Lunes, 26 Noviembre 2012
Un artículo de Nines Maestro.
La sanidad madrileña arde. Tras la
presentación de unos presupuestos para 2.013 en los que la Consejería de
Sanidad ha decidido un recorte de 1.000 millones de euros sobre un
presupuesto de algo más de 7.000 millones y la cascada de noticias sobre
cierres de hospitales, centros de especialidades, de salud mental,
privatizaciones generalizadas y el anuncio de despidos masivos, la
chispa ha prendido.
Huelgas, encierros y manifestaciones se
prodigan en una escalada de tensión que tuvo un momento destacado en la
monumental manifestación del domingo 18 de noviembre y que tendrá un
nuevo hito el lunes 26 cuando se inicia una huelga indefinida de
personal médico y otra del resto de trabajadorxs de la sanidad de dos
días por semana.
Con el pretexto de la crisis el Gobierno
del PP ha decidido privatizar todo lo que pueda ser negocio y dejar lo
público, degradado al máximo, para la atención de los pacientes no
rentables, personas mayores y enfermos crónicos.
El anuncio del cierre de grandes
hospitales (La Princesa y Carlos III) para convertirlos en geriátricos,
privatización de la gestión de Centros de Especialidades para hacerlos
depender del hospital de gestión privada más próxima, cierre de Centros
de Salud y de Salud Mental, privatización completa del personal
sanitario de todos los hospitales de gestión privada, que hasta ahora
dependía de la Comunidad de Madrid y el anuncio de despidos de miles de
trabajadorxs de la sanidad completan un panorama que ha hecho saltar la
chispa que está incendiando la sanidad pública madrileña.
Todos los gobiernos, estatal y
autonómicos, han ido engordando una bomba de relojería que está
estallando ahora en Madrid. Seguramente la Consejería de Sanidad
pensaba que todo estaba controlado al tener suficientemente comprados
y/o debilitados a los grandes sindicatos del sector, a colegios
profesionales y sociedades científicas. Todas estas entidades,
efectivamente, han venido callando mientras se ponían en marcha los 11
hospitales de gestión privada, la transferencia de más de 5.000
sanitarios a los mismos -pagados por la sanidad pública - el cierre de
laboratorios y de miles de camas en los grandes hospitales públicos y el
despido lento pero constante de trabajadorxs de la sanidad.
La lenta acumulación de material altamente inflamable
Desde hace dos décadas se viene
produciendo una lenta acumulación de hechos que venían sirviendo a un
doble objetivo que se retroalimenta mutuamente: deterioro y restricción
de los servicios públicos y privatización de la sanidad.
Desde el Informe Abril Martorell (1991),
que el PSOE significativamente encargó a un banquero franquista, se
definió un programa completo de privatización que los gobiernos estatal y
autonómicos han venido ejecutando como una apisonadora. Se han venido
privatizando servicios de limpieza, cocinas, lavandería, laboratorios,
gestión de historias clínicas, ambulancias, etc, mientras aumentaban
exponencialmente los conciertos con clínicas privadas “para reducir las
listas de espera” y el deterioro constante de la sanidad pública iba
engordando las cuentas de resultados de las aseguradoras privadas.
La exclusión de medicamentos de la
financiación pública – los “medicamentazos” del PSOE y del PP– , la
definición de la “cartera de servicios” que determinaba qué prestaciones
estaban incluidas y las que no, unidos a una descapitalización
progresiva de la sanidad pública, iban preparando el paso decisivo.
La Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión,
votada por el PP,PSOE, CiU, PNV y CC abre la puerta a la entrada masiva
de la empresa privada a la gestión de la sanidad pública. Esa Ley es la
cobertura legal del PP para la privatización masiva que pretende
culminarse en Madrid, en el País Valenciá, y en el resto de CC.AA.. Esa
Ley fue también la que amparó la construcción de hospitales de gestión
privada en Cataluña y Baleares mientras gobernó la “izquierda”.
El papel del PSOE en todo este proceso ha
sido y es decisivo. Sin su apoyo o su silencio, como el de la dirección
de CC.OO., que aplaudió mediante comunicado de prensa la votación de la
citada Ley, o el de organizaciones satélites como la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública –que negaba
sistemáticamente la trascendencia de la misma – ha sido determinante
para que todo el proceso de privatización se llevara a cabo con el
mínimo de respuesta popular. Valga como el ejemplo el hecho de que, tras
el enorme esfuerzo realizado por organizaciones independientes como
CASMADRID y MATUSALÉN para recoger más de 500.000 firmas para la
derogación de la Ley 15/97, el PSOE en el gobierno se viera obligado a
votar en el Congreso la propuesta de IU de votar la toma en
consideración de su reforma. Eso sucedió en el año 2009 y fue un brindis
al sol. Semana tras semana el PSOE fue solicitando ampliación del plazo
de presentación de enmiendas hasta que se disolvió el Parlamento en
2011 por la convocatoria de elecciones generales.
