Por
Gilberto López y Rivas
La
construcción de un nuevo partido (Morena), siguiendo los mismos pasos
que el Partido de la Revolución Democrática, llevará a nuevos fracasos y
decepciones
Ponencia presentada en Catedra Carlos Marx.
Mesa de debate 1. Democracia, elecciones y socialismo en América.
Encuentro 2012, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuernavaca,
Morelos, 19 de octubre de 2102.
Desde la lógica de quienes siendo marxistas, hemos estado acompañando
a los pueblos originarios por los caminos de las autonomías basadas en
los principios de la comunalidad, la democracia participativa y el
principio de mandar obedeciendo, los procesos electorales que tienen
lugar en países cuyos grupos gobernantes y oligárquicos asumen una
posición de acatamiento subalterno al modelo de mundialización
capitalista neoliberal, representan mecanismos heterónomos a través de
los cuales las clases dominantes, los aparatos coercitivos e ideológicos
del Estado y los poderes facticos imponen a los candidatos que
garantizan la reproducción de sus sistemas de explotación y dominación.
Esta acción impositiva se lleva a cabo aún a costa de la transgresión de
sus propios marcos jurídicos constitucionales y recurriendo a la
dictadura mediática y la defraudación estructural, tradicional y
electrónica para lograr violentar la voluntad popular.
La enseñanza reiterada que dejan los frustrados procesos electorales
mexicanos presidenciales es que mientras no exista una correlación de
fuerzas políticas y sociales, movimientos y procesos autónomos que desde
abajo impongan nuevas reglas del juego, resulta desgastante y
contraproducente para estos movimientos continuar participando en el
ámbito electoral. No se ha destacado de manera suficiente que las
experiencias latinoamericanas recientes en que las izquierdas han ganado
la presidencia de sus respectivos países, Venezuela, Bolivia, Ecuador,
por ejemplo, se han dado en contextos de franca ruptura del sistema
tradicional de partidos, ya sea por la irrupción de masivos movimientos
indígenas, ciudadanos o de variada naturaleza cívico-militar.
¿Por qué entonces en México, a los repetidos y monumentales fraudes
electorales, siguen las mismas rutinas de esperar otros seis años más
para lograr, ahora sí, el cambio verdadero, confiando en que la
naturaleza autoritaria, corrupta, impositiva y tramposa del sistema
imperante cambie y reconozca el triunfo de una izquierda moderna y bien
portadita? No es posible continuar delegando nuestra representación y
las esperanzas de cambio en el protagonismo de una izquierda
institucionalizada, divorciada de las luchas anti sistémicas y de las
que tienen lugar en contra de la guerra social, por la integridad y
preservación de los territorios y sus recursos, contra el saqueo y la
depredación capitalista.
Tampoco
se trata de renunciar a ninguna forma de lucha social, incluyendo el
ámbito electoral y parlamentario, ni a la forma partido como instrumento
organizativo al servicio de la transformación social, siempre y cuando
elecciones y partido tengan a los trabajadores y a los pueblos su
propósito y razón de ser. El reciente triunfo del comandante Hugo Chávez
para un nuevo periodo de su presidencia en la Republica Bolivariana de
Venezuela, muestra una experiencia de participación electoral con
abiertas posiciones socialistas que es refrendado por un 55% del
electorado, con un 80% de participación ciudadana en el proceso.
En el otro polo equidistante, Enrique Peña Nieto ha sido impuesto
como nuevo titular del ejecutivo federal para dar continuidad a las
políticas neoliberales, profundizar las “reformas estructurales”, como
la grotesca reforma laboral que acaban de aprobar, seguir la
privatización de PEMEX, los turbios negocios al amparo del poder
público, incluyendo el narcotráfico, y asegurar la impunidad para los
crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Felipe
Calderón. El fraude estructural del sistema político mexicano conllevó
el escandaloso sobregiro en los topes económicos de campaña, la coacción
de la ciudadanía por sindicatos oficialistas, patrones y sicarios, la
compra de sufragios con dinero en efectivo, despensas, cemento o
tarjetas de prepago, las encuestas que no miden sino norman intenciones
de voto, la dictadura mediática que construye y destruye candidatos y
que, de paso, se embolsa exorbitantes sumas de dinero; además de las
autoridades y tribunales electorales omisos a sus obligaciones y
cómplices de esas prácticas de corrupción extendida y masiva. Todo ello,
más los denunciados actos de defraudación directa en las casillas, con
las múltiples “técnicas” que han ganado fama universal, hicieron
realidad el regreso del Partido Revolucionario Institucional a la
presidencia de la República, a contracorriente de una sociedad civil
indignada y un movimiento de jóvenes que pese a su fecunda toma de
conciencia no pudieron revertir el golpe orquestado por el grupo
oligárquico el 1 de julio del 2012.
