- Escrito por Ángeles Maestro
1. La mayor mortalidad de la clase obrera, una constante en la sociedad capitalista.
Desmintiendo una vez más a los
postmodernos de la “ciudadanía” o de la “nube de mosquitos”, la división
de la sociedad en clases y la categoría lucha de clases son las que
explican la esencia del funcionamiento social. Y lo hacen de la forma
más dramática e incuestionable: mediante diferencias muy importantes en
la mortalidad entre las clases sociales.
Una vez más las doctrinas
judeocristianas yerran. Las personas no sólo no somos iguales, es la
desigualdad lo que nos caracteriza y sobre todo a la hora de morir. La
desigualdad social es el rasgo definitorio de la vida en el capitalismo y
la muerte prematura en la clase obrera es su expresión más dramática.
El ocultamiento de esta terrible
destrucción de vitalidad humana, que el desarrollo científico técnico
hubiera permitido desplegar y que se aniquila en aras de la producción
de plus valor, es uno de los principales objetivos de la ideología
dominante.
Por el contrario la comprensión de la
forma en que el capital – trabajo muerto –destruye la vitalidad de los
trabajadores y trabajadoras en la reproducción de las relaciones
sociales de explotación y opresión, precisamente por su demoledora
capacidad explicativa de la esencia del capitalismo, es un objetivo
prioritario en la construcción de la conciencia de clase.
El nivel alcanzado por la lucha de
clases en cada etapa histórica explica la hegemonía, bien de las teorías
que explican los cambios de la mortalidad y la morbilidad como reflejo
de la estructura social, o de las que intentan enmascararlos destacando
el papel de los factores individuales, del “estilo de vida”, en la
determinación de las formas particulares de enfermar y de morir.
A mediados del siglo XIX, en un contexto
histórico marcado por grandes revoluciones populares en Europa, la
Salud Pública dejaba los despachos y los hospitales, y salía a la calle.
Al mismo tiempo que se publicaban trabajos memorables como “La
situación de la clase obrera en Inglaterra” de Friedrich Engels, o
cuando el naturalismo en literatura denunciaba con
crudeza las condiciones de vida de los oprimidos, destacados médicos
microbiólogos o citopatólogos afirmaban con toda su autoridad científica
que las condiciones sociales eran las causas esenciales de la
enfermedad y la muerte. En consecuencia establecieron que ocultar la
esencia social de la enfermedad, vinculada a la explotación laboral, a
la miseria y a la angustia de las clases populares, y afirmar que los
microbios – y demás factores biológicos - son el origen de las
enfermedades es, no sólo
manipulación ideológica de las clases dominantes, sino desnaturalización
del conocimiento científico. Y lo que es más importante, afirmaron que sólo transformando la estructura social es posible intervenir eficazmente sobre los orígenes de la enfermedad.
A este respecto conserva toda su
vigencia el informe escrito en 1848 por el insigne patólogo Rudolf
Virchow, a petición del gobierno prusiano sobre una epidemia de tifus
que diezmaba la población minera de la Silesia ocupada. Sus
recomendaciones fueron, por este orden: que el medio millón de pobres
tuviera completa e ilimitada democracia, educación, libertad y
prosperidad, que los oprimidos de Silesia tuvieran derecho a comunicarse
en su propia lengua polaca y a tener un gobierno elegido por ellos
mismos, que se separara la Iglesia del Estado, que mejoraran la
agricultura y las comunicaciones y que se crearan organizaciones
económicas basadas en la cooperación. Cuando el gobierno le reprochó
haber realizado un informe político y no médico, él respondió con su
famosa frase: “La medicina es una ciencia social y la política no es más
que medicina en gran escala”[i].
Virchow fue uno entre muchos y la irrupción de ese discurso fue la
consecuencia de la intensificación de las luchas sociales. Corroborando
la afirmación de Walter Benjamín: “la clase que lucha, que está
sometida, es el sujeto mismo del conocimiento histórico”, también en
Medicina, el auge de la lucha de clases y la constitución de la clase
obrera en sujeto político, revoluciona los conocimientos y recrea la
producción social del saber.
Por el contrario, el hecho de que desde
hace décadas prime la teoría de la responsabilidad del individuo y de
sus “malos hábitos” de beber, fumar, alimentarse inadecuadamente o
drogarse, como factores causales de las enfermedades es perfectamente
coherente con la privatización en curso de los servicios públicos, y
también, una demoledora derrota ideológica. Este discurso se centra en
conceptos aparentemente inocentes como “estilos de vida” y se define
como el conjunto de hábitos que el individuo adopta libremente y que
supondrán, o no, prácticas nocivas para su salud. Los enfermos y con
ellos, los y las pobres, tomados de uno en uno, son pues los únicos
responsables de sus desgracias. Además de ocultar el enorme peso de los
factores sociales en la causalidad de la enfermedad y la muerte, este
tipo de ideologías – que impregnan hasta la saciedad los medios de
comunicación – incorporan algo tan interesante para los poderes
establecidos como la criminalización de la víctima[ii] hecho que se convierte, sobre todo en tiempos de crisis, en un poderoso mecanismo de control social.
La sobremortalidad de la clase obrera es
una constante histórica que da cuenta – también en tiempos de bonanza
económica – de la guerra oculta pero enormemente cruenta que desarrolla y
cobra sus víctimas, aún en momentos de “paz social”. Al analizar el
Informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS de 2009, con
datos anteriores alestallido de la burbuja financiera, Vicente Navarro
destaca numerosos datos que avalan que demuestran que la población de
los barrios obreros en Europa y en EE.UU, tiene más de treinta años
menos de esperanza de vida, que la de los barrios burgueses del mismo
país[iii]. Pero
es en las grandes crisis del capitalismo, y esta lleva camino de
convertirse en la mayor de todas, cuando la desigualdad se muestra de
forma más descarnada.
