RECUERDOS DEL FUTURO: EL KEYNESIANISMO, ENFERMEDAD INFANTIL DEL NEOLIBERALISMO

Agustín Morán, miembro de CAES.-

Crisis del estado de bienestar en Europa.

Las condiciones que posibilitaron 25 años de capitalismo con rostro humano en Europa finalizaron a mediados de la década de los setenta del pasado siglo XX. El aumento del precio del petróleo, la mejora de las condiciones laborales y el aumento de la composición orgánica del capital, en un entorno de apertura de las economías y competitividad creciente,  desequilibraron el modelo de acumulación keynesiano basado en la centralidad de la demanda y el pleno empleo como motores del crecimiento económico.

A partir de aquí, las estrategias del capital europeo evolucionaron hacia la incorporación de nuevas tecnologías,   la descentralización y deslocalización productiva y la flexibilización del mercado de trabajo.  El creciente déficit público derivado del estancamiento económico y el aumento del gasto estatal justificaron los recortes en protección social y privatización de empresas y servicios públicos. Junto a los cambios organizativos y productivos, de diferente ritmo e intensidad en cada país, estos procesos  propiciaron la segmentación laboral y el aumento de las diferencias en el interior de la población asalariada. La debilidad de los sindicatos es premisa y resultado de esta dinámica.

En la economía de demanda, propia del “capitalismo con rostro humano” de los países ricos, son funcionales todas aquellas medidas que favorecen el círculo virtuoso entre crecimiento económico, aumentos de productividad y de salarios, en un contexto de inflación moderada y equilibrio en las finanzas públicas. En este modelo económico (keynesianismo) el pleno empleo es la condición para el pleno despliegue de las fuerzas productivas y la máxima producción de plusvalor.

La izquierda mayoritaria y la derecha europeas se hicieron keynesianas. Keynes defendía un modelo basado en la regulación administrativa del mercado de trabajo mediante un pacto entre gobierno y sindicatos como garantía del respeto empresarial a dicha regulación. Durante veinticinco años de estado de bienestar en Europa, los sindicatos disciplinaban a cada empresario, interesado en que todos - menos él - pagaran buenos salarios para que la economía prosperase y poder vender sus productos.

El complemento es la intervención del estado en la protección social garantizando,  “de la cuna a la tumba”,  los derechos sociales amenazados por un mercado cada vez más grande y libre. Keynes teoriza el funcionamiento del capitalismo en un ciclo económico de crecimiento sostenido, aumentos de productividad, pleno empleo, baja inflación y estabilidad presupuestaria.

Por el contario, bajo el paradigma neoliberal – en lo que lo principal es potenciar la oferta - los sindicatos deben disciplinar a los trabajadores para que acepten los sacrificios que exigen la competitividad y la permanencia en el euro. Keynesianismo y neoliberalismo tienen en común la subordinación – en distintos escenarios – de la izquierda al ciclo de producción y reproducción del capital.

Al quebrarse el círculo virtuoso de la economía de mercado, se produce un cambio de paradigma. En la economía de oferta, el buen funcionamiento del ciclo económico exige mejoras en la competitividad, lo que requiere producir con menor coste que los competidores. Quien impide que los costes salariales varíen según las leyes del mercado, deteriora la competitividad y con ello, las expectativas de beneficio del capital que  reducirá o deslocalizará sus inversiones destruyendo puestos de trabajo.

Hoy, la economía de oferta en su versión neoliberal está en plena descomposición. El mundo enteramente capitalista resplandece de una triunfal calamidad.  El nuevo cambio a la chaqueta keynesiana no funciona porque han desaparecido sus condiciones de posibilidad. En una economía globalizada no funciona el keynesianismo en un solo país y, el estado nación, necesario para el dominio político, es incompatible con la gobernanza de la economía mundial.

Nociones como democracia, ciudadanía, pluralismo político, separación de poderes, imperio de la ley, derechos humanos y seguridad jurídica son degradados e ignorados todos los días y en todas partes.

Cronología de la Europa del Capital.

1948: Bélgica, Holanda y Luxemburgo, crean una unión económica y aduanera (BENELUX).

1952: Italia, Francia y la RFA forman, junto al BENELUX, una unión aduanera para el carbón y el acero. Es la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA).

1957: Tratado de Roma. La CECA extiende lo acordado para el carbón y el acero al resto de las mercancías. Constitución de la Comunidad Económica Europea. Europa de los Seis.

1962: El gobierno español solicita a la CEE la apertura de negociaciones para la adhesión. La respuesta fue un frío acuse de recibo. Posteriormente, en 1970, el estado español firmó un acuerdo preferencial con la CEE basado en reducciones arancelarias y eliminación de algunos contingentes en el comercio exterior.

1970: Octubre. El Consejo de Ministros de la CEE considera por primera vez, a propuesta de Pierre Werner, primer ministro de Luxemburgo, el horizonte de una moneda única en Europa en el plazo de diez años. La crisis del capitalismo internacional, que se inicia a partir de 1973, impide el desarrollo de este proceso.

1973: Se amplía la CEE con el ingreso de Inglaterra, Irlanda y Dinamarca. Europa de los Nueve.

1977: Julio. El primer gobierno democrático español, presidido por Adolfo Suárez, solicita, pocos días después de su constitución, la adhesión a la CEE.

1979: Se crea el Sistema Monetario Europeo (SME) y el ECU, como unidad de cuenta, basado en una "cesta" de las monedas comunitarias. El SME perfecciona la "serpiente monetaria" creada en 1972 y persigue corregir los desajustes especulativos entre las monedas, estableciendo una banda de fluctuación del 2,25% en torno al cambio central definido respecto al ecu. La peseta ingresará en el SME en julio de 1986.

1981: Incorporación de Grecia. Europa de los Diez.

1986: Adhesión de Portugal y España. Europa de los Doce. En febrero de este año se firma el Acta Única Europea, que establece como eje central de la construcción europea la construcción de un mercado único para el 1 de enero de 1993. La moneda única se inscribe en este proceso como un fin necesario para el funcionamiento de dicho mercado. La retórica sobre cohesión social, incorpora, por un lado, los fondos estructurales para limitar los profundos desajustes que la apertura económica va a suponer en los países más débiles, pero por otro lado supone un mero maquillaje frente a las exigencias de flexibilización y precarización de la mano de obra.

1989: Se aprueba el "Plan Delors" para la unión económica y monetaria en tres fases. La primera fase, a partir de julio de 1990, persigue impulsar la liberalización de los movimientos del capital y la elaboración de las condiciones de convergencia. El instrumento es la cooperación de los Bancos Centrales para la coordinación de las políticas monetarias.

1992: En el mes de febrero se firma en Maastricht el Tratado de la Unión Europea (TUE). Se prevé su entrada en vigor el 1 de noviembre de 1993. El TUE establece la legalidad que va a regir la construcción europea desde esta fecha hasta la implantación total de la moneda única en julio del año 2002. Recoge y adapta, dentro de él, como un tratado holding, el resto de los acuerdos de la construcción europea desde sus comienzos.

Se fortalece el carácter monetario de la Unión Europea a costa de la dimensión social, política, e incluso económica. Las condiciones de convergencia buscan la estabilidad de precios (tipos de interés, inflación y paridad de las monedas), imponiendo límites a la intervención política del Estado en el ciclo económico (déficit público y deuda pública)

El TUE establece la segunda fase de la Unión Monetaria (enero 1994), estimulando la coordinación de los bancos centrales y la creación del Instituto Monetario Europeo y también la tercera fase que tendrá como inicio enero de 1997 o, en todo caso, enero de 1999.

En septiembre de 1992 se produce la primera oleada de acoso especulativo del capital  transnacional a las monedas más débiles. A este ataque se le llama "tormenta monetaria". Tras la precaria victoria del "sí" en el referéndum francés sobre Maastricht (20.9.91) y el "no" a Maastricht en el primer referéndum de Dinamarca (3.6.92) el gran capital internacional pierde confianza en la viabilidad de la moneda única y, por lo tanto, en la garantía de no devaluación de las monedas de los países más débiles, entre ellos España. Los movimientos especulativos son tan violentos que acaban expulsando del SME a la lira italiana y a la libra inglesa. El Estado Español se ve obligado a emplear el 25% de sus reservas de divisas para frenar el desplome de la peseta, que inicia un camino de depreciación y cuatro devaluaciones, desde una paridad de 63 pesetas/marco antes de septiembre de 1992 a 93 pesetas/marco a comienzos de 1995. El SME salta por los aires. La banda ancha de fluctuación es cambiada del más menos 6% al más menos 15%.

1995: El 1 de enero ingresan Austria, Finlandia y Suecia. Europa de los Quince. En diciembre la Cumbre de Madrid decide llamar euro a la moneda única y el escenario de la tercera fase de la unión monetaria en tres etapas.