Por su parte, las izquierdas electorales mexicanas, pese a las
traumáticas experiencias del 1988 y 2006, y sin que mediara una
autocritica sobre su actuación pasada, no se organizaron ni organizaron a
la sociedad para revertir el fraude que venía preparándose meses antes
de las elecciones; entrampadas en la institucionalidad de la que forman
parte, asumieron nuevamente –sin fundamento alguno-- actitudes
triunfalistas, mientras sus intelectuales perdieron el sentido de la
crítica hacia su candidato, sus posiciones equivocas en temas
fundamentales y el contenido ambivalente y gris de una campaña salvada
por la irrupción juvenil que vino a darle una impronta inesperada; sus
organismos partidistas se alejaron de movimientos sociales importantes,
como el de los pueblos indígenas, o el que se pronuncia en contra de la
guerra social encubierta en la “lucha contra el narcotráfico”, o el que
denuncia la abierta injerencia de Estados Unidos en nuestro país; así,
firmando “pactos de civilidad” a sabiendas de que los operativos
fraudulentos estaban en marcha, resultaron amorosamente indulgentes con
grupos empresariales, clericales y con priistas recientemente conversos,
entre ellos, quien en 1988 operó la “caída del sistema” y otro,
subsecretario de gobernación, actual gobernador de Tabasco, dentro del
“progresismo”.
Esta sería la tercera ocasión, en los últimos años, en que el pueblo
mexicano experimenta la derrota en sus esfuerzos por una transición
realmente democrática, de modo que habría que preguntarse por la
viabilidad de procedimientos electorales impuestos por el capitalismo
neoliberal y acatados dócilmente por partidos que en cada una de estas
frustraciones estratégicas no pierden del todo, como pierde la
democracia de manera ignominiosa, sino que, por el contrario, ganan.
Ganan gobiernos estatales, municipales, delegacionales, curules en el
Congreso de la Unión y en congresos locales y reciben cuantiosas
prerrogativas económicas para sostener sus aparatos burocráticos. Estos
organismos partidistas, más que interesados en luchar en contra de la
aceitada imposición de Peña Nieto, se apresuraron a reconocerlo, antes
de que cantara el gallo, como presidente “electo”.
Algunos pueden preguntarse si una eventual incorporación al voto por
la izquierda institucional por parte de aquellos que han cuestionado en
estas condiciones la vía electoral en nuestro país hubiese sido
decisoria en los resultados a modo que nuevamente impuso el sistema.
Quizás, un programa de izquierda de otra índole pudiese haber sumado más
votos, pero su monto final nada tiene nada que ver con la magnitud del
tercer mega fraude ni con el aparato estructural que lo hizo posible.
Quienes hemos mantenido una posición crítica frente al régimen de
partidos de Estado, fuimos cautos en expresarnos en contra de la opción
de millones de ciudadanos que confiaron nuevamente en el posibilismo de
los procesos electorales bajo un sistema esencialmente negatorio del
ejercicio efectivo de la democracia representativa.
De ahí el hartazgo que se expresa en los jóvenes de #YoSoy132 y en
quienes por décadas han tratado de cambiar el rumbo del país, desde muy
diversas posiciones políticas e ideológicas, y algunos de ellos, a
partir de todas las formas de lucha, incluyendo la armada. Es alentador
que la continuidad con las luchas sociales del pueblo mexicano se
exprese explícitamente desde el movimiento juvenil que irrumpió en mayo.
La memoria se constituye en acervo que servirá para paliar los ataques
que ya están recibiendo desde el poder.
Asimismo, desde la lógica del marxismo libertario representado en una
gran pensadora y revolucionaria, como Rosa Luxemburgo, la acción
autónoma de las masas es la clave para entender la lucha por la
trasformación radical de la sociedad capitalista. Por ello, en un debate
sobre la democracia, elecciones y socialismo en América Latina cobra
una gran importancia sus planteamientos sobre la transformación
socialista no como un “día decisivo”, sino como un proceso que puede
comenzar aquí y ahora, por el cambio en la correlación de fuerzas, en
las estructuras de poder y de propiedad, en la innovación institucional,
que lleve a una ruptura, en el caso mexicano, del régimen de partidos
de Estado como el que se ha impuesto por tercera ocasión a los afanes
del pueblo mexicano por transitar por la vía electoral hacía una
supuesta transición democrática.
