Los sindicatos andaluces Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han elaborado un borrador de proyecto de ley que presentarán al Parlamento andaluz y que plantea la recuperación, por parte de la Junta de Andalucía, de los bienes agrarios que fueron expropiados “legalmente” por la II República española en territorio andaluz y que fueron devueltos a sus antiguos propietarios durante la dictadura franquista.
Según el borrador del proyecto de ley, al que ha tenido acceso La Marea, la Constitución española establece el principio de que la titularidad del Estado sobre los bienes públicos no caduca nunca, siempre que el Estado pueda considerarse democrático y legítimamente constituido, como fue la II República española.
El proyecto de ley se ampara en varios artículos de la Carta Magna, de la Ley estatal de patrimonio de las administraciones públicas y de la Ley de patrimonio andaluza. Según la exposición de motivos, los bienes expropiados tienen por ley la condición de tierra de dominio público afectados por el asentamiento de hecho de jornaleros en la fincas públicas.
El texto recuerda a las administraciones públicas su “deber” de proteger y defender su patrimonio y considera que la ley de patrimonio de la Junta de Andalucía otorga a la Administración autonómica la posibilidad de recuperar en cualquier momento los bienes que se hallen indebidamente en posesión de terceros.
El proyecto de ley insta a la Junta a investigar e inspeccionar la situación de los bienes que puedan formar parte de su patrimonio, con el fin de determinar la titularidad de los mismos.
Las expropiaciones de la II República se basan en la Ley de reforma agraria aprobada en 1932, que establecía la expropiación con indemnización de las tierras de los señoríos jurisdiccionales, tierras incultas o poco cultivadas, las arrendadas durante 12 años, o las situadas en las cercanías de las poblaciones siempre que su propietario tuviera un cierto nivel de rentas.
El Gobierno republicano de la CEDA reformó la ley de modo que consiguió prácticamente paralizar sus efectos expropiadores. Pero el Frente Popular consiguió derogar la nueva ley de la CEDA el 18 de junio de 1936, justo un mes antes del levantamiento militar franquista, estableciendo de nuevo la entrada en vigor del texto de 1932.
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