Son varias las causas que han producido
el enorme aumento en el precio de los alimentos a escala mundial, entre
las que podemos destacar tenemos la crisis ambiental y energética que
tiene como su principal generador la crisis del sistema capitalista en
todo el planeta.
En el año 2008, el capitalismo entró en
una de sus más profundas crisis de toda su historia, cuando el sistema
crediticio mundial de declaró en quiebra. Desde entonces según la
compañía de análisis financiero Bloomberg, el trigo aumentó 130%; la
soya el 87%; el arroz el 74% y el maíz el 31% entre otros productos de
consumo mundial . Los países que importan gran parte de su comida, ante
esta realidad, empezaron compulsivamente a comprar de diversas maneras
millones de hectáreas de tierra en todo el mundo, para asegurar el
consumo interno de su población. Países que importan hasta el 60% de su
comida como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, que son países
desérticos, otros que no son países agrícolas como Japón y Corea
también se sumaron a esta ola de compras frenéticas.
Seúl, por ejemplo, controla, a través
de grandes trasnacionales como la Daewoo o Hyundai, 2.300.000 de
hectáreas en países como Brasil, Tanzania, filipinas y Rusia. China, con
una población cercana a los 1,400 millones de habitantes, el 20% de la
población mundial, pero con menos del 10% de sus tierras con capacidad
para producir, también se ha sumado al club de los nuevos terratenientes
planetarios. Por eso en estos últimos años Beijing ha firmado contratos
con más de 30 países, uno de ellos es la República Democrática del
Congo, donde empresas chinas han conseguido concesiones para instalar la
plantación de palma que cubrirá, en los próximos años, más de un millón
de hectáreas.
Otro de los aspectos que influyen en el
encarecimiento de los alimentos es, sin duda, la inestabilidad de los
precios del petróleo, producto de su escasez generalizada. Las
trasnacionales petroleras, esclavas de las leyes de la economía, no
pueden, por voluntad propia, darle vía a otras alternativas energéticas
porque eso significaría su propio fin. Frente a eso y para prolongar la
agonía de la economía basada en el consumo de petróleo, han ideado una
forma de disminuir el consumo mundial de petróleo: la producción de agro
combustibles. Esto es, combustibles obtenidos de productos agrícolas,
fundamentalmente etanol y biodiesel que, mezclados con la gasolina,
disminuiría notablemente su consumo mundial.
Aparentemente ésta sería una solución
razonable, desde el punto de vista de la sustitución a corto plazo de la
tecnología basada en el consumo de petróleo (casi todas las máquinas en
el mundo funcionan con base en la combustión, muy pocas, en términos
mundiales, con energía eléctrica) pero resulta un verdadero despropósito
desde el punto de vista de los costes de producción. Por ejemplo, la
producción de un galón de biodiesel o etanol, es mucho más elevado que
la producción de un galón de gasolina del petróleo, pero ahí no acaba el
problema, la producción de etanol, obtenido principalmente de la caña
de azúcar y otros como palma africana o la soya, significa desviar el
consumo de estos productos que ya no irían a satisfacer la demanda de
azúcar, aceites u otras necesidades para el consumo humano, sino la
demanda mundial de combustibles para consumo de las máquinas,
principalmente automóviles.
Tenemos entonces que la escasez de
alimentos y sus alzas continuas, tiene causas puy precisas dentro del
capitalismo: escasez de petróleo, problemas ambientales, incremento de
la población mundial, dependencia del consumo directo de las leyes
financieras que regulan la producción y la distribución, y el uso de la
tierra con otros fines no agrícolas como la extracción de minerales,
etc.
Esta situación comentada está generando
unas consecuencias en el corto y el largo plazo: la importancia
estratégica de la tenencia de la tierra. En efecto, Warren Buffett, un
multimillonario estadounidense invirtió 400 millones de dólares en la
producción de soya y azúcar en Brasil, la familia Benetton posee en
argentina más de 900.000 hectáreas, el gurú de las finanzas George
Soros, completó inversiones por más de 600 millones de dólares en
Argentina y Brasil; el príncipe Al-Waleed de la familia real de Arabia
saudita adquirió más de 5,5 millones de hectáreas en indonesia y Sudán,
el gobierno chino tiene inversiones representadas en 6,5 millones de
hectáreas en Argentina, Brasil, México, Congo, Camerún, Laos y
Filipinas. Etc.
Todo esto está trayendo consecuencias
desastrosas para la economía de los países “beneficiados” con estas
inversiones. Razones: el acaparamiento de tierras ya está teniendo un
tremendo impacto. El desplazamiento de comunidades locales, la
destrucción de las economías regionales, la pérdida de la producción de
alimentos para el consumo local, la pérdida de la biodiversidad, los
impactos de los monocultivos y los agrotóxicos usados en la producción
agroindustrial son efectos que ya son parte de la realidad.
Ahora bien,, el acaparamiento de tierras
sólo es posible cuando son expulsados los campesinos de sus tierras de
forma legal o ilegal. En el primer caso, tenemos el ejemplo de lo que
sucede en Mozambique, allí los inversionistas consiguieron contratos de
alquiler de 99 años con exenciones de impuestos por 25 años, al
miserable precio de un dólar por hectárea. En Etiopía 70.000 campesinos
abandonaron sus tierras después de que el gobierno las vendió a
inversionistas extranjeros; lo mismo pasó en Uganda luego de que su
gobierno vendió tierras a inversionistas madereros, fueron desplazados
por lo menos 20.000 campesinos.
En Colombia, con la llamada restitución
de tierras, el gobierno aspira a entregar a los campesinos una pequeña
parte de las tierras usurpadas por los paramilitares a lo largo de los
últimos 22 años, pero no para beneficiar a los campesinos ni para
promover políticas que resuelvan el grave problema de seguridad y
soberanía alimentaria que agobia a nuestro pueblo, sino para favorecer a
los inversionistas extranjeros, ávidos de tierras para sus mega
proyectos agroindustriales de biocombustibles y para la explotación
minero energética.
En el reciente discurso de instalación
de la mesa de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla de las
FARC-EP, nuestro comandante Iván Márquez denunció que la ley de
restitución de tierras es una trampa con la que pretenden engañar a los
campesinos, además de la existencia de unos “nuevos llaneros” que están
comprando tierras compulsivamente en el oriente del país. El gobierno
colombiano encabezado por el presidente Santos salió de inmediato a
desmentir estas afirmaciones argumentando que "Ellos están nerviosos con
esa Ley de Tierras porque es algo que es justo y le devuelve a los
verdaderos dueños de las tierras su capacidad de tener un ingreso
digno". Mientras que el jefe de la delegación del gobierno Humberto de
la calle dijo furioso que no van a tolerar este tipo de afirmaciones.
Sin embargo la realidad es otra como lo
demuestra el antropólogo colombiano Darío Fajardo “El Plan de desarrollo
vigente [el de Juan Manuel Santos] ha puesto en marcha iniciativas
previstas en el documento guía del Banco Mundial: en un foro sobre el
acaparamiento de tierras realizado a comienzos de 2011 el parlamentario
Wilson Arias informó sobre la presencia de cinco grupos nacionales (Luis
Carlos Sarmiento Angulo, Valorem/Familia Santodomingo, Sindicato
Antioqueño/Familia Liévano, Familia Eder, Francisco Santos, con
proyectos sobre 220 mil hectáreas) y siete extranjeros (Cargill/Holding
Black River, de Estados Unidos, Mónica y Amaggi, de Brasil, GPC de
Chile, El Tejar, de Argentina, Poligrow, de España), todos ellos con
inversiones sobre 130 mil hectáreas, además de intereses de China e
India sobre 900 mil hectáreas” ubicadas en los llanos orientales.
Una mirada superficial a la oferta
gubernamental de titulación masiva para superar la informalidad de la
propiedad, no generaría oposición alguna, pero cuando auscultamos en las
verdaderas causas nos damos cuenta de que “cumplidas las titulaciones
masivas, los desterrados que pretendan regresar no cuentan con
protección efectiva para sus vidas, ni con apoyo económico ni técnico
para reconstruir y ampliar sus comunidades y sus economías. Como
consecuencia, tendrán como única opción enajenar sus tierras, ahora de
manera “legal”, dando cumplimiento a un requisito sin duda exigido por
las empresas multinacionales, interesadas en hacer inversiones sin
riesgos jurídicos.” Completando así una suerte de legalización del
despojo tal y como lo asegura nuestro secretariado en el documento de
instalación de los diálogos.
Esta tendencia viene implantándose en
Colombia sobre el marco histórico y jurídico de la gran propiedad
terrateniente, apoyada en formas violentas de usurpación de la tierra y
estimulada por inversiones de procedencia legal e ilegal. Con el apoyo
del Estado y con la utilización del paramilitarismo, estos intereses
continúan ampliando la concentración de la tierra, generando
desplazamiento masivo de comunidades, facilitando la destrucción de las
bases agrícolas del abastecimiento alimentario del país e iniciando la
incorporación de Colombia en la tendencia hacia la extranjerización de
sus tierras a favor de empresas multinacionales.
Por estas razones el secretariado
nacional propone discutir el tema de la ley de tierras dentro del
concepto del territorio, ¿Por qué? Porque este concepto es mucho más
amplio, y permite abordar desde una óptica más cercana a la realidad el
problema estructural de la tenencia de la tierra, no solo para
beneficiar al campesino de forma tal que resuelva sus necesidades
inmediatas de subsistencia, sino que también resuelva el problema de
nuestra soberanía, que pase por una nueva concepción de país que se
enrumbe hacia el progreso y el desarrollo económico.
http://www.resistencia-colombia.org/index.php/pccc/2538-el-alza-de-los-alimentos-la-hambruna-mundial-y-la-ley-de-tierras-de-juan-manuel-santos