El socialismo –señalaba Luxemburgo-- no puede ser realizado por
decretos ni es un cambio de gobierno llevada a cabo por una minoría,
sino una trasformación radical de la antigua sociedad, en todos los
planos, por la acción autónoma de los trabajadores. Advirtió y critico
los procesos de burocratización de la socialdemocracia partidaria y los
sindicatos. En este sentido, Rosa Luxemburgo se opone a la idea del
socialismo como estatización de los medios de producción sin control de
los trabajadores, camino para una inevitable burocratización. Con la
revolución alemana en marcha, la democracia socialista pasa a significar
concretamente, para Rosa Luxemburgo, un gobierno consejista, muy
similar, guardando las diferencias en tiempo y condiciones, al que se
establece en la Comuna de Paris, en 1871, o en las actuales Juntas de
Buen Gobierno zapatista. Los consejos, organismos de base electos por
los obreros y soldados, de acuerdo al programa de la Liga Espartaco,
serían la nueva forma de poder estatal para sustituir los órganos
heredados de la dominación burguesa; democracia socialista significaba
en aquel contexto el autogobierno de los productores. Isabel Maria
Loureiro, en su libro Rosa Luxemburgo: los dilemas de la acción
revolucionaria[1], identifica una idea rectora de su pensamiento que es
de gran utilidad para el tema que nos ocupa: “Para Rosa Luxemburgo, así
como para los movimientos sociales de nuestra época, es la participación
de los de abajo de la que proviene la esperanza de cambiar el mundo…No
debemos esperar nada de hombres providenciales. Cualquier cambio
radical, en el sentido de un proyecto emancipador, solo puede resultar
de la presión social de abajo a arriba”.[2]
Por
ello, el EZLN en su Sexta Declaración, más vigente que nunca,
estableció con claridad su política de alianzas con organizaciones y
movimientos no electorales que se definan, “en teoría y práctica, como
de izquierda”, de acuerdo a condiciones que evidentemente no reúnen los
partidos de esa izquierda institucionalizada:
“No hacer acuerdos arriba para imponer abajo, sino hacer acuerdos
para ir juntos a escuchar y a organizar la indignación; no levantar
movimientos que sean después negociados a espaldas de quienes los hacen,
sino tomar en cuenta siempre la opinión de quienes participan; no
buscar regalitos, posiciones, ventajas, puestos públicos, del Poder o de
quien aspira a él, sino ir más lejos de los calendarios electorales; no
tratar de resolver desde arriba los problemas de nuestra Nación, sino
construir DESDE ABAJO Y POR ABAJO una alternativa a la destrucción
neoliberal, una alternativa de izquierda para México.”
Esta alternativa debe tomar en cuenta para los próximos años y para
la elaboración de un programa de lucha con las características que el
zapatismo ha buscado durante estos años, sin lograrlo, el análisis de la
cuestión nacional, en la actual fase del desarrollo capitalista, la
cual se configura a partir de tres grandes ámbitos de relaciones
políticas, sociales, económicas, ideológicas y culturales estrechamente
relacionadas. El primero es la forma en que las clases y sus distintos
sectores conforman un sistema de hegemonía nacional, ya sea como grupo
dominante o subalterno en permanente conflicto. En ese marco, es
importante analizar cómo se lleva a cabo la explotación de la gran
mayoría de trabajadores y la obtención de la plusvalía por un grupo
dominante, que en México no pasa de uno por ciento de la población. Aquí
es importante analizar, por ejemplo, los cambios que tendrán lugar con
la reforma laboral en el carácter de la dominación de la fuerza de
trabajo.
También, dado que la guerra social seguirá con Peña Nieto, es
necesario estudiar el papel del Estado en el ejercicio de la violencia
sistémica por la vía directa de sus fuerzas armadas, o de la
disciplinada adopción de estrategias imperiales que militarizan el país y
utilizan sujetos desclasados, como criminales y paramilitares, todo lo
cual ha ocasionado una guerra con cerca de 80 mil muertos, miles de
desaparecidos y desplazados.
Así, no se trata de adoptar una u otra política de seguridad,
combatir la pobreza, o lograr una educación de calidad, y tantas otros
ofertas expuestas en el pasado proceso electoral, sin tomar en cuenta
las realidades de la explotación capitalista en la transnacionalización
neoliberal por la que actualmente atravesamos, en la que la polarización
entre pobres y ricos, hecho inherente al sistema, alcanza niveles
exponenciales, y en la que la violencia estatal-delincuencial se
intensifica y masifica en países como el nuestro, donde sus grupos
dominantes integran gobiernos delincuenciales que declaran una guerra
interna y desmantelan el estado de derecho, colocando a la sociedad en
una deriva de incertidumbre y violencia constantes. Por ello, el
concepto de Estados criminales es de destacarse. El jurista italiano
Liugi Ferrajoli vincula el fracaso de las democracias en todo el mundo
con el triunfo de la ilegalidad, la quiebra del estado de derecho y la
violación sistemática de las Constituciones nacionales, a partir de un
concepto que él denomina criminalidad del poder.
