UN DIA EN LA LUCHA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA.

Dos colchones, unos hatillos con ropa, una bicicleta estática…y dos niños. De uno y tres años. El pequeño está en brazos de su madre. El mayor permanece de pie, moviendo los brazos de adelante hacia atrás, como si estuviese jugando. Apenas puedo verles, porque dos furgonetas de policía municipal están cruzadas en la calle cortando el paso. Impiden que me acerque a Mohamed para saber cómo está y mirarle a los ojos. Para darle ánimos y preguntarle dónde van a dormir esta noche. Para asegurarme de que los empleados del Samur Social que conversan con él no van a quitarle a sus hijos.

Entonces me llama el abogado, desde el otro lado del cordón policial. La familia dormirá en un albergue municipal durante un par de noches, a lo sumo tres. Después…nada. No tienen amigos ni familiares que les puedan acoger. Afortunadamente, acaban de cobrar los 500€ de la Renta Mínima de Inserción que el grupo de vivienda arrancó a Servicios Sociales gracias a la presión ejercida en Consejería. Pero sin contrato de trabajo, le resulta difícil encontrar un alquiler.
Los padres y los dos niños se van a un albergue. Sus cosas – lo que queda tras 16 años de vida en la casa – al depósito municipal. Pero el Ayuntamiento no se encarga del transporte. Tratamos de encontrar una furgoneta, pero las opciones se nos acaban y la espera en la calle se hace eterna. La barrera policial no se retira y una compañera pierde la calma, suplicando a un agente que le deje pasar para comprobar si los críos necesitan agua o comida.
A la desesperada, acudimos al centro de Servicios Sociales, que se encuentra a tan solo unos metros del lugar donde la familia aguarda en la calle. Tratamos de hablar con la trabajadora social que lleva el caso de Mohamed. La conocemos bien. Tuvimos que exigirle un informe para paralizar el primer intento de desahucio, que se negaba a entregar alegando que los usuarios los manipulaban para engañar a la Administración. Una persona del centro entra a hablar con ella para ver si existe alguna posibilidad de conseguir un vehículo que traslade sus enseres al depósito. Ella responde que Mohamed tiene coche, que ha mantenido un comportamiento altivo con los servicios sociales y que ha recibido numerosas ayudas. En realidad, se refiere a doscientos euros para comprar comida que percibió en una ocasión porque carecía de cualquier tipo de ingreso. Resulta evidente que Mohamed les resulta molesto. No quieren saber nada de él y parecen encantados de quitárselo de encima. Continuamos el recorrido por asociaciones y ONG’s del barrio, cuando finalmente recibimos la noticia: han encontrado una furgoneta.
Cuando regresamos a la casa la policía ha despejado por fin la calle, pero la familia se ha marchado al albergue. Finalmente, no he podido acercarme a ellos para poder verles a menos de treinta metros. Llamo a Mohamed por teléfono y le encuentro destrozado, murmurando entre dientes: “mierda de país”. De fondo, uno de los niños no deja de llorar, haciendo difícil mantener la conversación. Les dan tres días. Después tienen que marcharse del albergue con los críos. A la calle.
Subo a la casa y fijo la mirada en la cerradura, recién cambiada. Pienso en los policías charlando cotidianamente – impasibles – mientras nosotros nos derrumbamos al fijar la vista en los niños que aguardan al otro lado, junto a sus verdugos. Pienso en el propietario, que dispone de varios pisos en la zona y vive justo encima del bar donde acabo de tomarme un café. Pienso en la cara de sorpresa de la trabajadora social cuando comprueba que Mohamed acude a la consulta acompañado de vecinos dispuestos a exigirle que cumpla con su función. En la funcionaria de la Consejería diciendo despreocupadamente que la Renta Mínima de Inserción tarda un año en tramitarse, hasta que la presión le hace cambiar de opinión. En Cáritas, que gestiona un parque de vivienda pública que excluye a quienes llevan años viviendo con 400€ porque “no han experimentado una reducción sustancial en sus ingresos desde el comienzo de la crisis”. En el IVIMA y la EMV, cuyas solicitudes de vivienda social Mohamed acumula durante años mientras éstas malvenden sus inmuebles a fondos buitre. En la comisión judicial, que pregunta al abogado que “si tan solidarios son sus amiguitos de la PAH por qué no acogen a la familia en su casa”. En la Alcaldesa Ana Botella, a quien la familia de Ofelia Nieto 29 se ha encontrado cara a cara esta mañana en el Área de Gobierno de Urbanismo. En la jueza que asegura que su deber es defender la propiedad privada…
Entre tanto pensamiento oscuro, se da a conocer una noticia que hace que la mañana cobre sentido. Los grupos de vivienda de Carabanchel, Latina y Lavapiés anuncian la okupación de un edificio abandonado propiedad de la SAREB. Acaba de nacer la Obra Social Madrid, campaña bajo cuyo nombre se han recuperado 13 bloques en el resto del Estado.
Hoy una familia duerme en un albergue, pero seis más han encontrado un hogar. Porque frente a sus policías, funcionarios y jueces, estamos nosotros. La gente que se organiza en los barrios, junto a sus vecinos, para subvertir su orden a través de un trabajo cotidiano, local y concreto. Porque, aunque en las derrotas nos sintamos insignificantes, son éstas las que nos dan las claves para construir cada pequeña victoria. Porque frente a un sistema que deja a una familia en la calle, tejemos un contrapoder que realoja a seis.
A pesar de los palos, las multas y las detenciones – de una reforma del Código Penal que amenaza con llenar las cárceles de activistas – seguiremos nuestro camino.
Por cada vivienda desahuciada, okuparemos seis.

¡Bienvenida, Obra Social Madrid!

Escrito por un participante en el grupo de vivienda de la Asamblea popular de Tetuán

OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA