A pesar de esperado y conocido,
el anteproyecto de los derechos del concebido y no nacido, dado a
conocer el viernes 20 de diciembre por el Gobierno del PP, supuso un
grave mazazo para las mujeres en general, y para el movimiento feminista
en particular. Se sabe que estamos bajo el gobierno de la derecha más
retrógrada y ultraconservadora. Se sabe que el titular de la cartera de
Justicia, que marida política e ideológicamente con el de Interior, es
la avanzadilla de las huestes filo-franquistas y del catolicismo más
integrista. Sabido todo eso, siempre quedaba la esperanza de algo un
poco menos nefasto. Con todo ello, aquí van unos comentarios, que tratan
de ver la situación de contestación y respuesta que se está organizando
desde el movimiento feminista y, en general, el rechazo generalizado
que está provocando esta propuesta pepera.
En primer lugar, hay que dejar sentado que el proyecto de ley no
tiene desperdicio en lo que se refiere al menosprecio de los derechos de
las mujeres y al retroceso que supone. Ya se ha dicho y es notorio que
nos colocaría en situaciones peores y más restrictivas que en el año
1985, con la primera ley de despenalización parcial de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE).
Llama la atención, que una modificación de tal calibre, que va a
llevar a la criminalización y penalización de más de 100.000
intervenciones (algunas, muchas, son intervenciones de “tomar una
pastilla”), se realice sin ningún análisis de datos ni de la situación;
ni de las causas por las que se producen las IVEs; ni tampoco de las
causas que dan lugar a los embarazos no deseados y el origen de estos
fallos; tampoco se analiza la situación de las personas que son
mayoritariamente afectadas,... Y estos datos existen, y los publica el
Ministerio de Sanidad con periodicidad anual. ¿Por qué ha ejercido
Gallardón de impulsor de esta ley dejando al margen a la responsable de
Sanidad y de Políticas Sociales? Se presenta así el proyecto, no dentro
de las necesarias políticas de salud sexual y reproductiva de las
mujeres, sino dentro de una propuesta ideológica que trae causa de los
particulares valores del integrismo católico.
La prueba de que esta modificación se inserta en este sector de la
sociedad está en los apoyos que ha conseguido de forma unánime y
fervorosa: Rouco y los que se denominan “pro-vida” del feto. Hay un
apoyo cualificado más. Tenía que ser en Navarra. Resulta que el
Arzobispo que tienen aquí los católicos, es castrense. Y allá por las
fechas en que ejercía de tal, aparece fotografiado bendiciendo a las
tropas del ejército español que iban a intervenir en una de las guerras
más ilegítimas conocida: la de Afganistan. Ahora, elevado de categoría y
con plaza en Iruñea y Tudela, se dedica a apoyar y a participar en los
“escraches” que las organizaciones ultracatólicas locales realizan en la
única clínica navarra que practica interrupciones de embarazos,
acosando a las mujeres y llamándolas asesinas.
Cabría destacar que, además, parece no concitar voluntades de su
espectro político pues, para estas fechas, destacados
militantes/dirigentes del PP, se han desmarcado de la modificación
abiertamente y ya piden a voces, que se retire el proyecto, y que si
llega al Congreso, se deje libertad de conciencia para la votación que
sería secreta.
En tercer lugar, hay que subrayar el despegue del proyecto de un
sector científico médico que ha reaccionado fuertemente en contra del
supuesto segundo de legalización, para el caso de que el feto tenga
malformaciones importantes, que afecten a la salud psíquica de la
embarazada. Obviamente se señala, con cierto recochineo por alguien, que
si una mujer amenaza de depresión por un embarazo no querido, se le
puede recetar Prozac, pero no la realización de un aborto.
En cuarto lugar, no son pocas las voces del mundo jurídico, que ven
serios impedimentos de constitucionalidad y de respeto a los principios
del Derecho Penal, el hecho de que a la mujer embarazada se la convierta
en víctima, en el momento en el que voluntariamente decide abortar, y
por tanto no sería imputable. Sí lo sería en cambio todo el personal que
participe en la realización del mismo. Esto además de la permanente
crítica a que se considere, como dice el título de la ley, que el
concebido y no nacido tenga derechos, como una persona, y que además, al
entrar en conflicto con los derechos de la mujeres, sean aquéllos
preeminentes.
En quinto lugar, hay que destacar las reacciones de algunas personas
del ámbito de la política europea que han manifestado que con este
proyecto de ley el Estado español se separa peligrosamente de la mayoría
de las legislaciones europeas, de corte democrático, inscritas en los
principios y directivas europeas sobre derechos sexuales y
reproductivos, que a su vez se basan en la normativa internacional. Esto
va a suponer para los países europeos más cercanos y asequibles, que
muchas mujeres, miles, acudirán allí a que se les practiquen las
intervenciones.
Las reacciones más interesantes e inmediatas han sido las del
movimiento feminista. Con una coincidencia y una contundencia ejemplar,
cientos de movilizaciones se sucedieron por todo el estado, dentro de
las veinticuatro horas siguientes al anuncio del gobierno. La inmediatez
de la respuesta, en un día tal como el veintiuno de diciembre, sábado,
no dejó sede del PP huérfana de la visita. El llamado del movimiento
feminista fue apoyado por miles de personas en todos los sitios. El
clima de indignación y rechazo era importante. La contestación fue
brutal. Y es entonces cuando los sentimientos de rabia e impotencia se
van transformando de forma colectiva en armas para la reivindicación y
la contestación. Así aparecen, una vez más, los puntos centrales del
debate de la política feminista: derecho a decidir libremente sobre los
propios cuerpos; aborto libre y gratuito, en los centros públicos de
salud; maternidad libre y deseada; las mujeres decidimos.
Con este elenco de consignas y reivindicaciones el movimiento ha
salido a la calle, acompañado de amplios sectores sociales que le
apoyan. El derecho a decidir de las mujeres se está convirtiendo en el
primer punto de la agenda política. Está habiendo ya un debate amplio
sobre la legitimidad del derecho al aborto a petición de la embarazada y
dependiendo de su libre y soberana voluntad.
Sobre estas movilizaciones me gustaría destacar dos puntos
importantes de las mismas, que están configurando ya los nuevos perfiles
de las protestas.
La incorporación de miles de jóvenas a las organizaciones
feministas y a las movilizaciones está suponiendo una forma interesante
de contestación y protesta. Se retoman y se potencian y reinventan
manifestaciones callejeras descaradas, enfrentadas, abiertas,
divertidas, musicales, radicales,... , así como encierros,
encadenamientos, performances, teatros,... Todo ello, está posibilitando
una participación muy directa donde la gente se encuentra a gusto
porque escenifica la protesta en primera persona. Ese es el llamado más
importante al que se está respondiendo: se trata de tu cuerpo, de tu
movilidad, de tu decisión, de tu espacio,...
Todas, pero sobre todo la gente más joven, perciben en este proyecto
de ley una grave intromisión en sus vidas y en sus decisiones más
importantes. Decisiones que son un derecho reconocido y tutelado por el
Estado y las Administraciones Públicas, pueden pasar a ser conductas
delictivas y acciones penalizadas, y en todo caso, no garantizadas para
las mujeres. Puede suponer que la vida de miles de mujeres se pone en
peligro porque hay que volver a abortos clandestinos. Puede suponer, que
las que tengan más medios económicos o puedan viajar más fácilmente sí
decidan sobre un embarazo no deseado, mientras que las mujeres más
fragilizadas por el sistema tengan que soportar maternidades impuestas
por la voluntad de otros y bajo la dependencia de otros. Puede suponer
que la mujer que acceda a que le realicen una IVE, obtenga como
resultado un certificado de “salud mental en peligro”.
Así las cosas, va a ser muy difícil que se imponga esta ley contra la
voluntad mayoritaria de la sociedad. No existe ninguna razón para que
las mujeres empeoren sus condiciones de libertad de decisión que no sea
la propia ideología ultraconservadora. Además, ahora existen los medios
más que suficientes para que una interrupción voluntaria del embarazo se
pueda realizar con todas las garantías sanitarias. Las movilizaciones
están demostrando el desacuerdo y la contestación. Una vez más el
movimiento feminista se movilizará en resistencia. Resistencia que ya se
está convirtiendo en desobediencia.
Begoña Zabala forma parte del Consejo Asesor de VIENTO SUR
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