El segundo ámbito de relaciones es la articulación de la nación con
los sistemas mundiales de control económico, político y militar del
bloque imperialista encabezado por Estados Unidos; el grado de dominio
que las grandes corporaciones capitalistas ejercen sobre nuestra patria y
sus recursos estratégicos y naturales; el control sobre su mano de
obra, tanto aquí como del otro lado de la frontera norte. Aquí
corresponde analizar los resultados desastrosos en México del Tratado de
Libre Comercio (TLC), en todas las esferas de la economía, en la crisis
del campo, en el fin de la autosuficiencia alimentaria, en el
desmantelamiento de las pequeñas y medianas industrias, así como en la
creciente pérdida de soberanía en otros rubros estratégicos, como los
acuerdos militares y de seguridad, como ASPAN y la Iniciativa Mérida,
que ni siquiera pasaron por el Congreso para su revisión y aprobación; o
en la injerencia cada vez mayor de organismos de inteligencia
estadunidenses en las fuerzas armadas y aparatos de seguridad mexicanos,
con la espléndida justificación de la guerra contra el
narco-terrorismo. Así, demandar tratos equitativos y relaciones de mutuo
respeto, como lo hizo el candidato de la izquierda institucional, o
aprovechar los 3 mil kilómetros de frontera común, sin tomar en cuenta
la dependencia estructural subordinada de México a Estados Unidos,
resulta, por lo menos, una quimera.
El tercer ámbito remite a la composición étnica y a las relaciones de
género al interior de la nación, manifiesto en la presencia histórica y
permanente de diversos pueblos indígenas, en la subsistencia del
racismo, el sexismo y la discriminación de variados alcances, también
intrínsecos al capitalismo; en la sobrevivencia de estructuras
preferentes de explotación y dominación al interior de las clases, que
González Casanova ha denominado colonialismo interno, que hace posible
que los más excluidos y oprimidos sigan siendo, en pleno siglo XXI, los
pueblos originarios, quienes, no obstante, resisten creativamente las
políticas del capitalismo con base en autonomías de facto, en las que se
ejercen formas renovadas de democracia directa que la clase política
desprecia olímpicamente, observando a la alteridad sólo desde la óptica
del paternalismo y los sujetos víctimas.
Estos diagnósticos de los grandes problemas nacionales que enfrentan
millones de mexicanos, como la guerra y sus secuelas, la pobreza e
incluso la miseria de más de la mitad de la población, en tanto que
productos de la sobrexplotación capitalista, así como la violencia sin
límites que pretende causar terror, la impunidad de los perpetradores de
toda clase de crímenes, incluyendo de lesa humanidad, la injerencia y
el dominio imperialistas, etcétera, que son negados, diluidos,
fragmentados, manipulados, aislados desde la distorsión cognitiva de la
izquierda institucionalizada, deben ser la base de conocimiento mínimo
de cualquier programa de lucha por la transformación revolucionaria de
nuestra patria y el establecimiento de un socialismo democrático y
libertario.
Con estas coordenadas sobre la cuestión nacional, la izquierda
anticapitalista debe encontrar los caminos para su unidad en las
diferencias. No obstante, la unidad se construye en el debate de ideas.
Los millones de personas que apoyaron a AMLO y a la izquierda
institucionalizada deberán darse cuenta que la construcción de un nuevo
partido, en este caso el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
siguiendo los mismos pasos que siguió el Partido de la Revolución
Democrática, esto es, integrar estructuras de dirección desde arriba y
con el propósito de nuevamente participar en elecciones, sin mediar un
cambio substancial en la correlación de fuerzas, reglas del juego y una
profunda autocritica sobre su desempeño en los últimos años, llevará a
nuevos fracasos y decepciones. Algunos analistas ha referido sobre la
ambigüedad en los términos del retiro de este movimiento de la alianza
progresista que apoyo a su candidato en las elecciones de 2012, nueve
largos días después que el Tribunal Electoral otorgara la constancia de
presidente electo a Peña Nieto, el silencio de AMLO sobre el apresurado
reconocimiento al nuevo gobierno de los gobernadores electos,
legisladores y dirigencia partidaria, algunos de ellos en Morena, el
reforzamiento del sistema de partidos de Estado, esto es, la
partidocracia, que implica la creación de uno más.
