La semana pasada, el Congreso español aprobó la Ley de Seguridad
Ciudadana, popularmente conocida como “Ley Mordaza”, debido a que
criminaliza y penaliza la protesta social, lo que supone un nuevo
intento del Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con las luchas que la
clase trabajadora está llevando a cabo contra las políticas capitalistas impuestas por el Ejecutivo.
A continuación explicamos cuáles son los puntos más polémicos de esta nueva ley.
Convocar manifestaciones por las redes sociales
Entre las novedades que incluye esta nueva ley se encuentra la
posibilidad de considerar responsable de una manifestación a quien haga
una publicación o declaración de convocatoria de la misma, como por
ejemplo un simple “tuit”.
“Lo que se busca es perseguir a quien lance el pásalo o una convocatoria
de manifestación de cualquier tipo. Esta ley atenta contra la libertad
de expresión y reunión ejercida utilizando herramientas informáticas”,
advierte Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en internet.
Publicar imágenes de policías
Otra de las conductas que será sancionable es la de publicar en las
redes sociales imágenes de un agente de policía. Todo apunta a que este
apartado se trata de una respuesta a las iniciativas nacidas en las
redes sociales en los últimos años, donde los ciudadanos identificaban a
los agentes protagonistas de agresiones desproporcionadas en el marco
de distintas protestas sociales.
De la vía penal a la administrativa
Una de las principales consecuencias de la nueva Ley de Seguridad
Ciudadana es que los supuestos de hecho que regulaba el Código Penal (en
concreto, en los juicios de faltas), pasarán a la vía administrativa.
Las diferencias entre uno y otro caso son sustanciales.
Antes, cuando un ciudadano cometía un delito de esta índole era un juez
de lo Penal el que se encargaba de juzgarlo determinando de esta forma
su culpabilidad o inocencia. Ahora, gracias a este nuevo texto, es el
agente de Policía el que interpreta en primera instancia si alguien está
incumpliendo la ley, pudiendo imponer una multa si así lo cree
oportuno. En estos casos (y solo después de haber sido sancionado), el
ciudadano tendrá que recurrir por la engorrosa vía
contencioso-administrativa para demostrar su inocencia.
No hay que olvidar además que en la vía penal el denunciado no tenía que
gastarse el dinero en tasas. En la contencioso-administrativa sí. Lo
que hará que en muchos casos la gente no recurra y se quede con la
multa.
Multas
Otras de las consecuencias de que sea la vía administrativa la encargada
de estas faltas está en la cuantía de las multas. Con la nueva Ley de
Seguridad Ciudadana las infracciones muy graves se sancionarán con multa
de 30.001 a 600.000 euros, las graves con multa de 601 a 30.000 euros y
las leves, con multa de 100 a 600 euros.
LibreRed/El Confidencial
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