La red ciudadana de
crímenes contra el franquismo pedirá la imputación
como responsables de delitos de lesa humanidad de los exministros Martín Villa,
por el asesinato de cinco obreros en Vitoria, y Utrera Molina, por la condena a
muerte de Puig Antich; de 'Billy el niño' por tortura sistemática; y de más de
300 responsables de la represión franquista....
La causa por los delitos de genocidio y/o crímenes
de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre
el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 continúa adelante en la Justicia
argentina. Tras recoger más de trescientas querellas, la Red ciudadana contra
los crímenes del franquismo (Red Aqua) ha decidido pasar a una segunda fase:
pedir la imputación por crímenes de lesa humanidad de más de 300
responsables de la represión franquista.
La documentación previa a la querella, a la que ha tenido
acceso Público, contempla la petición de imputación de los exministros
Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante
una huelga en Vitoria y José Utrera Molina (suegro de
Gallardón), por firmar la condena a muerte de Puig Antich. Asimismo,
también solicita la imputación del "torturador" de la Brigada Político Social
(la policía política del franquismo) Juan Antonio González Pacheco,
alias Billy el niño.
Por último, la querella también contempla la imputación del
exministro de Trabajo Fernando Suárez y del guardia civil
golpista Jesús Muñecas Aguilar, conocido por su célebre frase
en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981: “No va a ocurrir nada,
pero vamos a esperar un momento a que venga la Autoridad Militar
competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a
todos nosotros”.
“Ya va siendo hora de que la Justicia condene de una
puñetera vez a la dictadura, el franquismo y sus colaboradores, que
después se vistieron de demócratas”, señala a Público José
María Galante 'Chato', miembro de la asociación de expresos y presas del
franquismo La Comuna.
La causa contra el franquismo en Argentina fue abierta el
14 de abril de 2010 tras la negativa de la Justicia española a investigar los
crímenes de la dictadura española. La denuncia apeló a que la Constitución
argentina reconoce el principio de la jurisdicción universal
para juzgar a los culpables de los delitos de lesa humanidad. A la querella
inicial se han sumado ya otras trescientas que están siendo tramitadas ante el
Juzgado Federal Nº 1 de Buenos Aires. La Justicia argentina contempla la pena de
25 a 30 años de prisión por este delito
La voluntad de los querellantes es que la causa abierta por
la magistrada argentina María Servini termine con “la impunidad del
franquismo”, “restablezca la verdad" y abra la vía a "la reparación de
todo el dolor producido”. Reclaman la recuperación a cargo del Estado de los
restos abandonados en fosas comunes y su devolución a los familiares, la
anulación de todos los procesos judiciales de los tribunales especiales
de la dictadura; la condena del expolio económico que sufrieron los
republicanos por parte de los vencedores en la Guerra Civil; y, por último, la
aplicación de la legislación de crímenes de lesa humanidad contra los
supervivientes de la dictadura que tengan las manos manchadas de
sangre.
1. Rodolfo Martín Villa, "la porra de la
Transición"
El exministro, exsenador y exasambleario de la Asamblea de
Madrid Rodolfo Martín Villa fue conocido durante su periodo como ministro de
Gobernación (76-79) como “la porra de la Transición” por la dureza empleada en
la represión de las manifestaciones obreras y estudiantiles. Asimismo, se le
acusa de ser parte responsable de la intensa actividad parapolicial que se
desarrolló a lo largo de estos años con una nutrida implicación de
organizaciones fascistas.
De manera más específica, la querella pedirá su imputación
como ministro de Relaciones Sindicales y corresponsable de la muerte de
cinco trabajadores en Vitoria durante la jornada de huelga del 3 de
marzo de 1976 cuando la Policía asaltó la iglesia de Vitoria de San Francisco de
Asís, lugar habitual de las reuniones de las Comisiones Representativas de las
empresas en lucha, y disparó a bocajarro contra los más de 5.000
obreros que habían acudido a la asamblea.
El resultado: cinco trabajadores muertos (Pedro María
Martínez Ocio de 27 años; Francisco Aznar Clemente de 17 años; Romualdo Barroso
Chaparro de 19 años; José Castillo García de 32 años; Bienvenido Pereda Moral de
30 años) y alrededor de 150 heridos.
Martín Villa comenzó su carrera política en el régimen en
1962 como Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario (SEU) alcanzando el
puesto de Gobernador Civil en 1974 y ministro de Relaciones Sindicales en 1975.
Ya en democracia, fue diputado en las Cortes por la provincia de León (UCD) y de
la provincia de Madrid por el Partido Popular años después. Asimismo, también
presidió la Comisión de Justicia e Interior del Congreso entre 1996 y 1997. En
enero de 2003, fue nombrado comisionado del Gobierno para el desastre producido
por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de
Galicia.
Su pasado franquista tampoco le impidió dar el salto al
mundo empresarial. Desde diciembre de 2003 fue consejero de
Sogecable y presidente del Consejo de Administración y de la Comisión
Ejecutiva de la misma compañía desde marzo de 2004 hasta octubre de 2010.
Asimismo, también fue presidente de Endesa, cuando era parcialmente pública,
presidente de Endesa Italia o presidente de la Comisión de
Control de Caja de Ahorros de Madrid (1993-1997) entre otros
muchos cargos de relevancia.
2. José Utrera Molina, el suegro de
Gallardón
La complicidad de Utrera Molina, de 86 años, con el régimen
franquista ni siquiera ha sido disimulada en democracia. Actualmente, forma
parte del Fundación Francisco Franco. Su carrera en el régimen
franquista comenzó en el Frente de Juventudes (la organización juvenil del
partido fascista) y finalizó en 1975 como Ministro Secretario General del
Movimiento y vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento poco antes de la
muerte del dictador. Además, fue presidente del Banco Rural desde marzo de 1975
hasta su dimisión el 3 de abril de 1978.
La Red Aqua pide su imputación en la querella contra el
franquismo por firmar el decreto o 'enterado' para la ejecución de la sentencia
a muerte, por garrote vil, de Salvador Puig Antich, condenado a muerte por un
tribunal militar tras ser acusado por el asesinato en Barcelona del subinspector
de la Brigada Político Social, Francisco Anguas Barragán, cuando se procedía a
su detención.
En 2010, Utrera Molina escribió un artículo de opinión en
el diario ABC en el que calificaba la Ley de Memoria Histórica y la
retirada del monumento al teniente general Millán Astray como una
“vandálica invasión del Gobierno socialista”. “Vivimos un
tiempo en el que corremos el riesgo de avergonzarnos de pertenecer a una Nación
gloriosa y antigua como ha sido España”, escribe.
3. Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el
niño
Dentro de todos los casos de torturas denunciados a lo
largo de la larga noche de la dictadura franquista, el caso de González Pacheco,
Billy el niño, miembro de la Brigada Político Social, es el más
impactante. De hecho, tiene un amplio dossier de diligencias judiciales por
presuntas torturas en los últimos años del franquismo. Su
nombre llega a aparecer hasta en 17 querellas, presentadas en Argentina, unido
de manera indisoluble al delito de tortura.
En 1974 llegó a ser condenado, junto a otros tres policías,
por el Juzgado Municipal número 19 de Madrid, a pagar 1.000
pesetas por una falta de malos tratos y otra de coacciones
al estudiante Francisco Lobatón. Un año antes, en 1973, ya había sido
condenado por otra falta de lesiones interpuesta por Enrique Aguilar Benítez de
Lugo.
El resto de procesos pendientes se sobreseyeron tras no
presentarse reiteradamente a los juicios en los que estaba encausado y
beneficiarse, posteriormente, de la ley de Amnistía de 1977 que
se extendió a “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades,
funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la
investigación y persecución de los actos Incluidos en esta ley”. Así, también
prestó declaración ante la Audiencia Nacional por su presunta relación con los
asesinos de los abogados de Atocha y por los grupos antiterroristas
paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español,
autores de varios asesinatos durante la Transición.
Pero la Ley de Amnistía no fue suficiente para limpiar su
honor. El 1 de julio de 1977 el Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, le
condecoró con la Medalla de Plata al Mérito Policial y se le
organizó una cena homenaje “como desagravio a la persecución de la que es objeto
por parte de algunos medios de comunicación”. Al acto asistieron cien policías,
entre ellos Manuel Ballesteros que será Jefe del Mando Único de la Lucha
Antiterrorista. Ese mismo año pasó a formar parte de la Brigada Central de
Información, que más tarde daría lugar a la Brigada Antiterrorista donde actúa
como segundo de Roberto Conesa, que también fue su superior en la
BPS.
En 1985 González Pacheco aparece como jefe de
seguridad de la empresa automovilística Talbot en Madrid, donde también
trabaja en diversas empresas de seguridad. En 2011, según la documentación
previa a la demanda de la Red Aqua, figura como jefe de tráfico de la
empresa Loomis.
4. Jesús Muñecas,
golpista del 23-F
Jesús Muñecas es, actualmente, propietario de un centro de
equitación en Valdemoro. Recibe la pensión máxima de jubilación
por sus servicios prestados al Estado a lo largo de su dilatada trayectoria como
guardia civil. Su nombre no pasó a la historia, como el de Tejero, pero sí su
intervención en el 23-F. Él fue el primero en dirigirse a los diputados para
comunicarles la "próxima" llegada de la "autoridad, militar,
por supuesto". Durante el secuestro de los diputados en el hemiciclo, él mismo
se ocupó de dirigir el grupo armado que tuvo a su cargo la vigilancia de las
puertas del Parlamento.
Previamente, había sido denunciado en varias ocasiones por
delitos de torturas en la Comandancia de Zarautz y en la
Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa, dependiente de la de San Sebastián.
No fue condenado por ninguna de ellas. Sí lo fue tras el 23-F por
“delito consumado de rebelión militar”por el que es condenado a
tres años y seis meses de prisión. Salió en libertad en octubre de 1984, tras
cumplir las tres cuartas partes de la condena y obtener setenta y cuatro días de
reducción por trabajos realizados.
5. Fernando
Suárez, en segunda fila
Fernando Suárez inicia su carrera política, como tantos
otros políticos del régimen, en las filas del SEU donde fue jefe de la sección
de Oviedo entre 1954 y 1956. Tras pasar por varios puestos de designación
política de segundo nivel como director del Instituto de la Juventud o director
general del Instituto Español de Emigración, da el salto al Gobierno en 1975
para ocupar la cartera de Trabajo.
Ese mismo año firma, junto al resto de ministros, la
sentencia a muerte de los últimos asesinados por el franquismo en septiembre de
1975: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan
Paredes Manot y Ángel Otaegui. Por ello, la Red Aqua pide su imputación como
responsable directo de crímenes de lesa humanidad.
Fuente:
Público
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
