Dos versiones de documentos filtrados recientemente, sobre
la propuesta de la Comisión Europea para un capítulo de "cooperación
reguladora", muestran cómo los negociadores del
TTIP intentan modificar los procesos de toma de decisiones para
"eliminar barreras"
el comercio y las inversiones, sin consideración por el impacto que esto
pueda tener sobre las personas, la soberanía popular y el medio
ambiente. Se proponen
procedimientos complejos para acomodar los intereses de las
corporaciones en contra del interés público. El desarrollo de estos
procedimientos recibe el nombre general de "cooperación reguladora", y
dentro del marco de las negociaciones del TTIP, la Comisión Europea
podría incluso amenazar el derecho a legislar en niveles regionales y
municipales.
TTIP: REGULACIONES MANIATADAS
Una
nueva filtración de las negociaciones del tratado trasatlántico de
comercio (TTIP) muestra que la Comisión Europea está decidida a
constreñir las regulaciones encaminadas a proteger el interés público
–incluidas las que puedan llevar a cabo las autoridades regionales.
Por: Kenneth Haar (Corporate Europe Observatory) y Max Bank (LobbyControl)
Desde diciembre de 2013, ONGs, movimientos sociales y políticos han criticado (http://corporateeurope.org/trade/2013/12/regulation-none-our-business)
duramente la propuesta de la Comisión Europea acerca de la “cooperación
regulatoria” en el TTIP. Argumentan que en uno de los documentos de
posición (http://corporateeurope.org/sites/default/files/ttip-regulatory-coherence-2-12-2013.pdf),
filtrado entonces, se sugería que la Comisión estaba abriendo la puerta
a la influencia masiva de las grandes corporaciones para que estas
pudieran influir en futuras leyes. Ahora, un documento filtrado (http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/ttip-eu-regulatory-coherence-draft-proposal-23.01.15.pdf)
muestra que la Comisión mantiene esta intención, y nada sugiere que
esté teniendo en cuenta las preocupaciones de la sociedad civil. En un
documento previo (http://corporateeurope.org/sites/default/files/231214_regulatory_coherence_draft_proposal.pdf),
de diciembre de 2014, la Comisión va incluso más lejos, y llega a
sugerir que se limite el espacio político de las autoridades municipales
y locales. A pesar de que esta idea ha sido duramente criticada y puede
no llegar a formar parte de la posición de la Unión Europea, es un
signo de que la cooperación en materia de regulación puede llegar a
extenderse a prácticamente todos los campos y puede convertirse en una
amenaza clara para la democracia.
El propósito de la cooperación regulativa.
La
“cooperación regulatoria” describe un proceso en el cual se alinean las
regulaciones existentes a ambos lados del Atlántico, para asegurar que
los bienes que se produzcan en un lado puedan exportarse al otro sin
demasiadas trabas. En la práctica, esto podría afectar a la regulación
de gran cantidad de productos, desde los estándares alimenticios hasta
la seguridad química. De hecho, es una propuesta estratégicamente
importante, puesto que permite solventar algunos de los aspectos más
controvertidos del TTIP después de que el tratado se haya cerrado y el
escrutinio público haya bajado su intensidad, proporcionando con ello
una oportunidad para que las grandes corporaciones puedan influenciar
las nuevas regulaciones. Y eso a pesar de que la Comisión ha venido
argumentando que su propuesta acerca de cooperación regulativa con
respecto al TTIP no es más que un diálogo racional encaminado, por
ejemplo, a evitar que hayas leyes duplicadas a ambos lados del
Atlántico, y que no restringiría la capacidad de los reguladores y de
los legisladores para perseguir objetivos de interés público. También se
ha señalado repetidamente que sus propuestas no darían un tratamiento
privilegiado a los grupos corporativos.
