Rodrigo
Rato ha cometido delito fiscal durante años y el hecho de que ahora
haya sido detenido, y poco después liberado, sirve para que muchos digan
que las instituciones del Estado funcionan. La justicia funciona porque
se está investigando a ilustres presuntos delincuentes como Urdangarín o
encierra en prisión a delincuentes sin presuntos como Granados. La
prueba es que se investiga, se enjuicia y se sentencia. El Estado parece
que escapa sin mácula porque resuelve eficazmente los problemas
causados por individuos egoístas, avariciosos y sin escrúpulos. Una vez
resuelto el problema (identificado, investigado, juzgado y sentenciado),
todo sigue su curso.
En
realidad, los casos protagonizados por sujetos concretos como
Urdangarín, Rato, Bárcenas o tramas como la Púnica o la Gürtel, su
simple y recurrente existencia en diferentes formas, lo que vienen a
decir es que las instituciones del Estado no funcionan. Han permitido [y
permiten] durante años que unos individuos delincan impunemente, ante
la indiferencia de las propias instituciones. Es más, son las propias
instituciones las que han sido deformadas para convertirse en el campo
de juego perfecto para los personajes deshonestos y sin escrúpulos. Lo
cual no implica que dentro de las mismas no haya personas honestas y
escrupulosamente respetuosas ante la ley.
En
una ocasión una paciente acudió a un médico a pedir una baja por
ansiedad. El médico le preguntó en qué empresa trabajaba. Cuando escuchó
la respuesta de la paciente, asintió con la cabeza y le dijo que hay empresas que enferman.
También hay instituciones y partidos políticos que ayudan a delinquir
lo cual, evidentemente, no sustrae al delincuente de ser responsable de
sus actos pero, si la medida correctora se dirige únicamente al
delincuente, las probabilidades de que otros delincuentes se reproduzcan
en ese contexto favorable seguirán siendo muy elevadas.
Tanto el Partido Popular como el PSOE, cada uno de ellos con casi una treintena de casos de corrupción,
insisten en culpar a la persona en cuestión, a aquel que metió la mano
donde no debía, pero la cuestión no está solo en la persona sino en el
contexto en el que se han producido los hechos. Los dirigentes del
Partido Popular que han cobrado sobresueldos son culpables pero también
el sistema de entrega de sobresueldos, institucionalizado en el partido.
A veces la manera de hacer las cosas pasa por hacerlas de manera
ilegal.
Si
subimos un escalón más, nos deberíamos preguntar cuál es el contexto
global en el que estos partidos se desenvuelven y qué implicación tiene
en la comisión de delitos. Cuál es la responsabilidad de las
instituciones que deberían velar por el cumplimiento de la ley y, lejos
de hacerlo, permitieron que las prácticas delictivas se extendieran sin
freno, animadas por una impunidad escandalosa. Los numerosos casos de
corrupción vienen a demostrar que las instituciones no han funcionado y,
por lo tanto, su continuidad en las mismas condiciones solo aventuran
la misma delincuencia que hasta el momento.
Las
instituciones han sido la coartada. Se ha podido delinquir con luz y
taquígrafos sin que los poderes del estado hayan movido un solo dedo
para aplicar justicia. Los delincuentes se han sentado en el trono de
las diputaciones, comunidades, ayuntamientos, senado y parlamentos
durante décadas en esa normalidad democrática que no tenía nada
de normalidad ni de democracia. Y en muchos casos a sabiendas de la
ciudadanía que les ha apoyado en las elecciones.
Rodrigo
Rato deberá asumir su responsabilidad pero si no se plantean cambios en
las instituciones del Estado tendremos Ratos para aburrir. Parece que
no estamos en el momento de poner boca abajo al Estado y que caiga toda
la miseria política y económica que han alimentado al sistema pero, al
menos, que no nos tomen por tontos. Si Rato existe es porque el sistema
capitalista lo ha creado.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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