El presidente del gobierno, Mariano
Rajoy, nos sorprendía hace unas semanas cuando en una comparecencia
pública habló de la posibilidad de una reforma electoral de carácter
municipal que diera los ayuntamientos a la fuerza más votada.
Rápidamente la maquinaria mediática de nuestro país se puso manos a la
obra y colocó meticulosamente todos los adornos en el escenario para la
interpretación de una nueva obra de teatro: debatiríamos sobre qué
modelo de elección de alcalde sería mejor, el del acuerdo entre grupos
municipales representativos o el directo a la fuerza más votada. Todo
esto sin cuestionar la legitimidad de plantear una reforma de este
calado a menos de un año de las elecciones. El escenario permitiría
además que los diferentes partidos de los que muchos denominan ahora
como “la casta política” lanzaran sus particulares acusaciones cruzadas
para revivir esa sensación de enfrentamiento entre gobierno y oposición.
Si los lectores me lo permiten no
cometeré la osadía de entrar en el debate sin antes plantear las razones
de que se haya abierto exactamente ahora. Sé que la presión para que
ustedes se sitúen “a favor” o “en contra” es fuerte en el simplificado
mundo de la tertulia de bar y que muchos de sus compañeros no querrán
escuchar explicaciones sino un “sí” o un “no”. Sin embargo el hacer esto
supone caer en la trampa que el Partido Popular y los creadores de
opinión pública al servicio de la oligarquía han preparado para el
pueblo. No responderemos un “sí” o “no” sin antes responder un “¿por qué
ahora?”
¿Por qué este debate en 2014?
Han pasado más de 30 años y este debate
no había sido abierto hasta ahora. ¿A nadie le extraña que se abra esta
caja de pandora a menos de un año de unas elecciones municipales que
podrían resolverse con un verdadero resultado histórico?
El sistema de partidos y el sistema
electoral español fueron construidos por una diversidad de grupos
políticos que respondieron allá por los años 70 y 80 a determinados
grupos con intereses privados. Particularmente se puede definir a
nuestra oligarquía, esa que posee grandes propiedades industriales
(Inditex, la industria armamentística…) mediante su participación
mayoritaria en los principales bancos de nuestro país (Santander, BBVA,
Banco Popular…), como la principal beneficiaria de este escenario.
El sistema permitía que los partidos
políticos vinculados a esta oligarquía mediante relaciones económicas,
sociales e incluso personales ganaran las elecciones con relativa
comodidad a todos los niveles. Con esta victoria asegurada quedaría un
importante espacio para los socios intermedios del acuerdo (Burguesías
con aspiraciones nacionalistas con sus respectivos partidos pudiendo
gobernar a nivel municipal o autonómico y en ocasiones logrando cuotas
de poder a nivel central) e incluso un hueco para que las fuerzas
populares de “la izquierda” pudieran tener su atril y así dar cierta
imagen de pluralismo permitiéndoles incluso la conformación de algún
gobierno municipal, en la mayoría de ocasiones bajo la tutela del PSOE.
De esta manera todo quedaba atado y bien atado, y, salvando alguna
sorpresa circunstancial de magnitudes asumibles por la oligarquía, todo
parecía funcionar como un reloj suizo.
Hasta que dejó de funcionar
Euskadi: El primer obstáculo
Que la Izquierda Abertzale empezara a
ganar enormes simpatías dentro del pueblo vasco fue algo que a la
oligarquía española y sus representantes políticos no sentó nada bien.
El proyecto Abertzale combinaba un radicalismo democrático
pequeño-burgués con las aspiraciones independentistas de constituir un
Estado independiente en Euskal Herría. La sólida base social de su
proyecto combinando el crecimiento de sus redes de influencia hizo
temblar a la oligarquía española que no dudó en criminalizar a este
campo relacionándolo directamente con ETA. Pese a esta criminalización
el crecimiento de su influenció no cesó e intentó frenarse las
aspiraciones de este sector político mediante su represión primero y la
promulgación de la Ley de Partidos después que ilegalizó a diferentes
opciones que aspiraban a canalizar el voto abertzale.
Este inútil esfuerzo por criminalizar a
la Izquierda Abertzale sólo se saldó con el fortalecimiento de sus
vínculos sociales en Euskal Herría. La consecuencia fue la entrada de
una imparable Bildu que empezó a conquistar mayorías en los
ayuntamientos (Obtuvo 953 concejales en el País Vasco en 2011, siendo la
primera fuerza en representación y la segunda en votos) y que rompía el
sistema de partidos en el País Vasco situándose como segunda fuerza en
las elecciones autonómicas de 2012 por delante de los dos partidos de la
oligarquía (PP y PSOE) y sólo superada por la formación de la burguesía
nacionalista vasca (PNV).
El sistema de partidos hacía aguas por Euskal Herría, pero esto era sólo el principio
Maremágnum nacionalista en Catalunya
No definiremos el carácter de clase de
ERC en este artículo por falta de un estudio concienzudo sobre la
cuestión, pero lo cierto es que el crecimiento imparable de esta fuerza
que muchas encuestas sitúan hoy como ganadora en la comunidad autónoma
catalana combinado con la entrada de la fuerza de las CUP en el
Parlament han roto también el tradicional sistema de partidos en esta
región.