2. Las políticas del capitalismo en crisis disparan las desigualdades sociales.
La crisis estructural actual, sin final
previsible, que está destruyendo millones de puestos de trabajo en un
tiempo récord y arrasando conquistas laborales y sociales conseguidas en
luchas seculares, está arrancando al capitalismo las máscaras de
legitimación que cuidadosamente fue construyendo y que apuntalaron las
teorías del “fin de la historia”, de la inexistencia de alternativas.
Hoy, cuando el pueblo trabajador percibe con claridad creciente que algo
muy parecido a la esclavitud es el único futuro que le reserva el
capitalismo, a las clases dominantes les interesa más que nunca que los
únicos datos que se utilicen para valorar la realidad sean los de la
prima de riesgo, la Bolsa, el PIB, las ganancias de las empresas, la
inflación o los fríos números del paro. Para que su ley y su orden sigan
reinando, la aniquilación de seres humanos que su dominación comporta,
debe permanecer oculta.
La constatación de que la crisis
conlleva un incremento importante y perfectamente cuantificable de la
mortalidad, puede llevar a la errónea conclusión de la existencia de una
relación de causa-efecto entre la caída del PIB y el aumento de la Tasa
de Mortalidad General. David Stuckler en su importante trabajo acerca
de las privatizaciones masivas y el incremento de la mortalidad en
países exsocialistas de Europa, constata el mismo fenómeno que ya se
produjo cuando la Gran Depresión en 1929: una caída del PIB del 30%, se
corresponde con un aumento de la mortalidad general de un 20% y de la mortalidad por suicidio del 40%.
Caída del PIB (GDP en inglés) 30%, Tasa de Suicidio 40% y Tasa de Mortalidad General 20%.
No obstante, como el autor citado
destaca no es tanto la crisis sino las políticas empleadas para
enfrentarla las que determinan el impacto en la mortalidad en las
poblaciones. Es llamativo que en la Cuba de los años inmediatamente
posteriores a la extinción de la URSS, con una caída del PIB entre 1989 y
1993 del 34,8% y una pérdida de más del 80% del comercio exterior,
continuara el descenso de la mortalidad infantil (11,1 por mil en 1989 y
10.2 por mil en 1992) y aumentara ligeramente la esperanza de vida en
el mismo periodo.
Stuckler demuestra cómo entre los mismos
países de la ex URSS se produjeron diferencias muy importantes en la
evolución de la Tasa de Mortalidad por Tuberculosis en función de si
siguieron o no los planes de ajuste del FMI[iv].
Entre los primeros se incluyen la mayor parte de los países del bloque
del Este, incluida Rusia. El segundo bloque encontramos a países que el
imperialismo estadounidense y los medios de comunicación suelen
calificar como del “eje del mal”, como Bielorrusia, comenzaron las
privatizaciones pero las suspendieron e incluso las revirtieron a manos
públicas cuando sus gobernantes observaron los terribles estragos que
estas desencadenaban, no sólo en la esfera productiva, sino sobre todo
en el sistema de protección social.
Se repitió exactamente el mismo guión de
las políticas impuestas por el FMI y el BM en América Latina y en
África y que tuvieron como consecuencia un empeoramiento sustancial del
estado de salud de sus poblaciones. En países en los que la Tasa de
Mortalidad Infantil había disminuido en torno a un 25% entre 1960 y
1980, aumentó – coincidiendo con la aplicación de políticas de ajuste
entre 1980 y 1985 – el 26,5% en Mali o el 53% en Madagascar[v].
A pesar del escaso tiempo transcurrido y de que los datos más recientes reflejados en la gráfica que se reproduce a continuación[vi]
son de 2010, la evolución de la mortalidad infantil en Grecia en los
últimos años refleja su importante disminución entre 1993 y 2008 y su
brusco aumento en relación con el promedio europeo a partir de esa
fecha. Los datos dan cuenta, no tanto de la crisis, sino de la
eliminación de las redes de protección social que hubieran podido
amortiguar su impacto entre los sectores más pobres de la población.
3. La mayor mortalidad de la población pobre no es un “daño colateral” sino un objetivo.
Cada vez está más claro que, junto a la
destrucción y concentración de capital, las políticas de los gobiernos
persiguen la destrucción de los sectores sociales que el capital no
necesita como mano de obra y que considera un lastre porque consumen
grandes recursos: personas mayores pobres, paradas pobres y enfermas
crónicas pobres. Hay datos suficientes para afirmar que, a diferencia de
lo que los gobiernos declaran, la eliminación física de estos grupos
sociales constituye un objetivo y no una consecuencia “no deseada”, pero “inevitable” de sus políticas.
Se ha demostrado hasta la saciedad que
la exclusión del derecho a la asistencia sanitaria de las personas
inmigrantes “sin papeles” no tiene sentido desde el punto de vista
económico, además de ser una inmoralidad y un crimen. Es evidente que
dejar las urgencias hospitalarias como única opción, retrasa el
diagnóstico de enfermedades graves y encarece los tratamientos al
ofrecer el ingreso como exclusivo recurso. En realidad lo que se
consigue es comprometer gravemente la salud y la vida de estas personas
que llegan a los servicios sanitarios demasiado tarde.
A pesar de que estas políticas ofrecen
carnaza electoral a los sectores de extrema derecha, el racismo y la
xenofobia que implican, apenas ocultan que las personas inmigrantes sin
papeles son simplemente las primeras en ser excluidas (en torno a
900.000 personas), a los que se irán incorporando en cascada las capas
con menos recursos de la clase obrera.
La Ley de Presupuestos para 2014[vii] anula, desde el pasado 1 de enero, el derecho a la asistencia sanitaria
a las personas mayores de 26 años, sin trabajo, que hayan agotado las
prestaciones y subsidios por desempleo y que pasen más de 90 días en el
extranjero. Dado el creciente número de personas, la mayor parte
jóvenes, que se ven obligadas a emigrar en busca de empleo - se calcula
que 2013 salieron 600.000 personas y en que 2012 lo hicieron 476.000 –
la repercusión de esta medida puede ser muy importante.
La finalidad central del Real
Decreto 16/2012, llamado “de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones”es la introducción del concepto de
“asegurado” (artº1)[viii] para definir quienes tiene derecho a la asistencia sanitaria. El término “asegurado” está fuera
de lugar en un sistema sanitario financiado exclusivamente a través de
transferencias del Estado a las CC.AA. a partir de los impuestos, en su
mayor parte indirectos que pagamos todas las personas, incluidas las
“sin papeles”. El criterio sirve al objetivo de ir sumando requisitos e
ir expulsando a los sectores con menos recursos del acceso a la sanidad pública.
La Ministra de Sanidad al intentar
justificar la introducción del repago para las personas pensionistas, lo
explicó con claridad meridiana: “el objetivo no es recaudatorio, sino
disuasorio”[ix].
Es decir, los 8,14 euros al mes que deben pagar los pensionistas por
los medicamentos no incrementarán de forma sustancial los ingresos de
las arcas públicas, sino que se espera que los pensionistas más pobres,
para quienes esa cantidad sea relativamente importante, no adquieran sus
fármacos y desistan de ir al médico. Un estudio realizado en la
Comunidad de Madrid concluye que cerca del 17% de las personas
pensionistas han renunciado, desde la introducción del repago, a
adquirir algún medicamento y que el hecho "es
significativamente superior en las rentas mas bajas", ya que el 27,29 %
de los que tenían una renta inferior a 400 euros mensuales no retiraron
de la farmacia los medicamentos prescritos[x].
Calificar ese objetivo de “racionalización del consumo de
medicamentos”, cuando – como es obvio – la prescripción la realiza el
facultativo y no el paciente, y cuando sus consecuencias afectan
especialmente a la población más pobre, es un acto de cinismo difícil de
igualar y corrobora los auténticos objetivos –liquidadores – de estas políticas.
Por si fuera poco, tras haber eliminado el Gobierno la
actualización del poder adquisitivo de las pensiones en función del IPC
y haberlas subido un mísero 0,25% (recordemos la subida de la luz), se
acaba de aumentar el tope máximo que las personas pensionistas deben
abonar por los medicamentos un 1,47%, seis veces más de lo que se han
incrementado las pensiones.
La última medida más grave relacionada con los medicamentos es obligar al pago de un % de los medicamentos de uso hospitalario[xi]
, (un 10% de su coste y hasta un tope de 4,20 euros por envase) hasta
ahora gratuitos porque se usaban de forma controlada y exclusivamente
para enfermedades crónicas graves, como el cáncer, entre otras. La
denuncia de que la medida, que no prevé exclusión alguna en función de
la situación de desempleo, pensionista, bajos ingresos o discapacidad[xii], equivale
a una condena a muerte para las personas enfermas pobres ha sido
generalizada por parte de sociedades científicas y asociaciones de
pacientes[xiii].
Para su desgracia, Grecia marca el
camino. El Ministro de sanidad Loverdos envió una circular unos días
antes de las elecciones de mayo de 2012 que establecía que no se
prestará atención médica ni hospitalaria gratuita a los inmigrantes sin
papeles, a excepción de casos urgentes en los que peligran sus vidas,
personas contaminadas con el virus del SIDA o con otras enfermedades
infecciosas que requieran tratamiento, en cuyo caso la estancia gratuita
en el hospital durará sólo hasta que se estabilice la situación de la
persona ingresada. De las personas paradas, griegas o inmigrantes,
quedan excluidas de la asistencia sanitaria todas aquellas menores de 55
años que no hayan estado inscritos en la oficina del paro durante al
menos doce meses y hayan cotizado 600 jornadas laborales, con un aumento
de 100 jornadas por cada año para las mayores de 30 años. En el caso de
las paradas de más de 55 años, el requisito es que hayan estado doce
meses al menos inscritos en el paro y hayan
cotizado tres mil jornadas. Cerca de la mitad del millón doscientas mil
personas desempleadas no tienen asistencia sanitaria. Cuando se le diagnostica un cáncer a una persona sin seguro, “el sistema simplemente hace caso omiso de ella”, afirmaba el Dr. Syrigos. “No puede acceder a la quimioterapia, ni a la cirugía, ni siquiera a medicamentos sencillos”[xiv].
4. El cebo envenenado de la vuelta al Estado del Bienestar
Hoy, menos que en ninguna otra época, el conocimiento de la realidad es
un lujo académico o cultural y su diagnóstico preciso responde a la
necesidad perentoria de transformarlo. El rigor en el análisis de la
crisis actual del capitalismo es requisito indispensable para asegurar
que el tratamiento a seguir por la clase obrera para enfrentarla, en una
lucha que es a vida o muerte, es el adecuado.
El relato de las causas de la crisis que
ha impuesto la ideología dominante es aproximadamente el siguiente: se
inicia con la quiebra de Lehman Brothers en 2008, continúa con el
estallido de las burbujas inmobiliaria y financiera y la correspondiente
destrucción de empleo, generándose una enorme deuda pública y privada
que hay que pagar mediante recortes en el gasto en servicios públicos.
La llamada izquierda institucional,
política y sindical, añade que son precisamente las políticas de
austeridad las que están contribuyendo decisivamente a perpetuar una
crisis que se resolvería con políticas de gasto público elevado, que nos
colocarían en la senda de la vuelta al “Estado del Bienestar”. Nada
dicen en torno a una pregunta clave: ¿se debería haber dejado de
inyectar dinero público a la banca privada para evitar su crisis?. Esa
pregunta se le hizo al diputado de IU Alberto Garzón en un reciente
programa televisivo y su respuesta fue que habría que haberse diseñado
“un tipo de rescate distinto”[xv]
El paraíso perdido del “bienestar” se
concretaría en el “Modelo social europeo” y en los “aspectos
progresistas” de la Constitución Española”. Este discurso es el que
estructura el Manifiesto de la “Cumbre Social”[xvi] organismo creado en el verano de 2012 por PSOE, IU, CC.OO. y UGT y que congrega a varias decenas de organizaciones satélites.
La
conclusión lógica es que el obstáculo para el “bienestar” es el
gobierno de derechas y cavernícola del PP, que nos está llevando al
desastre. La solución propuesta es bien sencilla: aprovechar las
movilizaciones que expresan el profundo malestar social en amplios
sectores populares para exigir la dimisión del gobierno y una nueva
convocatoria de elecciones en las que el pueblo votaría en masa al PSOE y
a IU, cuyo gobierno pondría fin a tanto desastre.
Las cosas distan mucho de ser así.
La naturaleza de la crisis actual, así
como sus principales actores políticos, nada tienen que ver con el
discurso propuesto por PSOE e IU, CC.OO y UGT. La crisis del capitalismo
es general, no sólo económica o financiera y, teniendo su epicentro de
la UE y en EE.UU. afecta todas las economías del planeta, como bien ha
demostrado, entre otros Jorge Beinstein[xvii] . La inyección de dinero público que preconizan como alternativa, ha sido realizada por EE.UU.[xviii] o Japón[xix]
y ha producido un crecimiento económico directamente proporcional a su
cuantía y se ha agotado rápidamente sin desencadenar ningún proceso de
reactivación.
La crisis no empezó en 2007 y ni mucho
menos ha tocado fondo. Un reciente informe del FMI, titulado “Crisis
financiera y deuda soberana: lecciones aprendidas del pasado y lo que
hemos olvidado”[xx]
se afirma que esta es “la mayor situación de endeudamiento de los
países occidentales en los últimos 200años”. Las propuestas que hace las
sustenta en la demostración de que se ha llegado al límite: “cuando el
sistema financiero ha desvelado toda su podredumbre y malas prácticas
(corrupción, manipulación de las tasas interbancarias, generación de
créditos sin base, sobresueldos, etc) no queda más que resetear todo el
sistema y evitar que la economía siga su desplome. El informe define
como meras medidas cosméticas, absolutamente insuficientes, los recortes
y reestructuraciones llevados a cabo hasta ahora por los países de la
UE. Se ha beneficiado la banca alemana, pero ella es la más apalancada
del mundo, mientras los planes de austeridad no hacen más que posponer y
ampliar los problemas.
Según informa Marco Antonio Moreno al
analizar el citado Informe, sus propuestas no son precisamente recuperar
el Estado del Bienestar, sino las mismas que el FMI imponía a los
“países del tercer Mundo”: condonación de la deuda por parte de los
acreedores, confiscación de depósitos, controles de capital en el
interior de la zona euro, otros mecanismos de represión financiera y una
mayor inflación para licuar los saldos de deuda. “Esta crisis demuestra
que lo gloriosos años del capitalismo fueron un fraude. Todo el llamado
crecimiento fue vía deuda y no hubo crecimiento real que garantizara el
futuro. La ilusión se ha diluido y sólo queda el auténtico cáncer de la
crisis. Una crisis que se sigue expandiendo y dando cuenta de que aún
quedan muchos días difíciles por venir”[xxi]
La “vuelta del Estado del Bienestar”, es
un concepto preñado de ideología burguesa que remite al mito de lo
estático, de una situación de felicidad general y permanente que nunca
existió. Si hubo una etapa histórica en la que existieron servicios
públicos universales en una pequeña parte de los Estados capitalistas
más industrializados fue porque la correlación de fuerzas posterior a la
II Guerra Mundial – marcada por la existencia de la URSS y por una
clase obrera potente que había derrotado al fascismo con las armas en la
mano – favorable a los trabajadores y trabajadoras.
El “bienestar” que el capitalismo permitió a la clase obrera del “primer mundo” fue, sobre todo, a
costa del incremento de la explotación de los pueblos de su periferia.
Por otra parte, El Pacto Social que la izquierda institucional, política
y sindical brindó al capitalismo, renunciando a todo planteamiento de
cuestionamiento de su estructura de poder fue el origen del soborno y la
corrupción de sus burocracias sindicales y políticas, causan
esenciales del enorme debilitamiento de la clase obrera que ha
permitido que la barbarie capitalista que hoy se abate sobre nosotros no
cuente con la fuerza necesaria para enfrentarla.
Finalmente, la construcción de los
grandes servicios públicos correspondió a una etapa histórica concreta
en la que el desarrollo capitalista necesitaba ingentes cantidades de
mano de obra y una fuerza de trabajo para la que necesitaba formación y
que necesitaba potentes servicios de salud para reintegrarla cuanto
antes a la producción.
Es exactamente la situación contraria a
la que vivimos hoy. El capitalismo en crisis necesita destruir capital
en grandes proporciones y debe prescindir masivamente de los sectores de
la clase obrera que no necesita para la producción.
En el
Estado español, el entramado de poderes empresariales, bancarios,
políticos y sindicales que accedió a - o se benefició de - la gestión
del capitalismo de la mano del PSOE, disputa a cara de perro parcelas
concretas de poder a los exfranquistas (hoy en el PP). No
hay entre ellos diferencias relevantes en cuanto a las propuestas
políticas. De esta agria pelea es expresión el afloramiento continuo de
graves casos de corrupción – que se arrojan a la cara en una escalada
caracterizada por el “y tú más” en medio de una gravísima crisis
sistémica que amenaza por afectar a los propios equilibrios dentro del
bloque dominante recompuesto tras la Transición.
Tanto la
reivindicación del “modelo social europeo” como de los “aspectos
sociales” de la Constitución, son engañifas destinadas a preservar –
ante unos pueblos progresivamente esquilmados en sus derechos – las
instituciones básicas del capitalismo europeo y español que han servido
para legitimar una Transición que perpetuó el poder de las clases
dominantes herederas de la Dictadura y de los nuevos ricos de la
“democracia” de la mano del PSOE y del PP. Por eso, aspirar a reformar
la UE no es menos irreal que aspirar a reformar la OTAN y, a despecho de
IU (e incluso de una parte de la izquierda extraparlamentaria), el
primer paso que, de alcanzar el poder, habría de dar todo proyecto
mínimamente transformador sería el inmediato abandono de la Unión Europea y del euro. Lo
que el citado Manifiesto pone en evidencia una vez más, junto al Pacto
Social, mil veces reeditado, sobre la base de la primacía de la
aceptación de los pilares del sistema capitalista y de la competitividad
como instrumento supremo para generar riqueza y crear puestos de
trabajo, es la impagable – para el capital - función de este tipo de
organizaciones para legitimar el orden establecido y evitar que la clase
obrera y los pueblos descubran el expolio a que se les somete y actúen
en consecuencia[xxii].
La construcción del poder del pueblo
necesariamente debe edificarse sobre la independencia de clase y para
ello es imprescindible desenmascarar el impagable papel – aunque se
suela remunerar bien – de la
supuesta izquierda política y sindical en la legitimación del sistema.
En momentos de gran crispación social y en los que el capitalismo no
tiene respuesta alguna a la desesperación de millones de personas, es
absolutamente crucial para las clases dominantes que las esperanzas
populares se depositen en la alternancia en el gobierno de partidos de
la izquierda que no cuestionan ninguno de sus pilares fundamentales, ni
el entramado de poderes que estructuró la Transición, ni el imperialismo
de la UE, ni mucho menos el sometimiento a EE.UU. a través de la OTAN.
Erigir un discurso como el de la “vuelta al Estado del Bienestar”, es una imposibilidad absoluta, hoy
más que nunca, negada por la Reforma Constitucional de agosto de 2011,
por el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión
Económica y Monetaria (TSCG) y por la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera[xxiii],
votados no sólo por el PP, sino por el PSOE – aliado imprescindible de
un hipotético gobierno “de izquierdas” y las derechas nacionalistas.
5. La Reforma Constitucional del artículo 135, el TSCG y la Ley Orgánica 2/2012.
En agosto de 2011 el Gobierno del PSOE,
llevó al Parlamento una propuesta de Reforma Constitucional, anunciada
una semana antes, no ya sin Referéndum, sino sin debate social alguno, y
que tuvo consecuencias semejantes a un Golpe de Estado. Con el voto de
su Grupo Parlamentario, el del PP y el de UPN se reformó el artículo 135
de la Constitución que establece que: “Los créditos para satisfacer los
intereses y el capital de la deuda pública se entenderán siempre
incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de
prioridad absoluta”[xxiv].
Además exige a todas las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades
Autónomas, Ayuntamientos y Seguridad Social) someter su déficit
estructural y su deuda pública a los límites fijados por la UE.
La deuda pública que a finales de 2007 equivalía al 36,3% del PIB, se situaba a finales de 2013 cerca del 100% del PIB, 954.893
millones de euros. Como es bien sabido, semejante desastre ha sido el
resultado de transferir a las arcas públicas el pago de los cerca de
doscientos mil millones de euros entregados a la banca privada,
principalmente, pero también a empresas inmobiliarias, del automóvil,
constructoras de autopistas, de aeropuertos fantasma, etc.
El pago anual que el Estado realiza en
concepto de intereses más la devolución de capital se sitúa cerca del
50% del total del gasto consignado en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado y es lo que el nuevo artículo 135 considera “prioridad
absoluta”.
Curiosamente el verdadero origen de la
supuesta voluntad “soberana” de la exigua mayoría parlamentaria que vota
la Reforma (¡qué vergüenza produce escucharles aludir al “amplio
consenso constitucional de la Transición” cuando se trata de reconocer
el Derecho de Autodeterminación de los pueblos!) es un Tratado europeo
que vería la luz ¡siete meses después!.
El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria (TSCG)[xxv],
de 2 de marzo de 2012, obliga a los estados miembros de la UE cuya
moneda es el euro a introducir la “regla del equilibrio presupuestario”,
incluidas medidas correctoras “automáticas y permanentes” en caso de
incumplimiento, y las correspondientes multas coercitivas al Estado
miembro que incumpliere alguno de sus preceptos.
El
Tratado establece también: “la obligación de las Partes Contratantes de
transponer la «regla de equilibrio presupuestario» en sus ordenamientos
jurídicos nacionales, mediante disposiciones vinculantes, permanentes y
preferentemente de rango constitucional”.
Teniendo en cuenta que el TSCG es del 2 marzo de 2012,
es evidente que la Reforma Constitucional plasmó con siete meses de
antelación, y en el marco legal más alto, una obligación que aún no
había contraído. El TSCG fue ratificado por el congreso de los Diputados
el 21 de junio de 2012, con el voto de PP, PSOE, PNV, CiU, CC y UpyD.
Pero faltaba la Ley que concretara, tanto el nuevo artículo 135 de la CE, como el TSCG.
El Consejo de Ministros aprobó el 2 de
marzo de 2012, el mismo día en el que se publicó el TSCG, del que
supuestamente emanaba, el Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Ley 2/2012).
La Ley 2/ 2012[xxvi],
aprobada en trámite de urgencia, tuvo el voto de PP, CiU, UPyD, Foro y
UPN, en total 192 votos, superando apenas la mayoría absoluta de los
diputados, requerida por su carácter de Ley Orgánica.
El PSOE, a pesar de haber promovido desde el Gobierno la Reforma
Constitucional y que votaría dos meses después a favor del TSCG, votó en
contra de la Ley porque defendía que el tope máximo del déficit estructural fuese del 0,4% del PIB, frente al 0% que finalmente se aprobó.
La Ley 2/2012 establece la
obligatoriedad para todas las Administraciones Públicas de que el
llamado déficit estructural (sustancialmente el gasto en servicios
públicos) sea igual a cero o tenga superávit en 2020, y de que el nivel
de deuda pública en esa fecha no sea superior al 60% del PIB, situación
que deberá ser mantenida a perpetuidad.
Conseguir un déficit estructural cero o
el superávit en una situación marcada por la caída progresiva y de gran
envergadura de los ingresos de las administraciones a todos los niveles,
por un lado como consecuencia de la caída sin final previsible de la
actividad económica, y por el otro, y sobre todo, porque no hay la menor
voluntad política de actuar, ni contra la evasión de capitales, ni
contra el fraude fiscal, ni mucho menos de incrementar la tributación de
grandes fortunas y empresas, equivale a desmantelar totalmente el
empleo y los servicios públicos y a reducir drásticamente las pensiones.
Solamente la reducción de la deuda pública al 60% equivale a disminuir
el gasto en cerca de 400.000 millones de euros en 2020.
Por si hubiera alguna posibilidad de que
la situación económica mejorara, y con ella los ingresos de las
administraciones públicas, la Ley
establece que dichos ingresos no se destinen a financiar nuevos gastos,
sino que “se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda
pública” (Artº 12.5).
La Ley desarrolla un rosario detallado
de medidas “correctivas” y “coercitivas” para asegurar el cumplimiento
de las medidas de ahorro en los plazos previstos, mediante mecanismos
tales como la anulación de la disponibilidad de créditos o la imposición
de multas equivalentes al 0,2% del PIB del término municipal o
autonómico de la administración correspondiente.
En el caso de que un gobierno autonómico
persista en anteponer los intereses de la ciudadanía al orden
establecido, es decir, al incumplimiento del objetivo de reducción del
déficit estructural o de la deuda pública, el Estado podrá intervenir la
Comunidad Autónoma.
En el caso de rebeldía de los gobiernos
municipales “podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los
intereses generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos
de la Corporación Local incumplidora…” (Art. 26.3). Se aplicaría el
artículo 61 de la Ley de
Régimen Local, que fue concebido como legislación antiterrorista para
disolver los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale y que
ahora se aplica a los gobiernos municipales que incumplan los mandatos
del gran capital, encarnados en la UE y establecidos en el TSCG.
Finalmente, por si cupiera alguna duda, la Disposición Final primera señala como única fuente de competencias para esta Ley,
el artículo 135 de la Constitución. La Disposición Adicional tercera
regula la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las normas,
actos o resoluciones “de cualquier órgano de las CC.AA. [con o sin
fuerza de Ley] que vulneren los principios establecidos en el artículo 135 de la Constitución y desarrollados en la presente Ley”.
6. La deuda o la vida[xxvii].
Cuando Lenin explica que empiezan a darse condiciones revolucionarias cuando los de arriba no pueden seguir gobernando como lo hacían y que esas situaciones aparecen con fuerza en las grandes crisis económicas del capitalismo, sabía lo que decía.
La pérdida de rentabilidad del capital y
la correspondiente lucha feroz por los beneficios lleva a la burguesía a
arrancarse la máscara de la más elemental democracia, atropellando
incluso su propia Constitución.
La
burguesía acomete una gigantesca destrucción de capital –que no ha
hecho más que empezar y que está generando un monumental ejército de
reserva de desempleados y desempleadas - y ha decidido prescindir de los
gastos de reproducción de una fuerza de trabajo que no necesita y que –
cuando sucumba – puede ser fácilmente sustituida.
