No han pasado ni 24 horas desde
que la Audiencia Nacional admitiera a trámite la querella criminal
presentada por IU por el caso Bárcenas, para que el Gobierno le haya
devuelto el golpe a la formación de Cayo Lara, en la siempre turbia y
oscura IU Comunidad de Madrid.
Ha sido a través del Ministerio
de Hacienda, que ha iniciado el proceso de embargo de las sedes de
Getafe, Alcorcón, Arganda y Velilla de San Antonio por la deuda de 1,2
millones por las retenciones del IRPF desde 2009. Deudas que
corresponden con la gestión de Ángel Pérez y Gregorio Gordo, quien
junto a Miguel Reneses configurar un trío siniestro para la
honorabilidad y honestidad de la formación.
No deja de ser lamentable que
estos embargos se produzcan como medida reaccionaria por denunciar el
mayor escándalo de corrupción política de nuestro país. No deja de ser
vergonzoso que esto se produzca mientras se mantiene una total impunidad
hacia los clubs de fútbol que acumula una deuda de 3.600 millones de
euros, 752 a Hacienda. Pero del mismo modo no deja de ser inadminisible
que una organización que se llama de izquierdas contraiga una deuda tan
descomunal con la hacienda pública, que junto con el millón que deben a
la seguridad social suma una cifra de escándalo. ¿O es que Hacienda no
somos todos?
Menudo ejemplo.
El Ministerio de Hacienda ha decidido embargar las sedes oficiales de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid debido a la deuda de 1,2 millones de euros que el partido mantiene con el fisco.
El embargo ya es efectivo para la sede de Getafe,
que sale a subasta este miércoles por un importe de 275.000 euros, pero
el procedimiento incluye los inmuebles que la dirección regional tiene
en Alcorcón (dos edificios anexos), Arganda del Rey y Velilla de San Antonio. “Son todos los que tiene una organización modesta como la nuestra”, confirmó a 20minutos.es
el responsable de finanzas de la ejecutiva autonómica, Gerardo del Val.
Según los militantes consultados, las bases no fueron informadas de los
embargos hasta hace apenas 15 días.
l motivo de la confiscación es la deuda
de 1,2 millones de euros que IU acumula desde 2009 por no pagar las
retenciones del impuesto de la renta (IRPF) correspondientes de sus trabajadores.
La coalición ha intentado negociar un crédito bancario
para depositar los 300.000 euros de fianza que exige Hacienda para
otorgarle un período de carencia, pero las entidades financieras se han
negado a prestarle cantidad alguna, según Del Val.
Ahora, la ejecutiva se plantea emitir un “bono especial de ayuda”
para que todos los cuadros de mandos y cargos públicos del partido se
adhieran y contribuyan a saldar la deuda. Esta, reconocen desde la
dirección, es casi su última opción.
El otro millón de euros que la formación
tenía pendiente con la Seguridad Social ya ha sido regularizado, aducen
desde IU. En realidad, lo que logró fue un aplazamiento de 8 años a cambio de pagar cantidades compensatorias periódicas, según Del Val.
551.000€ en las elecciones de 2011
Los problemas de Izquierda Unida
Comunidad de Madrid con Hacienda no son nuevos. Según el responsable de
Finanzas, la situación comenzó con el descenso de votos (y, por tanto,
de representación en las Administraciones Públicas) del año 2000, cuando IU pasó de 21 a 8 diputados. La situación se agravó en 2004 y llego a su cenit en 2008, cuando Gaspar Llamazares quedó como único diputado de IU en el Congreso.
Dado que los partidos cobran una
subvención pública por cada voto conseguido, el descenso de apoyos fue
fatal para IU-CM, que en 2009 comenzó a acumular impagos al fisco. En
2012, la Agencia Tributaria y la Seguridad llegaron a embargar las cuentas de sus asambleas locales es decir, a los militantes de base, como publicó este diario.
A pesar de su situación económica, en mayo de 2011 IU se gastó 551.383 euros en la campaña electoral autonómica, según los datos de la Cámara de Cuentas.
De todo ese dinero, 278.569 euros (el 50,5% del total) lo facturó la empresa Berga Comunicación y Desarrollo, propiedad de Juan Berga, esposo de la diputada autonómica Libertad Martínez, responsable electoral de IU. Berga fue expulsado del partido. Su mujer ha sido investigada por piratear los correos electrónicos oficiales de la formación y suplantar la identidad del coordinador federal, Cayo Lara.
IU no justificó debidamente en qué gastó el resto del dinero, de
acuerdo al informe de fiscalización de los comicios elaborado por la
Cámara de Cuentas.http://www.20minutos.es
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