1997: Julio. Tratado de Amsterdam. La revisión del TUE fracasa en los aspectos institucionales y  de política exterior. Sin embargo, se incorpora el Pacto de Estabilidad que prevé multas de entre el 0,2% y el 0,5% del PIB para los países que, una vez dentro de la moneda única, incumplan las condiciones de déficit público.

1998: En marzo se abren negociaciones para la adhesión de Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia, y Chipre. En una segunda oleada esperan la apertura de negociaciones Rumanía, Bulgaria, Lituania, Estonia y Eslovaquia. El 2 de mayo la Cumbre de Bruselas del Consejo europeo (jefes de estado o gobierno, ministros de asuntos exteriores y presidente de la Comisión Europea), aprueban las paridades irrevocables entre las monedas (85,07 pesetas/marco y 168 pesetas/euro), a partir del 1 de enero de 1999. La Cumbre de Londres aprueba, a propuesta del Instituto Monetario Europeo la lista de los once países que integrarán el euro. Son todos menos Suecia, Dinamarca, Inglaterra y Grecia.

La última fase de la Unión Monetaria.

Hasta 1.1.1999., criba de los países que pasan a la tercera fase. Creación del Banco Central Europeo (BCE) y del Sistema de los Bancos Centrales Europeos (SBCE). Inicio de la fabricación del euro. Adaptaciones legislativas para la adopción de la moneda única.

Primera etapa. Del 1.1.99 al 31.12.2001 (período transitorio). Comienzo de la tercera fase. Cambios irrevocables.  (1 euro = 166,386 ptas). Euro como moneda de pleno derecho de utilización voluntaria (no obligación, no prohibición). Desaparece el Ecu. Comienza el funcionamiento de SBCE y TARGET (sistema de compensación interbancaria). Nuevo mecanismo de tipos de cambio entre euro y otras monedas de países no participantes en la primera oleada. Principio de continuidad en los contratos (pesetas‑euro). Deuda pública en euros.

Segunda etapa: Desde 1.1.2002 al 30.6.2002 (período de canje). Comienza la circulación de billetes y monedas euro. Retirada de la circulación de billetes y monedas de cada estado. Pesetas y euros son de curso legal. Transacciones en las dos monedas. Cambio de pesetas a euros en los bancos.

Tercera etapa: Desde el 1.1.2002: Circulación del euro. A partir del 1.03.2002, la peseta deja de tener curso legal. Sólo se puedan cambiar pesetas a euros en el Banco de España ( 1 euro = 166,386 ptas.)

El 1 de Marzo de 2004 ingresan 10 países (Eslovenia, Eslovaquia, Polonia, R. Checa, Hungría, Chipre, Malta, Estonia, Letonia, Lituania. (Quedan para el 2007 Rumania y Bulgaria). Estos 10 países suman 80 millones de habitantes (el 27% del total de UE). Tienen una renta per cápita de menos del 40% de la media de la UE y aportan el 7% del PIB de la actual UE 15.

2005. La fracasada “Constitución Europea”. El NO a la Constitución Europea (C.E.) en los referéndum de Francia y Holanda anteriores al verano de 2005, supuso un serio revés al proceso de legitimación de la Europa del Euro. A pesar de la victoria del SÍ, el referéndum de España del 20/II/05 mostró, en su precariedad (menos de un tercio de la población española apoyó la C.E.), la caída de la participación popular en las sucesivas elecciones al Parlamento Europeo. Esta tendencia expresa la ruptura entre las verdaderas consecuencias sociales de la globalización europea y las promesas de progreso y bienestar con las que se intenta legitimar.  En la Europa del Capital la democracia está secuestrada por los mercados y habita, sobre todo, en los Movimientos Sociales que se enfrentan a la dictadura de estos.

2007 (13.12.2007). Los 27 estados miembro firman el Tratado de Lisboa que, hasta mayo de 2009, no es ratificado por los parlamentos de 26 de los 27 estados, salvo Irlanda que realiza un referéndum en el que la mayoría rechaza dicho tratado.

Este tratado mantiene la ficción de institucionalizar  un mercado único de 27 países muy diferentes, con una moneda única compartida por 15 países (a los doce anteriores se incorporan Eslovenia en 2007 y Chipre y Malta en 2008), así como las equívocas promesas de pleno empleo, más democracia, paz, seguridad, derechos humanos y protección social en un contexto de recesión, recortes, burbuja inmobiliaria, especulación, corrupción política creciente y participación activa en la confrontación militar con los países desobedientes del Norte de Africa, el Sahel, Oriente próximo y Oriente Medio.

Un poco de historia.

Con el Acta Unica Europea de 1986, se hizo visible la lógica dominante en el proceso de construcción europea: la creación de un Mercado Unico.  Un Mercado Unico necesitaba una moneda única. Ese objetivo se consagró con el Tratado de Maastricht de 1.992, que dibuja una unidad europea, no política, cultural o social -  ni siquiera económica - sino monetaria, una Europa para el Capital.

En ella, lo que se unifica es la universalización de la forma mercancía y su fetiche, el dinero. En la Europa del Euro las informaciones más relevantes para los políticos son las que se expresan en términos monetarios. La institución que sobresale en poder e independencia sobre todas las demás es el Banco Central Europeo, que sin estar obligado por ningún poder democrático, obliga a todos.  

El euro es necesario para el buen funcionamiento del mercado único, verdadero contenido del proyecto europeo. Las condiciones macroeconómicas que voluntariamente se imponen los gobiernos, hacen  imposible su propia soberanía porque impiden la aplicación de las políticas que necesitan sus ciudadanos entre ellas la modificación de la paridad de la propia moneda respecto a otras. 

Lo que los gobiernos deciden, se presenta luego como un marco insuperable. Prisioneros de la jaula de hierro que ellos mismos han creado, desisten de medidas  para la creación de empleo, la protección social y la devaluación de la propia moneda ante  pérdidas de competitividad en los mercados internacionales.

La violencia del euro.

La debilidad de las instituciones comunitarias, más intergubernamentales que europeas, junto a sus menguados recursos  para limitar los efectos devastadores de la economía especulativa, contrastan con la independencia del Banco Central Europeo. 

Sin atenerse a control político alguno - tanto de gobiernos y parlamentos nacionales como europeos - el BCE tiene como misión fijar la política monetaria (tipos de interés) y velar por la estabilidad de precios que necesitan  los capitales para moverse sin distorsiones en el espacio económico del euro. Los objetivos prioritarios  de esta política monetarista son: 1) la estabilidad monetaria a costa de lo que sea (precariedad, paro, pérdida de poder adquisitivo) y 2) la estabilidad presupuestaria a cualquier precio (seguro de paro, pensiones, privatización de sanidad, educación y dependencia). 

El euro unifica radicalmente el lenguaje en el que se expresan las relaciones económicas y sociales capitalistas. Las distintas monedas de los países europeos mantenían la capacidad de variar sus proporciones relativas mediante depreciaciones,  para favorecer la competitividad de sus exportaciones y equilibrar distintos índices de inflación, tipos de interés o fiscalidad. El proceso constituyente del capital europeo, exigía acabar con las distorsiones producidas por las diferencias en estructura productiva, tecnología, riqueza, recursos naturales y nivel de vida. Pero, sobre todo, acabar con la inestabilidad de los precios, incluido, en primer lugar,  el precio del dinero.

Sin embargo, unificar la moneda es unificar un signo, pero no lo designado. Las enormes diferencias materiales entre los estados incluidos en el euro, no se disuelven sino que como la experiencia demuestra, se acrecientan. España desde su ingreso en 1986, tuvo un margen de siete años para rebajar paulatinamente las barreras arancelarias y los contingentes a las importaciones procedentes del resto de países de la Comunidad Europea.

Para ingresar en la Unión Europea y posteriormente en el euro, se legitimaron todos los sacrificios económicos y sociales. Lo que no sabíamos entonces es que, veinte años después deberíamos asumir sacrificios aún superiores para no salir del euro.

Una vez implantado el euro como  moneda única en Marzo de 2001, a pesar de las grandes diferencias entre las distintas economías de los países miembros y en un entorno de gran apertura comercial, la única forma de ganar en competitividad es la devaluación del precio de la fuerza de trabajo a través de la caída de los salarios directos y el desmantelamiento o privatización de la protección social.

El segundo agente económico  a disciplinar por la economía neoliberal es el estado que maneja, a través de sus Presupuestos Generales (P.G.E.), el 40%  de la riqueza producida en un año (Producto Interior Bruto  -PIB). A partir de 1992, el Tratado de Maastricht, limitó la capacidad estatal para intervenir en el ciclo económico al establecer que el déficit público (diferencia entre sus gastos y sus ingresos),  no podía superar el 3% del P.I.B. y que la deuda pública  (suma de los déficit históricos), no podía exceder del 60% del P.I.B.

Cuando se entrega el protagonismo económico al beneficio de las empresas, en lugar de a los derechos humanos y a la conservación de la vida, financiar el déficit mediante impuestos progresivos y luchar contra el  fraude fiscal, no es “políticamente” posible porque ahuyenta a los inversores.  Por tanto, la única vía para reducir el déficit del estado es reducir los gastos, aunque eso suponga abandonar a su suerte a parad@s, precari@s y jubilad@s.

