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lunes, 3 de marzo de 2014

LA GRAN CANALLA


vito    Gasteiz-Vitoria, 3 de marzo de 1976. La Policía franquista, a falta tan solo de poco más de un año para convertirse en “democrática”, dispara a discreción contra los obreros que salen huyendo de una asamblea celebrada en una iglesia previamente gaseada por aquella. Resultado, cinco personas muertas, varias decenas heridas de bala, cientos de contusionados…. “Hemos contribuido a dar la paliza más grande de la historia”, se oyó en la emisora policial. La bestia llamó a aquello “paliza”.
Bilbo, 3 de marzo de 2014. El gobierno del PP, con su presidente Rajoy a la cabeza, convoca en esta ciudad el “Foro Global España 2014” para mayor gloria propia y europea. La Casa Real (rey o príncipe) se apunta al evento y aportará a éste su glamour y maneras. Los capi di capi de toda la canalla estatal, europea y mundial estarán allí: la Troika -FMI, BCE, CE-, la OCDE, el Eurogrupo… También posarán sus reales en el Guggenheim los sátrapas del BBVA, Iberdrola, Inditex y Telefónica y, finalmente el PNV, con su lehendakari Iñigo Urkullu y el alcalde de Bilbo a la cabeza, darán el “ongi etorri” a tan ilustres visitantes y les dedicarán folklóricos aurreskus.
El nexo de unión entre estos dos 3 de marzo, el de 1976 y el de 2014, es el Partido Popular, fundado por Manuel Fraga, ministro de la Gobernación franquista y responsable político de la matanza de Gasteiz, quien ha ostentado la presidencia honorífica del PP hasta su muerte en la cama en 2012. Es este partido el que hace el puente entre el ayer franquista responsable de décadas de explotación obrera, represión popular y negación de todo tipo de libertades democráticas y nacionales, y el hoy de la degradación de las condiciones laborales y sociales, los recortes de libertades democráticas y la negativa a aflojar siquiera lo más mínimo las ataduras de esa España de hoy. “indivisible e indisoluble”, heredera de aquella otra “una, grande y libre” de Franco.
La elección de la fecha –aniversario de la masacre de Gasteiz- y el lugar –Bilbo- no parece nada casual. Es la primera vez en la historia que un gobierno español organiza en suelo vasco una cumbre de estas características. El gobierno del PP, que se niega a dar paso positivo alguno en el actual escenario político abierto en Euskal Herria e incluso tacha de colaboradores de ETA a los verificadores internacionales que pretenden aportar su trabajo y experiencia en la solución del conflicto, desembarca en Bilbo para cantar al mundo las excelencias de su “marca España”. Si no quieres taza, taza y media.
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En Bilbo, es decir, en Euskal Herria, allí donde se han realizado estos pasados años seis huelgas generales contra la crisis creada por la especulación y las finanzas europea y española y sus intentos de hacer que la misma sea pagada por las gentes trabajadoras (no olvidamos, por supuesto, las responsabilidades propias de los gobiernos autónomos del PNV y UPN en este menester), va a juntarse toda la canalla responsable del actual aumento de la desigualdad, la pobreza, el paro, el trabajo precario, las pensiones de miseria, la degradación democrática, la marginación social, la vulneración de derechos humanos –aborto-, la corrupción política e institucional,….
Quienes han impulsado en Euskal Herria durante estos años esas seis huelgas generales y otras muchas movilizaciones sociales preparan ya desde hace semanas el recibimiento que merece la gran canalla. La mayoría sindical vasca (ELA, LAB, ESK, EILAS, EHNE, HIRU, CGT, CNT) junto con decenas de colectivos ecologistas, vecinales, feministas, pensionistas, ONGs, antirracistas, estudiantiles, juveniles…., han hecho una convocatoria de carácter nacional para el próximo 3 de marzo que contiene todo un día completo de movilizaciones: por la mañana, columnas y manifestación final hasta el Museo Guggenheim, donde se reúne la Cumbre; por la tarde, nueva manifestación multitudinaria. Por su parte, CCOO, UGT y USO han convocado también una manifestación en Bilbo la víspera del Foro, el domingo 2 de marzo.
Sorprende en cualquier caso que a pesar de la importancia política y social del Foro, el mismo haya despertado tan poco eco a nivel estatal. Por supuesto, la prensa no ha dedicado hasta la fecha mucha información sobre el aquel, pero tampoco ha existido ésta en similares cumbres anteriores y los colectivos sociales y políticos han suplido con su trabajo esa falta de información. Pues bien, ¿será que estos Foros y Cumbres solamente despiertan la actividad y las movilizaciones de la izquierda social y política estatal cuando aquellos se celebran en Madrid?
La movilización de Bilbo a la que me he referido se enmarca a su vez dentro de una campaña más extensa cuyo objetivo es denunciar y combatir la creciente pobreza y precariedad existente en nuestro pueblo. Dentro del mismo, entre el 10 y 21 de marzo, tres columnas recorrerán los distintos herrialdes de Euskal Herria con el objetivo de servir de eje aglutinador de otras movilizaciones locales y zonales. Finalmente, se participará en la “Marcha por la Dignidad” a Madrid convocada para el día 22 de marzo, a donde una columna propia partirá a pie desde Euskal Herria días antes y otra, ese mismo día, en autobuses, a fin de tomar parte en la manifestación final en Madrid.
Vuelvo al principio. El día 3 de marzo, en las calles de Bilbo se pondrán de manifiesto los múltiples lazos que unen aquel franquismo que regó las calles de Gasteiz de sangre obrera y joven y la actual política del Gobierno del PP, cada vez más cercana a los postuladores sociales, democráticos y nacionales de aquel mismo gobierno de 1976. La cita del 3, en Bilbo, es pues una cita obligada para todos nosotros y nosotras.
Sabino Cuadra


DESPLIEGE POLICIAL Y PROTESTAS POR LA CUMBRE ECONÓMICA DE BILBAO


Los controles y las medidas de seguridad se han intensificado en los últimos días por el foro económico que se celebra mañana lunes en Bilbao al que acudirán representantes del FMI y Eurogrupo. En protesta contra la cumbre se han convocado varias movilziaciones.

Ertzaintza, Policía española y Guardia Civil han organizado un importante dispositivo de seguridad con motivo de la cumbre económica que se celebra mañana lunes en Bilbao. Según información publicada este domingo en el diario ‘El Correo’, más de 1.000 policías participarán en el operativo.

En los últimas horas se han intensificado los controles en las carreteras como en el peaje de Durango, donde la Ertzaintza ha instalado un dispositivo tanto el sábado por la noche como el domingo a la mañana.

En protesta pro la cumbre han sido convocadas varias movilziaciones. CCOO y UGT encabezan este mediodía una primera manifestación y mañana está convocada otra de los sindicatos ELA y LAB, que respalda también EH Bildu.

Asimismo, EH Bildu celebrará este domingo un encuentro internacional en Bilbo con formaciones europeas de izquierda para plantear alternativas a las políticas financieras de la troika.

Incluso la Iglesia vizcaina ha protestado esta semana. Cáritas y las delegaciones diocesanas de Caridad y de Misiones han echado en falta la presencia de agentes sociales, personas desempleadas o en situación precaria en la cumbre económica.

Lagarde y Dijsselbloem, entre los protagonistas del foro

Bilbo se convertirá el lunes en el centro de la economía mundial con una jornada de debate sobre el crecimiento en la eurozona a la que asistirán el Rey español, Juan Carlos de Borbón, y los máximos líderes de las instituciones económicas, encabezados por la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.

El Museo Guggenheim va a ser el escenario del «Foro Global España 2014» organizado por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), que clausurará el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Se trata de una jornada con siete mesas redondas bajo el lema «España: de la estabilidad al crecimiento», a la que van acudir desde varios comisarios europeos a los presidentes de las principales empresas del Estado español.

Aunque el foro se desarrollará durante toda la jornada de mañana, el monarca español estará esta tarde en Bilbo para mantener sendos encuentros con Lagarde y con el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.

Juan Carlos de Borbón pronunciará el discurso de apertura, en un acto en el que también intervendrán De Guindos, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y se espera al alcalde de Bilbo, Iñaki Azkuna, si su estado de salud lo permite después de la caída que sufrió hace una semana.
Fuente: Gara

UN NEGOCIO MULTIMILLONARIO!! CÁRCELES PRIVADAS EN EE.UU

03.03.2014
 
 

Décadas de políticas xenófobas y de mano dura, y un sistema penal anclado en el encierro, crearon en Estados Unidos la mayor población carcelaria del mundo y una industria multimillonaria de prisiones privadas.


Hace poco más de 15 años, la investigadora estadounidense y activista de los años 60, Angela Davis, acuñó el término de “complejo industrial carcelario” y lo comparó al poderoso y tan temido complejo industrial militar estadounidense.

“Las cárceles no hacen desaparecer los problemas, hacen desaparecer a los seres humanos. Y la práctica de hacer desaparecer a grandes números de personas de las comunidades pobres, inmigrantes y racialmente marginadas se ha vuelto literalmente un gran negocio”, escribió la dirigente comunista.
La mayor empresa de cárceles en Estados Unidos, Corrections Corporation of America (CCA), fue también la primera de esta innovadora industria.

Creada en 1983, fue ideada por Jack Massey, el mismo hombre que a fines de los años 60 fundó Hospital Corporation of America, hoy la mayor empresa de hospitales y centros de cirugía privados de Estados Unidos.

Al año siguiente, Wackenhut Corrections Corporation apareció en el mercado, una empresa que más tarde sería comprada por el Grupo Geo, la segunda compañía más grande del complejo industrial.
“La industria surgió en un contexto dominado por la mentalidad conservadora de la época de Ronald Reagan y por políticas de mano dura, que crearon la suficiente demanda para convencer a un grupo de inversionistas de que existía una oportunidad empresarial”, explicó a Télam Donald Cohen, director ejecutivo de la organización In the Public Interest.

Según relató por teléfono desde su oficina en Washington, las empresas comenzaron construyendo “cárceles especulativas”, es decir que lo hacían pese a no tener contratos con los gobiernos locales o estaduales.

Las primeras cárceles fueron construidas en pueblos pequeños y pobres con la promesa de garantizar empleos, aumentar la recaudación y abaratar los costos que provocaba la creciente población carcelaria a los gobiernos.

Cumplían las mismas reglamentaciones que las prisiones públicas y una vez en funcionamiento estaban bajo el control de los mismos entes gubernamentales, pero, como toda empresa, su objetivo último era el lucro.

Según Cohen, desde el principio la expansión de esta industria se basó en el “cortejo a los funcionarios”.

Primero fueron los municipios, luego los gobiernos de los estados, principalmente en el sur del país, cerca de la frontera con México, y finalmente, con la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca, el Estado nacional.

Clinton endureció aún más la política criminal del país, pero fue su compromiso con el fin de “la era del gran Estado” la que redujo dramáticamente la burocracia pública y abrió la puerta a que el Departamento de Justicia comenzara a contratar cárceles privadas para decenas de miles de inmigrantes indocumentados y criminales.

“Para mediados de los 90, CCA era una de las empresas que mejor cotizaba en Wall Street”, destacó Judy Green, directora de la organización Justice Strategies, una organización especializada en política criminal con base en Brooklyn, Nueva York.

Pero el mayor boom para el incipiente complejo industrial carcelario llegó después de la declaración de la “guerra contra el terrorismo” en 2001 y, especialmente, con la política para frenar la inmigración del segundo mandato del republicano George W. Bush.

Para fines de 2010 el complejo industrial carcelario concentraba el 8% de los presos en los sistemas federal y estadual, y se había instalado con distinta fuerza en 30 de los 50 estados del país, según la Oficina de Estadísticas de Justicia estadounidense.

El porcentaje parece pequeño, pero lo que llama la atención es el ritmo al que creció la industria en relación al aumento de personas detenidas en el país.

Entre 1999 y 2010, la población carcelaria en Estados Unidos creció un 18%, pero el número de presos en cárceles federales y estaduales privadas aumentó alrededor de un 80%.

CCA posee 66 cárceles con capacidad para 91.000 presos, mientras que el Grupo Geo tiene 65 prisiones y puede albergar más de 65.700 detenidos. Sus ganancias anuales en 2011 fueron de 1.700 millones y 1.600 millones de dólares, respectivamente.

A nivel federal este crecimiento se basó en la privatización de gran parte del sistema de detención de inmigrantes indocumentados, mientras que a nivel de los estados se consiguió gracias al “cortejo” de las autoridades locales, que permitió la firma de contratos poco convencionales.

Un informe de 2012 de In the Public Interest analizó 62 contratos de empresas de cárceles con gobiernos estaduales y reveló que más del 65% contiene cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación mínima del 80 hasta el 100% de “las camas”, incluso si la tasa de criminalidad disminuye.

Por ejemplo, en Colorado, el número de crímenes se redujo en un tercio en la última década y eso permitió el cierre de cinco cárceles públicas desde 2009.

Originalmente, el gobierno de Colorado había defendido la firma de contratos con prisiones privadas argumentando que el sistema carcelario público estaba desbordado.

Sin embargo, en 2012 y tras el cierre de cinco prisiones, el gobierno local firmó un acuerdo con CCA para garantizar durante 2013 al menos 3.300 presos en las tres cárceles que la empresa tiene en ese estado, con un costo anual de 20.000 dólares por preso.

Como el complejo industrial militar, la industria carcelaria adquirió sus dones de negociación a fuerza de millones de dólares invertidos en lobby y consiguió parte de su influencia gracias al grupo ALEC (Consejo de Intercambio Legislativo Estadounidense).

ALEC no es un grupo de lobby formalmente.

Su slogan es “gobierno limitado, libertad de mercados, federalismo”, su función es redactar y promocionar proyectos de ley y sus miembros incluyen más de 2.000 legisladores estaduales y directores ejecutivos de grandes corporaciones (hasta hace unos años, CCA y el Grupo Geo).
La agrupación está organizada por comisiones, como los del Poder Legislativo, y cada una está liderada por un legislador en funciones y un empresario vinculado con esa área.

Medios estadounidenses, entre ellos el diario The New York Times y la revista The Nation, vincularon a ALEC con leyes de mano dura, como la que permite a los ciudadanos disparar cuando sienten que su vida está en peligro, y las principales normas que permitieron la privatización del sistema penitenciario.

“Las empresas de cárceles no crearon las leyes, pero ayudaron a que sean aprobadas… y tiene sentido. Si cotizás en Wall Street, tenés que crecer. Y para que tus acciones suban, tu mercado tiene que agrandarse”, sintetizó Judy Green.

Los últimos 30 años demostraron que la única forma que tiene el complejo industrial carcelario de aumentar su mercado es con políticas criminales más duras.
Telam

EL COMANDANTE DE LA ARMADA UCRANIANA JURA LEALTAD AL PUEBLO DE CRIMEA

03.03.2014



El comandante de la Armada ucraniana, el contralmirante Denís Berezovski, anunció que juró lealtad al pueblo de Crimea.


"Yo, Denís Berezovski, juro lealtad al pueblo de Crimea y me comprometo a protegerlo, como lo requiere la ley", anunció el comandante en una conferencia de prensa en Sebastopol.

El primer ministro de la república autónoma de Crimea, Serguéi  Aksiónov, anunció la creación de la Armada de Crimea. También dijo a los periodistas que el Denís Berezovski fue nombrado comandante de las Fuerzas Navales, luego de haber sido comandante de las Fuerzas Navales de Ucrania.

Horas antes, Aksiónov, dijo que "los militares no serán juguetes en las manos de los radicales", comentando las dimisiones en masa de los militares ucranianos en la península.

"Los militares ucranianos ubicados en la República Autónoma de Crimea declaran en masa su apoyo al poder legítimo de la República. Les agradezco el patriotismo", dijo Aksiónov.

"Durante el día, la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desplegados en la península de Crimea, se han subordinado a las autoridades de la autonomía, en una transición que fue absolutamente pacífica, sin disparar un solo tiro, tanto por parte de los militares como de las fuerzas de autodefensa", dijo una fuente del Gobierno de Crimea a la Agencia RIA Novosti.

El primer ministro de Crimea, Serguéi Aksiónov, haciendo uso de los poderes otorgados por el Consejo Superior de la república autónoma, emitió la siguiente orden:

"Todos los integrantes de la Armada de Ucrania que prestan servicio en la ciudad de Sebastopol no deberán cumplir ninguna orden o instrucción emitida por las autoridades autoproclamadas, incluyendo al autoproclamado ministro de Defensa de Ucrania, Ígor Teniuj."

El segundo punto de la orden emitida por Aksiónov insta a no cumplir ninguna instrucción sobre el uso de las armas antes de recibir un comando específico por parte del propio primer ministro de la república autónoma.

Aksiónov además pidió a las tropas garantizar el cumplimiento absoluto de sus  órdenes, en calidad de comandante en jefe de la república autónoma de Crimea y de la ciudad de Sebastopol.

En el cuarto y último punto solicita que todos los miembros de la Armada desplegados en Crimea sean informados de la emisión de dicha orden. 


Presidente del parlamento: "Vamos a votar para que Crimea reciba el estatus de Estado"


El presidente del Parlamento de la República Autónoma de Crimea, Vladímir Konstantínov, anunció que en el referéndum del próximo 30 de marzo se planteará a los habitantes de la península si quieren que Crimea reciba el estatus de estado.

Konstantínov dijo además que "el Consejo Supremo de Crimea no está sujeto a las nuevas autoridades de Kiev". 

"Vamos a plantear la pregunta sobre el cambio del estatus de Crimea de autonomía al de Estado y sobre esta base tenemos la intención de construir una relación con el Gobierno central sobre una base contractual", anunció Konstantínov durante una rueda de prensa desde Semfirópol.

"Al día de hoy tenemos un presidente legítimo, por el que votó la mayoría de la población de Crimea, es Víctor Yanukovich", señaló el presidente del Parlamento de Crimea, Vladimir Konstantínov.

"La independencia estatal en la situación actual es necesaria no por ambiciones políticas" sino para que las autoridades de la autonomía "puedan defender activamente los intereses de los ciudadanos de Crimea", señaló Konstantínov. 

Además subrayó que el Parlamento de Crimea asumió la responsabilidad política de la situación en la península "en condiciones de una crisis profunda en la que Ucrania está sumergida, en términos de ilegalidad y arbitrariedad" que se apoderaron de Kiev y algunas otras regiones del país.
 
"Decidimos tomar el control de todas las fuerzas de seguridad después de conocer que estaban recibiendo órdenes de Kiev. Las personas dentro de estas estructuras están  desmoralizadas, así que decidimos tomar el poder en nuestras propias manos para detener las actividades ilegales. Hoy la situación está controlada por nosotros", señaló el presidente del Parlamento de Crimea, Vladimir Konstantinov.

"Operamos exclusivamente dentro del marco de la Constitución y las leyes de Ucrania. Pero no aceptamos las órdenes y reglamentos que emanan de las fuerzas políticas que tomaron el poder en Kiev si son contrarios a la ley existente y ratificados sin el procedimiento establecido por la ley" dijo en un comunicado Konstantínov, difundido por el servicio de prensa del Parlamento.

Hizo hincapié en que el Consejo Supremo de Crimea insta a la estricta observancia de la ley.

"Por encima de la ley para nosotros está sólo la vida, la seguridad y el derecho una vida digna de los crimeos de todas las nacionalidades, nuestros votantes, quienes nos delegaron el derecho de ejercer en nombre de un Gobierno representativo", dijo en un comunicado el presidente del parlamento.

Konstantínov agregó que "los pasados días martes y miércoles el Consejo Superior fue atacado por extremistas. Ciudadanos de Crimea murieron durante las manifestaciones, debido a ataques cardiacos y algunos fueron pisoteados. Ninguna política justifica esas víctimas".


VENEZUELA: FALSIMEDIA DIJO QUE ERAN JOVENES ESTUDIANTES; 60% DE LOS DETENIDOS POR VIOLENCIA NO LO SON

03.03.2014
 

VENEZUELA: La fiscal General de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, desmontó la imagen de “protesta estudiantil” que buscan reflejar los medios internacionales, puesto que solo un 25 por ciento de los detenidos por acciones desestabilizadoras en Venezuela son estudiantes. Foto: Según Falsimedia es un estudiante


Así, el 60 por ciento restante se tratarían de civiles con otras actividades que han sido detenidos en acciones violentas.

Según informó la fiscal General, de las 1044 personas han sido detenidas solo 418 son estudiantes, lo que representa apenas el 40 por ciento.

Asimismo, señaló que hay 27 investigaciones abiertas por violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de los hechos violentos orquestados por la extrema derecha venezolana en complicidad con las fuerzas injerencistas de Estados Unidos. Destacó que desde el Ministerio Público “estamos pidiendo las sanciones para los perpetradores y haciendo un acompañamiento a las víctimas”.

La fiscal indicó que este viernes serán presentadas 59 personas ante el Ministerio Público, debido a que hay grupos desestabilizadores que insisten en alterar el orden público en el país. En ese sentido, indicó que hasta la fecha van 17 víctimas fatales y 261 heridos vinculados a los hechos violentos.
En ese sentido, rechazó la falsa matriz de opinión de impunidad que pretende crear la extrema derecha en contra de las instituciones del Estado, pues aseguró que el Ministerio Público se ha encargado de impartir justicia a los responsables de hechos violentos.

En relación a la conmemoración de los 25 años de “El Caracazo”, Ortega Díaz aseguró que las instituciones del Estado venezolano continúan impartiendo justicia a los responsables de esos hechos violentos que generaron centenares de muertes: hay 9 acusados y 7 de ellos en fase de juicio por delito de homicidio intencional calificado.

“El Gobierno venezolano ha venido haciendo un proceso de indemnización a las víctimas, quienes acudieron en 1994 a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para demandar al Estado porque no les habían cumplido”, explicó, y detalló que esa demanda estuvo sin respuesta durante cinco años, hasta 1999 cuando el Comandante Hugo Chávez asumió la presidencia e indemnizó a 182 víctimas.

El último proceso de indemnización a las víctimas de El Caracazo se realizó este jueves, con 114 personas indemnizadas.

Telesur

RAFAEL CORREA EVALÚA LA POSIBILIDAD DE PRESENTARSE A UNA TERCERA REELECCIÓN




EL PRESIDENTE MEDITA SOBRE UNA DECISIÓN MUY SERIA Y CRUCIAL PARA EL PAÍS... Y SU ALIANZA PAÍS
EL PRESIDENTE MEDITA SOBRE UNA DECISIÓN MUY SERIA Y CRUCIAL PARA EL PAÍS… Y SU ALIANZA PAÍS

Una vez que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunciara la posibilidad de no postularse a la reelección en 2017, las posturas en el ámbito político, de los medios de comunicación y la ciudadanía se dividen.

Diarios como El Telégrafo hace alusión a que tal decisión podría responder a los resultados adversos de las pasadas elecciones seccionales, en las que el movimiento Alianza País —el cual lidera Correa y ejecuta la revolución ciudadana— perdió alcaldías importantes como Quito, Cuena y Guayaquil.

Aunque también es importante decir que el partido del mandatario suramericano obtuvo 68 alcadías y 10 prefecturas.

OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA 

EL RÉGIMEN ESPAÑOL BLINDA BILBAO ANTE LA LLEGADA DEL BORBÓN, DE LOS DELINCUENTES DEL F.M.I. Y OTRAS MAFIAS

EL FMI Y SU ESTRATEGIA
EL FMI Y SU ESTRATEGIA

DEL BLOG DE CARLOS TENA 

La celebración de la mayor Cumbre Internacional Mafiosa en la historia del País Vasco, ha obligado a organizar un descomunal dispositivo de seguridad, como jamás se recuerda en Euskadi.

Nunca antes se habían reunido en un mismo evento en Bilbao tantos representantes de la delincuencia internacional, dirigentes políticos e institucionales y altos directivos del mundo empresarial.

La capital de Bizkaia quedará blindada a cal y canto, para evitar escenas humillantes a los directivos de diversas Mafias Internacionales, como la habida este domingo en que se celebró una manifestación de protesta por la presencia de personajes como Christine Lagarde, el Padrino del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem o el mismo Borbón.

Ante tal evento, el neofranquista Jorge Fernández, ministro de las fuerzas de inseguridad del estado, no ha querido resbalar.

Desde Madrid, ordenó la ejecución de un plan de contenido y estrategia absolutamente militar, que impedirá que los invitados a la fiesta del Robo y el Expolio tengan que escuchar insultos y descalificaciones, por parte de decenas de miles de personas que no van a celebrar nada.

PERDONEN QUE NO PONGA UN PIE DE FOTO MÁS EXPLÍCITO, PORQUE NO QUIERO QUE VENGA LA POLICÍA CUANDO ESTOY CENANDO
PERDONEN QUE NO PONGA UN PIE DE FOTO MÁS EXPLÍCITO, PORQUE NO QUIERO QUE VENGA LA POLICÍA CUANDO ESTOY CENANDO

Más de mil policías, ertzainas y guardias civiles están siendo cuidosamente ubicados en el casco urbano de Bilbo y en las entradas a la ciudad, donde ya se habla de la llegada de los «saqueadores de derechos».

Por cierto, en la frontera con Francia se han puesto en marcha normativas especiales que no se implementaban desde la dictadura franquista.

El llamado Foro Global España 2014 (Robo Global, sería más exacto) es una iniciativa del Ministerio de Economía, que quiere dar muestras a los invitados del exterior sobre una presunta «recuperación de la economía española» .

La llegada del Borbón sigue siendo un misterio para evitar incidentes, dada la repulsa general que su figura provoca en la sociedad vasca. Lo más probable es que llegue de noche, dada su querencia a la nocturnidad y la alevosía.

La Ertzaina, en esta ocasión, quedará deplegada en todo el perímetro y alrededores del Museo Guggenheim, donde se celebrará la cumbre. Por fortuna, la banda internacional abandonará la ciudad el mismo lunes.

Será un respiro de alivio ante tanta impostura y delincuencia, cuyo hedor sin duda será barrido por la brisa cantábrica.

OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA 


COMUNICADO DE LA JOC DE VENEZUELA




Frente al intento de la oligarquía internacional de quebrantar la democracia en Venezuela.
La Juventud Obrera Católica de Venezuela, movimiento con más de 60 años de historia en país, promoviendo la formación por y para la acción consciente y transformadora, queremos denunciar y alertar a la opinión pública Internacional la situación coyuntural que vive hoy el pueblo Venezolano:
Nos estamos enfrentando de nuevo al intento de las grandes potencias imperiales y oligárquicas del mundo, quienes pretenden romper el proceso democrático que se vive en el país. Estamos viviendo el desarrollo de un golpe de estado expresado en fuertes focos de violencia protagonizados por: estudiantes hijos de la burguesía Venezolana en su mayoría provenientes de universidades privadas, grupos armados, entrenados y financiados por EEUU y sus instituciones; y apoyados por los partidos políticos más fascistas y conservadores de la sociedad venezolana.
Denunciamos que el gobierno norteamericano y el empresariado internacional con sus aliados en Venezuela están financiando a grupos fascistas para promover violencia y enfrentamientos que generen muertos y de esta manera justificar un Golpe de Estado que rompa con el orden democrático y constitucional en Venezuela y en consecuencia debilitar los gobiernos progresistas en el continente.
Queremos denunciar la guerra psicológica que desarrollan las grandes transnacionales de la comunicación en el mundo quienes difunden imágenes y videos sobre supuestos actos de represión policial y torturas frente a protestas “pacificas” en Venezuela. Queremos alertar que muchas de esas imágenes son Falsas, otras tomadas de hechos ocurridos en otros países en guerra como Irak, Libia y Siria.
Queremos evidenciar que los hechos que hoy impulsan la oligarquía internacional en Venezuela buscan repetir los Golpes de estado que se dieron en Venezuela 2002, Honduras en el 2009, en Paraguay en el 2012 y el fallido intento en Ecuador en 2010, todos frente a gobiernos democráticos que impulsan transformaciones profundas en beneficios de las mayorías populares y que promueven la independencia y la soberanía frente a las potencias imperiales.
Solicitamos la solidaridad del movimiento internacional frente a este nuevo intento de las potencias oligárquicas en el mundo de romper con el proceso democrático y participativo que se vive en Venezuela y los invitamos a manifestarse repudiando estos hechos y haciendo un llamado a continuar construyendo un país en paz y solidaridad respetando las diferencias políticas en democracia.
De igual manera exigimos a estas potencias RESPETAR LA AUTODETERMINACION DE NUESTROS PUEBLOS y el cese al financiamiento de grupos minoritarios y fascista en Venezuela que solo buscan promover violencia en el país.
Exigimos a las grandes transnacionales de la comunicación en el mundo finalizar su campaña internacional de satanizar el proceso democrático en Venezuela y hacemos un llamado a acceder a información de medios populares y alternativos en el mundo. (ver anexos)
Convencidos de querer convivir bajo los principios de paz, justicia social y solidaridad, asumimos el compromiso de mantener nuestras luchas como pueblo para derrotar esta gran amenaza que atenta contra nuestra dignidad.
Juventud Obrera Católica de Venezuela


OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA 

MILITARES UCRANIANOS EN CRIMEA DIMITEN EN MASA

oligarcas ucranianos


Russia Today transmite en varios idiomas, uno de ellos es el castellano y es un excelente medio por el cual tener información sobre lo que acontece en Ucrania sin pasar por la censura de medios europeos o USAmericanos.



OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA 

LA AUDIENCIA ESTUDIARÁ EL 10 DE ABRIL LA EXTRADICIÓN DE JUAN ANTONIO GONZALEZ PACHECHO "bULLY EL NIÑO" A ARGENTINA


"BILLY EL NIÑO"

La Fiscalía ya informó de que se opone a la entrega solicitada por la jueza Servini, porque dice que las torturas por las que se le reclama habrían prescrito.
La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará el próximo 10 de abril en una vista pública la petición de extradición del exinspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, reclamado por Argentina por torturas en el franquismo, entrega a la que se opone la Fiscalía.
La vista se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) el 10 de abril a las 10.00 horas ante la sección segunda de la Sala de lo Penal, compuesta por Concepción Espejel (presidenta), Clara Bayarri y Julio de Diego.
En el marco del procedimiento que se sigue por estos hechos en Argentina, la juez instructora María Servini pidió la extradición de Billy El Niño y del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, sobre cuya entrega aún no se ha posicionado la Fiscalía y cuya reclamación será revisada en otra vista aparte por otra sección de la Sala de lo Penal.
El pasado 31 de enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya informó de que se oponía a la extradición de Billy El Niño al entender que los hechos por los que se le reclama (torturas a 13 personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas entre 1968 y 1975) estarían prescritos y, en todo caso, serían competencia de la justicia española y no de la Argentina.
Esta es la posición que defenderá en la vista de extradición el fiscal Pedro Martínez Torrijos, que en su informe aboga por la preferencia de la jurisdicción del Estado donde se cometieron los hechos para evitar una duplicidad de procesos. “Los tribunales españoles son competentes para el conocimiento de los hechos, al tratarse de hechos cometidos en territorio español, por ciudadanos españoles y las víctimas son nacionales españoles”, afirma. No obstante señala que de acuerdo al Código Penal español de 1973, aplicable en el momento de las presuntas torturas, los hechos estarían prescritos “con creces” por haber pasado más de diez años.
Billy el Niño, así como el capitán Muñecas, se negaron a ser entregados a Argentina el pasado diciembre ante el juez Pablo Ruz, quien impuso a ambos comparecencias semanales, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte.
La extradición de estos dos exmandos de la Policía y la Guardia Civil la pidió la juez Servini tras admitir una querella contra ellos por homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, torturas y sustracción de menores (lo que aludiría a la trama de los bebés robados) durante la época franquista.
Billy el Niño, de 67 años, está reclamado por un delito de torturas que habría cometido sobre trece personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas entre 1968 y 1975 en las cárceles madrileñas de Yesería y Carabanchel. Se trata de José María Galante, Miguel Ángel Gómez Álvarez, Andoni Arrizabalaga, Antonia Hernández, Francisca Villar del Sanz, Luis Suárez, Silvia Carretero, Acacio Puig, Alfredo Rodríguez Bonilla, Antonio Chapera, Felisa Echegoyen, Francisco José Fernández Segura y Jesús Rodríguez Barrio.
El exinspector, que aparece hasta en 17 querellas del franquismo por delitos de torturas, fue citado a declarar en los procesos por el asesinato de los abogados de Atocha y en juicios relacionados con grupos paramilitares antiterroristas, así como condenado por malos tratos, pero se benefició de la Ley de Amnistía de 1977.

OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA 

EGIPTO: LA DINÁMICA DEL MOVIMIENTO SOCIAL HACE CAER AL GOBIERNO DE BEBLAWI


Jacques Chastaing

El gobierno Beblawi, con todos sus ministros, incluyendo al mariscal Sissi, Ministro de Defensa, dimitió el lunes 24 de febrero por la noche.
Ese gobierno liberal con participación o apoyo demócrata, naseriano, de “izquierdas” y salafista, nombrado por el Ejército a la salida de su golpe de Estado del 3 de julio de 2013 para cortar la hierba bajo los pies de la revolución popular del 30 de junio, ha justificado su dimisión por la falta de apoyo del pueblo a su política de reformas que juzga necesarias para Egipto.
De hecho, ha sido el reinicio de las huelgas comenzado el 10 de febrero en la fábrica textil estatal de Mahalla y su amenaza de generalización al país - “la falta de apoyo del pueblo”- lo que explica la dimisión del gobierno. [Al-Masri Al-Youm, el periódico de El Cairo, titula el 25 de febrero: “La intifada de los trabajadores derroca al gobierno”]. En efecto, esta huelga de siete fábricas de los obreros del textil para la extensión a la industria pública del salario mínimo de 1 200 LE (libras egipcias; la libra egipcia equivale a 0,10 euros aprox. ndt ) prometido por el gobierno a los asalariados del Estado a finales de enero de 2014 se ha extendido estos últimos días no solo al resto del sector textil sino también al transporte público de El Cairo/1, a los empleados postales, a los policías rasos y a varias empresas químicas del sector privado.
Los 28 garajes de los autobuses del Gran Cairo, cuyos 42 000 empleados tienen salarios que van de 600 a 1 400 LE, están en huelga desde el sábado 22 de febrero para la obtención del salario mínimo de 1 200 LE sumado a una subida del 7%. También demandan inversiones importantes para renovar la flota de los 4 700 autobuses, una gran parte de los cuales es demasiado vieja, lo que provoca problemas de seguridad. El gobierno les ha prometido 15,2 millones, pero los huelguistas lo han rechazado, juzgando la cantidad insuficiente.
 Quince oficinas de correos han comenzado una huelga el 23 de febrero por el salario mínimo y una subida suplementaria de los salarios del 7% como los empleados de autobús, bloqueando la sede central de correos en Attaba y llamando a la extensión de su movimiento.
A estas huelgas se le añade también el anuncio, realizado el 21 de febrero, de transformar de la huelga parcial de los médicos que comenzó a principios del año de 2014, en huelga general ilimitada el 8 de marzo, con la creación para ello de un comité de huelga independiente del sindicato. En la asamblea general nacional celebrada el 21 de febrero, los médicos lanzaron feroces ataques públicos contra el gobierno acusándolo de incompetencia, de corrupción y de destrucción de los servicios de salud egipcios y exigiendo no solo la subida de salarios sino, también, el aumento de los presupuestos para la salud, así como la dimisión del Ministro de Sanidad, una investigación pública sobre la incompetencia y corrupción de la dirección de la sanidad y la liberación de los 200 médicos encarcelados por su compromiso político. Por otra parte, anunciaron que antes de la huelga ilimitada del 8 de marzo, extenderían su huelga a la sanidad privada a partir del 26 de febrero. A esta huelga se le añaden las de los farmacéuticos, veterinarios y otros servicios de salud, como los enfermeros.
Por otra parte, 15 000 asalariados de la gestión del agua y de los suelos luchan desde hace varias semanas por el pago de 4 meses de atrasos salariales y la vuelta de su servicio (que había sido privatizado en 1995) al sector público; también, en varias empresas del sector químico germina la huelga (o existen amenazas de hacerla) con la exigencia de un salario mínimo de 1 200 LE; huelga que bien podrían extenderse a otros numerosos sectores, dado el importante número de privatizaciones realizada desde los años 1990. La prensa se hace eco de otras tres empresas en esta situación que se han puesto en huelga estos días.
Lo empleados de las oficinas notariales también iniciaron una huelga el 17 de febrero en demanda de un salario mínimo de 1 200 LE y que sus corruptos e incompetentes responsables sean despedidos. Y los maestros también amenazan con sumarse a esta dinámica, aún cuando el gobierno justo acaba de prometer la titularización a pleno empleo de 75 000 de ellos con derecho a la Seguridad Social. Por último, los jubilados del sector público que también se movilizan en protesta contra la exclusión de su pensión del proceso en el que está la subida del salario mínimo.
En definitiva, tras 6 meses de represión feroz, el pueblo egipcio de las fábricas y de las oficinas acaba de poner fin a la unión nacional contra el terrorismo islamista que justifica la aceptación de la dictadura y el retraso a las calendas griegas de las promesas sociales del régimen bonapartista del mariscal Sissi. Pone fin -al menos de forma momentánea- a la violenta represión que golpeaba a los militantes revolucionarios demócratas o socialistas. Pero sobre todo pone fin al período de estos últimos meses, en el que solo el ejército y los Hermanos Musulmanes aparecían en la escena política con sus enfrentamientos sangrientos. Un período en el que era imposible luchar o manifestarse contra las medidas del régimen sin ser acusado de ser un terrorista islamista. En fin, con la caída del gobierno y por tanto del propio Sissi (incluso si solo es momentánea), el pueblo egipcio, y muy en particular su juventud, confirma el sentido de su abstención masiva en el referéndum de enero de 2014; es decir el rechazo de los Hermanos Musulmanes, pero también el fin de la adhesión (relativa) a la demagogia bonapartista del ejército.
La cuestión social recupera sus derechos y exigencias, retomando el camino de las movilizaciónes de la primavera de 2013 y de los millones de hombres, mujeres y jóvenes que ocuparon la calle durante varios meses antes de que el ejército les robara la toma de conciencia política de un poder popular posible.
Por supuesto, no todo está arreglado. Ni mucho menos.
En primer lugar, aún no se sabe si la política del próximo gobierno/2, que cuando se escribe este artículo aún no está designado, será intentar desviar el curso de la revolución social que se ha vuelto a poner en marcha hacia callejones sin salida electorales o intentar romper la revolución por la fuerza o un poco las dos cosas. Hasta ahora el ejército ha dudado siempre para finalmente, tras algunas tentativas, retroceder ante el enfrentamiento directo con la revolución por miedo de estallido de su propio aparato de represión. Y no es la revuelta actual de la base del aparato policial la que va a animarle a ir en ese sentido, salvo si la inminencia insurreccional no le dejara otra opción. Las soluciones electorales por su parte, han perdido mucho de su atractivo por el descrédito de los Hermanos Musulmanes que habían ganado las confrontaciones electorales pasadas pero, más en general, también por la desconsideración de los aparatos políticos demócratas y de “izquierdas” que han hecho de esta solución la base de su existencia, debido a su participación gubernamental en la dictadura del mariscal Sissi. Los Hermanos Musulmanes, el Ejército, la oposición democrática laica están debilitados tras tres años de dentelladas de la revolución.
Sin embargo, aún cuando sea una etapa necesaria, con la desconfianza solo no basta. También hacen falta perspectivas.
De hecho el movimiento obrero actual da algunas: un salario mínimo decente para todo el mundo, la renacionalización del aparato productivo, el despido de todos los corruptos a todos los niveles de las direcciones de los aparatos económicos y administrativo, y todo esto bajo el control del pueblo. De alguna forma una perspectiva socialista.
Son quizá los retos del período que se abre: que miles de hombres y de mujeres que han hecho la revolución hasta ahora se apoderen de ese programa que surge de la situación para hacer de él una bandera consciente. Que el eslogan “pan, justicia social, libertad” del comienzo tome este sentido. Pero por supuesto, esto no se hará sin combates, dudas y retrocesos momentáneos frente a la represión, las mentiras y las tentativas de división
El 22 de febrero, por ejemplo, parecería que los trabajadores de la fábrica textil de Mahalla, punto de partida del movimiento actual, habían suspendido su movilización debido a la promesa gubernamental de darles no solo las mejoras salariales que reclamaban, sino el salario mínimo de 1 200 LE y el despido de los dirigentes de su empresa. En definitiva, todo lo que pedían. Por tanto, una victoria total que puede animar a los demás trabajadores aguantar en su movimiento o a implicarse en él, pero que puede también dispersar la movilización general que se está construyendo. Tanto más, si ese anuncio es cierto, ya que el gobierno dijo hace unos días que habían vuelto al trabajo, lo que era mentira. Las autoridades han anunciado que necesitarían dos meses para poner en marcha esas diferentes medidas. Es el plazo que le han dejado los huelguistas que, sin embargo, han precisado que una vez pasado ese plazo, si no se hubiera hecho nada, reiniciarían la huelga. Ahorabien, el gobierno ha ganado tiempo y puede intentar aprovecharse de ese plazo para mil maniobras... salvo si el movimiento emprendido de los demás huelguistas -que por el momento nada parece poder detener- no se lo permite. La revolución reafirma su dinámica.

OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA 

TELEFÓNICA : LOS BENEFICIOS DE LA PRECARIZACIÓN




Telefónica: los beneficios de la precarización

El presidente de Telefónica, César Alierta.

 
El pasado jueves, Telefónica hizo públicos los beneficios netos obtenidos en el 2013. Un total de 4.593 millones de euros -un 17% más que los de 2012-, que sitúan a la multinacional presidida por César Alierta a la cabeza en volumen de ganancias entre las empresas del Ibex 35, por encima del Banco Santander, segunda con un beneficio neto de 4.370 millones.
La compañía obtuvo estos beneficios después de poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el período 2011-2013 que finalmente ha afectado a 6.830 trabajadores, 330 más de los previstos inicialmente. Las grandes compañías del sector de las telecomunicaciones hace años que emprendieron el camino de las reducciones de plantilla, y la apuesta por las externalizaciones, contratas y subcontratas.
La bajada del número de trabajadores con contrato fijo en Telefónica en los últimos veinte años es espectacular. Fuentes sindicales cifran este descenso en 50.000 empleados desde las Olimpiadas de Barcelona de 1992. El mismo César Alierta confirmaba, en la Junta de Accionistas celebrada en junio del año pasado en Madrid, que la compañía pasó de tener 40.000 trabajadores en el año 2003 a 20.000 el pasado año.
La estrategia pasa por adelgazar la plantilla fija de Telefónica y externalizar la mayoría de los servicios a empresas en las que prima el contrato temporal o, en su defecto, que fuerzan a los empleados a hacerse autónomos para contratar sus servicios. Las obligaciones de la multinacional para con estos empleados, de esta manera, se reducen al mínimo, cuando no desaparecen.
Un ejemplo de los perjuicios de estas prácticas sucedió el pasado 1 de febrero en Sant Pere de Ribes (Barcelona), cuando un hombre que se encontraba trabajando para una empresa subcontratada por Telefónica caía al vacío desde un puente y moría al cabo de pocos días en el hospital. El comité de empresa de Telefónica en Barcelona anunció que se personará en la Fiscalía y en la Inspección de Trabajo para aclarar estos hechos, y denunció que “el sistema de producción impuesto por Telefónica obliga a jornadas interminables para llegar a los ‘puntos’, que hacen que se degraden las condiciones laborales y en consecuencia las de seguridad y salud en el trabajo”.
“Telefónica dice que no es accidente de trabajo porque era autónomo, cuando viajaba por motivos de trabajo, trabajando 12 horas un sábado”, denuncia Josep Bel, miembro del sindicato Co.Bas. El sindicalista cifra en 500 las contratas y subcontratas de la multinacional sólo en la provincia de Barcelona. “Imagínate las que serán en el conjunto del Estado”, apunta.

Sueldos millonarios

Las movilizaciones que han emprendido en los últimos años decenas de empleados de Telefónica por la creciente precarización laboral, que tuvo uno de sus puntos álgidos en la huelga de hambre que llevaron a cabo seis trabajadores para denunciar los despidos improcedentes de la compañía, apuntan también a los elevados sueldos de los directivos y a la dinámica de puertas giratorias que nutre las capas dirigentes. “El gran pastel de la privatización se lo ha llevado la clase directiva. Hoy tenemos a directivos como Alierta que están cobrando 10 millones de euros, más los premios en acciones”, critica Bel.
Especialmente abultadas son las indemnizaciones cobradas por altos directivos de Telefónica cuando la empresa ha prescindido de sus servicios. El exconsejero delegado Julio Linares recibió una indemnización de 24,7 millones de euros en 2013, según publicó el diario económico Cinco Días, y posteriormente fue contratado por Telecom Italia, dominada por un holding en el que está integrada Telefónica. Otro ejemplo lo encontramos en el expresidente de Telefónica Digital, el británico Matthew Key, que ha dejado la compañía en febrero de este año con una compensación próxima a los 20 millones de euros.
Los cuantiosos sueldos e indemnizaciones de los directivos escuecen entre una plantilla que ha visto como se ponían en marcha EREs en momentos de récord de beneficios. No en vano, el recorte del 20% de la plantilla fija de Telefónica emprendida en 2011 se gestó poco después de que, en 2010, la multinacional obtuviese los mayores beneficios obtenidos hasta entonces por una empresa española, 10.167 millones de euros.

El negocio se desplaza hacia América Latina

Telefónica Latinoamérica ya supuso el 51% de los ingresos totales de 2013. Ante la bajada de su volumen de negocio en Europa, la multinacional ha encontrado en América Latina un nuevo filón. El 68% de los nuevos clientes los obtuvo el año pasado en Latinoamérica.
Sindicatos de países como Brasil, Perú o Colombia ya han mostrado su inquietud por las prácticas de la multinacional. “Compañeros de Brasil, de la Central de Trabajadores de Brasil y del PT nos llamaban diciendo: ‘Oye, estos de Telefónica que vienen a comprar las empresas, tela como están insistiendo con favores a algunos diputados para que voten a favor de la liberalización y la privatización”, asegura Bel.
La Marea está editada por una cooperativa de periodistas y lectore

OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA 

ESTATUAS AMORDAZADAS CONTRA LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

En Madrid Decenas de estatuas han sido 'amordazadas' hoy, tal como hizo Greenpeace el pasado 27 de febrero con los leones Daoíz y Velarde frente al Congreso de los Diputados, en una acción convocada por la plataforma No Somos Delito, organización constituida específicamente para luchar contra la reforma del Código Penal y el anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, la cual ha sido rechazada de forma unánime por todos los movimientos sociales por considerar que está orientada a reprimir las crecientes protestas sociales y colectivos como el de los emigrantes sin recursos.

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LOS NEGOCIOS ASTURIANOS DE LOS DONANTES DEL PP


 
Autovías, concesionarias de agua y el no inaugurado Túnel de Pajares 
 

– Sobrecostes y obras finalizadas con materiales de peor calidad a la presupuestada estaban a la orden del día, pero no solía haber problemas, porque quienes tenían que supervisarlo solían estar ‘untadus’…
– ¿Untados?
– Sí, comidas, viajes, favores… a todos los niveles.
– ¿Y con las concesiones de aguas o limpiezas?
–Eso es lo más rentable que tenemos…

Así describía a DIAGONAL ASTURIES un trabajador de FCC que prefiere no revelar su nombre algunas prácticas habituales en el sector. Los recortes y la asfixia económica de las administraciones asturianas tienen mucho que ver con concesiones ruinosas y grandes obras llevadas a cabo a pesar de informes que las cuestionaban. Fueron apoyadas indistintamente por administraciones del PP y del PSOE –e incluso IU. ¿Políticos incompetentes? ¿O decisiones equivocadas, sí, pero que paradójicamente favorecían a un pequeño número de grandes empresas? Los papeles de Bárcenas han respondido por nosotros a estas preguntas: 25 imputados, en su mayoría grandes constructores, acusados de asociación ilícita, cohecho, alteración de precios en concursos públicos o prevaricación, acreditándose una “corriente de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad” del PP, según un auto del juez Pablo Ruz.
Celso Miranda, economista y concejal de IU durante los años del gabinismo, recuerda que al ver la nómina estatal de donantes del PP “vio reflejado a escala la situación de Oviedo: una traslación casi mimética con las mismas empresas y concesionarias, con la excepción de empresas autóctonas como Jovellanos XXI, mientras que obras como la Laboral, el Nie­meyer o el Calatrava eran escaparates sin ninguna herramienta de control”. En aquella época “los pliegos de los contratos parecían hechos ad hoc: sólo una empresa cumplía las condiciones, cuando no se utilizaban empresas semi-públicas, como Gesuosa, para no realizar concursos públicos”.
Hablar de obras inútiles para José Antonio Ballesteros, abogado de Equo, es hacerlo de la Regasificadora del Musel, una iniciativa del presidente socialista Areces para justificar la ampliación del puerto gijonés. Cons­truida por Duro Felguera y FCC, costó 380 millones de euros, pero no ha entrado en funcionamiento. Su autorización de apertura ha sido anulada provisionalmente al encontrarse a menos de dos kilómetros de un núcleo urbano. Cuando fue proyectada, las plantas de gas de Bilbao y Ferrol operaban por debajo del 50% de su capacidad, pero a pesar de ello a Enagás le interesaba su construcción “ya que está garantizada su amortización e incluso la obtención de beneficios adicionales, a costa de las tarifas a pagar por los consumidores”, explica Equo. Un informe de la Comisión Nacio­nal de la Energía en 2012 les dio la razón: y la planta fue hibernada para ahorrar costes.

75 millones para Enagás

Enagás recibirá 75,9 millones de euros en 2014, a través de la factura del gas y de la luz, el primero de los sucesivos plazos hasta recuperar su inversión (y un indeterminado beneficio industrial), según la propuesta de Orden ministerial que regulará la tarifa del gas. Un mes después Ena­gás, la gasística pública privatizada, ha incorporado en su consejo de administración a cinco ex dirigentes del PP, entre los que se encuentran las ex ministras Isabel Tocino y Ana Pa­lacio. Ballesteros piensa que hubo “una burbuja de instalaciones vacías, también en la energía, llevada a cabo debido a la puerta giratoria entre políticos y empresas energéticas”.
La ampliación del Musel, otra obra faraónica promovida por Areces, implicó a dos donantes del PP según los papeles de Bárcenas: OHS y FCC. La obra se adjudicó en 499 millones de euros, aunque los sobrecostes incrementaron el precio hasta los 709 millones. La UE denegó parte de las ayudas al camuflarse los sobrecostes como ‘segunda parte de la obra’. Como consecuencia, la financiación la asumió el Puerto de Gijón (dependiente del Ministerio) bajo los avales del Princi­pado. La más beneficiada fue la gran familia de la burguesía asturiana, los Masaveu, que proveerían esta obra con cientos de toneladas de cemento de su fábrica de Tudela Ve­guin. Sin utilidad aparente, Balles­teros concluye que “se tiró el dinero al fondo del mar para unas instalaciones innecesarias y sin rentabilidad”.
La construcción del nuevo Hos­pital Universitario Central de Astu­rias (HUCA) recayó en una UTE donde participaba otra donante en b del PP, Sacyr. Aunque 205 millones de euros fue lo presupuestado, el coste real ha ascendido hasta los 400. Los escraches de los estudiantes de Medi­cina paralizaron la decena de inauguraciones de una obra aún sin funcionar. Sacyr participó en el 70% de otra infraestructura ruinosa: la autovía Oviedo-Gijón AS-II. Construida y gestionada por ella durante 30 años, cuenta con un ‘peaje en la sombra’ y el Principado paga por cada usuario que la usa (6,5 millones de euros en 2011). Con importantes pérdidas, ha pedido el ‘rescate’ a la administración. Otras autovías, financiadas con fondos estatales, aparecen en los papeles de Bárcenas (autovías del Cantábrico y Grado-La Espina).
Sin embargo, han sido los túneles del AVE de la variante de Pajares la obra más criticada y que ha puesto a Álvarez-Cascos contra la pared. Fueron adjudicados a FCC, Sacyr, AZVI y Construcciones Hispánica (que no tenía experiencia ferroviaria) en 2003, tras una evaluación de apenas seis meses, “infrecuentemente reducida para este tipo de complejas adjudicaciones de obra civil”, según la querella popular. Se obviaron los estudios geohidrológicos y ahora hay deslizamientos de tierra e inundaciones tras perforar 20 acuíferos, secar ríos y manantiales leoneses y trasvasar 10 hm³ hacia Asturies. Cuanti­ficados en 1.085 millones de euros, al poco se elevaron a 1.858. Nueve años después siguen sin finalizarse y acumulan un sobrecoste de 1.642 millones.
El PP recibió 550.000 euros en donaciones ilegales durante la licitación de esos túneles y las acusaciones populares ven relación directa con las adjudicaciones. Nuevamente, los Masaveu y su fábrica de La Robla, a escasos kilómetros de las obras, se convirtieron en proveedores del cemento de los túneles. No es extraño que apoyaran a Cascos en su vendetta contra el PP asturiano: quid pro quo.

Aguas sucias

El caso Bárcenas ha salpicado a directivos de las dos principales concesionarias de gestión y servicio de aguas en el Estado: Rafael Palencia (Degremont Iberia) y Lucio Moreno (Agbar), vinculados a Agbar-Aquagest (1.023 municipios y 225 millones de beneficios en 2011), y Cecilio Sánchez, de FCC-Aqualia (850 municipios y 3,86 millones de beneficios en 2011). Ha­brían donado centenares de miles de euros a cambio de favores y concesiones públicas. Aquagest está implicada en los casos Pokemon y Manga, en Llanes, Cangas del Narcea, Ou­ren­se o Santiago, donde un empresario, Antonio Murcia, declaró que esta empresa pagaba las campañas electorales del PSOE.
Parece lógico el entusiasmo de los gobernantes, aunque no lo comparte la ciudadanía. En Avilés, la llegada de Aqua­gest desencadenó un movimiento que recabó 20.000 firmas para exigir un referéndum. No sirvió para frenar el proyecto y en 2010 esta empresa adquirió la concesión tras pagar un canon de 37 millones. En 1996, la oposición también acompañó la entrada de FCC-Acqualia en Oviedo, que ahora también gestiona limpieza, basuras, cementerio o grúa municipal.

Cánones

La trampa está en las concesiones rehenes: Duran dos o tres décadas, su rescisión supera hasta en 15 veces el canon pagado y a veces se renuevan automáticamente al realizar infraestructuras. El canon se amortiza con una subida del precio del agua (meses antes de la privatización, como en Avilés, o tras la concesión). Además, las compras y obras de esa empresa mixta recaerán en filiales de la empresa privada.
“Si en Oviedo se limpiaba las calles a manguerazos era porque la misma empresa facturaba el agua al ayuntamiento”, recuerda Miranda. Negocio redondo. Miranda reflexiona que “no se consiguió probar la financiación irregular, pero la sospecha sigue viva: ¿qué hacían empresas de servicios comprando caballos en la yeguada de los hijos de Gabino de Lorenzo?”.
Lo que sí que se ha probado fueron los sobresueldos del ex presidente del PP asturiano, Ovidio Sánchez, según reveló Atlán­tica XXII. Alcan­zaron los 6.000 euros mensuales. También cobraron su secretario general, Fernando Go­ñi, Aréstegui, presidente del PP de Avilés o el exsenador Javier So­peña. También hay donantes en ‘a’: en 2011, Indus­trias Lácteas Asturianas (Reny Pi­cot), empresa de Francisco Ro­drí­guez, realizó la 8ª mayor donación en al PP estatal (60.000) euros.
Con decenas de obras de los donantes del PP aprobadas por gobiernos asturianos de todos los colores, Miranda concluye: “si se hicieran investigaciones a nivel municipal y autonómico encontraríamos hechos similares a los que están apareciendo en los papeles de Bárcenas, y no sólo implicando al PP”. El tiempo dirá si movimientos sociales y ciudadanía siguen la pista del dinero. 

La fiscalía abre diligencias por los sobrecostes en los túneles de Pajares

El tramo del AVE a Asturias costará al menos 3.550 millones frente a los 1.000 previstos en 2003

Manos Limpias denunció a cuatro ministros de Fomento por "desprecio al interés público"


Las obras han sufrido varias inundaciones.

La fiscalía de Asturia ha abierto diligencias de investigación por los sobrecostes en la variante de Pajares, los túneles del AVE a Asturias bajo la cordillera cantábrica cuya obra comenzó hace una década y que costarán al menos 3.550 millones frente a los 1.000 previstos inicialmente. Lo hace a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, que ha denunciado a los ministros de Fomento desde 2003 por "dejadez en sus responsabilidades públicas, falta de rigor en sus decisiones y desprecio al interés público".
La variante de Pajares es el mayor problema de la ingeniería española. Los dos túneles de 50 kilómetros para que el AVE salvase la Cordillera Cantábrica fueron anunciados en 2003 con una inversión de 1.085 millones de euros.
Según fuentes que trabajaron en la obra, los túneles se horadaron sin apenas estudios hidrogeológicos previos y con una pobre técnica de construcción. El resultado es que pincharon 21 acuíferos y secaron fuentes y ríos en la vertiente leonesa. Eso generó unas infiltraciones considerables de agua por los túneles, un caudal que Adif no consigue controlar y que suponen un trasvase oculto desde Pajares a León.
Los trabajadores han filtrado vídeos e imágenes de las infiltraciones y cuentan cómo nadie paró la obra pese a que las infiltraciones asomaron muy pronto. Una de las tuneladoras “avanzaba a buen ritmo cuando el 24 de noviembre de 2005 sobre las 6.00 se produjo una irrupción brusca de agua y lodo por el frente de excavación a la que siguieron dos, el 16 y el 19 de enero de 2006. Fueron los primeras de una serie de incidentes con el agua acaecidos desde entonces en todos los frentes de excavación”, según un informe posterior de Adif. Pese al agua, los túneles fueron horadados en un tiempo récord y están calados desde 2009, siguen sin fecha de apertura prevista.
Fomento admitía en una respuesta parlamentaria en enero que la obra tiene un presupuesto previsto de 3.550 millones de los que ya se han ejecutado 2.943 millones. El grupo constructor del Canal de Panamá cifra los sobrecostes de la obra en unos 1.200 millones de euros, muy por debajo de los 2.500 de desfase previstos en la variante de Pajares desde el presupuesto inicial al actual.
Los ministros desde que comenzaron las obras han sido Francisco Álvarez Cascos (PP); Magdalena Álvarez (PSOE), José Blanco (PSOE) y Ana Pastor (PP).

OTRA HUMANIDAD ES NECSARIA 

EL GOBIERNO SE CARGA EL CROWDFUNDING DE PEQUEÑOS PROYECTOS EN ESPAÑA

¡


El crowdfunding es algo que solo podría haber salido de una plataforma como Internet. La mera idea de que era posible financiar proyectos a base de pequeñas donaciones de miles de usuarios es algo que hubiera sido imposible de implementar hace veinte o treinta años. Y como suele pasar con este tipo de pequeñas revoluciones en el mercado, no pasa mucho tiempo hasta que son advertidas por los legisladores y los lobbys.

Si no tienes dinero, no puedes pedir dinero

El gobierno español se ha dado cuenta de lo mucho que ha aumentado el crowdfunding en España en los últimos meses, y a pesar de que se denominan a si mismos como “liberales”, no han tardado nada en regular y limitar este tipo de financiaciones. Algunas de ellas parecen ideadas para añadir protecciones a los usuarios, mientras que otras no tienen demasiado sentido.
A partir de ahora los proyectos de crowdfunding (o de “financiación participativa” como los denomina la ley) no podrán captar mas de un millón de euros; no es la única limitación, ya que ahora será mas difícil empezar un proyecto como este: las nuevas plataformas tendrán que tener un capital igual o superior a 50.000 €, o un seguro de responsabilidad civil con una cobertura anual de 150.000€.
Igualmente ahora tendrán que registrarse en la CNMV y en el Banco de España, y no podrán aceptar mas de 3.000€ por cada inversor. Igualmente, cada inversor solo podrá invertir 6.000 € al año en proyectos de este tipo. La ley contempla multas de hasta 200.000€ y la prohibición de operar durante 5 años en caso de incumplimiento.

Los pequeños proyectos, los que mas sufren

Es fácil justificar esta medida para evitar que, si el proyecto fracasa, los usuarios puedan recuperar su dinero, pero por otra parte pondrá mucho mas difícil la creación de proyectos al necesitar una inversión importante inicial; precisamente la razón por la que se inician estas financiaciones participativas es por falta de dinero, no por gusto. Si has ideado una plataforma de crowdfunding antes tendrás que demostrar que tienes un capital de 50.000€. ¿No es ridículo? Editado: Son las plataformas de crowdfunding las que deberán tener un capital de 50.000€, no los proyectos.
Por tanto, son los proyectos pequeños ideados por una o dos personas los que mas sufrirán con esta nueva ley que irá incluida en la “Ley de Fomento de la Financiación Empresarial”; en definitiva se trata de una ley en contra de los nuevos emprendedores de Internet, que se calcula que en el 2013 obtuvieron 10 millones de euros por crowdfunding. No sabemos si las grandes compañías le han visto las orejas al lobo, si simplemente este gobierno no tiene ni idea de lo que ocurre en Internet, o las dos cosas, pero está claro que el crowdfunding en España no volverá a ser el mismo.
Fuente | El Confidencial

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