La reforma aprobada, no es ni más ni menos que otro paso en la
avanzada neoliberal y de desguace del Estado. Por una parte atenta
contra el principio constitucional de autonomía, pero además supondrá
una brutal destrucción de empleos y la privatización de los servicios
públicos.
Este es el claro objetivo de esta
"reforma", así que a no dejarnos engalañar con el lenguaje neoliberal
eficientista y centralista que habla de mejorar, optimizar, brindar
servicios a ciudadanía y toda esa parafernalia. No, señores y señoras,
se trata de eliminar municipios, achicar, pauperizar, destruir.
Esta es la noticia, importante prestar atención a las supuestas bondades y beneficios de esta Ley que difunde el gobierno:
El Consejo de Ministros ha aprobado
este viernes el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de
la administración local, que pretende la modernización de los
ayuntamientos, así como un mejor reparto de las competencias.
La reforma local, que prevé ahorrar
unos 8.000 millones de euros hasta 2016 y conseguir una gestión local
más ágil y eficiente, abarata la prestación de los servicios, al
establecer un coste específico.
Según el Gobierno, evitará las
duplicidades, terminará con el desempeño de las "competencias impropias"
y logrará el equilibrio financiero para avanzar en la eficiencia y
profesionalización en el mundo local.
El Gobierno lleva trabajando más de un
año en la reforma local, que ha suscitado el rechazo del PSOE y del
resto de la oposición al considerar que supone un ataque al
municipalismo y la privatización de los servicios públicos. La
aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno llega después de
que el Consejo de Estado emitiera un informe que incluía advertencias
sobre una posible inconstitucionalidad por el recorte de la autonomía
local y criticaba la regulación del coste estándar, el coste al que
deberán ajustarse los municipios para prestar servicios.
La reforma local ha llegado a la mesa
del Gobierno una semana después de lo previsto debido a que el Ejecutivo
consideró conveniente realizar un "estudio adicional" ante la
complejidad del texto. El objetivo de la reforma es lograr la
sostenibilidad y modernización de los ayuntamientos, así como un mejor
reparto de las competencias. El Gobierno ha aceptado muchas de las
recomendaciones realizadas al texto por el Consejo de Estado, y, con su
proyecto, prevé ahorrar unos 8.000 millones de euros hasta 2016 y
conseguir una gestión local "más ágil y eficiente", abaratando la
prestación de los servicios y garantizando la viabilidad de los 8.117
ayuntamientos españoles.
Además, se potenciará el papel de las
diputaciones provinciales para apoyar la gestión de los municipios más
pequeños, se buscará mayor "eficacia y eficiencia" en la gestión de
fondos públicos, y se reducirá un número importante de empresas y entes
públicos del ámbito local. Se introduce la figura del 'coste efectivo'
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro,
ha asegurado que el Gobierno incentivará a los ayuntamientos que
propicien su fusión voluntaria para evitar la dispersión administrativa
que, a su juicio, en ocasiones es muy costosa. Montoro ha señalado que
se ha incorporado al anteproyecto de reforma local un procedimiento de
incentivos para los municipios que hipotéticamente se fusionen
voluntariamente.
Otra de las novedades comentadas por
Montoro ha sido la del 'coste efectivo' de la prestación de los
servicios por parte de las corporaciones locales y ha dicho que
siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado se introduce esta
figura que "no impide la autonomía municipal plena". Ha explicado que el
coste efectivo, que deberán publicar de manera obligatoria todos los
ayuntamientos, permitirá a los ciudadanos conocer el coste real de
cualquier servicio público. Una vez se conozca dicho coste y si éste es
superior a la media, el mismo podría ser asumido por la diputación si lo
puede realizar por un coste más bajo.
El Consejo de Ministros también ha
aprobado este viernes el Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que permitirá la
continuidad del sistema cameral en España, con un nuevo sistema de
financiación basado en la prestación de servicios y las aportaciones
voluntarias.
Además, se convierte el Consejo
Superior de Cámaras en la Cámara de Comercio de España y se refuerza el
papel de estos organismos en el proceso de internacionalización y el
impulso de la competitividad de las empresas españolas. De acuerdo con
el proyecto, las Cámaras se financiarán mediante los ingresos que
generen sus propios servicios y por aportaciones voluntarias, aunque
también podrán firmar convenios de colaboración con el Estado y las
comunidades.
Entre las novedades del proyecto se
encuentra la obligación de que sean públicas las retribuciones de los
altos cargos de las Cámaras, así como la eliminación de la obligación de
que haya una cámara oficial por provincia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario