1. La importancia política de partir de una caracterización
rigurosa de la crisis desde la perspectiva global del proceso de
acumulación capitalista.
La mayor parte de los análisis realizados desde organizaciones de
izquierda, incluidas algunas que se consideran “marxistas”, identifican
como causas de la crisis, por un lado la codicia desmedida y la
corrupción que han generado la especulación inmobiliaria y el estallido
de la burbuja financiera, y por otro las políticas de recortes que han
reducido la capacidad adquisitiva dando inicio al conocido círculo
vicioso, y ahora presente en el Estado español, de contracción de la
demanda y recesión económica.
En consecuencia, se reivindica una inyección importante de inversión
pública, una especie de nuevo Plan Marshall para el sur de Europa, que
serviría para estimular la economía, se generaría empleo, aumentaría la
demanda y volvería el “Estado del Bienestar”. Este análisis
reduccionista, que toma en cuenta sólo la apariencia sin llegar a la
raíz del asunto, es el que se difunde masivamente por los medios de
comunicación como el propio de la “izquierda, los sindicatos y los
movimientos sociales”.
Estas interpretaciones no sólo expresan una falta de rigor fácilmente
demostrable, sino que tienen consecuencias políticas graves para los
intereses de clase de las y los trabajadores porque, siguiendo esta
línea argumental, por ejemplo, la solución sería que el pueblo votara
masivamente opciones de “izquierda” contra los “recortes” de Rajoy y el
tema estaría resuelto.
El problema es de otra índole y las soluciones hay que buscarlas en un camino mucho más complejo que sólo en lo electoral.
2. Crisis general del capitalismo.
El asunto es muy diferente. Estamos ante la mayor crisis estructural
de la historia del capitalismo, cuyas manifestaciones apenas han
comenzado a emerger, porque aún queda mucho en lo que se refiere a la
masiva destrucción de capital que caracteriza a toda gran crisis.
Aunque el factor desencadenante de la crisis, la cadena de quiebras
bancarias en EE.UU y la UE, se manifestó abruptamente en 2007, como
consecuencia del impago de créditos hipotecarios, las causas de fondo
remiten a procesos identificables en la totalidad de la geografía
mundial, de calados diversos y anteriores en el tiempo.
Es una crisis general del capitalismo como modo de producción, que
afecta a todas las formas de existencia del capital en la esfera
internacional, en sus áreas financiera, productiva y comercial, por lo
tanto de dimensiones mundiales, y que sigue profundizándose.
La derivación de grandes masas de capital excedente de sus ramas
originarias al sector inmobiliario y la generación de la correspondiente
burbuja especulativa, no son las causas sino las consecuencias –
necesarias para continuar con la reproducción económica a nivel mundial –
de la
insuficiente rentabilidad del capital como para impulsar su acumulación.
Es la incapacidad del sistema para producir plusvalor suficiente en
la mera esfera productiva -que empieza a ponerse de manifiesto en la
crisis que comienza en los años setenta- la que ha generado una huída
masiva de la inversión hacia el ámbito inmobiliario y puramente
financiero-especulativo. La crisis es esencialmente una crisis de
valorización. Desde hace más de cuatro décadas, a nivel mundial y en
forma no uniforme, no se crea suficiente plusvalor en el sector
productivo en relación con el stock de capital que se debe valorizar; un
capital que, además, no sólo busca valorizarse, sino hacerlo a tasas
(en proporciones) crecientes con respecto al ejercicio anterior.
La enorme burbuja especulativa es la que ha permitido la continuación
de la reproducción económica a nivel mundial. Por supuesto que hay que
señalar desde ya que, como la riqueza tiene que tener una base real, esa
reproducción económica ha estado implicando, en gran medida, un
desplazamiento forzado de la crisis desde el centro del sistema a su
periferia mediante, precisamente, la dictadura de los empréstitos
internacionales y el mecanismo de la deuda ejercidos por organizaciones
imperialistas que han supuesto el saqueo “gratuito” durante décadas del
llamado Tercer Mundo.
En todo caso, hay que destacar que esta es la primera crisis del
capitalismo que se produce sin que el dinero o los activos financieros
se vinculen a ninguna medida establecida del valor, como el oro. Su
papel lo ocupa el dólar, que carece de valor en sí mismo, excepto que lo
respalda el inmenso poderío militar del imperialismo norteamericano y
sus socios; estos, mayormente obligados por razones extraeconómicas,
como ocurrió durante la Guerra Fría.
Este hecho trascendental, junto a la desregulación general del
movimiento de capitales y la eliminación de los controles sobre la
concesión de créditos, ha facilitado la creación de cantidades inmensas
de capital ficticio
[1], creando la enorme burbuja de sobreproducción de capital cuyo estallido origina el colapso financiero que se inicia en 2007.
La respuesta del capital a la crisis iniciada en los años 70, y en plena expansión, son las llamadas políticas neoliberales destinadas
a intentar recomponer las condiciones de acumulación; unas políticas
que, finalmente, no podían dejar de afectar de lleno al propio “Primer
Mundo”.
Sus características fundamentales son:
- el enorme despliegue mundial del capital financiero
- extensión a nivel mundial
(“globalización”
) de la ley del valor
- expolio del sector público con privatizaciones masivas, primero de empresas y después de servicios públicos.
- liquidación de derechos laborales, caídas salariales y precarización de las condiciones de trabajo.
- desfiscalización progresiva de las rentas del capital e incremento de los impuestos indirectos.
- drástica reducción del gasto público en servicios sociales mediante la imposición de políticas de déficit cero.
- concentración de capital mediante la desposesión de la propiedad de particulares (desahucios).
Estas políticas han producido importantes fases de expansión basadas
en un crecimiento sin precedentes de capital ficticio y, como ya hemos
apuntado, en la exportación de la crisis desde los años 80 desde las
grandes potencias a la periferia en una especie de “crisis boomerang”
[2]que ahora estaría regresando con fuerza amplificada.
Sin embargo, en los países más industrializados, y a pesar del enorme
retroceso de los salarios y de las condiciones de trabajo de la clase
obrera
[3] y
aunque los avances tecnológicos han seguido contribuyendo a aumentar la
productividad, los capitalistas no logran revertir la tendencia del
descenso de la tasa de ganancia y, además, han agravado la crisis
energética.
La destrucción y concentración de capital ha estado marcada por las
privatizaciones masivas, tanto en países centrales como periféricos, de
empresas públicas a precio de saldo, convirtiendo el monopolio estatal
en privado, transformando a esas empresas – que producen recursos,
bienes y servicios considerados como esenciales o estratégicos- en
fuente directa de beneficios privados, y por tanto, convirtiendo al
usuario en clientela cautiva.
Estas privatizaciones han sido, igualmente, un importante instrumento
para liquidar empleo de calidad y precarizar las relaciones laborales
de forma generalizada. Así mismo evidencia cómo en medio de la
destrucción de capital aparecen “nichos de negocio”, siempre vinculados a
la parasitación de recursos y servicios públicos, como muestra la
última oleada de privatizaciones centrada en la sanidad y la educación.
Como hemos visto, la creación de dinero sin referencia en valor
alguno que no sea el dólar, la eliminación de los límites a la libre
circulación de capitales y la desregulación financiera, así como la
especulación inmobiliaria que llevan aparejada, hicieron crecer
exponencialmente las cadenas de intermediarios hipotecarios, fondos de
pensiones, empresas aseguradoras y también los gastos militares
haciéndolos aún más exorbitantes.
Todo ello no es, como hemos visto el origen de la crisis, aunque
obviamente contribuyó a amplificarla, sino que permitió poner en
circulación masas de dinero que no encontraban inversión rentable.
