Publicado en: 15 abril, 2015
Por Primavera Valenciana
En la denuncia a Barberá, presentada ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana, se cita como símbolos franquistas
mantenidos el Monumento a los Caídos en la en la plaza de la Porta de la
Mar; un escudo anticonstitucional en la fachada de un centro Juvenil,
de la Calle Pablo Meléndez; otros en […]
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En la denuncia a Barberá,
presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana, se cita como símbolos franquistas mantenidos el Monumento a
los Caídos en la en la plaza de la Porta de la Mar; un escudo
anticonstitucional en la fachada de un centro Juvenil, de la Calle Pablo
Meléndez; otros en el CEIP Padre Mansón y el Teodoro Llorente o en la
fachada de la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix y en la de
Benimaclet.
En el escrito al cardenal Cañizares,
ante los juzgados de instrucción de Valencia, ponen como ejemplo que el
retablo del Altar Mayor de la Iglesia de la Santa Cruz de Valencia
existe una pintura idéntica al General Francisco Franco; en la parroquia
de San Valero se observa Placa cuya leyenda finaliza con la expresión
“año de la Victoria 1939″ o que en la Iglesia de la Punta existe una
hornacina en la fachada dedicada a ‘José Antonio’, fundador de Falange
Española, y otros “caídos”, entre otros símbolos.
En total, una quincena de obispados y
arzobispados de toda España han sido denunciados este martes ante los
juzgados de instrucción por 
consentir
el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura
franquista en contra de lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica y
mantener en sus basílicas los restos de Francisco Franco, José Antonio
Primo de Rivera o el general Queipo de Llano pese a que el derecho
canónico solo permite enterrar en sus territorios cadáveres de
pontífices, cardenales u obispos.
El portavoz y secretario general de la
Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha asegurado ante
estas denuncias que la Iglesia se mueve en clave de “reconciliación y
memoria positiva”. “La iglesia vive de una memoria agradecida a
Jesucristo, una memoria para reconciliar, y cumplirá exquisitamente la
legalidad. Está en esas claves de reconciliación, de memoria positiva”,
ha explicado.
En todo caso, ha aclarado que la
Conferencia Episcopal Española no tiene competencias sobre las diócesis
hasta ese punto y que por tanto es “responsabilidad” de cada una de
ellas.
El
abogado especializado en Derechos Humanos Eduardo Ranz ha presentado
los escritos de denuncia ante los tribunales, coincidiendo con el
aniversario de la proclamación de la Segunda República, por un posible
delito contra la independencia del Estado del artículo 589 del Código
Penal, al entender que los obispos dependen de las instrucciones de la
ciudad del Vaticano, la cual está constituida como un Estado
Independiente y no cumplen con la legislación española.
Los escritos de alegaciones canónicas se
han presentado ante los obispados y arzobispados de Madrid, Córdoba,
Segovia, Cuenca, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Badajoz, Almería,
Cartagena, Valencia, Orihuela-Alicante, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara,
Zaragoza y Oviedo.
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