Publicado en: 21 abril, 2015
Por Martín Cúneo, Rafael Granell, Ter García
El Partido Popular hipoteca las futuras legislaturas con
adjudicaciones millonarias aprobadas a marchas forzadas ante la llegada
de las elecciones. “No tengo una bola de cristal”, fue la respuesta de
la portavoz del Gobierno valenciano, María José Català, ante la pregunta
de si su partido tenía previsto prorrogar antes de las elecciones la
concesión de […]
El Partido Popular hipoteca las futuras legislaturas con adjudicaciones millonarias aprobadas a marchas forzadas ante la llegada de las elecciones.
1,6 millones de euros es el importe del contrato para la conservación de las fuentes ornamentales en Valencia firmado el 31 de marzo. El adjudicatario, ACS, llevaba desde 2005 realizando el servicio con la concesión ya caducada.
30 millones para poda y mantenimiento de jardines de Valencia. El contrato, adjudicado también en marzo, se lo llevó FCC, que comparte la tarea con la Sociedad de Agricultores de la Vega, que se lleva otros 24 millones.
https://www.diagonalperiodico.net/panorama/26412-nos-vemos-futuro.html
El Partido Popular hipoteca las futuras legislaturas con adjudicaciones millonarias aprobadas a marchas forzadas ante la llegada de las elecciones.
“No tengo una bola de cristal”, fue la respuesta
de la portavoz del Gobierno valenciano, María José Català, ante la
pregunta de si su partido tenía previsto prorrogar antes de las
elecciones la concesión de los hospitales privatizados de la comunidad.
No era una pregunta gratuita, sobre todo después de que el PP
valenciano ampliara a finales de enero de cuatro a seis años la duración
de los conciertos educativos, blindando las concesiones hasta 2019. El PP se escudó para hacerlo en la nueva ley de educación, según comenta a Diagonal
Mónica Oltra, de Compromís, pero “lo cierto es que no hay ninguna
obligación legal en este momento”. La Confederación de Padres y Madres
de Alumnos Gonzalo Anaya pidió entonces la dimisión de Alberto Fabra
“por querer dejar la herencia de las políticas de la privatización
educativa a los futuros gobiernos progresistas”.
Para Mónica Oltra, el Partido Popular “quiere seguir decidiendo sin tener el gobierno,
porque en este momento las encuestas le dan alrededor de un 30% de
apoyo electoral”. Según fuentes de la oposición parlamentaria, la
decisión de prorrogar antes de las elecciones los contratos de los
hospitales depende también de las empresas, en el caso del Hospital
Alzira, de Ribera Salud. Si el PP perdiera las elecciones, comentan, y
se obligara a las empresas a cumplir el pliego de condiciones se
produciría tal pérdida de beneficios que las compañías podrían incluso
perder el interés en gestionar los hospitales. “Ya sabemos cómo se
devuelven los favores y por qué el Partido Popular tiene tantos
problemas en los tribunales”, denuncia Oltra.
Si las concesiones en la Comunidad Valenciana fueron a diez años y comenzarán a vencer en 2018, en Madrid las adjudicaciones son a 30 años
El secretario de Comunicación de la Comisión
Ejecutiva de EUPV, Ignacio Blanco, comparte la visión de Oltra sobre el
estado de ánimo en las filas populares: “El PP se ha instalado en la
sensación de fin de ciclo y en que abandonarán el Gobierno. Se percibe
en los pasillos de las cortes, y han tomado decisiones que lo
ratifican”. Este diputado de las cortes valencianas pone como ejemplo las adjudicaciones del Oceanográfico y Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias,
“una licitación que se planteó en verano apurando los plazos para que
se resolviera en abril, un mes antes de las elecciones autonómicas”.
Aguas de Valencia –propiedad del empresario Eugenio Calabuig– parte como
favorita para gestionar este monumento al despilfarro de tiempos de la
burbuja, que costó a las arcas municipales 1.282 millones de euros, con
625 millones de sobrecoste.
Modelo de sanidad blindado
El País Valencià fue el laboratorio de experimentación del llamado “modelo Alzira”
o, lo que es lo mismo, hospitales públicos gestionados enteramente por
empresas privadas. La Comunidad de Madrid ha sido otro de los paraísos
de la privatización de la sanidad después
de que el PP creara cuatro hospitales públicos con todos los servicios
privatizados, y otros seis centros públicos con todos los servicios
privatizados salvo el personal médico y de enfermería.
La movilización de la Marea Blanca impidió en
2014 que estos últimos seis hospitales, privatizados parcialmente, se
convirtieran al ‘modelo Alzira’. La marcha atrás en el proceso de
privatización es aún más complicada que en el caso valenciano.
Si las concesiones en la Comunidad Valenciana fueron a diez años y
comenzarán a vencer en 2018, en Madrid las adjudicaciones son a 30 años,
precisa Antonio Gómez, de CAS Madrid. 2037, 2040 y 2042 es cuando los
futuros gobernantes podrán decidir si prorrogar o rescindir el contrato
de gestión de estos hospitales.
A menos que antes haya un rescate, dice Gómez. Una medida que tiene precedentes. Uno de ellos en París en abril de 2014, cuando el Gobierno francés rescató un hospital semiprivado,
o en Reino Unido, la cuna de este modelo, donde en junio de ese año se
rescataba por primera vez en el país un hospital de este tipo. Una
operación que supondrá un ahorro para la sanidad de Northumbria de 92
millones de euros en 19 años. En ambos sitios, la conclusión de las
autoridades fue la misma, comenta Gómez: pagar una indemnización por
romper el contrato resultaba más económico que mantener la concesión
hasta que finalice.
