Para periodistas y defensores de derechos humanos
estar dentro del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación
(Segob) no garantiza que puedan realizar su trabajo: ni el peligro se
va, ni la tranquilidad para trabajar llega. La anterior, es la sensación
de defensores de derechos humanos y periodistas acogidos por el
programa, muchos de los cuales han recibido nuevas agresiones aun
estando bajo “protección” del gobierno federal.
El tiempo pasa. Las amenazas siguen cayendo, los balazos también.
Periodistas y defensores de derechos humanos en México siguen fuera de
casa, lejos de su entorno y familia, pero amarrados a una sombra: la del
peligro por ejercer su labor.
El actual gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto prometió
proteger a informadores y defensores de los derechos humanos. Cumplidos
los primeros 17 meses del sexenio, diversas organizaciones no
gubernamentales subrayan que nueve de cada 10 agresiones provienen de
las propias autoridades.
“La investigación y el castigo de homicidios de periodistas será una
prioridad”, prometió el entonces candidato. “En una Presidencia
democrática no cabe ni la violencia contra periodistas ni la censura”,
agregó. Palabras similares pronunció respecto a los defensores de
derechos humanos.
Para cumplir con su palabra –o firma, de acuerdo con la estrategia de
campaña–, el político priísta ofreció fortalecer el Mecanismo de
Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Como antes,
como ahora, el tiempo transcurrió entre las agresiones y las amenazas
cumplidas contra quienes debían ser protegidos por el Estado.
La impunidad siguió su curso campante: por lo menos 11 periodistas
han sido asesinados desde el inicio del sexenio; el más reciente ocurrió
el pasado 29 de julio, cuando Nolberto Herrera, reportero de Canal 9 de
Zacatecas, fue apuñalado. El número de defensores de derechos humanos
caídos es más difícil de determinar.
“El Mecanismo de Protección establecido en la Ley [para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas] generalmente
no se había implementado [sic] de manera eficaz, y en algunos casos las
medidas de protección han sido tardías, insuficientes o incompletas. El
mecanismo depende de una dotación de personal muy reducida y sin
suficiente capacitación, y padece demoras en el acceso a fondos, falta
de coordinación con las instituciones de los estados, poca difusión
entre quienes se encuentran en riesgo y falta de compromiso político de
altos funcionarios gubernamentales”, calificó en su Informe 2014 la
organización internacional Human Rights Watch.
En abril pasado, durante la visita del secretario general de
Reporteros sin Fronteras, Chistophe Deloire –debido a las amenazas
sufridas por una reportera de la asociación–, Miguel Ángel Osorio Chong,
secretario de Gobernación, reconoció el fracaso del Mecanismo.
“Los plazos de intervención previstos por la ley nunca han sido
respetados, los fondos concernientes no estaban disponibles y los
potenciales beneficiarios terminaron sintiendo una profunda decepción”,
aseguró Deloire en aquella ocasión.
La “profunda decepción” no quedó en un sentimiento amargo. Se tradujo
en consecuencias tan palpables como allanamientos o disparos. El
subalterno de Enrique Peña Nieto prometió corregir el camino y ordenó a
la subsecretaria encargada de los derechos humanos de la Segob, Lía
Limón, dar una muestra de trabajo.
Así las cosas, decenas de personas que habían perdido contacto con el
Mecanismo que los protegía, de repente recibieron una comunicación de
parte de Gobernación con la promesa de que ahora sí sería revisado su
caso.
El viacrucis en Segob
Dentro y fuera del Salón Revolución en la Secretaría de Gobernación
pilas de expedientes son cargadas de un lado a otro. Aunque revueltos,
los presentes se pueden clasificar en dos grupos: por un lado los que
sonríen, toman café o refresco y charlan a gusto; por el otro, los que
caminan, se sientan, esperan, ven el reloj una y otra vez con la cara
marcada por las ojeras y el fastidio de quien acude a realizar un
trámite burocrático que no llevará a ningún lado.