Al igual que ocurriera con la entrada de
Bildu, la presencia de estas fuerzas alternativas permiten a las
burguesías nacionalistas un abanico mayor de posibilidades para poder
pactar y maniobrar políticamente, esto ha permitido que una fuerza como
CiU que siempre había apostado por la conciliación con los diferentes
gobiernos centrales pueda permitirse aprovechar la proclama popular del
referéndum de autodeterminación para presionar al ejecutivo central de
una manera mucho más tajante.
El escenario que se plantea en las
encuestas le hace perder a un PSOE que se hunde el segundo puesto y que
este sea adelantado por ERC y CIU. A todo esto hay que sumar la entrada
de Ciudadanos que fragmenta en esta comunidad el voto del Partido
Popular. A nivel municipal todo esto podría traducirse en la pérdida de
muchas alcaldías, a nivel municipal en que la mayoría nacionalista sea
incuestionable.
El sistema de partido se descalabra en
Catalunya, los dos puntos débiles del Estado protagonizan este desgaste.
Sin embargo mientras se aguantara “en el centro del país” siempre
podrían resistirse estas embestidas nacionalistas.
La
protesta social inunda España desde hace varios años y las fuerzas
populares han ido cogiendo apoyos en las calles. El Movimiento 15-M,
tres huelgas generales, un enorme crecimiento de los conflictos
laborales sectoriales o por empresas, la lucha de la minería, la lucha
en defensa de los servicios públicos o las Marchas de la Dignidad son
algunos de los ejemplos de estas expresiones de la lucha del pueblo
durante los últimos años. Esta incorporación a la lucha y el crecimiento
del descontento por cada vez más personas se han traducido en un
crecimiento de la simpatía y el voto hacia determinadas fuerzas
políticas democráticas y reformistas. Así las últimas elecciones
europeas la sorpresa vino de mano de un enorme crecimiento de Izquierda
Unida y Podemos, consiguiendo 6 y 5 eurodiputados cada formación
respectivamente.
Este proceso ha coincidido con un
periodo de gobierno del Partido Socialista dónde ha tenido que gestionar
un contexto de crisis económica en beneficio de la oligarquía a la que
debe lealtad. Su gestión de los recortes económicos y sociales ya dejó
bastante mermada la credibilidad frente a su electorado, sin embargo el
golpe de Estado vía reforma del artículo 135 de la Constitución y sus
constantes acercamientos al Partido Popular en favor de mantener la
estabilidad del régimen (como el cierre de filas respecto a la cuestión
sucesoria y la negación del referéndum) amenazan a que el PSOE pudiera
recorrer una senda similar a la de su homólogo griego, el PASOK, que a
día de hoy ha pasado a ser una fuerza minoritaria en el sistema de
partidos heleno.
A nivel estatal el PSOE se desgasta y el
crecimiento de las fuerzas populares podría permitir que estas tuvieran
fuerza para conquistar varios ayuntamientos de importancia. Si sumamos
este proceso a los dos descritos anteriormente en Euskadi y Catalunya
nos encontramos ante un escenario de una pérdida relevante de cotas de
poder a nivel municipal. Es ante la alarma de este hipotético escenario
ante el que el Partido Popular reacciona.
Ganar tiempo para reconstruir la hegemonía
La oligarquía necesita tiempo y
estabilidad. Teme un escenario donde al no control de las comunidades de
Euskadi y Catalunya se sume la cristalización de una alternativa
popular a nivel municipal en el resto del Estado. Quien tenga memoria
histórica no puede olvidar que la salida del monarca y la proclamación
de la II República vinieron de la victoria de las fuerzas progresistas y
democráticas en principales ciudades del país.
El derrumbamiento de un régimen no viene
de una derrota electoral por mayoría matemática sino de la ruptura de
los instrumentos de dominación social de la clase dominante por parte de
las masas populares. Para evitar este escenario la oligarquía debe
abortar a toda costa cualquier escenario o proceso en el que las masas
populares sientan que puedan ganar batallas para su causa, también debe
asegurar de que sus instrumentos le sean válidos para reproducir el
consenso social de que su victoria y, por lo tanto su gobierno, han sido
justos.
El poder político nace de la boca de los
fusiles, sin embargo nadie puede estar disparando a su pueblo
constantemente. Para poder gobernar es también indispensable que el
pueblo entienda que esta dominación es válida, legitima y aceptable
(Aunque el dominado no la comparta y se oponga en cierta manera a ella).
Es aquella receta que Gramsci describió como hegemonía acorazada de
coacción, hacer que el dominado acepte la dominación a la vez que se
hace prevalecer esta mediante la fuerza.
Hoy la oligarquía se encuentra frente a
ese contexto del ocaso, de la ruptura de su hegemonía. Los instrumentos
estatales que durante años habían apuntalado lo legítimo de su gobierno
hoy se pueden convertir en fuente del cuestionamiento del mismo. Como el
Estado es una herramienta de dominación de una clase social para
someter a otras, lo más lógico es que la clase dominante (en este caso
la fracción más avanzada y poderosa de la burguesía, la oligarquía)
busque fórmulas para reformar su maquinaria estatal con el objetivo de
que esta sea más efectiva en reproducir la dominación de los poderosos
sobre el conjunto del pueblo.
Retrasar el avance de las fuerzas
populares y la posibilidad de que estas puedan tener la capacidad de
gestionar gobiernos municipales es una inversión arriesgada. La
oligarquía buscaría así que el Partido Popular invirtiera parte de su
credibilidad política en esta maniobra con la esperanza de que,
sorteando el escollo de la generales, haya tiempo de reconstruir la
hegemonía. Esta puede venir de varias fuentes. Es posible que crean
fervientemente que sus medidas se notarán en una mejoría económica que
se traducirá en más empleo y por lo tanto en un relajamiento político de
ciertos sectores de la clase obrera. También querrán obtener el tiempo
suficiente para que el campo popular pierda la fuerza de su impulso y
paralelamente pueda reconstruir el proyecto oligárquico que llenaba el
espectro político-ideológico del PSOE. De cualquiera de las maneras la
oligarquía ha iniciado una huida hacia adelante
Entonces… ¿cómo opina usted que debería ser la reforma municipal?
Y ahora que hemos bajado el debate de la
idea académica a la tierra de la práctica política real podemos
responder. La contraposición de este proceso deviene de un
fortalecimiento del campo popular y una muestra por todas las vías de
que la burguesía, como clase dominante, tiene la imposibilidad de
gestionar política y económicamente nuestro país en beneficio de la
mayoría obrera y popular
Por ello la fórmula más efectiva para
mostrar la incompatibilidad entre la Democracia para la Mayoría y la
dictadura de un puñado de empresarios y banqueros pasa, precisamente,
¡por exigir más democracia!
En mi opinión debemos incorporarnos a
una reforma municipal mucho más profunda que decidir cómo se elige al
alcalde. El modelo debe ser lo más proporcional posible y asegurar la
mayor pluralidad y acercamiento de los representantes para con el
pueblo. Para ello la reforma municipal debe exigir que los
representantes de la ciudadanía estén vinculados a la misma mediante
circunscripciones muy pequeñas que corresponden a realidades
territoriales o sectoriales, especialmente los centros de trabajo. Este
mecanismo debe obligar a que los representantes rindan cuentas con una
fluida regularidad ante sus electorales, pero ahí no queda la cosa, sino
que además deben existir mecanismos para que los propios electores
puedan revocar a sus representantes si estos no cumplen sus promesas.
Alguna podrá argumentar que en cierta manera esto viola el principio de
prohibición del mandato imperativo establecido en la constitución, si
así fuera… ¿por qué no plantear abiertamente reformarla por ser esta
incompatible con la participación democrática?
Además esta reforma debería incluir otro
aspecto fundamental, el relativo a la democracia económica municipal.
Introducir mecanismos e instrumentos para que el propio pueblo pueda
gestionar democráticamente los servicios públicos y pueda promover la
municipalización de actividades económicas fundamentales para su
realidad puestas estas bajo control popular. Además, para evitar la
corrupción y el uso de lo público en beneficio del que gobierna esta
reforma debería incluir la creación de los mecanismos no sólo de gestión
popular, sino también de control por parte de la ciudadanía de estas
empresas y estos servicios públicos que corresponden al conjunto de los
trabajadores y el pueblo.
Las reformas son siempre intencionales y tienen razones políticas de fondo, en esta propuesta no iba a ser diferente.
Nuestro objetivo es el socialismo, la
construcción del poder de la clase obrera y el desarrollo de una
economía que produzca al servicio de las necesidades humanas y no del
lucro. Para lograr nuestro objetivo es indispensable que derroquemos la
arquitectura estatal de la burguesía y la sustituyamos por un nuevo
estado de los trabajadores. Sin embargo no podemos vender a los
trabajadores nuestro proyecto de sociedad como “ideal” sin concretarlo.
Si la oligarquía se opone a una reforma municipal como la que plantea el
Partido del Trabajo Democrático podremos demostrar que para ellos el
gobierno es siempre la dictadura de los propietarios sobre los
trabajadores. Si lográramos arrancar estas concesiones a la clase
dominante mediante la lucha aprovecharíamos este nuevo contexto para
mostrar la superioridad de la democracia de la mayoría y la gestión y
producción colectiva sobre la democracia de unos pocos y la gestión y
producción privada de la industria y los servicios.
De una u otra manera mostraremos que la
burguesía hoy sólo puede oponerse a la Democracia como hecho real del
poder de la mayoría (que es trabajadora) y defenderla como el privilegio
de una casta subordinada a las grandes multinacionales. Demostraremos
así que la única garantía de la plena democracia es el poder de la clase
obrera.
Y, como no podía ser de otra manera, a
medida que las grandes masas de la población se incorporen y simpaticen
con la idea de la “Democracia para la mayoría”, entenderán la imperante
necesidad de construir el Socialismo.
David Comas Rodríguez, Portavoz del Partido del Trabajo Democrático y Politólogo
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