La calificación de Golpe de Estado
aplicada a la Reforma Constitucional del artículo 135 está plenamente
justificada por cuanto, por sí misma invalida el artículo 1 de la
Constitución que establece que “España se constituye en un Estado social
y democrático de Derecho” y el 2 que dice que “la soberanía nacional
reside en el pueblo Español”. Más allá de la denuncia de la ausencia de
reconocimiento del Derecho de Autodeterminación, es evidente que no ya
ninguno de los pueblos del Estado español, ni tan siquiera quienes
ostentan poderes en las administraciones públicas por elección directa,
como es el caso de los Ayuntamientos, o en representación de mayorías
parlamentarias como los Gobiernos de las CC.AA. o del Estado, carecen de
capacidad alguna para decidir la forma en que se gasta el dinero
público, que a su vez proviene – casi en exclusiva – de las y los
trabajadores.
El hecho de que la Reforma
Constitucional se produjera en una semana (se anunció el 23 de agosto y
se votó el 30) sin Referéndum, mediante una simple votación
parlamentaria, en plenas vacaciones, mediante un Pleno Extraordinario
del Congreso y con el apoyo sólo de PP, PSOE y UPN, da cuenta, en las
formas, del auténtico quebrantamiento constitucional perpetrado.
Cualquier atisbo de legitimidad
democrática que pudiera quedarle a la Constitución de 1978 queda
aniquilado. No obstante, todo sigue atado y bien atado: la suma de los
diputados que se opusieron a la reforma es inferior a 50, número mínimo
requerido para presentar Recurso de Inconstitucionalidad.
Y no sólo eso, ni los sindicatos
mayoritarios, ni los partidos de la izquierda institucional, que votaron
en contra, han explicado la enorme trascendencia de esta Ley
2/2012, que desarrolla el artículo 135 y el TSCG, a una población
inquieta y movilizada. Mucho menos han movilizado a las trabajadoras y
trabajadores contra la Ley y contra la ratificación parlamentaria del TSCG, al contrario de lo ocurrido en Francia con decenas de miles de manifestantes[xxviii] o en otros países de la UE.
La desvergüenza y la hipocresía de
seguir denunciando “los recortes del PP” sin apuntar a las manos que
mecen la cuna, las del PSOE, apenas ocultan su doble función: evitar que
los pueblos se enfrenten al sistema capitalista y a los partidos
políticos que lo sostienen y abonar el terreno con el objetivo de “todos
contra el PP” esperando una vuelta, no ya al Estado del Bienestar – que
saben mejor que nadie que es imposible – sino del gobierno de los
amigos, más generosos en subvenciones.
La posición de IU, que votó en contra de las tres normas, es exactamente la misma de otras veces, por ejemplo con la Ley 15/97, de Nuevas Formas de Gestión[xxix]
en sanidad. Votó en contra, pero como su estrategia está centrada en
intentar gobernar con el PSOE como sea, no desarrolla campaña sostenida
alguna de movilización - más allá de declaraciones puntuales que se
olvidan al día siguiente - para no dejar en evidencia al aliado.
Es decir, la izquierda travestida, trata
de impedir la segunda condición que establecía Lenin para que se dé una
situación revolucionaria, que los de abajo ya no acepten ser dominados como antes. Y
para ello es preciso que la conciencia difusa del expolio a que nos
someten – que es ya mayoritaria - se concrete en propuestas de combate
que permitan acumular fuerzas.
Sólo la organización y la lucha,
condiciones indispensables para que se extiendan la información y la
conciencia, pueden denunciar eficazmente en la plaza pública el escarnio
de que esta Ley se justifique
para “el crecimiento y la creación de empleo, asegurar el bienestar y
ofrecer un futuro más próspero, justo y solidario”, cuando el conjunto
de la norma va dirigida a estrangular el gasto de las administraciones
en servicios públicos.
Sólo la fuerza organizada del pueblo
trabajador puede hacer añicos la argumentación de que el deterioro de
las finanzas públicas por la vía de la reducción de ingresos, desde 2008
y a consecuencia de la crisis, “agotó rápidamente los márgenes de
maniobra de la política fiscal, obligando ahora a practicar un fuerte
ajuste”. Para justificarlo se dice en el preámbulo de la Ley que “no hay
margen para cambios en la política fiscal”, en uno de los estados de la
UE con mayor fraude fiscal identificado, que alcanzó en 2012 el 6% del
PIB, y del que las grandes empresas concentran el 72% y al que hay
añadir el correspondiente a la economía sumergida, que alcanza el 25%
del PIB. La evasión de capitales hacia paraísos fiscales, protagonizada
por las grandes fortunas encabezadas por la familia real y por las
grandes empresas se calcula que supera al PIB: más de un billón de
euros.
La lucha por no pagar su deuda, por
explicar que es imposible cualquier mejora en las condiciones de vida y
de trabajo que no pase por salir del euro y de la UE tiene en el combate
contra esta Ley y, contra el TSCG, como señala Aurora Despierta en un reciente artículo[xxx] un instrumento de lucha privilegiado que permite a los diferentes movimientos sectoriales un objetivo común.
Al mismo tiempo la exigencia de derogación del Tratado y de la Ley
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, permite
establecer una línea de demarcación clara entre la izquierda y la
derecha, independientemente del nombre de las siglas. Más aún, esa
denuncia debe explicar con claridad la inutilidad de votar a cualquier
opción política que no plantee claramente el no pago de la deuda y la
consecuente salida de la Unión Monetaria y de la UE; porque dentro no
hay margen de maniobra alguno y porque las medidas previstas en la Ley
2/2012 van destinadas a eliminar a cualquier fuerza política que cometa
el “delito” de priorizar las políticas sociales por encima de cualquier
otra partida de gasto.