Si las concesiones en la Comunidad Valenciana fueron a diez años y comenzarán a vencer en 2018, en Madrid las adjudicaciones son a 30 años
La concesión a 30 años de los hospitales privatizados no son la única hipoteca que dejan los gobiernos del PP. La extracción de sangre fue entregada a Cruz Roja en abril de 2014 hasta 2020:
por cada bolsa recolectada, la Comunidad pagará 67 euros, más de nueve
millones de euros al año. Hasta 2018 está concesionado el laboratorio
central de referencia, en San Sebastián de los Reyes, unas instalaciones
para un millón de pacientes entregadas a Ribera Salud a costa de cerrar
cuatro laboratorios públicos, denuncia Gómez. Hasta 2016, las
mamografías fueron entregadas a una ONG, que las derivó hacia el Grupo
Capio. Y en abril de 2014, sin licitación, se prorrogaba por 13,6
millones de euros, hasta 2016, el contrato de la central de llamadas de
la sanidad pública, donde “los casos más rentable, se derivan a los
hospitales en manos privadas y los menos rentables a los públicos”.
El agua, “una inversión segura”
En Madrid, el Gobierno regional se ha apresurado también a avanzar en el cambio de modelo del Canal de Isabel II.
Después de convertir la empresa pública en sociedad anónima, en 2012,
el pasado 3 de diciembre tuvo lugar la entrada definitiva de capital
privado en la entidad, a través de la venta de bonos por 500 millones de
euros. Los bonos, con vencimiento a diez años, se vendieron en sólo una
hora. Como dijo la expresidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre
–empeñada en privatizar el 49% de la empresa pública–, “el agua es un
buen negocio y una inversión segura”. Desde la entrada de capital
privado no ha cambiado mucho el modo de funcionamiento de la empresa, ya
bastante opaca, según señala Raquel García, de la Plataforma contra la
Privatización del Canal de Isabel II, pero sí se adjudicó el nuevo
contrato de gestión de la atención al cliente, que supone 250 puestos de
trabajo a GSS –empresa controlada en un 25% por el propio Canal de
Isabel II y la única que ofrecía que el servicio se operara desde fuera
de España–, en los últimos días, desde Canal se decidió paralizar la
formalización del contrato. En los últimos meses también se ha disparado
el número de adjudicaciones a empresas de servicios y obras del Canal.
En lo que va de año, la empresa ha firmado contratos por más de 200
millones de euros, que han tenido como principales beneficiarias –más de
100 millones de euros– a las grandes firmas constructoras y de
servicios, presentes en la contabilidad en ‘b’ del Partido Popular o
protagonistas de otras tramas de corrupción.
Asturias, atada por años
Ya en Asturias, otra de las regiones donde
Podemos ha entrado con fuerza y donde más se percibe un cambio político,
el Ayuntamiento de Oviedo adjudicó en los últimos meses el
mantenimiento informático del municipio a cuatro años vista por 24
millones de euros –el doble que la anterior contrata– a Asac
Comunicaciones, empresa implicada en el Caso Marea por
presentar facturas sobre trabajos no realizados. El contrato ha sido
impugnado judicialmente. La gran mayoría de los contratos de servicios
ya estaban, según explican desde Somos Oviedo, “atados y bien atados por
plazos larguísimos”.
El Partido Popular lleva 25 años gobernando el Ayuntamiento ovetense. En este tiempo, desde la candidatura ciudadana afirman que
“han creado un sistema clientelar muy desarrollado y muy maduro” que se
ha traducido en que prácticamente todos los servicios estén
privatizados. “Hay 26 servicios municipales ya privatizados, y
diez de ellos por más de 50 años. No han tenido que correr para formar
contratos a última hora”, señalan desde Somos Oviedo. Mientras Aqualia
(FCC) lleva la gestión del agua y saneamiento por 50 años hasta 2045,
Alsa se quedó con la gestión de la estación de autobuses desde su
inauguración en 2003, también por 50 años, y con el transporte urbano de
la ciudad hasta 2030. La recaudación de los impuestos en todos los
ayuntamientos de la región la realiza una empresa de Barcelona, Auxiliar
de Recaudación SL, que cobra ocho millones de euros por recaudar entre
80 y 100 millones en tasas, casi tres millones más que el importe
ofertado por la empresa pública del Principado. De los 209 millones del
presupuesto municipal para 2015, casi la mitad es gestionado por
empresas privadas. FCC acapara el 10%. El millonario Carlos Slim, ahora
primer accionista del grupo, es también, desde hace un par de años,
accionista mayoritario del Real Oviedo. “Ahora no puedes criticar a FCC
porque es como si criticaras al club”, señalan desde la candidatura.
Electricidad, zonas verdes y basuras
La oposición de este municipio madrileño denunciaba el 27 de marzo que el Gobierno municipal del PP pretende “limitar la capacidad de acción del gobierno que salga de las urnas” con tres adjudicaciones de servicios públicos –limpieza viaria y recogida de basuras, conservación de zonas verdes y suministro y mantenimiento eléctrico– por valor de 90 millones de euros.1,6 millones de euros es el importe del contrato para la conservación de las fuentes ornamentales en Valencia firmado el 31 de marzo. El adjudicatario, ACS, llevaba desde 2005 realizando el servicio con la concesión ya caducada.
30 millones para poda y mantenimiento de jardines de Valencia. El contrato, adjudicado también en marzo, se lo llevó FCC, que comparte la tarea con la Sociedad de Agricultores de la Vega, que se lleva otros 24 millones.
https://www.diagonalperiodico.net/panorama/26412-nos-vemos-futuro.html
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