El Tratado de Ámsterdam de 1.997 incorporó, con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el compromiso de estabilidad presupuestaria independientemente de las necesidades que tuviera cada país, bajo la amenaza de  multas a los países que incumplieran dicha norma. Este tratado fracasó en los intentos de modificación de la arquitectura política europea de cara a una ampliación de países miembros y dio una vuelta de tuerca a la subordinación de la sociedad respecto a la estabilidad monetaria y al protagonismo del beneficio empresarial.

El Pacto de Estabilidad establece que los países con déficit público superior al 3% del PIB, pagarían una multa del 0’2% de su P.I.B.  Por cada punto porcentual que el déficit excediera del 3%, la multa se incrementaría en una décima  (0’1% sobre el PIB) hasta el límite del 0’5%. Estas cantidades serían detraídas de los fondos de cohesión y los fondos estructurales que recibe el país infractor para permanecer en una cuenta del BCE sin remuneración durante dos años.  Si, al finalizar este plazo, el país infractor persiste en su incumplimiento, la cantidad retenida pasa a propiedad del BCE para ser repartida entre los países cumplidores de la estabilidad presupuestaria.

Los países más débiles, necesitados de más recursos públicos para superar sus deficiencias, son castigados con sanciones económicas que les hacen más débiles. Lo que les pasa a Grecia, Portugal e Irlanda desde 2011 estaba escrito en los Acuerdos de la Unión Europea desde hace veinte años. Para que no nos pase a nosotros el gobierno Español ratificó la entrega ilegal de nuestra soberanía al gran capital europeo mediante la modificación del art. 135 de la Constitución en Noviembre de 2011. Esta modificación subordina las políticas económicas para resolver problemas como el empleo, la vivienda o la salud a la satisfacción de los intereses de la deuda pública española frente a los acreedores extranjeros.

Europa del Euro y democracia.

La involución del Estado como mecanismo de redistribución de la renta y protección social es de tal intensidad que, los ministros del ECOFIN (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea) han establecido en 2012 el objetivo de Déficit cero radicalizando el Tratado de Maastrich y el Tratado de Amsterdam. En este horizonte, inscribe el Gobierno Español sus planes de Estabilidad y reforma fiscal: A) Rebajar impuestos directos para atraer inversiones extranjeras, para que circule el dinero y se activen los negocios aunque el Estado no disponga de recursos para atenuar las desigualdades que origina el mercado.  B) Descargar al Estado del esfuerzo financiero para garantizar las pensiones, la sanidad y la educación, en la inteligencia de que el interés privado protegerá mejor estos derechos constitucionales.  C) Prohibir por ley la financiación de la inversión pública mediante endeudamiento de las administraciones (modificación del art. 135 de la C.E.). D)  Precarizar y despojar de derechos al trabajo asalariado para hacerle transparente a las leyes de la oferta y la demanda. E) Poner la protección de la economía nacional y l@s ciudadan@s en un rango inferior a la protección de los inversores de capital. F) Desconocer las garantías jurídicas de l@s ciudadan@s y trabajador@s que impiden el correcto funcionamiento de la mercancía fuerza de trabajo.  G) Condicionar los subsidios y prestaciones por desempleo a la disponibilidad plena del trabajador/a ante los contratos basura. H) Flexibilizar los contratos a tiempo parcial como camino de ingreso al mercado de trabajo.

Los programas electorales de la izquierda, cuando proclaman desde la oposición que “otra política económica es posible”, contrastan con el apoyo al proceso de unidad monetaria europea y a las políticas de flexibilización, recortes sociales y privatización cuando está en el gobierno. En los períodos de depresión económica bajo gobiernos socialdemócratas, se ha generado el estado de necesidad y la indefensión jurídica que explican por qué millones de trabajador@s aceptan “libremente” condiciones laborales por debajo de leyes y convenios colectivos. El consentimiento por parte de la izquierda mayoritaria en el fraude de ley de millones de contratos eventuales para tareas fijas y en la violación sistemática de los derechos de los sectores precarizados, constituyen la condición para que éstas políticas funcionen.

Las reformas laborales, impulsadas desde los gobiernos y aceptadas por los grandes sindicatos han ido convirtiendo en legal los abusos ilegales que ya eran moneda corriente. La inseguridad jurídica y la alarma social se cronifican en una economía de mercado global que tiende a manifestarse como una injusticia armada. Estas políticas, contrarias a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagrados en la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, son incompatibles con la democracia.

A pesar de que esta “construcción europea” vulnera los derechos políticos y sociales de la mayoría, es apoyada  por todo el arco parlamentario. 

La crisis de la izquierda.

No se puede hablar de “Estado de Bienestar” sin tener en cuenta las condiciones políticas,  económicas y geoestratégicas en las que surgió. El capitalismo con un rostro humano en Europa duró veinticinco años por las oportunidades de reconstrucción económica que se dieron en la postguerra mundial, pero también por el poder constituyente de las revoluciones obreras europeas y su triunfo en la Unión Soviética dando paso a un bienestar social garantizado por la planificación económica y no por el mercado.

La construcción política e ideológica de la clase obrera por parte de la izquierda europea consistió en la emulación de los valores de la burguesía;  individualismo, mercado, propiedad privada, competencia, consumismo, derroche y descompromiso político, incluyendo la dominación sobre los países  colonizados por las potencias europeas. Este proceso explica por qué, hoy,  la fuerza política, social y moral de la izquierda depende del consentimiento de los poderes fácticos. 

A pesar de numerosas luchas locales y sectoriales, a lo largo de los años 80 y 90 del siglo XX, se impuso la nueva política económica basada en precarizar, privatizar, desregular, externalizar y deslocalizar. Con ella se impone la teoría que la teoriza: el neoliberalismo, ahora aplicado - tal  como sucedió con el keynesianismo - por los gobiernos de derechas y de izquierdas. El prefijo neo, rompe con la promesa liberal keynesiana de bienestar desde el crecimiento económico capitalista y convierte dicho crecimiento en un fin autorreferente, cada vez más emancipado del empleo, la economía real, la naturaleza y la democracia. La aparición de potencias mundiales regionales emergentes, algunas con vocación de potencia mundial en un contexto de crisis económica global marca el camino de EEUU que, al dictado de su complejo industrial – militar – financiero, aplica un keynesianismo militarista y agresor de los pueblos, estimulando su propia economía con enormes gastos en armamento para agresiones y guerras.

Para el extremismo neoliberal, la globalización económica y la moneda única son buenas, no porque integren a toda la población, sino porque expresan la máxima eficiencia económica, identificada con el máximo beneficio del capital, la naturaleza humana egoísta y la democracia. Para este pensamiento fanático las crisis sólo significan que la sociedad no se ha puesto totalmente de rodillas ante las leyes naturales de la economía de mercado. De aquí se deriva que, para superar las crisis, hay que aumentar la fuerza de las políticas que la producen y la sumisión de sus víctimas. El dogma neoliberal presenta las mareas sociales contra la desigualdad, la pobreza, el hambre y la violencia como irracionales y antidemocráticas.

Al llegar la crisis el verdadero activo de la izquierda mayoritaria era su integración en la lógica del capital a través  del consumismo irracional de masas y la democracia delegada. Cuando,  a manos de la propia socialdemocracia, desaparecen las condiciones económicas y políticas que posibilitaban el pacto social, la población  integrada en el modo de producción y consumo capitalista, carece de conciencia para ni siquiera desear una vida diferente a la producción y el consumo de mercancías. La mayoría de la clase obrera, pastoreada electoral y sindicalmente por la izquierda social-demócrata,  confunde trabajo con empleo y consumo con despilfarro. Se mofa de la austeridad, considera arcaicos a los campesinos y desconsidera la esquilmación de los países empobrecidos  y la contaminaciónd el aire, el agua y la tierra producida por su propia forma de vida.

Con la crisis, se disuelven el empleo y el consumo como modo de pertenencia social para millones de personas. Estos daños carecen de palabras en el imaginario popular. Por eso los políticos culpables se postulan como la solución. Sin identificación del enemigo las necesidades de la población no se pueden expresar mediante  políticas de izquierda transformadora, lo que genera desconfianza, individualismo y lucha entre los de abajo. Mientras tanto, los poderes fácticos se preparan para la guerra contra el enemigo exterior e interior.

Desde dentro de este guión, la impotencia de la izquierda capitalista, en perpetua retroalimentación con su alejamiento del poder popular y su fascinación por el poder – y el dinero – del Estado solo puede sostenerse mediante adaptaciones sucesivas – siempre insuficientes - a los desastres de la  competitividad y la economía financiera promovidas por las políticas monetarias del Banco Central Europeo, piedra filosofal de la Europa del Euro.

La Comisión Europea aclaró hace veinte años el porvenir del sindicalismo en el euro: “La Unión Monetaria comporta un cambio global en el que los requerimientos macroeconómicos se dirigen, clara y creíblemente, hacia la estabilidad de la nueva moneda. Este nuevo marco macroeconómico afectará a la forma en que se establecen en el mercado laboral los salarios y las condiciones de empleo. En la Unión Monetaria, al darse cuenta los sindicatos y empleadores de que ya no existe la posibilidad de devaluar monedas nacionales, los acuerdos de salarios variarán acordemente. Por lo tanto, en la hipótesis de unos sindicatos racionales completamente adaptables, se puede esperar la aparición de una conducta sobre salarios compatible con el empleo”.

Esto significa: Primero, la convergencia no es económica sino monetaria. No convergen salarios ni condiciones de vida y trabajo sino inflación, tipos de interés, déficit público y deuda pública. Segundo, lo racional es plegarse a esto. Pretender que la gente tenga casa y condiciones de vida y trabajo dignas, es una quimera antieconómica y antidemocrática. Tercero, si aceptamos la moneda única, aceptamos el control de la inflación, luego no se pueden mejorar las rentas salariales y sociales. Cuarto, si aceptamos la moneda única, aceptamos la contención del déficit público, luego los parados no pueden cobrar un subsidio incondicional, ni los jubilados mantener sus pensiones. Partiendo de aquí, el sindicalismo que luche por mejorar las condiciones de la gente, sin más, será culpable de la pérdida de competitividad y, por lo tanto, del paro.  Los gastos en desempleo causarán el aumento del déficit público, la inestabilidad monetaria,  y la subida de los tipos de interés de la deuda pública  con lo cual, se frenarán las inversiones y aumentarán los despidos. Para la ideología del euro, la culpa del paro la tienen los sindicalistas.

Con la reforma laboral de 1997 y  las reformas posteriores (suscritas por los grandes sindicatos) del Pacto de Toledo sobre Pensiones de 1995, el gobierno demostró que el abaratamiento del despido y el recorte de las pensiones fomentan el crecimiento económico, la creación de empleo – aunque sea precario - y la estabilidad de precios. Al suscribir el Acuerdo Interconfederal en Defensa del Empleo de Mayo de 1997 y la Reforma de las Pensiones de 2011,  los sindicatos firmantes legitimaron ese razonamiento. Desde entonces, los gobiernos tienen autoridad para avanzar sin los sindicatos. En un entorno de crisis económica, mantener el crecimiento,  los beneficios y el empleo exige  mejoras en la productividad mediante la devaluación del precio de la fuerza de trabajo lo que supone descargar las inestabilidades del mercado sobre la gente trabajadora.

El sindicalismo mayoritario se sustenta en algunas nociones que es necesario revisar. Desde el horizonte político de la moneda única, la competitividad y la globalización, es imposible hacer nada más que gestionar la degradación de los derechos y libertades de las mayorías sociales. No impugnar la lógica del capital (globalización, euro, competitividad) sirve para legitimarse frente al poder económico, el Estado y una opinión pública conservadora y desmoralizada, pero también sirve para ser cada vez más dependiente de los recursos estatales y más ajenos, a la organización del conflicto social. Cuando el capital se constituye en el verdadero sujeto de las democracias de mercado y la izquierda hace como si no lo viera, es natural que, los individuos compitan entre sí en una ciega carrera hacia los puestos de trabajo escasos, propiedad privada de los empresarios.

La monarquía neofranquista y el Euro.

La instauración de la monarquía en 1975 permitió que la clase política y empresarial del franquismo ocuparán el aparato del estado y las organizaciones de la gran patronal, volviéndose formalmente democráticas. El tributo de la izquierda parlamentaria para aplacar a los militares golpistas e incluirse en el aparato del estado del nuevo régimen fue la cancelación del movimiento popular y el enfrentamiento con cualquier movimiento constituyente.

La monarquía española representante de los poderes fácticos procedentes de la dictadura se empleó a fondo en su incorporación a la Europa del Capital y a la OTAN, donde esperaba obtener  - y ha obtenido -  enormes beneficios. Veintisiete años después de la inclusión formal de España en la OTAN (1981) y en la Comunidad Europea (1986).  El precio pasado es patente en términos de precariedad, libertades democráticas, corrupción política, contaminación, especulación y riesgo de vernos envueltos en las guerras de los países imperialistas contra los pueblos en lucha o los estados desobedientes.  

