Publicado en: 14 abril, 2015
El enfrentamiento entre el gobierno griego de Syriza y la antigua troika – hoy denominada de manera eufemística como las “instituciones” pero conformada por los mismos sujetos, el BCE, el FMI y la Comisión Europea – ha entrado tras la primera ronda negociadora de febrero en un período de impasse en el que se están preparando las condiciones de la nueva ronda de junio para hacer frente de manera más permanente a las necesidades financieras griegas, en lo que se conoce como un tercer rescate, que el gobierno de Syriza rechaza en principio.
Syriza ganó las elecciones del 25 de enero pasado con un proyecto (el programa de Salónica) para poner fin a las políticas de austeridad que están asfixiando al pueblo griego, y ese objetivo, y mandato de la ciudadanía helena, suponía un enfrentamiento abierto con los objetivos y políticas neoliberales que venían imponiendo la troika a los gobiernos anteriores absolutamente rendidos a los dictados exteriores. Las negociaciones de febrero escenificaron claramente ese enfrentamiento al mismo tiempo que el aislamiento del gobierno griego por parte del resto de los gobiernos europeos. Ningún ejecutivo mostró su apoyo a Syriza, hubo como mucho alguna tibieza con respecto al frente de la austeridad encabezado por Alemania – y en el que se han mostrado especialmente implacables gobiernos como el español, el portugués o el irlandés – cuya dureza en las negociaciones evidenciaban su objetivo político último de escenificar una situación donde el gobierno griego apareciese plegado a las condiciones de las “instituciones” – es decir, que aceptase públicamente las actuales condiciones del rescate – de manera que le debilitasen y le terminasen llevando a medio plazo a una derrota política dentro de Grecia como antesala de su desalojo del poder.
El resultado final de esa ronda de negociaciones fue lo que puede ser considerado como una retirada táctica de Syriza, hubo un acuerdo para prorrogar por cuatro meses más el actual programa de asistencia financiera – frente al acuerdo puente de seis meses que pedían los griegos -, que concluía el 28 de febrero, en base a tres tipos de compromisos arrancados al gobierno de Syriza: el de no adoptar medidas económicas unilaterales, es decir, aceptar la continuidad de la tutela de las “instituciones” respecto a la política económica griega, el cumplir con el pago a todos sus acreedores (solamente este año Grecia tendría que pagar 17.000 millones), y presentar una lista de reformas estructurales que deberían ser aceptadas por las “instituciones”. La lista de reformas, que finalmente fue aceptada por el eurogrupo, se centraba en medidas destinadas a combatir el fraude fiscal y la corrupción, pero también recogía algunas otras para reducir el gasto público como reducir las prejubilaciones o retrasar la inmediata subida del salario mínimo, garantizar las privatizaciones realizadas o en curso, y llevar a cabo una reforma laboral en colaboración con la OIT.
Syriza aceptó estas condiciones a la vez que establecía unas líneas rojas que se negaba a traspasar: rechazo al recorte de pensiones, a la subida del IVA, a la continuación de los desahucios, a los superávits fiscales irrealizables y al programa heredado de privatizaciones. La retirada de Syriza se hacía hasta esas nuevas líneas de defensa que pretendían garantizar la supervivencia del núcleo fundamental de su programa.
Hubo tres elementos fundamentales que ayudaron a debilitar aún más la posición negociadora de Syriza, el primero fue el mencionado aislamiento con que se encontró frente al resto de los socios europeos; el segundo fue el agravamiento de la fuga de capitales que se produjo en Grecia durante las negociaciones y según se tensaban las posiciones, llegando a alcanzar los 1.500 millones diarios, poniendo al gobierno griego ante el riesgo de una debacle bancaria; el tercero fue la amenaza de ser obligada a abandonar el euro (Grexit), pues en tanto el frente de austeridad lanzaba el órdago de que la Unión Europea estaba preparada para una eventual salida de Grecia de la eurozona, el gobierno griego no era capaz de contrarrestarlo alegando que Grecia también lo estaba.
Cerrado el acuerdo el 20 de febrero se pasó a la guerra de propaganda, las “instituciones” y todos los medios de comunicación europeos afines, encabezados por ministro alemán de finanzas, se volcaron en difundir la versión de que el gobierno griego se había plegado a todas las condiciones que le habían impuesto, con el objetivo de debilitarle políticamente. Syriza, por el contrario, difundió la versión de que había hecho concesiones – inevitables dada la correlación de fuerzas – pero que había salvado lo principal de su programa. Si bien a nivel de política interna parece que el gobierno griego superó bien esta fase manteniendo un fuerte apoyo popular, no puedo evitar la aparición de divisiones y críticas en el interior del gobierno y del partido por lo que se consideraba, en opinión de sectores de los mismos, excesivas concesiones realizadas en el eurogrupo. Así un tercio del grupo parlamentario de Syriza y el 40% de su Comité Central rechazaron el acuerdo alcanzado.
Si las cesiones realizadas por Syriza en el eurogrupo suponen una retirada táctica o anuncian una derrota estratégica del gobierno griego es una incógnita que se va a resolver en los cuatro meses que median entre este acuerdo y otro más definitivo sobre lo que pretende ser un tercer rescate de Grecia. En el enfrentamiento de febrero se midieron las fuerzas de los dos polos enfrentados, Syriza intentó encontrar fisuras entre los socios europeos para crear divisiones en su seno que la beneficiaran, también pulsó cual serían los límites hasta donde podrían llegar en las negociaciones. El resultado fue frustrante para el gobierno griego, no consiguió abrir fisuras en el eurogrupo; se encontró con medidas agresivas por parte del BCE al excluir a Grecia de su política de expansión monetaria (quantitative easing QE) con la que está comprando deuda europea pública y privada por valor de 60.000 millones mensuales para contrarrestar las tendencias deflacionistas, y el BCE también se negó a aceptar deuda griega para que la banca pudiese acceder a la liquidez que necesita; y, además se encontró con una política de palo y zanahoria respecto a su continuación en el euro, mientras Schäuble y otros hablaban abiertamente de la posibilidad de la salida de Grecia, Merkel y Hollande reafirmaban que no deseaban que se produjera esa salida.
El frente de austeridad, por su parte, ha buscado y busca la derrota política de Syriza por dos razones fundamentales, en primer lugar, para reconducir la situación griega a los parámetros anteriores a la victoria de Syriza, para continuar tratando a ese país como una especie de protectorado tutelado por las “instituciones”, interviniendo y dirigiendo sus políticas. En segundo lugar para evitar que el éxito de Syriza se convierta en un modelo a seguir en otros Estados europeos, con el crecimiento de la oposición social y política a las políticas de austeridad. Es desde esta perspectiva que se comprende la posición intransigente del gobierno español en las negociaciones con la vista puesta en el proceso electoral que tiene lugar este año en España. El resultado es que el frente de austeridad ha salido victorioso de este primer asalto con los retrocesos aceptados por el gobierno griego, pero sabe que aún no le ha debilitado suficientemente para su derrota política. Necesitan para ello dos condiciones, una profundización de las divisiones en el interior de Syriza y el gobierno, separando a moderados de radicales, y desprestigiar intensamente al partido izquierdista ante las clases populares griegas.
Ambas partes se están preparando para el siguiente asalto, que puede ser definitivo, y en este sentido deben de leerse las distintas posiciones que se están adoptando. La iniciativa parece llevarla de momento Syriza con una serie de gestos orientados sobre todo a reforzar la unidad del frente interior en Grecia. En principio, con la adopción de medidas de su programa para hacer frente a la crisis humanitaria dentro de los escasos márgenes que la han dejado los acuerdos en el eurogrupo, salvo que el gobierno griego optase por desconocer esas limitaciones y se expusiese al bloqueo de la ayuda económica y el peligro de una crisis financiera grave. Después, con otra serie de medidas como la de crear una comisión internacional para auditar la legitimidad de la deuda griega, el reclamar a Alemania 278.000 millones por los daños ocasionados durante la ocupación nazi de Grecia y el préstamo forzoso que impusieron los nazis, la posibilidad de someter a un referéndum las exigencias que quieren imponer las “instituciones”, la creación de una comisión en el parlamento griego para investigar el rescate, o el acercamiento a Rusia y la amenaza de vetar la política de sanciones de la UE contra aquella con motivo de la guerra civil en Ucrania. Por último, diversos sectores y personalidades han empezado a sugerir la posibilidad de una salida negociada de Grecia del euro como única posibilidad de que Syriza mantenga el cumplimiento de su programa.
Salvo la amenaza del veto en el caso de las sanciones a Rusia, el resto de las medidas tienen un claro carácter de reforzamiento del frente interno pues no inciden directamente sobre el comportamiento de las “instituciones”, de hecho, a la vez que se adoptaban esta decisiones, el gobierno griego escenificaba su voluntad de cumplir con los compromisos y el jueves 9 de abril devolvía al FMI 460 millones de euros del tramo que le vencía este mes. Por su parte, las “instituciones” tienen que evaluar a finales de abril el grado de cumplimiento de los compromisos adoptados en el eurogrupo como condición para continuar aplicando las ayudas financieras de la extensión del rescate, y es justamente en ese momento cuando se notarán las presiones de las “instituciones” y la orientación que termine dominando dentro del gobierno griego, aunque como un adelanto de la intransigencia que se espera de las “instituciones” el BCE acaba de rechazar la ley aprobada por el gobierno griego para impedir los desahucios de la primera vivienda.
Las medidas a las que nos referimos pueden ser la antesala preparatoria para una ruptura de Grecia con las “instituciones” si finalmente el gobierno se decide por aplicar medidas contundentes para resolver la crisis humanitaria y contra los acuerdos del eurogrupo, si convoca el referéndum, o si repudia la deuda o gran parte de ella como resultado de las conclusiones de la comisión sobre la deuda. Pero también pueden quedar en medidas propagandísticas que, tras ser agitadas como amenazas, se encuentren sin la voluntad política para su aplicación real. En el primer caso nos encontraríamos ante una salida casi segura de Grecia del euro y ante la necesidad por parte de Syriza de radicalizar sus medidas (control del movimiento de capitales, nacionalización de la banca, movilización popular en apoyo de las medidas del gobierno, etc.) para hacer frente a una situación inédita con grandes posibilidades y peligros. En el segundo caso se iniciaría una pendiente que llevaría casi con toda seguridad a la derrota de Syriza, a la desmoralización de la izquierda y el fracaso del programa anti-neoliberal en Grecia. Lo que resulta realmente difícil es concebir una vía intermedia que deje satisfechas a la vez a ambas partes, al gobierno griego y a las “instituciones”.
En esta coyuntura, el resultado dependerá de la correlación de fuerzas en el interior de Syriza y el gobierno, y de las reacciones del campo popular. Como se ha dicho en otras ocasiones históricas, el gobierno, y la línea que se imponga, están en disputa. Las próximas semanas serán decisivas.
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