Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o
método, un grave dolor físico o psicológico, con intención de castigarla
u obtener algo de ella (información, una confesión, obediencia,
sumisión…), entonces, la cárcel y el sistema penal cuyo centro ocupa,
así como el régimen de dominación y explotación capitalista a cuyo
servicio está […]
Si torturar es infligir a una
persona, con cualquier utensilio o método, un grave dolor físico o
psicológico, con intención de castigarla u obtener algo de ella
(información, una confesión, obediencia, sumisión…), entonces, la cárcel
y el sistema penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación
y explotación capitalista a cuyo servicio está evidentemente la acción
punitiva del Estado, se pueden definir como máquinas de tortura. Sin
embargo, por razones que iremos explicando en el desarrollo de este
texto, nos referiremos en primer lugar a la tortura y a los tratos
crueles, inhumanos o degradantes más evidentes, es decir, el empleo de
la violencia física directa, usados rutinariamente por los agentes de la
administración del Estado para alcanzar los fines de la misma, y
enseguida, a los que son consecuencia inmediata de su funcionamiento
“normal”.
Las primeras en constatar que los malos
tratos y las torturas constituyen un instrumento empleado sistemática y
cotidianamente por los carceleros para hacer funcionar la máquina
penitenciaria son las propias personas presas. Especialmente, algunas
que ya se han significado a menudo por su actitud rebelde frente a la
institución y por una lucha permanente y desesperada contra ella en
defensa de su dignidad. Para los servidores de la dominación, su actitud
insumisa es razón suficiente para deslegitimar sus denuncias; para
nosotros, sucede precisamente lo contrario. En los relatos sobre sus
experiencias de lucha y sobre la represión consiguiente, constatan
también la ineficacia de los mecanismos institucionales de prevención
contra la tortura y la necesidad de otros. Desde luego que no confían en
los “Jueces de Vigilancia Penitenciaria” ni en el resto de tribunales y
juzgados, ni en la “Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias”, ni en el “Defensor del Pueblo” y denuncian incluso su
complicidad en la creación de las condiciones de su indefensión frente a
la tortura.
Entidades nada sospechosas de
radicalismo antisistema como el “Relator especial”, el Comité contra la
tortura, o el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Human Rights
Watch, Amnistía Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
otras organizaciones más o menos gubernamentales han denunciado también
la existencia de la tortura en el territorio del Estado español y la
impunidad creciente con que se practica, así como ciertas situaciones
institucionales que la favorecen, como el régimen de incomunicación de
detenidos o de aislamiento de presos.
A pesar de la adhesión formal del Estado
español a todos las convenciones, protocolos y pactos internacionales
de prevención de la tortura habidos y por haber, hay muchos signos de
que no existe voluntad política de erradicar esa siniestra y repugnante
práctica. Los gobernantes, legisladores y administradores españoles
participan fervorosamente en el ritual de la impunidad: han instaurado
la cadena perpetua de hecho; han apuntalado legalmente el régimen FIES;
mantienen y piensan mantener la detención incomunicada; defienden a los
torturadores cuando son denunciados, los indultan cuando llega a
condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en varias
ocasiones.
También ha quedado demostrado el
corporativismo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en
defensa de su arbitrariedad represiva y la indulgencia que, lo mismo que
los políticos, les prodigan los tribunales y la mayor parte de los
medios de comunicación, por la que se hacen descaradamente cómplices de
sus abusos. Aunque no existe nada parecido a una opinión pública
independiente, a juzgar por su pasividad, se puede pensar fácilmente que
la mayor parte de la población acepta sin el menor escrúpulo el
adoctrinamiento de los “creadores de opinión”.
Por otra parte, los mecanismos
recientemente creados en cumplimiento de los acuerdos internacionales de
prevención de la tortura suscritos por el Estado español se amalgaman
con los que ya no funcionaban. Designando como “Mecanismo Nacional de
Prevención” (de la tortura) al “Defensor del pueblo”, que no ha
mencionado la palabra tortura más que una sola vez desde su creación y
la ha borrado incluso de las siglas de su nuevo título europeo, y que en
su primer informe en ejercicio de sus nuevas funciones no menciona
tampoco ni un solo caso de la misma. O nombrando vocal español del
Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa a un juez
la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón, acostumbrado, en el
ejercicio de sus funciones en ese tribunal de excepción, a montar sus
sensacionales sumarios sobre atestados policiales consistentes en
informaciones logradas dentro del régimen de incomunicación mil veces
denunciado como propiciador de la tortura, y en declaraciones de los
imputados conseguidas igualmente, sin preocuparse lo más mínimo por las
denuncias de haber sido torturados interpuestas las más de las veces por
ellos. Eso convierte en la práctica esas instituciones en nuevos “ritos
de impunidad”, mecanismos de ocultación y lavado de cara que garantizan
la impunidad efectiva de los torturadores en lugar de impedirla.
Existe una Coordinadora para la
Prevención y Denuncia de la Tortura, compuesta de una cierta cantidad de
grupos, con sede en diferentes puntos del territorio del Estado español
que, aunque bastante heterogéneos, tienen en común su preocupación por
el control, visibilización, denuncia y prevención de la tortura desde la
“sociedad civil”. Desde hace años, aparte de las actividades propias de
cada grupo, además de elaborar y difundir de forma sostenida un
discurso crítico muy coherente sobre el tema, vienen formando una base
de datos sobre la tortura cuyos contenidos van dando a conocer por medio
de informes anuales. Esos informes indican una cantidad importante de
casos denunciados (más de 7000 desde 2001), señalando asimismo el hecho
evidente de que la tortura está generalizada en todo el territorio del
estado español, en todos los lugares de encierro especialmente, y que
han sido objeto de numerosas denuncias todas las policías, carceleros y
agentes de seguridad del Estado. Informan también del imponente número
de muertes bajo custodia que se producen constantemente (853 desde
2001), poniendo en evidencia la destructividad de las instituciones
punitivas y especialmente de la cárcel.
Una gran cantidad de casos de violencia
institucional, conocidos a pesar la limitación de la implantación
territorial y acceso a la información de los colaboradores de la
coordinadora y de una serie de mecanismos o filtros que llevan a que en
la mayor parte de las ocasiones no se denuncien las agresiones sufridas:
el hecho de que las torturas se producen en lugares ocultos, sin más
testigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente,
se encubren entre sí; el temor fundado a represalias ya que el
denunciante queda a merced de los denunciados; las contradenuncias
típicas por “atentado”, “resistencia”, “desobediencia” o “lesiones en
los dedos de las manos de los funcionarios”, que pueden traer incluso
una nueva condena para el denunciante; la superficialidad y cobardía de
los exámenes médicos, mal hechos o que llegan tarde; la presunción de
veracidad que el sistema judicial otorga a “la autoridad en el ejercicio
de sus funciones”; la falta de “tutela judicial efectiva” y la
inoperancia de la fiscalía, con el frecuente archivo de las denuncias y
negligencia en las diligencias de investigación; la obstrucción
administrativa a su realización; la descalificación y criminalización de
quienes intentan apoyar a los denunciantes… Todo lo cual hace pensar
que esos casos conocidos sólo constituyen la punta del iceberg de los
que verdaderamente se producen.
Es esta triste situación la que, al
hacer de la que nos ocupa una cuestión de supervivencia para las
personas presas, nos obliga a poner el acento en esos aspectos más
evidentes del empleo de la violencia como instrumento de dominación por
parte del Estado. Mirando para otro lado, nosotros también nos
convertiríamos en cómplices. Aunque no pretendamos discutir con la
opresión sobre los detalles de su propio ejercicio, no podemos callarnos
ante esta situación en la que las torturas y tratos crueles, inhumanos y
degradantes en su aspecto más brutal y descarnado son de uso cotidiano
en manos de los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, la cárcel es tortura en sí
misma, violencia abrumadora sobre el cuerpo de la persona presa, sobre
sus sentidos, sus ritmos vitales, su percepción y sus sentimientos;
amenaza tremenda que impone a su mente un miedo insuperable; factor
conspicuo de alteración de conductas, de sumisión aparentemente
voluntaria, que imprime sobre la personalidad de sus víctimas un estigma
imborrable. Su impacto sobre las relaciones personales y sociales del
preso y sobre las personas cercanas a él es también enormemente
destructivo. La cárcel impone una relación de dependencia del preso con
la administración carcelera, una “relación de sujeción especial” donde
la administración de su derecho a la vida, o sea, de su muerte en vida,
ha sido transferida al Estado y predomina absolutamente sobre su
libertad. Esa “sujeción especial” crea las condiciones para la tortura
de la misma manera que el régimen de incomunicación de los detenidos o
el de aislamiento de los presos.
Las infrahumanas condiciones de ese
régimen de aislamiento; el desarraigo social y familiar; las grandes
condenas; el hacinamiento; el abandono higiénico-sanitario; la
indefensión jurídica; la sobreexplotación laboral; los abusos de todo
tipo, incluso sexuales. Pero también las condiciones del encarcelamiento
voluntario, que exigen la sumisión absoluta a un supuesto poder
terapeútico de la institución penitenciaria; el calvario
“voluntariamente asumido” hacia la reinserción en una sociedad injusta,
opresiva y explotadora, reinserción en la miseria… Todas esas prácticas y
algunas otras, habituales y hasta institucionalizadas en las prisiones
españolas, permiten también aplicar al “tratamiento” que impera en ellas
los calificativos de cruel, inhumano y degradante.
La cárcel, el sistema penal y todas las
instituciones que alimentan el poder punitivo del Estado no son para
nosotros más que componentes de una maquinaria social cuyo fin es
mantener a los pobres sumisos y en situación de dejarse explotar, por lo
que en todos y cada uno de sus aspectos nos parecen equiparables a la
tortura. Por lo demás, un sistema social que recurre desde siempre a la
tortura hace pensar que la misma le es consustancial ¿Se puede separar
la tortura de la dominación de unos seres humanos sobre otros? No se
puede concebir este sistema sin tortura. Para acabar con la tortura hay
que acabar con el sistema. No creemos en una “sociedad civil”
independiente del Capital y del Estado capaz de imponerles el respeto a
unos valores humanos de los que por definición son enemigos.
Así pues, no se trata de discutir con la
dominación sobre las características del régimen que utiliza para
imponerse, se trata de defendernos y de defender a nuestra gente. En la
situación actual de atomización social, con la idiotización consecuente,
que hace que los oprimidos ni siquiera sean capaces de señalar y
nombrar lo que les oprime, el primer paso sería la unión, el diálogo, la
coordinación de esfuerzos, el intento de crear las condiciones para la
conciencia y para la acción comunes, de salir de la impotencia y de la
miseria en que nos encontramos. El Estado no ha reconocido jamás ningún
derecho si no se le ha obligado a hacerlo. No se trata de ser ciudadanos
sino de continuar siendo humanos. Si aún no hemos podido recuperar el
poder que perdiera la clase obrera de antaño al dejarse integrar
política, social y culturalmente en el Capital y en el Estado, o sea, en
la sociedad-cárcel, cultivemos al menos la fuerza que dan el apoyo
mutuo, la conciencia lúcida, la crítica intransigente, el diálogo
igualitario, la dignidad humana compartida y sostenida día a día en la
lucha contra la injusticia y la opresión.
La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos
sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos
solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a
quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento,
traslados, intervención de comunicaciones, violación y censura de
correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidación, coacciones…)
comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo
colectivamente la propuesta inicial. Aún así, el propósito de los
participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo
posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la
atención que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría
sin salir de esa “relación de sujeción especial” entre torturador y
torturado.
Pero no se trata sólo de las cárceles de
la “Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, las mismas
torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes se dan en las
cárceles para niños, incluso en los centros de “protección”, en las de
inmigrantes, en los psiquiátricos, en las comisarías, en las calles… la
violencia, la prepotencia y el cinismo de las “fuerzas del orden” son
moneda corriente. No se trata de asistir compasivamente a los presos,
sino de defender unidos la dignidad de todos. Tampoco se trata de
apuntalar los mecanismos institucionales de prevención de la tortura, se
trata de fijar la atención tanto sobre los unos como sobre la otra, lo
mismo que sobre la situación real de impunidad de los torturadores e
indefensión de los torturados, con la intención de hacerlas imposibles.
Es una actitud defensiva, no estamos hoy por hoy en situación de obligar
a la dominación a hacer una cosa u otra, pero al menos podemos conocer
su verdadera naturaleza, denunciarla a los cuatro vientos y resistir
frente a ella en defensa de nuestra dignidad. Y todo se andará.
Para ello, nos proponemos conseguir que
se hable del asunto por medio de movilizaciones y estrategias
comunicativas abriendo un debate y una investigación colectiva con
procedimientos verdaderamente críticos y el propósito de conocer y dar a
conocer lo que pasa realmente, cómo y por qué, conocimiento que es
indispensable para intervenir efectivamente. Plantearnos objetivos que
se puedan alcanzar dotándonos de las herramientas útiles y necesarias
para ello, iniciando un proceso práctico basado en la relación directa e
igual entre los implicados, en la reflexión permanente y viva sobre
medios y fines, y en un planteamiento de autodefensa solidaria de los
oprimidos contra lo que nos oprime. Coordinar esfuerzos en esa
perspectiva a través de la comunicación directa y de acuerdos
explícitos.
Esto es, por tanto, un llamamiento a la
unión y coordinación de todos los esfuerzos encaminados a la
erradicación de la tortura ¡No podemos consentirla!
www.carceligualtortura.org
contacto@carceligualtortura.org
http://revistanada.com/2015/03/14/manifiesto-para-una-lucha-contra-las-torturas-y-malos-tratos-en-las-carceles-del-estado-espanol/
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