Hay que insistir, pues, en que la causa esencial que subyace bajo los
fenómenos financieros y especulativos es la insuficiente creación de
valor en la esfera productiva; en definitiva, la inexorable actuación de
la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que Marx
descubrió.
La superposición de la crisis medioambiental, energética, y la del
capital financiero, productivo y comercial permite calibrar las
gigantescas dimensiones de la actual crisis global, cuya destrucción de
capital – que en casos anteriores de profunda crisis se realizó mediante
guerras mundiales – aún no ha llegado a su momento álgido.
En este sentido, la situación de desestabilización internacional es
muy alarmante. El accionar imperial en Iraq, Afganistán, Libia, y otros
no pocos lugares invadidos para su saqueo, viene trazando el camino que
ya atraviesa las tierras de Siria para seguir mañana quién sabe dónde, y
que nadie puede aseverar que no sea una conflagración mundial de
resultados imprevisibles dado el arsenal atómico listo para ser
utilizado (ver el último Comunicado de Red Roja sobre Siria)
[4]
3. El imperialismo alemán, el TSCG y los políticos lacayos.
La profundización en la recesión en el Estado español y en el
conjunto de los PIIGS, se acompaña de la implementación de mecanismos
legales que dinamitan los cimientos y los límites del aparato jurídico
asociados a la democracia burguesa
El Estado español está inmerso en su segunda recesión desde el inicio
oficial de la crisis, con ocho trimestres seguidos de decrecimiento.
Los últimos datos ofrecidos por el INE en agosto de 2013 son los
siguientes:
El imperialismo europeo, que cada vez hegemoniza en mayor medida la
banca y las grandes empresas alemanas (Alemania es el segundo país
exportador del mundo, por detrás de China y por delante de EE.UU.)
representadas por el estado germano, está utilizando la crisis para
reforzar su poder, utilizando a fondo su control sobre la UE y el BCE
para imponer brutales políticas de ajuste.
La crisis inmobiliaria y financiera está siendo aprovechada para
llevar a cabo una acelerada concentración de capital en el plano
estrictamente bancario. En el Estado español los grandes bancos absorben
a los pequeños – acabando prácticamente con las Cajas de Ahorro - al
tiempo que la gran banca alemana penetra cada vez en mayor medida a los
grandes bancos “nacionales”.
3.1. La deuda como tenaza.
Al mismo tiempo, la financiación con dinero público de los agujeros
bancarios, en proporciones gigantescas (el Estado español ha transferido
a la banca más de 200.000 millones de euros, el 20% del PIB), ha
transformado en deuda pública la deuda bancario-hipotecaria. Esa deuda
pública es la tenaza que utiliza el gran capital –a través de la UE y el
BCE– para imponer brutales mecanismos de ajuste estructural a los
países más débiles del euro, exactamente igual que hizo el FMI con los
países “subdesarrollados”, tal como se ha indicado antes.
En el marco de una intensa caída de los ingresos del Estado causada
por la recesión y con un sistema fiscal que desgrava escandalosamente
las rentas del capital (además de permitir el fraude en gran escala de
las grandes fortunas y las grandes empresas, así como la masiva evasión
de capitales), lo que se paga como deuda - capital más intereses -
alcanza proporciones gigantescas (en 2013 se pagarán 190.000 millones de
euros, el 19% de toda la riqueza producida). Los acreedores son los
mismos bancos que han recibido enormes cantidades de dinero público y
que se financian a través del BCE al 0,5% de interés y compran deuda del
Estado al 5, 6 y hasta 7%.
3.2. El nuevo artículo 135, el TSCG y la Ley 2/2012
Bajo amenaza de quiebra, fácilmente creíble cuando quien sube la
prima de riesgo es el mismo gran capital que pretende imponer a los
Estados sus políticas, el gobierno PSOE y su aliado el PP realizaron la
Reforma Constitucional del artículo 135 el 30 de agosto de 2011, que da
prioridad absoluta al pago de la deuda y de sus intereses sobre
cualquier otra partida de gasto.