Estas tres normas muestran con nitidez
cuál es la política del capital y la de sus gobiernos, y la que pretende
ocultar la izquierda pactista. Sin embargo sabemos que la aplicación práctica de las leyes,
así como las sentencias de los tribunales, dependen de algo tan
dinámico como la correlación de fuerzas, en definitiva de la lucha de
clases.
La lucha contra ambas normas y la
intensificación del combate contra la Constitución de 1978 permite
arrancar la máscara de capitalismo humanizado de la UE mostrando su feroz rostro imperialista y desvela la gran estafa de la consigna de “la vuelta del Estado de Bienestar”.
La consigna de No al pago de la Deuda, y la consiguiente salida del euro y de la UE, debe impregnar
todas y cada una de las luchas obreras y populares, demostrando que es
condición imprescindible para cualquier otra reivindicación de trabajo,
derechos o servicios públicos. Sólo
ella es capaz de ser el pilar sobre el que se erija la construcción del
poder del pueblo y de sustentar una nueva correlación de fuerzas que
enfrente desde la propiedad pública de la riqueza, la construcción de
una sociedad a medida de los seres humanos, el socialismo.
No pagar la Deuda y salir del “euro” no es un problema de técnica económica, es un asunto esencialmente político, como señala Costas Lapavitsas, que además requiere utilizar un arma imprescindible para enfrentar esta ataque sin precedente: el internacionalismo.
Un internacionalismo como el que definía Manuel Sacristán, cuyas
palabras ante una pregunta sobre la “nacionalización de la política” y
la crisis “definitiva” del marxismo, nos recuerda Lapavitsas: “El
internacionalismo es uno de los valores más dignos y buenos para la
especie humana con que cuenta la tradición marxista. Lo que pasa es que
el internacionalismo no se puede practicar de verdad más que sobre la
base de otro viejo principio socialista, que es el de la
autodeterminación de los pueblos… Todo lo demás que dice usted en esta
pregunta es pura moda neorromántica irracionalista, efecto de la perdida
de las esperanzas revolucionarias”[xxxi]
Enero de 2014
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
[i] Virchow, R. Die Medizinische Reform, 2. In H. E. Sigerist, Medicine and Human Welfare, 93, 1941.
[ii]
Este concepto, denunciado como fundamento de posiciones racistas y
xenófobas y conocido como “victim blaming”, ha sido analizado por
diversos autores por su papel legitimador de la ideología de la
privatización de la sanidad y la consecuente desaparición de la salud
pública – y con ella, de las políticas de intervención sobre los
determinantes sociales de la salud y la enfermedad - como elementos estructurantes del funcionamiento de los servicios sanitarios. Véase Huertas, R. (1999). Neoliberalismo y políticas de salud. El Viejo Topo. Fundación de Investigaciones Marxistas
[iv] Stuckler,
D, King, L. M. McKee (2009) Mass privatisation and the postcommunist
mortality crisis: a cross-national análisis. The Lancet, Volume 373,
Issue 9661, pages 399 – 407.
[v] Toussaint, Eric (2004) Las dos fases del ajuste estructural. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/touss/cap12.rtf
[viii]
Al artº 1 del RD 16/2012 modifica la Ley 16/2003 de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud, introduciendo un nuevo artº 3 que define
la condición de asegurado y enumerarequisitos necesarios para su
reconocimiento. http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
[xi]
La Resolución de la Dirección General de Farmacia debía haber entrado
en vigor el 1 de octubre de 2013, aunque hasta la fecha ninguna
Comunidad Autónoma la ha aplicado. http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/19/pdfs/BOE-A-2013-9709.pdf
[xvi] http://www.ceapa.es/web/guest/contenido-portada/-/asset_publisher/eR4t/content/manifiesto-en-defensa-del-estado-de-bienestar-y-los-servicios-publicos?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome
[xxii] Dos recientes documentos de reciente publicación abundan en los mismos planteamientos.Uno de ellos de Red Roja http://redroja.net/index.php/comunicados/831-el-mito-de-la-vuelta-al-estado-del-bienestar-otro-capitalismo-es-imposible y otro de Manuel Navarrete en la Revista Laberinto, “No hay alternativas. Otro capitalismo es imposible”.
[xxiii]
El PSOE no votó la Ley 2/2012, con el pírrico argumento de que el tope
de défcit estructural fuese del 0,4% del PIB y no el 0% que finalmente
se aprobó.
[xxvii] Gran parte de las valoraciones que aquí se realizan proceden del único análisis publicado por una organización de izquierdas: http://redroja.net/index.php/noticias-red-roja/noticias-cercanas/1910-informe-de-red-roja-sobre-la-ley-organica-22012-el-final-de-cualquier-soberania-y-el-arma-de-destruccion-masiva-de-los-servicios-publicos
[xxix] [xxix] Maestro,
Ángeles (2013). Crisis capitalista y privatización de la sanidad.
Editorial Cisma. En este libro se recogen numerosos aspectos de la Ley
15/97 de Nuevas formas de Gestión, votada en el Parlamente por PP, PSOE,
PNV, CiU y CC y pilar normativo clave de la privatización de la sanidad.
[xxxi] Reseña del libro de Costas Lapavitsas “Crisis en la eurozona” realizada por Salvador López Arnal. http://www.rebelion.org/noticias/2014/1/179006.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario