Uno de los detenidos en la protesta
El juez considera que la acción, que se realizó en Málaga, no fue
legal pero que "la libertad de nadie fue objeto de ataque alguno".
Doce militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) acusados de ocupar una sucursal de Banesto en Málaga en septiembre del año pasado han sido absueltos de una falta de coacciones por el Juzgado de Instrucción número uno de Málaga.
El magistrado considera que “la libertad de nadie fue objeto de ataque alguno”, por lo que no se puede apreciar la existencia de delito o de falta de coacciones, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.
El juez explica en los argumentos jurídicos que, “aun admitiendo que la acción de los acusados no es legal”, no es posible castigar penalmente, ya que no afectó al normal desarrollo del trabajo en la sucursal. Añade que no se ha practicado prueba alguna de la que se pueda deducir la existencia de esa conducta intimidatoria que denunció el banco en su día ante la Policía Nacional.
Los hechos se remontan al 4 de septiembre de 2012, cuando doce militantes del SAT fueron detenidos por la Policía Nacional por la ocupación de una sucursal bancaria y, según los arrestados, solo pretendieron simbólicamente señalar a los culpables de la situación de emergencia social que padece el pueblo andaluz.
Según relataron en el juicio, antes de la ocupación se lo explicaron a la directora de la entidad bancaria y aseguraron que en ningún momento entorpecieron el trabajo de los empleados ni intimidaron a los clientes.
Además, subrayaron que no hubo violencia física ni verbal, extremo que ratificaron los denunciantes, aunque estos mantuvieron que algunos clientes se asustaron por la situación y que uno de los puestos de caja tuvo que cerrar al no poder desarrollar su normal funcionamiento.
Por estos hechos, el fiscal solicitó que los acusados fueron condenados por una falta de coacciones a doscientos euros cada uno de ellos debido a que procesados impidieron el normal desarrollo del trabajo de los empleados del banco.
La acusación particular, ejercida por la entidad bancaria, también pidió que los procesados fuesen condenados por una falta de coacciones aunque solicitó la pena mínima, una multa de treint
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