Las decisiones políticas que favorecen la seguridad para la inversión del capital. Se presentan como un límite infranqueable para las políticas económicas y sociales.  En los períodos de crecimiento económico, los nuevos contingentes laborales entran en el mercado de trabajo bajo condiciones ya precarizadas constantemente presionadas a la baja, en franco desafío al “estado social y democrático de derecho” que encabeza los primeros párrafos de la Constitución. Ahora, la precariedad avanza incluso en los sectores más sindicalizados y regulados. La burocracia sindical consiente la represión de quienes ejercitan, desde abajo, los derechos fundamentales de negociación colectiva, expresión, reunión o sindicación. Al mirar la izquierda hacia otro lado, conviviendo pacíficamente con la insurrección de las patronales, se naturaliza la inseguridad y se facilita la profundización de las diferencias entre estables y precarios lo que, a su vez, justifica la igualación “democrática” de todos por abajo, como única forma de aplicación de las promesa de la izquierda.

El orden monetario implica el desorden social ecológico y alimentario. El desorden y la inseguridad para millones de ciudadanos son el precio de un orden monetario a la medida de inversores,  especuladores y políticos, que se llaman a sí mismos “los demócratas”. La izquierda, para  hacerse respetable, interioriza este orden al considerar que, el cumplimiento de  los derechos de los trabajadores, las mujeres y los ciudadanos debe incorporar, necesariamente, el aumento de los beneficios del capital. Cuando hay crisis no se puede pedir justicia porque hay que salir de la crisis y cuando hay prosperidad,  no se puede pedir igualdad porque se pone en peligro la continuidad del ciclo expansivo.

El orden capitalista de la dictadura (1939 – 1975) no se podría cuestionar porque lo impedían la Brigada Político Social y el Tribunal de Orden Público. Paradójicamente, el orden capitalista de la monarquía parlamentaria tampoco se puede impugnar por el consenso político del bipartidismo en torno a la Europa del Euro, el consumismo y la OTAN.

Por un Pacto Social de las mayorías contra especuladores y corruptos.

Se desvanece el capitalismo con rostro humano en los países ricos de Europa. En Noviembre de 2011, la pinza PSOE-PP modificó el artículo 135 de la C.E. para impedir cualquier ley o decisión administrativa que pudiera interferir con los intereses de los grandes grupos económicos.

En nombre del euro, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea (la Troika) imponen a los gobiernos el recorte de salarios y la mercantilización de los derechos sociales. Pero estas políticas antipopulares no son capaces de reactivar la economía ni frenar el crecimiento del paro, la desigualdad y la exclusión. El reformismo keynesiano de la izquierda mayoritaria ha resultado ser una efímera excepción, hoy impotente ante la economía competitiva y globalizada.

La creación de plusvalor para el capital es cada día más autónoma del trabajo. Hay más inversiones en especulación, simulación, adoctrinamiento y represión que en producir los bienes y servicios básicos que aseguren el empleo, la dignidad y la seguridad de la gente. El desorden económico, energético y ecológico produce grandes migraciones y confrontaciones armadas. Los sucesivos gobiernos de derechas y de izquierdas profundizan su compromiso con la OTAN implicando a nuestro país en operaciones militares contra los pueblos en lucha y los estados desobedientes. Por eso, la confianza popular en los políticos y las instituciones "de mercado" está en caída libre. Y las mareas de descontento contienen una creciente desafección respecto a la política de mercado.

El bipartidismo que, en España, secuestra el pluralismo político y sostiene una monarquía en descomposición, se desmorona electoralmente. Para intentar evitarlo, prepara un Gran Acuerdo Político y Social inspirado en los Pactos de la Moncloa de 1977 cuyo saldo, treinta y seis años después, no puede ser más demoledor: desmovilización social, desembarco del franquismo en la joven democracia, especulación, corrupción política, aumento de las diferencias y desmoralización ciudadana.

Hoy, nuevas formas de participación abren la posibilidad de evitar las catástrofes de la Europa del Capital, la Globalización y la Guerra, cambiando algo más que el partido en el gobierno. Conviene no olvidar que la sustancia de la democracia es la autodeterminación popular y que el único pacto útil para el pueblo es la cooperación para superar los estertores de la economía de mercado y su monarquía mediante un proceso constituyente por el trabajo digno, la economía social y sostenible, la seguridad alimentaria, la igualdad y la participación.

CONTRA LOS RECORTES.

POR LA DEMOCRACIA, LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS SOCIALES.

NO AL GOLPE DE ESTADO FINANCIERO. NO DEBEMOS, NO PAGAMOS.

CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL, LA GLOBALIZACION Y LA GUERRA.