Urge al Gobierno a colaborar con la justicia Argentina y a dotar a
la Ley de Memoria de fondos adecuados para su eficacia.
Agencias
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de
Naciones Unidas, que ha visitado España durante la última semana y se ha
reunido con distintas autoridades y con asociaciones de víctimas del
franquismo, ha instado al Estado español a juzgar las desapariciones que
tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como a
emprender las reformas necesarias para que éstas no se consideren
crímenes sujetos a la Ley de Amnistía de 1977.
Así consta en el informe preliminar aprobado por los dos
miembros de este grupo de trabajo -Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky-
que han mantenido contactos con representantes del Gobierno central y de
varias comunidades autónomas, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo
y la sociedad civil.
El objetivo de su visita, que tiene su base en una
invitación del Gobierno, era examinar las principales iniciativas y
políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a
las desapariciones forzadas o involuntarias, en particular los aspectos
concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para
las víctimas de estos crímenes.
En su primer informe, al que ha tenido acceso Europa
Press, el grupo de trabajo constata que en España no se tiene en cuenta
"el carácter de delito de lesa humanidad" en el caso de las
desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. "Esta
interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España
y se recomienda su modificación", reza el texto.
En concreto, instan "al Estado español a juzgar las
desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y
a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las
desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo
puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición
forzada".
En paralelo, solicitan la puesta en marcha de medidas
legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas
"no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo
efecto la Ley de Amnistía de 1977", como, según recalcan, ya han
recomendado distintos organismos internacionales.
Asimismo, constatan que la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de 2009 restringió "manera considerable la competencia
de los tribunales españoles y la aplicación del principio de
jurisdicción universal", en contraste con la legislación anterior.
De hecho, subraya que antes de esa reforma España había
realizado "importantísimas contribuciones al desarrollo de la
jurisdicción universal" mediante por ejemplo la investigación de
crímenes de las dictaduras latinoamericanas", lo que demuestra "la
capacidad de la judicatura española de investigar seria y sancionar
cabalmente las graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las
desapariciones forzadas".
Por ello, el grupo de trabajo llama a los tribunales
españoles a asegurar que aquella reforma de 2009 "no obstaculice el
ejercicio de su jurisdicción universal sobre actos de desaparición
forzada". También anima a España a ratificar la Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad y a incluir en el nuevo Código Penal como delito autónomo la
"desaparición forzada".
En su informe también remarcan que, ante la "situación de
impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la
Guerra Civil y la dictadura", las víctimas españolas han "solicitado a
los tribunales de Argentina ejercer la jurisdicción universal" y emplaza
al Gobierno a "prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a
cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada
que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones
forzadas en España".
Para los expertos de la ONU, la avanzada edad de muchos
de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a
personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura hace
necesario que el Estado actúe "urgencia y celeridad" en esta materia.
El grupo de trabajo también llama al Estado a
proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica
pueda aplicarse eficazmente, a abrir un proceso regular de consulta con
los familiares y las asociaciones así como a proporcionarles un mayor
apoyo institucional y financiero.
Además, abogan por la creación de una entidad estatal
"con pleno apoyo institucional" que se encargue de todas las cuestiones
relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y
la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones con
los datos que ya tienen distintas asociaciones y expertos.
En este punto, defienden que la base de datos elaborada
por el Juzgado de Instrucción Penal número cinco --que en su momento
ocupó el juez Baltasar Garzón que inició una investigación sobre los
crímenes del franquismo-- contiene información sobre más de 114.000
victimas, "debería ponerse a disposición del publico de manera
inmediata".
También demandan desde la ONU un "plan nacional de
búsqueda de personas desaparecidas", que garantice la coordinación de
las actividades de exhumación e identificación y actualización de los
Mapas de fosas desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica.
Recomiendan, asimismo, que responsables de la administración y la
Justicia "se personen en el momento de las realizaciones de las
exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las
mismas arrojan".
"El Estado Español debería asumir el liderazgo y
comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de
miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus
seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura.
Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen
que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente,
permanente, cooperativa y colaborativa", reza el informe preliminar.
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