No cabe la menor duda de que los enormes
intereses económicos que pretenden gestionar buena parte de los 70.000
millones de euros del presupuesto anual de la sanidad pública cuentan
con la complicidad, no sólo del PP, sino del PSOE, y de la mano de este
último de otras organizaciones que han recibido sustanciosas
subvenciones de su mano.
En este momento, cuando la gravedad de
los hechos es inocultable y la conciencia popular se ha ido forjando
mediante el infatigable esfuerzo - sostenido durante más de una década –
de pequeñas organizaciones independientes, el gobierno de Madrid ha
cometido el gran error de calculo de pisar el acelerador y mostrar a las
claras sus intenciones de acabar con la sanidad pública y dar a la
gestión privada la mayor parte de la sanidad madrileña.
El detonante
En un panorama en la sanidad madrileña
marcado por la desconfianza de lxs trabajadorxs frente a las grandes
organizaciones sindicales – tanto las que se autodenominan de clase como
la amplia gama de sindicatos corporativos– y por el sentimiento
generalizado de impotencia, un hecho ha contribuido decisivamente a
hacer saltar la chispa de la movilización.
Una asociación de carácter sindical, la
Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM), que en
pocos meses ha conseguido reunir a más de mil médicos, ha saltado a la
palestra convocando una huela indefinida “hasta de se retiren los
Presupuestos de Sanidad” y exigiendo la derogación de la Ley 15/97. AFEM
representa mayoritariamente a lxs médicxs jóvenes, en su inmensa
mayoría con contratos precarios tanto en la sanidad de gestión pública
como en la de gestión privada, y que tiene por lema la defensa de la
dignidad de la profesión, ligada indisolublemente a una sanidad pública,
universal, gratuita y de calidad.
Esta asociación ha entendido claramente dos hechos trascendentales:
-
Que el negocio de la gestión privada pasa
decisivamente por tener a un personal médico – que es quien determina
el gasto - que “colabore” en el ahorro y que eso se asegura con
contratos precarios y salarios que dependan de seleccionar a pacientes
rentables, dar altas precoces y restringir el gasto en medios
diagnósticos y tratamientos.
-
Que su capacidad de presión es muy grande
ahora, que aún tienen el carácter de empleadxs públicxs, y que puede
desaparecer totalmente en cuanto los despidos masivos y la completa
privatización se materialicen.
La huelga indefinida convocada, aún no
iniciada mientras escribo, parece contar con un amplio seguimiento. El
éxito de las asambleas convocadas en un Colegio de Médicos abarrotado
por cientos de profesionales que señalaban directamente a su Colegio, al
sindicato médico y a las sociedades científicas como cómplices, han
llevado a todas estas entidades a elaborar precipitadamente comunicados
de apoyo a la huelga y de denuncia de los proyectos de la Consejería de
Sanidad.
Al tiempo que se producían estos hechos,
las Asambleas de trabajadorxs de hospitales y centros de salud iban
decidiendo encierros y movilizaciones seguidas con fuerza inusitada por
la población. Los grandes sindicatos envueltos en la vorágine de lucha
desatada, han convocado a todo el personal sanitario a cuatro días de
huelga.
El movimiento popular se va organizando,
colaborando decisivamente en encierros y manifestaciones en torno a la
defensa de sus hospitales y centros de salud. La batalla de la
Consejería de Sanidad por mostrar las huelgas y movilizaciones como
actos en defensa de intereses laborales y corporativos – hoy por hoy –
la están perdiendo.
La conciencia popular, expresada en la
consigna “No son recortes, es lucha de clases”, va creciendo ante la
evidencia del enorme saqueo de derechos laborales y servicios públicos,
orquestado por el capital privado y que ahora se centra en el expolio de
la sanidad pública.
La orientación de la movilización
La difícil pero trascendental tarea de
las organizaciones de la izquierda coherente y de todas las personas que
se van incorporando a la lucha cada día y que cada vez encuentra un
terreno más abonado, se centra ahora en:
-
Desmontar el discurso dominante centrado
en que “los recortes son necesarios para salir de la crisis” y mostrar
que lo que está en marcha es un gran saqueo de recursos públicos para
llenar las arcas el capital privado.
-
Oponerse al pago de la deuda y de sus
intereses que estrangula nuestro futuro y que se concretó en la Reforma
Constitucional de hace un año, pactada por el PSOE, PP y las derechas
nacionalistas.
-
Actuar convencidxs de que el único camino
posible es la lucha decidida, sin cuartel y hasta derrotar sus
proyectos de desmantelamiento de los público y la privatización, que es
conjunta de lxs trabajadorxs y de lxs usuarixs de los servicios
públicos.
-
Construir formas organizativas populares
no controladas por aquellas organizaciones colaboracionistas y pactistas
que han permitido que los planes del capital avanzaran desmovilizando y
debilitando la capacidad de respuesta popular.
El camino está abierto. La lucha sigue.
Nines Maestro es militante de Red Roja.
Primero:
Crear una cortina de humo para potenciar la reelección de Benjamin
Nentanyahu como primer ministro de Israel en las próximas elecciones del
mes de enero de 2013.
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