El
mes de abril ha sido particularmente trágico en el Mar Mediterráneo.
Centenares de muertos se unieron al constante y anónimo goteo de
víctimas mortales reclamadas por la frontera y las políticas que la
regulan. Por una vez la magnitud de la pérdida de vidas resultó en
cierto debate público en los países europeos. “Algo se estará haciendo mal”
fue el tenor de la prensa biempensante, cuando detrás del horror vivido
cotidianamente en el Mediterráneo se esconde una maquinaría pensada,
diseñada y puesta a punto precisamente para un fin muy concreto: la
defensa de la fortaleza europea contra una migración declarada
“ilegal”. Cueste lo que cueste.
Mucho se ha escrito ya sobre el rol que desempeña Frontex, la “agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de la Unión Europea”,
como principal mecanismo de control de los flujos migratorios que en
los últimos 20 años ha producido decenas de miles de víctimas mortales.
Se trata de un organismo que cuenta con medios militares no para
rescatar a migrantes y refugiados sino para blindar una de las fronteras
más brutales, tanto en términos de desigualdad como de pérdida de vida
humana. Pero merece la pena resaltar también como los Estados europeos
–especialmente del centro y norte de Europa– se han dotado de un
entramado legal que expulsa la totalidad de la problemática migratoria a
las fronteras externas de la Unión sobre las cuales recae la “presión”
migratoria (y la presión por controlarla). Así, desde 1995 con el
Tratado de Schengen y especialmente desde el Tratado de Dublin de 1997
las peticiones de concesión de asilo político (básicamente la única
manera de conseguir legalizar la estancia en un país como Alemania si no
se cuenta con pasaporte europeo ni contrato de trabajo) no serán
examinadas por el país al que se dirige la petición (pongamos Alemania),
sino el primer país europeo pisado por el/la refugiado/a (léase, los
países de la frontera sur y este de la Unión Europea). En la práctica
esta normativa encierra a los migrantes en el primer país europeo cuya
frontera han cruzado, permitiéndose incluso la deportación intraeuropea
de países del centro/norte a la periferia. Así, si bien la guerra en
Siria[i]
tiene consecuencias directas, principalmente a través de la figura
del/de la refugiado/a, para los países europeas, la propia situación
geográfica lleva a que esas “consecuencias” se queden, literalmente,
atrapadas en Grecia, Italia, Malta o España. Aunque su deseo sea
buscarse una nueva vida en Inglaterra, Holanda o Alemania.
Llegados a este punto es interesante
también resaltar el proceso de creación de esta normativa que no es otra
cosa que un calco de una ley anti-inmigración alemana, denominada
“Normativa del Tercer País”. En Alemania a principios de los años 1990
hubo casi 400.000 peticiones de asilo político anuales, de las cuales
solo una parte mínima eran concedidas. Aún así el discurso público
mayoritario construía una imagen extremadamente negativa del colectivo
inmigrante y clamaba por leyes más restictivas, esgrimiendo argumentos
principalmente de seguridad y económicos tipo “aquí no cabemos más” o “Alemania no puede convertirse en la oficina de Seguridad Social del mundo entero”.
En 1993 el Parlamento alemán actuó denegando la posibilidad de asilo
político a cualquier persona que busque refugio en Alemania pero que
haya entrado en territorio alemán a través de terceros países en los que
no exista, a ojos del parlamento alemán, persecución política (los
denominados “países seguros”). Resulta obvio que la normativa europea
simplemente ha sustituido la figura del “país seguro” por el “país
europeo”, siendo el resultado para un país como Alemania exactamente el
mismo: externalizar el “problema”.
Para dar un poco más de contexto es
importante señalar también que los principios de los años 1990 y el
debate público sobre la inmigración estuvo en gran medida dominada por
discursos xenófobos y abiertamente racistas de minorías muy activas de
neonazis, que a través de la prensa y los partidos políticos fue
reformulado cínicamente en un problema de orden público. En el triste
recuerdo de aquellos años quedan los cobardes y asesinos asaltos contra
centros de refugiados en Hoyerswerda (1991) y Rostock-Lichtenhagen
(1992) o los incendios de viviendad de inmigrantes perpetrados en Mölln
(1992) y Solingen (1993). Así, tras el asalto al centro de
Lichtenhagen, que ante la pasividad total de la policía duró 3 días y
estuvo a punto de costar la vida a decenas de personas, el entonces
canciller Helmut Kohl daba una particular visión de lo ocurrido:
“La situación es dramatica. Si no
actuamos ahora corremos el peligro de que una gran parte de la población
pierda la confianza en nuestro estado democrático (…). La gente espera de nosotros que actuemos y tomemos medidas que evitan la explotación de nuestro sistema de asilo politico.”
De esta manera los incendios causados por neonazis acaban legitimando
una “revision” de las leyes de inmigración que desemboca meses más tarde
en una abolición del derecho al asilo politico y, más adelante, en una
normative europea que salvaguarda el sistema alemán.
Damos ahora un salto en el tiempo y nos
situamos en Tröglitz, un pueblo de 2800 habitantes en la region de
Sajonia, al este de Alemania. Para mayo de 2015 estaba previsto
inaugurar un centro de acogida para 40 refugiados/as politicos/as
(provenientes principalmente de Siria), proyecto que generó un rechazo
en partes de la población que fue explotado por el partido neonazi
NPD. Desde enero este partido ha venido organizando manifestaciones
semanales en el pueblo. Cuando iban a manifestarse delante de la casa
particular del alcalde independiente del pueblo, éste dejó su cargo ante
la pasividad que venía observando por parte de la policía y ante el
poco respaldo de sus vecinos/as. Markus Nierth, el alcalde, les acusó
de haberse convertido en “mayoría enmudecida.” Su caso provocó la
indignación en muchas partes del país, que se preguntaba como era
possible que grupos neonazis eran capaces de dominar el discurso público
en comarcas enteras (sobre todo) del este alemán. Pero el caso no se
quedó ahí,y en la noche del 3 al 4 de abril fue incendiado el edificio
destinado a acoger a los/as refugiados en Tröglitz, evocando eventos
supuestamente olvidados y borrados de la memoria colectiva. El caso de
Tröglitz inmediatamente fue tildado de excepcional. Un pueblo de la
provincial, en el cual desde la caída del muro se han perdido más de
4500 puestos de trabajo, que nunca ha conseguido ni va a conseguir
reinventarse. Pero no se trata de un caso único. Para llegar a
incendiar viviendas primero hay que difundir climas y discursos que no
son creaciones puramente locales. La region de Sajonia, con una tasa de
población extranjera situada en poco más de un 2%, lleva meses viendo
como crece un movimiento islamófobo/xenófobo denominado “PEGIDA” (“Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente”).
El discurso de este tipo de movimientos o de partidos como el NPD (a
menudo se trata de los mismos actores), ha llegado al centro de la
sociedad, siendo adaptado por partidos mayoritarios y convertido en
legislación europea.
________________________[i] También hay que resaltar el cinismo de diferenciar refugiados/as políticos/as de inmigrantes económicos. Toda causa que lleva a una persona a abandonar su casa para buscarse la vida es política. Si alguien emigra por falta de perspectivas, porque el mercado global ha destrozado el futuro de su región, ¿cómo no se trata de un asunto de política?
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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