Esta retórica no ha acallado, sin embargo, las críticas (http://corporateeurope.org/international-trade/2014/09/ttip-no-backroom-deals-would-imperil-our-health-environment-and-welfare),
puesto que siempre ha habido un enorme salto entre los documentos de la
Comisión preparados para el consumo público y los textos reales de las
negociaciones que han ido emergiendo a través de filtraciones. Las
recientes filtraciones de nuevas propuestas de diciembre de 2014 y enero
de 2015 no solo confirman la veracidad de las críticas, sino que
incluso en un par de puntos muestran que la verdadera posición de la
Comisión en la negociación era todavía peor de lo que los críticos
imaginaban. Dado que este documento es un texto legal, mientras que el
previo no era más que un documento de posición, parece que los
negociadores de la Unión Europea han consolidado su posición sobre el
asunto.
La cooperación regulativa es un proyecto de las grandes corporaciones.
La
cooperación regulativa es de enorme importancia para los grandes grupos
de presión (lobbies) empresariales de ambos lados del Atlántico. A
finales de 2012, BusinessEurope y la Cámara de Comercio de Estados
Unidos tuvieron varias reuniones con la Comisión de la UE para impulsar
sus propuestas (http://corporateeurope.org/sites/default/files/businesseurope-uschamber-paper.pdf).
Entienden que esto suaviza las divergencias de las leyes a largo plazo
(sea en las regulaciones de la industria alimentaria, en la aprobación
de los productos químicos, o en reglas relativas a los métodos de
producción, por nombrar sólo unos pocos ejemplos).
Esto
se llevará a cabo a través de una serie de procedimientos que incluye
la cooperación entre los llamados "reguladores". Estos procedimientos se
promueven como una solución al problema que plantea a corto plazo la
armonización de normativas o su reconocimiento mutuo. En consecuencia,
debido a que los negociadores podrían no ser capaces de llegar a un
acuerdo sobre normativas comunes entre los EE.UU. y la UE en temas como
las normas alimentarias, los productos químicos y la regulación
financiera, mientras que las negociaciones comerciales se están llevando
a cabo, la cooperación regulativa puede proporcionar un espacio a
grupos empresariales y a reguladores para que alcancen resultados a su
gusto una vez se haya acordado el TTIP, a largo plazo y sin demasiado
escrutinio público.
La
cooperación regulativa funciona en dos niveles distintos: a nivel
sectorial (por ejemplo, la aprobación de los productos químicos), y a
través de las normas horizontales que se aplican a todas las áreas. Los
dos lobbies empresariales mencionados anteriormente han sido
especialmente activos en la formulación de las normas horizontales, de
lo que tratan los dos documentos filtrados. Estas propuestas son de
alcance muy amplio, ya que abordan tanto leyes como regulaciones.
Los dos grupos presentaron a la Comisión una serie de propuestas en las reuniones de 2012 (http://corporateeurope.org/sites/default/files/minutes-commission-be-chamber-meeting.pdf), que en suma les habrían proporcionado la capacidad de, en sus propias palabras, "reescribir la regulación" (http://corporateeurope.org/sites/default/files/businesseurope-uschamber-paper.pdf).
Por esto, no es sorprendente que las enormes similitudes entre las
propuestas de la Comisión y las de los lobistas de la industria
desataran una fuerte reacción contra los onerosos privilegios concedidos
a estos grupos empresariales.
Los llamados "depositarios" (stakeholders) en la cooperación regulativa
Esto
no quiere decir que ningún otro grupo estará involucrado en la
cooperación regulativa. Cuando la Comisión habla de la implicación de
grupos de intereses en cuestiones regulativas, emplea el término neutral
"depositarios" (stakeholders). Esto hace referencia, claro está, a todo
tipo de depositarios, incluidos sindicatos y ecologistas. En cambio, si
uno toma en consideración que la aplastante mayoría de los lobbies en
Bruselas representan a las corporaciones, queda claro que "involucrar a
los depositarios" no es más que una expresión usada para dar más cancha a
los lobbies corporativos para que influyan en la creación de políticas.
Experiencias anteriores sobre involucrar a los "depositarios"
(stakeholders) en la cooperación regulativa entre la U.E y los E.E.U.U.
muestran que estos procesos son fácilmente accesibles a grandes
corporaciones y a menudo están cerrados para otros grupos de interés.
Por último, pero no por ello menos importante: la agenda de la
cooperación regulativa está dirigida sobre todo y principalmente a
promover el comercio y no a asegurar los derechos de los consumidores,
la salud pública o cualquier otro objetivo de política pública.