Para demostrar su eficiencia, la Segob programó resolver en 2 días 40
casos de personas amenazadas, acosadas y agredidas que ya debían tener
protección.
“Para que se conozca más o menos la dimensión del rezago, se hablaba
de 80 casos rezagados en diciembre. Pero además de estos 80, teníamos
que sumarle los que han entrado en estos 6 meses, que deben ser otros
50”, dice a Contralínea Alan Mayo Flota, defensor de defensores de
derechos humanos acogidos por el Mecanismo oficial.
“Hay casos [en los] que [quienes] pidieron entrar al Mecanismo no han
recibido la atención porque no se les ha hecho siquiera un análisis de
riesgo y, por lo tanto, no se les ha dictado ningún tipo de medida y
están totalmente en la indefensión.”
Durante los primeros 15 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, el
gasto público fue contenido por un dique que afectó diversas ramas del
ejercicio estatal. Entre ellas estuvo la protección de lo que el propio
Ejecutivo calificó como “vital” para un gobierno democrático.
“Desde hace como 2 meses está funcionando el fideicomiso”, dice Mayo
Flota. “Uno de los grandes problemas que ha tenido [el Mecanismo] ha
sido el de la operación y la difusión de los recursos”. “El año pasado
estuvieron casi casi parados”, añade Jorge Carrasco, reportero de la
revista Proceso y beneficiario del programa de Gobernación.
Parados los recursos, paradas estuvieron las medidas de protección
fuera cual fuera el nivel de riesgo de los supuestamente cobijados. El
presupuesto para la operación del programa de 2014 es de 134 millones de
pesos.
Números de teléfono públicos, medida de protección en Guerrero
“Hace un par de meses me hablaron por teléfono para decirme que
hablaban del Mecanismo. Que cómo iba mi caso, me preguntaron. Entonces
yo, muy molesta, después de más de un 1 año y pico de no tener noticias
de ellos, les contesté: ‘¡Ustedes díganme, ustedes son los que lo
llevan!’”, cuenta Beatriz Adriana Vázquez, periodista de Guerrero que
tuvo que abandonar el estado desde hace más de 3 años por amenazas de
muerte por parte del equipo de Fernando Alvarado Arroyo, entonces
diputado federal priísta. “Pinche vieja. Ya te vas a morir”, era la
advertencia.
La reportera acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
No recibió protección pero sí un consejo en persona del entonces
procurador Alberto López Rosas: irse del estado. “El día que escuché que
iban a ir por mí los tiradores, por mis medios salí de la ciudad
[Acapulco]”.
Los meses, los años, transcurrieron. Ingresó al Mecanismo de
Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la
Secretaría Gobernación, en 2013. Nada cambió. Ahora que recibió un
citatorio para “regularizar” su caso, las autoridades estimaron que el
riesgo al que está expuesta es sólo “medio”, a pesar de que el diputado
federal se convirtió en delegado de la Procuraduría Federal del
Consumidor y de que las amenazas quedaron impunes. Ahora, si desea
visitar Acapulco, mas no regresar a radicar al puerto, la periodista
tendrá la ventaja de contar con un número de emergencia de la policía…
Por si las intenciones en su contra no se las ha llevado el tiempo.
Agresores, funcionarios y delincuencia organizada
Las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas
van desde bravuconerías por Twitter hasta la desaparición y el
asesinato. “Balazos; amenazas de muerte directas o por mensajero;
detenciones arbitrarias; criminalización –los funcionarios generan
expedientes, averiguaciones previas en contra de quienes los denuncian,
explica–; mensajes de texto a los teléfonos celulares diciendo que van a
cometer una agresión sexual; llamadas; acoso; agentes que se hacen
pasar por personas comunes para investigar detalles sobre la persona;
hackeos; intervención telefónica; allanamientos”, son algunas muestras,
enlista el defensor de derechos humanos Alan Mayo Flota.
“Recuerdo el caso de defensores en el que les mandan mensajes de
texto que dicen que son [de parte] del jefe de plaza de la delincuencia
organizada, cuando ellos creen que son del secretario de gobierno del
estado. [Los funcionarios] mandan ese tipo de mensajes para que queden
registrados por si después llegan a cometer alguna agresión. Para que la
línea de investigación vaya hacia la delincuencia organizada y no hacia
un funcionario público.
“Muchas veces las amenazas vienen de la delincuencia organizada, pero
que está coludida con autoridades. Entonces podemos decir que los
agresores son ambos”, añade.
“Porcentaje” de riesgo
Dentro del Salón Revolución en la Secretaría de Gobernación, los
“beneficiarios” –como les llaman– despliegan el historial de agresiones
que han padecido. ¿Cómo fue, dónde, cuándo, cuántas veces?, inquieren,
personas que acaban de conocer.
Los periodistas y defensores están sentados a una mesa rectangular.
Son escrutados por las miradas de los evaluadores de riesgos que
preguntan y teclean sin parar.
Los “beneficiarios” reviven los sonidos, las sentencias de muerte,
los dolores, la impunidad. El fin es convertir todas las angustias,
huidas, cambios de rutas y hábitos, los golpes y perforaciones de bala
en un número, en un porcentaje de riesgo.
En algunos casos, como el de Jorge Arzave, militar retirado a la
fuerza, el propio afectado debe defender, convencer ante los evaluadores
de riesgo su condición de defensor de derechos humanos. “Me hacen
sentir que soy un criminal por denunciar a las autoridades”, dice a
Contralínea.
La vida de Jorge Arzave corre peligro desde que denunció las
irregularidades cometidas por constructoras propiedad de los hijos de
Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox, y de la familia Funtanet Mange,
desde siempre ligada al priísmo del Estado de México.
En la evaluación de riesgo “se quitaron muchos hechos donde
intervinieron autoridades municipales, estatales, del Infonavit
[Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores], el
Ministerio Público, las comisiones de derechos humanos. ¡Los hechos más
importantes desaparecieron!”, acusa. Incluso la evaluadora en turno,
Aurora Martínez, le reviró que en su comunidad, donde se montaron
endebles viviendas, tan cercanas a los basureros a cielo abierto que el
olor da la sensación de que corroe las paredes, no se violaban los
derechos humanos. Entonces no tenía nada que hacer en el Mecanismo,
argumentaba.
Jorge Arzave se indignó, repitió las amenazas recibidas. Finalmente
no se le excluyó del programa, sólo se le adjudicó un riesgo “bajo u
ordinario” y se le asignaron las medidas de protección para el caso
entre las que están rondines por parte de la policía del mismo Estado de
México y del municipio a los que ha denunciado.
“¿Cómo las autoridades que me amenazan son las que me cuidarán?”, se
pregunta. Sólo 1 día después de recibir la visita por parte de la Segob
una nueva amenaza cayó, y sólo 2 días después de que la Junta de
Gobierno encabezada por Lía Limón aprobara las medidas para su
protección, un carro con los vidrios polarizados estuvo parado afuera de
su casa por 2 horas en la madrugada. Ocho ráfagas escuchó.
“Evaluación”, sin perspectiva de género
Afuera de la Secretaría de Gobernación llueve y relampaguea. Muchos
han venido desde lejos, desde varios estados de la República. Han venido
a la Ciudad de México con el temor de no regresar. En la antesala
algunos comparten historias. El escepticismo es palpable.
“Nos estaban ofreciendo un plan de seguridad, cosa que me parece que
sólo abona a seguir protegiendo la impunidad y a seguir encubriendo a
este individuo que tiene por lo menos 10 años operando de la misma
manera: utilizando a mujeres y jóvenes en extrema situación de
necesidad, y todos los individuos que lo rodean han servido para que
opere impunemente.”
Habla Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, y se refiere a Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre, expresidente del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el Distrito Federal.
“A partir de que salimos a medios [de comunicación] e indicamos que
era necesario tomar acciones contra el líder del PRI en el Distrito
Federal empezó todo”, relata en entrevista.
Cuenta que la organización no sólo es objeto de espionaje. Mensajes
intimidatorios, como una bala en el techo de su oficina, y con
connotaciones sexuales han llegado sin que ninguna autoridad haya hecho
algo: “El último lo recibí antier –1 día después de la sesión en
Gobernación– y dice que si quiero que ’me mojen mis calzones con semen’.
Eso puede implicar una amenaza de violación”.
“Me calificaron con un riesgo muy bajo y ni siquiera tomaron este
tipo de amenazas, ni el hostigamiento. Ni siquiera es una evaluación
donde se haya incluido la perspectiva de género. Además, nos dijeron que
no está identificado el agente agresor, cosa que obviamente no es
cierto por el tema que tratamos”, se queja. “Resulta que la consejera
que estaba ahí sentada les dijo [al resto de los presentes] que ellos no
son ministerio público y que por consiguiente yo tenía la obligación de
acreditar ante ellos al agresor. No sé qué les pasa.
“A mí lo que más me preocupa es cómo hay ciertos casos en los cuales
campea la impunidad, inclusive en el supuesto Mecanismo de Protección a
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Siento que es más de lo
mismo.”
Vulnerables, defensores de migrantes
Existe la creencia general de que los periodistas y defensores de
derechos humanos son atacados por miembros de la delincuencia
organizada. “Pues no. La mayor parte de las agresiones viene por parte
de la autoridad”, dice Alan Mayo Flota, activista de la organización
Propuesta Cívica, que acompaña a 16 personas a la “regularización de sus
casos”.
“Tenemos un caso de un defensor en Tapachula, Chiapas, en el que él
denuncia trata de personas, de personas migrantes, en la que participan
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, y en el
municipio hay colusión con la delincuencia. Su hija tuvo que huir de
país porque tuvo un intento de homicidio.”
También por defender los derechos de los migrantes que pasan por el
Estado de México, Jorge Andrade, Andrea González y todos los miembros de
la organización Ustedes Somos Nosotros han sido acosados, desvalijados,
baleados.
Sus instalaciones han sido allanadas, saqueadas: “Roban toda la
información que teníamos. Roban computadoras, roban chips de cámara,
roban todo lo que tenía que ver con información. Nos enteramos
posteriormente de que la persona que nos había robado es alguien que
opera en diferentes lados de la ruta, de los que amenazaron al padre
[Alejandro] Solalinde”, dice a Contralínea.
“Incluso en una de las ocasiones en las que estábamos haciendo una
extensión de las declaraciones por el robo, nos avisan federales que
quieren entrar al albergue; entran, identificándose como federales”,
cuenta. “Resulta que las personas que se habían identificado como
federales pues no iban con uniforme, iban en camionetas civiles y
armados. Nos iban a levantar”.
Han recibido amenazas de muerte directas: “Tu cabeza ya tiene
precio”, “cuídate porque a nosotros nos protege la Santa Muerte”, han
escuchado de boca de quienes aseguran ser parte de la Mara Salvatrucha.
El 5 de abril dos personas acabaron heridas de bala. “Pedimos apoyo
al Mecanismo, el apoyo federal. La primera ocasión llegó 5 horas
después, en la siguiente llegó 6 horas después de haber pedido el
auxilio… Y siendo parte del Mecanismo”.
“Somos un grupo de académicos que hemos trabajado el fenómeno de la
migración desde hace más de 10 años. Trabajamos en equipo”. No obstante,
el Mecanismo decidió no proteger al colectivo entero, sólo a dos de sus
miembros y bajo el esquema de que corren un riesgo “bajo u ordinario”.
Informar, peligro de muerte
“Es muy bonito poderte echar un clavado en la información difícil,
peligrosa, que va a desenmascarar gente, que va a destapar asuntos de
corrupción”, dice con un dejo de tristeza Paulina Rodríguez Zermeño,
reportera de San Luis Potosí. “Yo tuve que detenerme en mi trabajo. No
vi una salida más que tener que detenerlo por cuestión de seguridad”.
El derecho a informar y ser informado es uno de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en diversos textos internacionales como la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
En México, los periodistas aún son obligados a interrumpir su labor en nombre de su propia vida y la de su familia.
La vida de Paulina Zermeño se trastocó por investigar los negocios de
Miguel Ángel Wong Soto, personaje conocido en la entidad por dos cosas:
su cercanía con el gobierno estatal y haber salido campante de la
cárcel a pesar de ser señalado por diversos delitos que van desde
extorsión hasta la trata de personas. “Abrir la cloaca de la corrupción y
sacar [información] me metió en problemas”.
Las amenazas llegaron aún antes de ser publicado el trabajo.
“Miembros de su organización [de la que obtiene poder y riqueza Wong
Soto] dicen que el gobierno lo protege porque puede estar orquestando
una campaña a quien ahorita todavía es secretario general de gobierno
[Cándido Ochoa Rojas]”, exclama la periodista.
Apenas ingresó al Mecanismo, le entregaron “números de emergencia”
que cualquier persona puede encontrar en internet. “El primero fue de la
PGJ [Procuraduría General de Justicia] del estado”.
“Terminé sin poder dormir. Preocupada de que le pudieran hacer algo a
mis familiares. Pensar que por denunciar una cosa [esté en riesgo]…
Además es un asunto que ni es tomado por la autoridad. Con hechos,
pruebas, se demostró quién es [Miguel Ángel Wong] y es fecha en que este
individuo está caminando como si nada en la calle. Te lastima, porque
te demuestra que no puedes tener libertad de expresión, libertad de
denuncia.”
En el caso de la reportera del Canal 7 de San Luis, la fuente de las
amenazas estuvo siempre plenamente identificada. La impunidad presente
en las demás historias se repite en ésta. La impunidad está presente sea
cual sea el estado de la República. La organización internacional de
defensa de la libertad de expresión Artículo 19 acuñó en un hashtag la
gravedad del riesgo: #ImpunidadMata.
Mecanismo, garantía de impunidad
Uno a uno, los “beneficiarios” se alejan del Salón Revolución. Con
lluvia y sin ella la tarde ha sido gris. Las ojeras y los gestos de
resignación son la firma de su paso por la Segob.
Dentro, los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo de
Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, con Lía Limón
a la cabeza, levantan mecánicamente la mano una y otra vez aprobando
las medidas. Platican entre ellos mientras los evaluadores de riesgo
exponen los casos… La mayoría son considerados, calificados, encerrados
en un número porcentual, como de “riesgo bajo u ordinario”.
Contralínea conversó con varios de los “protegidos” días después de
la sesión. Ninguno había recibido notificación alguna. Ninguno sabía si
las medidas de las cuales se habló en la mesa de escrutinio a la que los
sometieron habían sido aprobadas o no. Algunos, incluso, ya habían
recibido nuevas amenazas y agresiones. Todo a pesar de que su situación
ya había sido “regularizada” por la Secretaría de Gobernación.
Pese a la urgencia de las medidas, desde su creación el 24 de abril
de 2012 y hasta el 2 de agosto de 2013, el Mecanismo no había realizado
compras ni contrataciones. El único gasto corresponde a la partida 11301
del concepto “Pago de sueldos al personal”, por un monto de 3 millones
350 mil 149 pesos. Lo anterior, según la respuesta de la Segob a la
solicitud de información 0000400139613 realizada por un ciudadano por
medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
Una solicitud posterior, con folio 0000400008414, motivó un oficio de
la Segob (UDDH/911/432/2014) fechado el 7 de febrero de este año. En el
documento se da cuenta de que, hasta finales de 2013, el Mecanismo
había recibido 131 solicitudes de protección de periodistas y defensores
de derechos humanos. Agrega que el Mecanismo beneficia a 213 casos: 97
de mujeres, 113 de hombres y 3 de organizaciones, de 25 de las 32
entidades federativas que integran la República Mexicana. Del total, 73
casos corresponden a defensores de derechos humanos y 58 a periodistas.
La mayoría de las solicitudes provinieron del Distrito Federal (31),
el Estado de México (11), Veracruz (10), Chihuahua (9), Oaxaca (9) y
Chiapas (8).
Secuelas físicas y sicológicas
Son las dos de la mañana con 32 minutos. Un tenso sobresalto lo
arranca del sueño en el que estaba. Sudor frío, camiseta empapada. Sólo
la necesidad de asomarse por la ventana lo obliga a vencer el miedo de
salir de su recámara. Por el rabillo de la cortina ve un auto
estacionado, por la oscuridad no se nota de qué color. Salta el corazón,
el aliento se corta… Por la mañana habrá de ver que nada nuevo pasó,
que el auto es el del vecino, que como cada noche estaba en el mismo
lugar.
De vez en cuando el sicótico despertar se da, impidiendo
conciliar el sueño el resto de la noche. En otras ocasiones la
imaginación no es el detonante, lo son los disparos afuera de su casa o
los flashazos desde vehículos desconocidos; los chirridos de llantas o
los gritos de “¡ya te chingaste!”
El periodista o el defensor de derechos humanos que han sido
agredidos o amenazados viven con un fantasma que en cualquier momento se
puede convertir en realidad. En el mejor de los casos la ilusión así se
queda, pero el desasosiego, ese que hace voltear a los lados, no salir a
la calle como antes y que provoca gastritis aumenta con los días.
“Es un tema que no tiene mucha atención, pero la mayoría está muy
afectada sicológicamente”, dice Alan Mayo Flota, activista que acompaña
a diversos defensores de derechos humanos amenazados a su cita con la
Secretaría de Gobernación.
Explica que el estrés postraumático es la consecuencia inmediata y generalizada tras las agresiones o amenazas.
Al no ser tratadas de forma adecuada las secuelas sicológicas,
nuevos padecimientos físicos aparecen. Entonces, quienes huyen de sus
estados no sólo están lejos de su hogar, lo están con hipertensión,
diabetes y los males de siempre, pero agravados. Para algunos la
depresión acaba en alcoholismo.
“Todo esto me dejó secuelas físicas: hoy tengo una enfermedad
autoinmune por los grados de estrés a los que estoy sometida desde hace
tiempo, desde que empezaron las amenazas”, cuenta Beatriz Adriana
Vázquez, quien dejó su casa, su ciudad, su estado. “Te cambia la vida
completamente. Iba a casarme ya. Tenía muchos planes que quedaron todos
truncos”.
“La vida familiar también se truena porque al final si sigues con
tu labor… La familia te dice que no sigas porque pones en riesgo tu
vida y la de todos. Es la disyuntiva: seguir con tu labor, con tu
misión, o dejarla para poder vivir. Pues a veces las agresiones son
contra la familia”, añade Mayo Flota.
Traductor
Todo
comenzó cuando, para imponer la parte más difícil de su programa de
austeridad y cumplir los compromisos con sus acreedores, el gobierno se
centró prioritariamente en las mujeres de limpieza del Ministerio de
Finanzas, Administración tributaria y aduanera. Las colocó en el
mecanismo de “disponibilidad” desde finales de agosto, hecho que les
supuso cobrar ¾ de su salario de 550 euros durante ocho meses antes de
que ser despedidas definitivamente. El gobierno ha seguido exactamente
la misma estrategia que Skouries. El objetivo: atacar primero a los más
débiles y con menos probabilidades de recibir apoyo... es decir, las
mujeres de limpieza, y a continuación la mayor parte de los empleados,
llevando al despido a 25.000 funcionarios públicos... Y esto en un
momento en que los movimientos de resistencia estaban heridos por la
austeridad sin fin, atomizados, cansados, agotados, vulnerables...