Por su parte, el movimiento social deberá pasar de la mera denuncia
de las condiciones por cierto de suma gravedad por las que atraviesa el
país, a una etapa de construcción de alternativas organizativas que
otorguen direccionalidad, centralidad y proyección nacional a estos
esfuerzos, respetando la especificidad y autonomía de cada movimiento y
organización. Esto significa, incidir en la vida política nacional por
sobre la dictadura mediática que tratara de invisibilizar, estigmatizar o
criminalizar cualquier movimiento opositor. La convocatoria de un
Congreso Nacional Constituyente, Frente Patriótico, Junta Patriótica, o
alguna otra forma organizativa que agrupe las manifestaciones aisladas
de numerosas organizaciones y que proponga una unidad de acción bajo
consignas en las que todos y todas puedan sentirse representados, por
ejemplo, una variante de la demanda histórica que se exprese en la
consigna: “paz, pan, trabajo y patria”.
La incorporación de los jóvenes agrupados en el movimiento #YoSoy132
en iniciativas estratégicas como ésta, con la inventiva y persistencia
que han imprimido a sus acciones contra la imposición y en contra de la
reforma laboral, será fundamental para la creación de un polo opositor
anticapitalista que realmente transforme nuestra realidad nacional. Aquí
es importante reconocer la incapacidad de la izquierda social para
encontrar formas que trasciendan los estrechos márgenes de un activismo
defensivo y reactivo, sin perspectivas estratégicas, a la saga de las
luchas espontaneas y sin la suficiente fuerza para contener agresiones
directas como la reforma laboral.
El movimiento indígena, además de los enormes esfuerzos que dedica a
fortalecer sus procesos autonómicos y a defenderse de la
contrainsurgencia, el crimen organizado, la invasión de las
corporaciones mineras, turísticas y de otra naturaleza, deberá
reorganizar el Congreso Nacional Indígena y otras formas organizativas
que permitan su participación activa en un programa nacional de lucha de
los explotados mexicanos. La articulación con luchas nacionales debe
lograrse, sino se corre el riesgo de ser aniquilado por las fuerzas
represivas del Estado, la invasión de las corporaciones, que incluyen el
narcotráfico, o el desgaste del propio movimiento que lleve a
contradicciones internas insuperables.
Asimismo, el movimiento nacional anticapitalista deberá dar
importancia fundamental al estudio, la preparación, lo que los
antropólogos hemos llamado “fortalecimiento del sujeto autonómico”, a
partir de talleres, conversatorios, intercambio de saberes, círculos de
estudio, que desgraciadamente fueron abandonados por muchos sectores de
los movimientos populares que, en su activismo, han renunciado a la
necesaria reflexión permanente, al análisis sistemático, a la
elaboración teórica de sus experiencias. Aquí tienen un papel que jugar
ese sector de la academia y el ámbito de la intelectualidad, que no han
sido cooptados por la zanahoria de la excelencia y el premio al
productivismo, que promueven el individualismo, la competencia y el
abandono del compromiso ético y social.
La izquierda actual, después de las experiencias traumáticas de la
burocratización del socialismo real, se define en función de que tanto
es capaz de mantener una posición de congruencia ética y coadyuvar a
construir poder popular en formas de democracia participativa que impida
precisamente la utilización de aparatos políticos para el
encumbramiento y ascenso social de unos pocos. En cada paso que se dé,
es necesario asegurar la amplia participación de las masas en los
procesos políticos y en la toma de decisiones sobre su direccionalidad.
En la medida en que la izquierda lucha por estos elementos
fundamentales, es realmente una izquierda. Si lo que va a desarrollar
son programas sociales y representaciones permanentes en nombre de las
masas populares, entonces, es otra cosa: eso es reformismo en el más
estricto sentido del término.
De ahí la importancia de la consigna zapatista de “para todos todo,
para nosotros nada”, que no implica en circunstancia alguna una especie
renovada de martirologio, sino que establece un distanciamiento de las
formas de hacer política propias de las concepciones vanguardistas. De
aquí la importancia de la crítica temprana de Rosa Luxemburgo al modelo
soviético que se construía y el planteamiento de Raya Dunayevskaya sobre
la suplantación de la clase por el partido y todas sus críticas al
vanguardismo para la posibilidad de una verdadera revolución socialista,
horizontal, participativa y en la que todos y todas tenemos un papel
que jugar.