La Comisión Europea mantiene su posición
La
cooperación regulativa proporcionará a los grupos empresariales una
serie de instrumentos que les permitirán influir el desarrollo de las
nuevas leyes y regulaciones, e incluso las ya existentes. Cuando el
nuevo texto (http://corporateeurope.org/sites/default/files/231214_regulatory_coherence_draft_proposal.pdf)
se lee bajo esta perspectiva, no supone ninguna mejora. Quizá lo
contrario. Los aspectos más espinosos de la recientemente filtrada
propuesta pueden describirse por medio de cuatro puntos:
1. Con el aviso temprano, el lobbying empieza antes
De
acuerdo con la propuesta, en cuanto una nueva regulación empieza a
estudiarse, los grupos empresariales han de ser informados por medio de
informes anuales, y deben estar involucrados. Esto se llama ahora
"información temprana sobre acciones en planificación"; hasta hace poco
se llamaba "aviso temprano". Incluso en el periodo de planificación, "la
Parte reguladora" tiene que ofrecer a los lobbies de las empresas que
se ven afectadas por la legislación o regulación una oportunidad para
"proporcionar su perspectiva". Esta perspectiva "se tomará en cuenta"
cuando la propuesta se finalice (artículo 6). Esto significa que las
empresas pueden, por ejemplo, intentar bloquear en las primeras fases
las normas que intenten evitar que la industria alimenticia ponga en el
mercado alimentos con sustancias tóxicas, las leyes que persiguen evitar
que las corporaciones energéticas destruyan el clima o las regulaciones
para combatir la polución y proteger a los consumidores.
2. Evaluación del impacto: que las reglas no sean perjudiciales para el negocio
Las
nuevas regulaciones deberán someterse a una "evaluación de impacto" que
estará compuesta por tres cuestiones (artículo 7, una versión reducida
del siete en la primera propuesta ):
- ¿Cómo se relaciona la propuesta legislativa con los instrumentos internacionales?
- ¿Cómo se han tomado en consideración las regulaciones existentes o planificadas por la otra Parte?
- ¿Qué impacto tendrá la nueva regulación en el comercio o las inversiones?
Esas
cuestiones favorecen principalmente los intereses de las empresas, no
de los ciudadanos. Gracias al procedimiento de "aviso temprano", las
empresas pueden asegurarse de que sus intereses sean incluidos en el
informe y, en caso de que fuera contrario a sus intereses, el informe
tendrá que citar un impacto nocivo sobre el comercio transatlántico.
3. Intercambios regulativos: diálogos que ayudarían a las empresas a salirse con la suya
El
modelo presentado por los negociadores de la UE le ofrece a las grandes
corporaciones muchos instrumentos que les permitirán protestar contra
un "acto previsto o planificado" y contra regulaciones en fase de
estudio (artículos 9 y 10). En particular, un "intercambio regulativo"
debe llevarse a cabo si la Parte está descontenta con el efecto que la
norma propuesta tiene sobre sus intereses comerciales. Un diálogo debe
darse y la Parte cuyas normas son criticadas debe cooperar y tiene que
estar preparada para responder cualquier pregunta.
En una propuesta anterior, el documento de posición de 2013 (http://corporateeurope.org/sites/default/files/ttip-regulatory-coherence-2-12-2013.pdf),
se hacía explícito que cuando los estados miembros de la UE vayan a
adoptar regulaciones nuevas que afecten al comercio, ha de darse un
diálogo para "resolver problemas de forma efectiva". En la nueva
propuesta el modus vivendi dado ese escenario ha quedado sin precisar.
4. El Cuerpo de cooperación regulativa: los reguladores en el asiento del conductor
Los
"reguladores" tendrá el papel clave. En la parte europea será la
Comisión Europea y en la americana serán los representates de la llamada
Office of Information on Regulatory Affairs (OIRA), de acuerdo con el
documento de posición de 2013. Una vez que quede establecida la estrecha
cooperación entre las corporaciones y las agencias de regulación tanto
en EEUU como en la UE, este empoderamiento de los cuerpos regulativos
ayudaría a asegurar una impacto mayor de las corporaciones en la
política.
