros se redujo en ese periodo en 3.100.000. Solamente en los ‘70 emigró un millón de andaluces por la falta de empleo y expectativas. Durante esa década el sector jornalero era el más pobre de Andalucía, a su vez una de las regiones más humildes del Estado. Hoy viven del campo menos de medio millón de trabajadores en Andalucía.

Hasta la muerte del dictador Francisco Franco, era común ver en los latifundios andaluces a menores trabajando junto a sus madres y padres. Durante sus últimos estertores, la situación en el campo andaluz era de una pobreza tal que las protestas comenzaron a propagarse por los pueblos agrarios. Con la idea de evitar una respuesta violenta, se creó en 1971 el Empleo Comunitario, dotado de fondos públicos destinados a emplear varias jornadas a los campesinos sin tierra que estuvieran más necesitados y crear de ese modo una suerte de paz social que apaciguase las revueltas.

En 1977 se creó el Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Junto con CCOO del Campo, aglutinó entre sus filas de afiliados al mayor número de jornaleros. Sus reclamaciones históricas han sido la colectivización de la tierra y la reducción del empleo de maquinarias y químicos, así como lamovilidad de los trabajadores, obligados a pasar las temporadas de cosecha en otros pueblos. El SOC, a diferencia de otras organizaciones sindicales de jornaleros, criticó desde el comienzo el Empleo Comunitario y mantuvo su reivindicación histórica de “la tierra para el que la trabaja”.

MARINALEDA COMO EMBLEMA

Una de las victorias históricas e icono del movimiento jornalero en la Transición española es la conseguida en el pueblo sevillano de Marinaleda. En 1980, los marinaleños comenzaron una huelga de hambre de 13 días que dio la vuelta al mundo y con la que reclamaban tierras para trabajarlas. Más de 30 años después, en las tierras ocupadas, por entonces propiedad del duque del Infantado, trabaja hoy una cooperativa de vecinos que genera empleo discontinuo estable y es el principal motor económico de la localidad. La lucha, pacífica de principio a fin, acabó con la compra de las tierras a su dueño, que la Junta de Andalucía pagó a precio de mercado.

Las verduras que hoy recolecta la cooperativa Los Humosos en Marinaleda son a su vez tratadas y envasadas en la misma localidad, en la fábrica de la cooperativa Humar. Dicha cooperativa sobrevive enfrentándose a los precios irrisorios que el mercado ofrece para los productos agrícolas. Una de las figuras más emblemáticas de la lucha jornalera es el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que actualmente es parlamentario andaluz de IU.

El PER, PUNTO DE INFLEXIÓN

Mientras en Marinaleda la cooperativa proporciona más jornales, en otras localidades los braceros sobreviven gracias al Plan de Empleo Rural. El PER es una prestación por desempleo para los trabajadores del campo que trata de garantizar una estabilidad económica en los meses en los que no hay faena en el campo. La mayoría de las protestas a partir de 1985 se han encaminado a mejorar las condiciones del PER. Hasta entonces, en el ideario del movimiento jornalero, la figura del Estado era vista como un ente represor. Dicho Estado, que ahora garantiza una frágil y precaria estabilidad al sector, ha pasado entretanto a asumir una parte en el conflicto que propietarios y latifundistas han tenido históricamente, creando una red clientelar relacionada con el reparto del trabajo municipal para los parados.

En 2007, año en que comienza a intuirse la última crisis capitalista, el principal sindicato jornalero, el SOC, se transformó en el SAT, el Sindicato Andaluz de los Trabajadores, con la idea de agrupar a otros sectores sociales en las luchas comunes. En sus acciones de protesta pacífica han ocupado bancos, las líneas del AVE o el aeropuerto de Málaga para protestar contra el desempleo, la corrupción y el capitalismo. Sus sindicalistas cuidan las relaciones con otras organizaciones de campesinos sin tierra y participan en la Vía Campesina. Una de sus preocupaciones más visibles es la situación de los migrantes sin papeles, muchos de los cuales trabajan en la agricultura en condiciones laborales leoninas.

DURA Y ABUNDANTE REPRESIÓN

El SAT es una de las organizaciones más represaliadas de Europa. Sus afiliados sufren multas, encarcelaciones, juicios y enfrentan procesos por más de 60 años de cárcel. De ahí que el año pasado sus principales dirigentes, entre ellos el secretario general Diego Cañamero, se declarasen “insumisos judiciales”, negándose a asistir a los juicios contra otros compañeros del sindicato en los que fuesen llamados a testificar. Desde entonces, el dirigente ha sido detenido dos veces con el fin de que prestase declaración, a lo cual se niega. La última detención tuvo lugar el 4 de junio ante los juzgados de Sevilla.

La situación actual de los jornaleros se ha agravado con la excusa de la crisis. El SAT denuncia, por ejemplo, que en la campaña de recogida del ajo y la cebolla en Jaén están pagando menos de 15 euros por siete horas de trabajo, cuando el convenio vigente es de 47,48 euros por seis horas y 15 minutos de trabajo. La antigua y revolucionaria reivindicación de “la tierra para el que la trabaja” ha sido olvidada por el camino de las subvenciones por otras organizaciones sindicales, mientras que el SAT permanece fiel a la idea. “No queremos la propiedad de la tierra, queremos su uso para formar cooperativas”, explica tajante el jornalero Diego Cañamero.

CIEN DÍAS EN LA FINCA SOMONTES

Propiedad de la Junta de Andalucía y situada en Palma del Río (Córdoba), la Finca Somontes permanece ocupada por un grupo de jornaleros. La Junta pretendía sacar el terreno a subasta pública y con esta acción los campesinos sin tierra quisieron mostrar su desacuerdo con lo que consideran un robo de recursos públicos. Los miles de cultivos ya plantados en una hectárea están siendo cosechados y las muestras de solidaridad internacional han facilitado la instalación de un motor y del regadío por goteo. Tras un primer desalojo, los jornaleros volvieron a ocupar la finca al día siguiente. Su objetivo es montar cooperativas con capacidad de dar empleo a cientos de personas.

Fuente: Diagonal/ visto en: Canarias Semanal