El mes de mayo concluye con el país a las puertas de la bancarrota
del sistema financiero. El colapso del mismo y el consiguiente corralito
penden de un hilo. La crisis de Bankia y su rescate desesperado no es
más que la punta del iceberg. El Gobierno Rajoy resolvió dejar en manos
del Banco Central Europeo (BCE) la reestructuración del sistema
financiero español y esa decisión representa el reconocimiento implícito
de que el Estado deberá recurrir a los fondos de rescate europeos para
“salvar” la banca española, o lo que es lo mismo, para asegurar que
cobren sus grandes acreedores, los bancos alemanes y europeos, y para
impedir que la crisis desatada tras la quiebra-nacionalización de Bankia
acabe en un tsunami incontrolado. (ver La crisis bancaria y la
decadencia del capitalismo español).
Con el sistema de crédito paralizado y las inversiones foráneas
huyendo a mejor cobijo, el Gobierno ha emprendido una operación de
rescate de los bancos que significa la pérdida de poder financiero de la
banca española y de sus empresas ante la banca de los países
imperialistas centrales de Europa, en particular Alemania. Las medidas
de salvamento de los bancos traerán inevitablemente un fuerte aumento de
la Deuda pública y significarán más recortes, más impuestos y más
despidos.
El descredito y la indignación popular aumenta ante cada medida del
Gobierno. Los iniciales 7.000 millones de rescate necesarios para Bankia
se convertían dos días después en 10.000 y suben oficialmente a 24.000
millones días más tarde. Y todo ello sabiendo que mienten sobre el coste
real de la “nacionalización” de Bankia porque el Estado "entre lo que
ha puesto y lo que ha avalado, ya ha comprometido 73 mil millones, y si
le añadimos las garantía de los depósitos (173 mil millones), llegamos a
un valor de 246 mil millones de euros, que equivalen al 24% del PIB
español" (ver artículo citado).
Rescates millonarios a la banca mientras los recortes sociales, solo a
la educación, preanuncian el despido de miles de profesores/as y
acabarán dejando fuera de la Universidad a miles de estudiantes a los
que resultará imposible pagar la desorbitada subida de tasas.
En cinco meses de gobierno, Rajoy bate records. Record de despidos y
desempleo, record de recortes sociales, record de reformas laborales que
nos retrotraen más de 30 años y record de recortes a las libertades
democráticas intentando acallar las protestas a golpe de carga policial,
multas y detenciones.
Pero sus dificultades no se pueden disociar de la tenaz resistencia
de los trabajadores/as, la juventud y los sectores populares. Desde el
primer día de su gobierno contó con la oposición en la calle. Las
huelgas y masivas manifestaciones de la educación, la sanidad pública,
los empleados/as municipales, los trabajadores/as de aeropuertos,
pilotos de Iberia, la huelga general del pasado 29M..., han sido muestra
de ese rechazo social al Gobierno. Las masivas manifestaciones del
pasado día 22, a las que les precedieron las del 12 al 15 de mayo o los
cortes de carreteras y huelgas de los mineros dan fe reiterada del
rechazo social a este gobierno.
Las crisis políticas que acompañan la situación, la crisis en el
poder judicial, el plante de los rectores, el descredito de la monarquía
o el mismo desgaste a pasos agigantados del gobierno central son la
expresión por arriba del creciente descontento social por abajo.
Hay que decir basta a estos gobiernos ladrones, al de Rajoy y a todos
los que desde las "autonomías" hacen de gestores de este plan de guerra
social. Hay que decir basta a este robo a plena luz del día que condena
a la miseria a los trabajadores/as y al pueblo para salvar a los
banqueros, mientras sus gestores, como Rato y compañía, se van con
sueldos millonarios y sin rendir cuenta alguna por su latrocinio.
¡Ni un euro más para los banqueros! Hay que expropiar la banca porque
es la que concentra en sus manos el dominio real de la economía y es
imposible dar un solo paso serio para resolver la crisis mientras la
banca siga en manos de ladrones. Hay que expropiar los bancos y crear un
sistema unificado de inversiones y créditos, bajo control de los
trabajadores y el movimiento popular, que permita acabar con el
desempleo y reorganizar la economía.
¿Y los banqueros? como se grita en las manifestaciones: ¡Tenemos la solución: los banqueros a prisión!
¡Ningún pacto con Rajoy!
Los dirigentes de la "oposición" política (PSOE e IU), están
empeñados en no llevar el rechazo social más allá de una estrategia de
desgaste del Gobierno que les permita en las próximas elecciones
recuperar escaños a unos y la Moncloa a otros.
Una y otra vez, por boca de los dirigentes de UGT y CCOO repiten "No
queremos confrontar con el Gobierno". Saben que el país va camino de ser
la segunda Grecia del Continente y apuran a Rajoy para evitar que el
descontento social se acabe traduciendo, como en el país heleno, en
poner en jaque no solo al gobierno sino al régimen y al sistema
capitalista mismo. Por eso cuanto más descontento social hay y más en
crisis está el gobierno, Rubalcaba, Cayo Lara y la burocracia sindical
de CCOO y UGT salen a proponerle a Rajoy un Gran Pacto Nacional contra
la crisis.
¿En qué consiste su gran pacto nacional? En lo sustancial, en
negociar con la Troika europea suavizar los recortes sociales para
evitar el estallido social. ¿Pagar la deuda de los banqueros? ¡Sí! pero
con mas "ayuda" de Europa, ¿Pagar la inmoral e ilegitima deuda pública?
¡Sí!, pero espaciando los pagos y bajando algo los intereses vía mayor
intervención del BCE. ¿Profundizar las reformas laborales? ¡Sí! al estilo del acuerdo
suscrito entre la CEOE y CCOO-UGT el pasado mes de enero. ¿Aceptar
recortes en la educación? ¡Sí! pero con algunos despidos menos.
Y para mayor muestra, desde los gobiernos de Andalucía y Asturias el
tándem PSOE-IU aplican su "modelo alternativo", consistente en ser
gestores del gobierno central en la aplicación de los recortes sociales,
pasando de la "rebeldía contra los mercados", que pregonaba IU en su
campaña, a cumplir religiosamente con las exigencias de los mismos.
Su propuesta de "gran pacto nacional" no es en esencia más que un
intento de salvar al gobierno de Rajoy e imponer los planes de guerra
social de la Unión europea, el BCE y el FMI "atenuándolos" para evitar
el estallido social frente a una crisis que se profundiza a pasos
agigantados
La verdadera oposición a este gobierno es la que está en la calle.
Para los trabajadores/as, los estudiantes y los sectores populares no
hay otra salida a la crisis que profundizar la confrontación con el
gobierno. No hay otra salida que oponer a ese plan de guerra social, a
sus reformas, recortes sociales y rescates bancarios un verdadero plan
alternativo de rescate de los trabajadores y el pueblo. ¡Que se suspenda
el pago de la deuda pública! a los mismos usureros y especuladores que
nos metieron en esta crisis y que siguen haciendo negocio con los
intereses de la deuda que nos hacen pagar a todos/as.
Que se acabe de una vez por todas con los interminables rescates
bancarios expropiando a la banca, socializando el crédito. Que se
derogue la reforma laboral y se reduzca la jornada sin reducción del
salario para repartir el trabajo y poner así freno a la desocupación.
Las luchas en curso deben poner estos objetivos entre sus demandas
centrales porque ¡si se puede! dar un salida obrera y popular a la
crisis.
El camino de esa salida está en la dirección opuesta a los pactos con
un Gobierno que cuanto antes se hunda mejor para todos los que estamos
pagando la crisis. Se trata de apoyar resueltamente las luchas, en curso
y preparar así las condiciones para una nueva huelga general.
Por un gran encuentro democrático para unificar la oposición al gobierno
Las crecientes luchas de la educación y la sanidad pública, las
numerosas huelgas sectoriales y de empresas, las manifestaciones de
protesta, en especial las masivas del pasado día 22 de estudiantes y del
profesorado, o las acciones de los afectados/as por los desahucios o
por el robo del corralito, muestra que la verdadera oposición a este
gobierno está en la calle. El lamentable papel de la "oposición
política" (PSOE-IU) y de la burocracia sindical de CCOO y UGT, sin más
proyecto que esperar el desgaste del Gobierno para dentro de 3 años
intentar ganarles en las elecciones (mientras desde los gobiernos en los
que están aplican los recortes) condena todo ese movimiento de rechazo
social a la dispersión, perdiendo la enorme fuerza que tendríamos si ese
rechazo social se unificara en sus luchas y en objetivos comunes.
La reciente decisión de la reunión estatal del sindicalismo de clase
alternativo llamando a la "confluencia con todos los movimientos
sociales, asambleas del 15-M, plataformas contra los desahucios,
afectados por el corralito,... intentando encontrar espacios comunes
para definir los mecanismos de unidad de acción y conseguir los
objetivos comunes de lucha", es un paso muy positivo, aunque aún poco
preciso en la propuesta, en ese camino de unificar la respuesta obrera y
popular al Gobierno.
Un gran Encuentro Estatal democrático en el que todos estos sectores,
desde las asambleas del 15M, el sindicalismo de clase alternativo, las
organizaciones de profesores/as en lucha (Red Verde y otras), las
asambleas y coordinadoras estudiantiles, empresas en lucha, la
plataforma contra los desahucios, la asociación de lucha contra el
corralito bancario... confluyéramos para establecer una plataforma de
lucha común (contra los recortes, por la paralización inmediata de los
desahucios, por la liberación de los ahorros incautados, por la
suspensión inmediata del pago de la deuda pública y un auditoria pública
de la misma y la cárcel para los banqueros) y un plan de acción
acordado entre todos/as, sería sin duda un paso muy grande para parar
los pies a este Gobierno de los banqueros.
La tarea es ser capaces desde las asambleas del 15M y desde el
sindicalismo de clase alternativo de ir aunando voluntades y concretando
entre todos/as una iniciativa de estas características.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
¡
¡¡
¡
No
hay nada cerrado. Pero la segunda fase del ajuste económico está ya
sobre la mesa de trabajo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. O
más en concreto, se sitúa en el despacho del director de la Oficina
económica de Moncloa, Álvaro Nadal (en la fotografía), quien ya estudia
papeles para recortar las pensiones e, incluso, alargar la edad de
jubilación hasta más allá de los 67 años aprobados en la última reforma
legislativa.