El
Regulatory co-operation Body (RCB) del TTIP, antes conocido como
“Regulatory co-operation Council” tendrá la responsabilidad global sobre
la cooperación regulativa, y una de sus obligaciones será “tomar
seriamente en consideración” las propuestas de las corporaciones sobre
regulaciones tanto existentes como futuras (artículo 15)
La
cooperación regulativa no solo se ocupará de la nueva regulación, sino
también de las normas ya existentes. En consecuencia, este movimiento
hacia la “convergencia regulativa” es un proyecto muy grande. Es
responsabilidad del RCB asegurarse de que el proceso completo de
convergencia entre las regulaciones de EEUU y de la UE avanza, ya sea
asegurándose de que se producen y se adoptan reglas de armonización (o
de reconocimiento mutuo), ya sea a través de propuestas que solventen
las diferencias en sectores particulares. Para esta última tarea, puede
apoyarse en el trabajo de los “grupos de trabajo sectoriales”,
identificados en un estadío previo por la Comisión como el tipo de grupo
al que las corporaciones pueden tener “ acceso privilegiado” (http://corporateeurope.org/sites/default/files/minutes-commission-be-chamber-meeting.pdf).
Otra opción para las corporaciones es simplemente desarrollar sus
propias propuestas, propuestas que el RCB tendría entonces que tomar
seriamente en consideración (artículo 15).
El
Regulatory co-operation Body (RCB) está llamado a convertirse en una
institución poderosa, a pesar de que no podrá iniciar acciones legales
por sí mismo. La propuesta no es clara, sin embargo, acerca de la
división de competencias entre los cuerpos electos, parlamentaria o
gubernamentalmente, y el RCB mismo. Meramente se menciona un “Joint
Ministerial Body” al que el RCB ha de informar.
Parece que hay pocos límites.
Claramente,
la Comisión intenta conseguir una propuesta muy ambiciosa, la
cooperación regulativa va a tener fuerza y va a cubrir un área amplia de
creación de políticas. Si solo fuera por los negociadores de la UE, la
cooperación regulativa se extendería, incluso, a las autoridades
regionales y municipales. En la propuesta de diciembre de 2014 (http://corporateeurope.org/sites/default/files/231214_regulatory_coherence_draft_proposal.pdf),
la Comisión sugiere, " los partidos deberán esforzarse para garantizar
el cumplimiento por parte de las autoridades de este Capítulo a niveles
de gobierno inferiores al nivel de miembro de la UE o de los EEUU", i.e.
autoridades regionales y municipales. Esto ampliaría considerablemente
el ámbito de la cooperación regulativa, pudiendo afectar al urbanismo,
adquisiciones públicas, recursos naturales y políticas medioambientales a
nivel local.
Hasta
ahora, por contra, parece que esta propuesta de la Comisión ha sido
rechazada por sus estados miembros y está, por el momento, fuera de la
mesa. En el último documento, el texto sobre autoridades regionales ha
sido eliminado o suavizado considerablemente, supuestamente debido a la
oposición de varios estados miembros.
La cooperación regulatoria es una amenaza para la democracia
En
suma, la cooperación regulativa merece toda la atención que pueda
recibir de las ONGs, y de los movimientos sociales, pero también de los
legisladores en Europa cuya futura influencia se verá, de facto,
limitada por la cooperación regulativa. Los documentos hechos públicos
hasta ahora, revelan una historia sobre negociadores que intentan
modificar los procesos de toma de decisiones para mejorar el comercio y
las inversiones, con escasa consideración hacia las consecuencias que
esto tendrá sobre nuestras instituciones democráticas . De hecho,
sugieren procedimientos complejos para ajustarse a los intereses de las
corporaciones. La declaración en la ficha técnica de la Comisión de que
"el derecho a regular sobre el interés público está salvaguardado",
tiene poca base a la vista de este documento filtrado. Este documento
muestra que el objetivo de la cooperación regulativa en el TTIP podría
incluso poner en peligro el derecho a legislar en niveles regionales y
municipales.
Documentos filtrados:
- Diciembre 2014: http://corporateeurope.org/sites/default/files/231214_regulatory_coherence_draft_proposal.pdf
- Enero de 2015
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