La Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona y
la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Girona, junto con el
Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Barcelona (DESC),
Justicia y Paz, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), el
Observatorio de los Sistemas Penales de la Universidad de Barcelona, el
Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y la Asociación catalana de defensa de
los derechos humanos (ACDDH), han tenido conocimiento a través de los medios de
comunicación de las declaraciones de la Delegada del gobierno español en Madrid,
Cristina Cifuentes, que ha vinculado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH) y su portavoz, Ada Colau, con "grupos filoetarres o proetarras".
Estas declaraciones se producen en un contexto en el que
algunos miembros de esta plataforma ciudadana han sido víctimas de graves
descalificaciones injuriosas, vejaciones, insultos e incluso amenazas de muerte
que desbordan claramente el derecho a la crítica y la libertad de expresión
reconocido en el artículo 20 de la Constitución. Y sobre todo, cuando cómo
ocurre en este caso, son proferidas con amplia publicidad desde ciertos medios
de prensa o desde las redes sociales.
Las entidades mencionadas consideran que estas actuaciones
comportan una vulneración del derecho al honor y a la propia fama de las
personas afectadas reconocido en el artículo en el artículo 18.1 de la
Constitución. Además suponen una manifestación de desprecio y d descrédito
absolutamente contrarias al ordenamiento jurídico español que pretende impedir
que los ciudadanos ejerzan sin coacciones su legítimo derecho de protesta.
Las entidades mencionadas entienden también que utilizar la
cuestión terrorista para descalificar a activistas de derechos humanos y a
afectados por las hipotecas resulta una actitud frívola y absolutamente
peligrosa. En primer lugar, porque banaliza un fenómeno que ha causado mucho
sufrimiento a la sociedad en general y, en particular, a las víctimas directas
que lo han sufrido. En segundo lugar, porque se usa contra personas que han
rechazado claramente los postulados de ETA, dando muestras públicas de su
pacifismo y de su apuesta por la no violencia. Finalmente, porque desconoce la
dramática situación de miles de familias desahuciadas, víctimas de abusos
condenados por tribunales europeos, y que en cambio no han recibido ninguna
respuesta concreta por parte de las instituciones públicas.
Por todo esto, las entidades mencionadas consideran que es necesario parar de
inmediato los ataques indiscriminados dirigidos a la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH) y a su portavoz, Ada Colau. En caso contrario, se estará
aceptando una deriva peligrosa, que en un momento de crisis y de ajustes
severos, comportaría una inadmisible criminalización preventiva de la protesta
ciudadana y la desnaturalización de derechos fundamentales para la existencia de
una sociedad democrática.
Más adhesiones hasta el momento:
UGT Catalanya
UGT PV
CCOO Catalunya
CCOO PV
FAVB (federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona)
Constitucionalistas por la democracia (Asociación de Profesores de Derecho
Constitucional)
CGT PV
Ecologistes en Acció PV
Intersindical Illes Balears
JARIT - Associació Civil
