21.03.2013.
La Audiencia Provincial de Madrid ha determinado en un auto que
ninguno de los detenidos el pasado 25 de septiembre durante la
movilización denominada 'Rodea el Congreso' incurrió en un delito contra
las altas instituciones del Estado al no tratar de invadir de forma
violenta la Cámara Baja.
Así lo manifiesta en un auto dictado el pasado 28 de febrero, en el que estima el recurso interpuesto contra la decisión de la juez titular del Juzgado número 8 de Madrid, Rosario Espinosa, de inhibirse de la causa contra 19 imputados a favor de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional archivó diligencias y aseguró no se había producido un delito contra las Altas Instituciones del Estado
En el auto recurrido, la magistrada señalaba que "existen motivos bastantes" para estimar que los detenidos durante los incidentes registrados el pasado martes en las inmediaciones del Congreso cometieron un delito contra las Instituciones del Estado. Tras tomar declaración a los detenidos, la magistrada consideró a principios de octubre que la concentración se celebró "con el fin de exigir una destitución y ruptura del régimen vigente".
En la resolución, los magistrados exponen ahora que "no existen indicios de que los imputados utilizaran medios o realizaran actos que puedan considerarse idóneos para invadir la sede del Congreso", como pudiera ser "el uso de armas o otros elementos con adecuación suficiente para vencer la protección establecida por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".
Así lo manifiesta en un auto dictado el pasado 28 de febrero, en el que estima el recurso interpuesto contra la decisión de la juez titular del Juzgado número 8 de Madrid, Rosario Espinosa, de inhibirse de la causa contra 19 imputados a favor de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional archivó diligencias y aseguró no se había producido un delito contra las Altas Instituciones del Estado
En el auto recurrido, la magistrada señalaba que "existen motivos bastantes" para estimar que los detenidos durante los incidentes registrados el pasado martes en las inmediaciones del Congreso cometieron un delito contra las Instituciones del Estado. Tras tomar declaración a los detenidos, la magistrada consideró a principios de octubre que la concentración se celebró "con el fin de exigir una destitución y ruptura del régimen vigente".
En la resolución, los magistrados exponen ahora que "no existen indicios de que los imputados utilizaran medios o realizaran actos que puedan considerarse idóneos para invadir la sede del Congreso", como pudiera ser "el uso de armas o otros elementos con adecuación suficiente para vencer la protección establecida por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".
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