Estaba entonces gestándose el Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria (TSCG) que vería la luz el 2
de marzo de 2012. El TSCG obliga a “las partes contratantes” - los
estados miembros cuya moneda es el euro – a introducir la “regla del
equilibrio presupuestario”, que incluye medidas correctoras “automáticas
y permanentes” en caso de incumplimiento y grandes multas al Estado
miembro que incumpliere algunos de sus preceptos.
El Tratado establece también “la obligación de la Partes Contratantes
de trasponer la regla del equilibrio presupuestario a sus ordenamientos
jurídicos nacionales, mediante disposiciones vinculantes, permanentes y
preferentemente de rango constitucional”
Para dar una idea de su infame servilismo, basta observar que el
tándem PSOE y el PP ejecutó lo dispuesto en el Tratado seis meses antes
de que se aprobara y mediante la reforma constitucional que este
simplemente recomienda.
El TSCG es votado en el Congreso por: PP, PSOE, PNV, CiU, CC y UPyD.
La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, que supuestamente obedece al mandato del nuevo artículo 135
de la Constitución y que en realidad desarrolla punto por punto el
TSCG, se remite por el Gobierno al Congreso al día siguiente de la
aprobación de dicho Tratado.
La Ley 2/2012 supone el mayor sojuzgamiento imaginable ante el menor
atisbo de soberanía de los gobiernos del Estado, de las CC.AA y de los
Ayuntamientos, y su aplicación se hace extensiva también a la Seguridad
Social.
En un contexto de profunda crisis y por lo tanto, como decíamos, de
intensa caída de ingresos de las Administraciones Públicas (AA.PP.), esa
Ley establece en su Artº 1 la obligatoriedad de que el déficit
estructural (que equivale a los gastos sociales) sea cero, o que haya
superávit, y que la deuda no supere el 60% del PIB.
Todo ello a perpetuidad.
Teniendo en cuenta que en 2012 el déficit estructural fue del 5,9%,
600.000 millones de euros, reducirlo a cero en 2020, o en 2018 como
pretende el Gobierno, supone dar un hachazo demoledor y permanente al
empleo y a los servicios públicos de sanidad, educación, servicios
sociales y pensiones.
La Ley cierra además cualquier escapatoria, estableciendo férreos
mecanismos “preventivos”, “correctivos” y “coercitivos” para obligar a
su cumplimiento. En el caso de rebeldía del gobierno autonómico o local
correspondiente –o sea, si persiste en el empeño de anteponer la
satisfacción de las necesidades de la ciudadanía al déficit y la deuda-
“se considerará su gestión gravemente dañosa para los intereses
generales y podrá procederse a la disolución de los órganos de la
Corporación Local incumplidora”. Artº 26.3. En el caso de que fuese un
gobierno autonómico “el Gobierno del Estado podrá dar instrucciones a
todas las
autoridades de la Comunidad Autónoma ”. Art 261. Es decir, supone la
intervención total, equivalente a la disolución de sus órganos
Las fuentes de derecho a las que se refiere esta Ley son exclusivamente el Artº 135 de la Constitución y el TSCG.
Esta Ley fue votada por PP, CiU, UpyD, Foro y UPN. El PSOE no la
votó, no porque no defendiera lo esencial, que deriva del Artº 135 y del
TSCG, que apoyó con su voto, sino porque defendía que el déficit
estructural debía ser el 0,4% del PIB y no cero.
Aunque esta Ley será objeto de un Informe específico de Red Roja, es
evidente que ya podemos afirmar que las tres normas (Artº 135, TSCG y
Ley 2/2012) constituyen un golpe de estado contra toda la normativa
anterior, incluido el Artº 1º de la Constitución que establece el Estado
Social y Democrático de Derecho.
Es la recentralización sin ambajes del Estado, el final de la soberanía.
Cuando Lenin decía que empiezan a darse condiciones
revolucionarias cuando los de arriba no pueden seguir gobernando como lo
hacían y que esas situaciones aparecen con fuerza en las grandes crisis económicas del capitalismo, sabía lo que decía.
Es evidente que esta tríada normativa dinamita los límites y los
fundamentos que se consideran propios de la democracia burguesa. La
pérdida de rentabilidad del capital y la lucha feroz por los beneficios
dirigida contra el sector público y contra las rentas de la clase obrera
llevan a la burguesía a arrancarse la máscara de la supuesta
democracia.
Más allá de la denuncia del no reconocimiento del Derecho de
Autodeterminación, es evidente que, no ya los pueblos de las
acionalidades, sino ni siquiera quienes ostentan la representación
popular, mediante un sistema electoral más que amañado, tienen capacidad
alguna de decidir el gasto del dinero público que proviene,
prácticamente en exclusiva de los impuesto que pagamos las y los
trabajadores.
Cualquier rastro de legitimidad democrática que pudiera quedarle a la
Constitución de 1978 queda destruido. No obstante, todo queda atado y
bien atado: la suma de los diputados que se opusieron a la Reforma es
inferior a 50, número mínimo exigido para presentar Recurso de
Inconstitucionalidad.
Y lo que es más grave, ni los sindicatos mayoritarios, ni los
partidos de la izquierda institucional que votaron en contra han
desarrollado campaña alguna destinada a explicar la enorme trascendencia
de esta tríada normativa, a una población inquieta y movilizada, pero
aún, sin una dirección claramente identificada en la defensa de los
intereses históricos de las y los trabajadores: el socialismo.
La desvergüenza y la hipocresía de seguir denunciando “los recortes
del PP” sin apuntar al PSOE y demás partidos cómplices sirven a la
principal función que hace décadas cumplen: evitar que los pueblos se
enfrenten al imperialismo europeo, al sistema capitalista y a los
partidos que los sostienen. Su lema “todos contra el PP” pretende abonar
la vuelta, no ya del “Estado del Bienestar” – que saben mejor que nadie
que es imposible - sino el regreso de un hipotético gobierno “amigo”
PSOE-IU, más generoso en subvenciones.
Criminales y cómplices pretenden ocultar un hecho cada vez
más evidente. El capital, ante una gigantesca destrucción y
concentración de empresas, que no ha hecho más que empezar y que está
generando un monumental ejército de reserva de desempleados y
desempleadas, ha decidido prescindir de los gastos de reproducción de
una fuerza de trabajo, que a medida que sucumba, puede ser fácilmente
sustituida.
4. Y cuando los de abajo no aceptan ser dominados como antes.
La contradicción fundamental es la propiedad privada de los medios de
producción y la proletarización masiva del trabajo y se manifiesta con
más agudeza que nunca por la incapacidad del capitalismo para dar
solución a las condiciones mínimas de supervivencia para millones de
trabajadores y trabajadoras. La contradicción principal ahora a tener en
cuenta es la brutal conculcación de derechos sociales y laborales para
pagar la deuda, que, por lo demás, acrecienta, agrava y enquista una más
que deficiente situación socio-laboral que ya venía siendo soportada
por importantes sectores de la población trabajadora desde antes del
estallido oficial de la crisis.
La intensa degradación de las condiciones de vida de millones de
personas empieza a reflejarse, de forma insólitamente rápida, en los
indicadores de salud. La esperanza de vida al nacimiento se redujo en
2011 y 2012 tanto para hombres como para mujeres, por primera vez en la
serie histórica.
El número de nacimientos acumula una caída desde 2008 del 12,4%, situación que no se producía desde la Guerra Civil.
La Tasa de Suicidios se incrementó un 8% entre 2005 y 2010. Los
intentos de suicidio han aumentado en un 25% (200 por día). La relación
con el impacto del brusco deterioro de las condiciones de vida es
evidente. En Grecia la Tasa de Suicidios aumentó en un 40% en 2011 y ha
pasado de ser el país con menor suicidio de la UE a colocarse el primero
de la lista.
La mortalidad por clase social, imposible de analizar en el Estado
español por carecer de datos, se muestra indirectamente en un estudio
que refleja las enormes desigualdades sociales en la mortalidad
prematura, es decir, perfectamente evitable, tanto para hombres como
para mujeres. Las enfermedades cardiovasculares, infartos cerebrales,
diabetes e hipertensión se ceban especialmente con las regiones del sur.
Así mismo refleja el aumento de mortalidad por varios tipos de cáncer
en los pueblos con minas de carbón. Este estudio analiza datos entre
1984 y 2004. Estremece pensar lo que está sucediendo ahora.
El Defensor del Pueblo de Cataluña ha denunciado que cerca de 50.000
niños catalanes tienen "severas" privaciones alimentarias fruto de la
pobreza de sus familias y 751 menores de 16 años sufren desnutrición,
con una media de edad de cuatro años y el 25% de ellos bebés. El 56% son
niños de nacionalidad extranjera. De otras Comunidades Autónomas no hay
datos.
El hecho evidente, reflejado de forma permanente a lo largo de la
historia, de que la clase obrera paga – no solamente con bajos salarios y
peores condiciones de vida – sino con su salud y con su vida toda la
constelación de factores económicos, políticos, sociales y culturales
que explotan y oprimen a quienes día a día crean con su trabajo todas
las cosas, debe convertirse en un instrumento más de conciencia y de
lucha.
La tarea esencial es hacer visible para la mayoría de la
clase obrera y sectores populares, que el problema principal no es
Rajoy, que con unas elecciones se resolvería, sino que el enfrentamiento
debe, inevitablemente, apuntar a Berlín y a Bruselas. No hay
alternativa dentro de la UE y del euro, ni va a venir de fuerzas
políticas institucionales que no cuestionan ese marco.
Asistimos ahora a una crisis anunciada de las formas de movilización
social. Red Roja lo ha venido señalando. Pese al valor enorme en
términos de movilización social de fenómenos como el del 15M, las Mareas
o, antes, el movimiento anti-globalización. Esos movimientos han
expresado
de manera general el descontento masivo de un
pueblo desorganizado. Sus límites son evidentes. No hay un programa
político capaz de construir un poder alternativo, y no son capaces de
avanzar en la imprescindible organización desde la base. Las
movilizaciones tienen que ser expresión de la acumulación de fuerzas o
se desmoronan.
5. El reformismo y la construcción del referente político.
Las expectativas de subida electoral de IU y la posibilidad,
acariciada por sus dirigentes, de un gobierno en coalición con el PSOE,
plantea la necesidad de poner sobre el tapete las contradicciones de
dicho proyecto. Ante esa probabilidad, IU ha puesto en marcha la
construcción de una coalición con organizaciones sociales y políticas de
un frente electoral. No tienen aún programa definido pero hablan de
“crear una banca pública” (¿sin expropiación de la banca privada?, ¿con
nuestros ahorros?), de hacer una auditoría para no pagar la “deuda
ilegítima”; no hablan no ya de la UE o del euro, sino tampoco del TSCG,
ni de la Ley 2/2012.
Uno de sus problemas más graves es su ignorancia del problema
nacional de los pueblos del Estado español. Ello les hace caer, en una
situación en la que el Estado se desmorona ante la extensión de la
reivindicación de soberanía e independencia, en el españolismo más
ramplón. El Frente Cívico no sólo no menciona siquiera el Derecho de
Autodeterminación en su propuesta de diez puntos, sino que habla de una
reforma electoral que instaure la proporcionalidad en todo el Estado,
con las autonomías como circunscripción y un colegio nacional de restos.
El problema de fondo es que, aunque hicieran un programa de ruptura
con el régimen de la Transición o de no pago de la deuda, ¿qué
credibilidad tendrían si su expectativa de gobierno es una coalición con
el PSOE, representante directo del gran capital español y del
imperialismo europeo?
Las importantes expectativas de voto de IU expresan lo que en otros
periodos históricos, de profunda crisis general como el que vivimos, se
ha producido. Las masas populares, que están tomando conciencia de que
no pueden seguir viviendo en las condiciones actuales, antes de
enfrentarse a la necesidad imperiosa de organizarse en torno a un
programa político que sirva de línea de demarcación frente al
capitalismo español y al imperialismo europeo, optan por la ilusión de
reformarlo.
La tarea fundamental de la izquierda coherente es explicar a la clase
obrera y a los pueblos del Estado español que no hay salida alguna con
organizaciones políticas que no planteen la necesidad de prepararse para
enfrentar lo que es la línea de demarcación insoslayable para cualquier
proyecto emancipatorio creíble:
el no pago de la deuda, la salida del euro y de la UE.
Y lo que es más importante, que para ello es preciso construir el poder
popular, independiente de los grandes poderes políticos y sindicales,
que como el PSOE o los sindicatos mayoritarios, son los principales
baluartes de las clases dominantes para impedir que la clase obrera y
los pueblos se organicen para conseguir sacudirse el poder que los
sojuzga y explota.
Estamos ante un
cambio de ciclo en la lucha social.
Cada vez más gente percibe que las formas de movilización experimentadas
hasta ahora no son efectivas y que hay que buscar, a partir de la
permanente movilización, otras nuevas.
La tarea inmediata es la organización del movimiento popular en torno
a programas políticos en línea con los que van expresándose en
iniciativas como la UPK en Madrid
[5],
las CUPs en Cataluña y en otras partes del Estado español con
militantes proponiendo desde la base en el accionar diario. Junto a esto
urge la creación de comités de barrio y de comités obreros, que
aglutinen de forma unitaria a las y los más conscientes, para enfrentar
los problemas locales y las cuestiones de supervivencia de forma
solidaria, incluyendo de forma prioritaria las y los más golpeados y
especialmente a las y los inmigrantes.
El trabajo es arduo, pero el desarrollo de las contradicciones de esa
izquierda timorata, que nunca va a resolver los problemas fundamentales
del pueblo trabajador, junto a la tarea constante de ir construyendo
organizaciones obreras y populares con la gente más consciente, que cada
vez serán más, y a través de la construcción de nuevas formas de lucha,
más poderosas a medida que las contradicciones se agudicen, es el único
camino.
Nuestro objetivo no es aislarnos con los revolucionarios más puros,
sino demostrar en la práctica de la movilización obrera y popular
-poniéndonos a la cabeza de las tareas más concretas y siendo los
primeros y las primeras en la lucha en el seno del movimiento popular-
el compromiso y la superioridad de nuestras propuestas; en definitiva,
su mayor utilidad para los intereses reales del pueblo, Es un combate en
el que las propuestas que defendemos deben disputar – cuerpo a cuerpo y
día a día – con el reformismo la hegemonía en el movimiento popular, y
conseguir que las posiciones revolucionarias aparezcan como las más
sensatas y adecuadas.
6 de septiembre de 2013
[1]
“Más del 95% de las transacciones financieras
internacionales son estrictamente especulativas y con un plazo promedio
de 48 hs. El monto de estas operaciones alcanza a 20 veces el PIB
mundial. Su dimensión es de 1.200 billones de dólares”. http://www.argenpress.info/2013/06/importancia-de-la-reaccion-de-rusia-y.html
[3] Relacionados, entre otras cosas, con la importante presión a la
baja derivada de la incorporación de la clase obrera de los países del
Este, de China y de la India, calculada en torno a 1.500 millones de
personas, al mercado de trabajo mundial.
Purificación González de la Blanca.
